Baja California atraviesa por una crisis de agua. Hay municipios como el de Ensenada, donde el líquido ha comenzado a racionarse. En otros como Mexicali, el nivel de contaminación del agua mantiene en alerta a una parte de la población, mientras en Tijuana, los cortes en el servicio de agua son cada vez más frecuentes y afectan a mayor población. La última ocasión, dos terceras partes de las colonias de la ciudad se quedaron sin agua. Los factores que han originado esta crisis, son diversos: infraestructura en pésimas condiciones, tubería sin mantenimiento, falta de recursos para invertir en traer agua del Río Colorado, mala administración de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos; organismos que no solo han sido rebasados por la necesidad del líquido, sino que padecen el endeudamiento financiero. En medio de la escasez de agua, de la mala administración de las CESP, de la mala calidad del líquido y la urgente necesidad de invertir en infraestructura para traer más agua del Río Colorado, con un presupuesto afectado por la recesión económica, el gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en la más populista de sus decisiones, condonará más de 2 mil 300 millones de pesos a personas que no pagaron por el servicio de agua desde el momento en que les fue instalada la tubería, hasta el año 2013. Todavía el gobierno de Vega no ha informado cuánto dejará de entrar a las arcas de las comisiones de Servicios Públicos en los municipios, debido a su populista generosidad de condonar “el 100 por ciento de los recargos y multas generados por la falta de pago oportuno de las contribuciones omitidas por concepto de derechos por consumo de agua”, pero por ejemplo, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Alfonso Álvarez Juan, está buscando -al modo político- un despacho financiero que le tramite un refinanciamiento de la deuda que tiene la paraestatal, por arriba de los mil 900 millones de pesos. Sin considerar la necesidad de recursos que tienen las Comisiones de Servicios, para reparar acueductos, tuberías, construir nuevos e incluso desaladoras, el martes 4 de febrero de 2014, el Gobernador publicó el decreto que elaboró el 6 de enero, “mediante el cual se condona a los usuarios domésticos, el 100% de las contribuciones por concepto de derechos por consumo de agua, así como recargos y multas que se hayan generado al 31 de diciembre del 2012”. Ese fue, pues, su “borrón y cuenta nueva” en detrimento de las arcas estatales. El anuncio lo hizo en una de las colonias populares de Mexicali, y con ello cumplió con su costosa promesa de campaña, al perdonar a los incumplidos condonando el 100 por ciento de los adeudos de consumo de agua al último día del año pasado, lo cual asciende a 2 mil 155 millones 875 mil 318 pesos. Aparte, dejará de cobrar el 100 por ciento de multas y recargos generados en 2013, siempre y cuando se firmen convenios para pagar parcialidades por el consumo de ese año, lo que equivale 206 millones 498 mil 892 pesos. El decreto va dirigido específicamente a 221 mil cuentas domésticas de agua, de las 755 mil que existen en Baja California, lo que reduce en 68.2% el adeudo en todas las paraestatales. Condonado el consumo, los recargos y las multas, el gobernador acabó con la cartera vencida. Para Vega de Lamadrid, en promedio cada cuenta debía 15 mil 724 pesos, pero a raíz del decreto, la deuda disminuye en 5 mil 27 pesos en promedio. 
El documento en poder de ZETA también cuenta las letras pequeñas. En su Artículo Tercero, indica que el beneficio será aplicable siempre y cuando se pague durante la vigencia del presente decreto, en adeudo por concepto de los derechos por consumo de agua que se hayan generado a su cargo durante 2013. El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en parcialidades, siempre y cuando la última parcialidad se pague antes del 30 de abril de 2014 (en la propuesta de decreto original decía al 30 de diciembre de 2014), y solo se aplicará para servicio doméstico. El documento también tomó en cuenta a los usuarios que durante 2013 y 2014 realizaron un convenio de pago, por lo que se podrá reconvenir con el organismo de agua para condonar los adeudos anteriores a 2013 y los recargos generados en ese año, pero en ningún caso habrá devolución o compensación. En el decreto, el gobernador justifica: “… actualmente se presentan elementos que influyen directamente en la actividad económica de la población en el Estado de Baja California, afectando el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales como usuarios de los servicios públicos de agua potable y otros servicios, lo que hace necesario implementar mecanismos que permitan a los contribuyentes regularizar su situación fiscal, y que a su vez, estimule en lo futuro una cultura fiscal en el pago oportuno de las contribuciones”. Para Vega, el programa busca condonar la deuda a todas las personas, independientemente del estatus económico al que pertenezcan, ya que “es lo justo”. Afirmó que quienes realizaron convenio al final de 2013, deben pasar a las comisiones de agua para reconvenir los montos. A la par, dijo, habrá programas de ahorro de agua y de contaminación ambiental, aunque no especificó cuáles, ni las metas. Tijuana abastecerá a Ensenada Son 150 millones de pesos los que estará condonando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). Un total de 52 mil cuentas resultarán “beneficiadas” con este decreto, comentó el jueves 6 de febrero, Arturo Alvarado González, titular de la dependencia. Las cuentas corresponden únicamente a uso doméstico. Ahora sí, aseguran, prestarán mayor atención y buscarán hacer más eficiente el sistema de cobro de la paraestatal. “Se pretende promover, a la par, la cultura del pago oportuno”, precisó. Los 150 millones ya no serán cobrados, pese a la crítica condición en que se encuentra la CESPE, que no ha podido recuperarse del rezago en el abasto de agua provocado por el desordenado proceso en el que se involucró la Comisión Estatal del Agua para la construcción de la planta desaladora en Ensenada; instalación que ya debería estar operando, pero que estiman, comenzará a funcionar entre 2015 y 2016. 
Desde hace más de un año, la demanda del agua en el puerto supera el agua que puede abastecer la CESPE, lo que provocó un desabasto generalizado en verano de 2013. La solución a corto plazo prevista por la paraestatal, será obtener agua directamente de la ciudad de Tijuana, a través de una conexión que abastecería a la ciudad con 100 litros por segundo (lps), obra que podría estar terminada en un mes. Otra alternativa rápida que tiene la CESPE, es la operación de un pozo de abastecimiento que está en desarrollo en el Cañón Doña Petra, al norte de la ciudad, y que podría abastecer con 70 lps la mancha urbana. Y la última: abatir el rezago promoviendo el ahorro entre la población. Tijuana, infraestructura obsoleta A pesar de que una cuarta parte de su sistema de agua potable y alcantarillado es ya obsoleta, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana dispone de solo un 3 por ciento de su presupuesto anual -2 mil 700 millones de pesos- para repararlo. Rehabilitación que a ese paso le llevará 20 años, mientras los usuarios se ven obligados a enfrentar la constante suspensión del servicio. Acueductos y tuberías a punto del colapso, derivan en constantes fugas que desprovee del abasto de agua a miles de ciudadanos. En Tijuana, al menos el 25% del suministro se realiza a través de instalaciones de agua potable y alcantarillado que ya cumplieron con su vida útil, cuya antigüedad data de hasta 50 años y contando. Un promedio de 150 mil usuarios reciben el servicio en estas condiciones, pero por ser un sistema interconectado, al averiarse cualquier estructura, la afectación se multiplica. Para colmo, en los últimos cuatro años el mantenimiento a la red hídrica ha sido nulo, agudizando su rezago. Al paso de cada año, la presión del agua, los movimientos de la tierra y las altas temperaturas, hace fenecer al menos un 9% de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, incrementando con ello el rezago. Contrarrestarlo requiere de una millonaria inversión de la que no dispone la Comisión, dependencia que opera con un déficit en su presupuesto. El actual director de la Comisión, Alfonso Álvarez Juan, ideó un plan a veinte años para la rehabilitación de la red que ya cumplió con su ciclo de vida. Así, con un presupuesto de solo 80 millones de pesos, de los 2 mil 700 millones de pesos que le fueron presupuestados para este 2014, la CESPT prevé reparar el 10% de la red de agua potable y otro 10% de la red de alcantarillado, atacando solo un uno por ciento del rezago. El resto se canalizará a la atención de “las necesidades más apremiantes” que surjan. Intermitente abasto “Estamos hartos de los cortes de agua, desde el año pasado, al menos dos días a la semana nos quedamos sin servicio”, se quejó Andrea Lomelí, vecina de la colonia Buena Vista. Lo mismo sucede a miles de vecinos de asentamientos que constantemente se quedan sin agua, ya sea porque se averió una tubería, porque no hay dinero para repararla, o porque la rehabilitación fue somera y terminó reventando de nuevo; o porque a los 10 metros se registró una nueva fuga. De 612 mil usuarios de los municipios de Tijuana y Rosarito a los que CESPT atiende, 120 mil obtienen el servicio de agua potable y alcantarillado a través de infraestructura obsoleta que opera desde hace 30 y hasta 50 años, a la que en los últimos cuatro años no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento. Es decir, el 20% de la red de agua potable amerita ser sustituida, no solo reparada, al igual que el 25% de la red de alcantarillado; porcentajes en aumento cada año. 
No obstante, funcionarios de CESPT descartan llevar a cabo tandeos en el abasto de agua, no así interrupciones en el suministro del líquido, las cuales se atribuyen a obras de reparación por parte de la paraestatal, pero principalmente son imputadas a causas ajenas a la dependencia, “a actos de vandalismo y al desarrollo de obras de pavimentación y bacheo, ya sea por contratistas o por el propio Municipio”. Con ese argumento, sin previo aviso, repetidos y con una duración por más de 24 horas, los cortes de agua se han multiplicado en el último año. Fue al llegar el verano, en junio del año pasado, cuando el desabasto se agudizó en la ciudad. En los meses subsecuentes y hasta la fecha, los cortes se han sucedido uno tras otro. Trabajos de mantenimiento al acueducto Presa-Morelos fue la justificación para suspender, a mediados de 2013, el abasto en decenas de colonias de las delegaciones Centro y Otay. En Playas de Tijuana el servicio se ha suspendido al menos una decena de veces del año anterior a la fecha. Playas de Rosarito no ha sido la excepción, sobre todo en septiembre pasado; la paraestatal justificó el excesivo consumo del vital líquido derivado de las altas temperaturas. Las fallas también son atribuidas a actos de vandalismo en tanques almacenadores. Reparaciones mayores, con la que CESPT anticipa poner fin a los constantes cortes, han sido efectuadas en dos meses de 2014, para lo cual ha sido menester dejar sin suministro a miles de usuarios. La primera semana de enero, 108 colonias se quedaron sin agua por la rehabilitación en el acueducto Florido-Otay, obra que a decir del director de CESPT, “terminará con los constantes cortes de agua”. La última semana de enero, 300 colonias de Tijuana y 100 de Rosarito se quedaron sin abasto por reparaciones al acueducto El Florido-Aguaje de la Tuna; 350 mil usuarios afectados, algunos hasta por tres días, cuando la interrupción se anunció por 36 horas. Además del servicio de agua potable, el de drenaje ha mostrado deficiencias, como es el caso del colector El Farallón, en Playas de Tijuana, cuyo estado causó varios cierres de balnearios naturales de Tijuana e Imperial Beach, California. Habitantes de la colonia Plan Libertador tuvieron que esperar más de un año para que la dependencia atendiera la fuga de aguas negras de un drenaje instalado en 2011; la deficiente ejecución de la obra provocó el derrame del insalubre líquido en la calle Sonora, causando además, fétidos olores y problemas de salud.
“Más que riesgo de colapso, lo hay pero de fugas constantes, se arregla un tramo y a los diez metros se revienta otro”, reconoció Álvarez Juan. A la descompostura del sistema hay que añadir la demora en la que es atendida, aparte, los contratiempos que enfrentan los vecinos con vialidades cerradas por largos periodos de obras que se antojan interminables. “Desde octubre del año pasado, el acceso a mi casa está limitado, el tránsito de vehículos está cerrado por la obras”, argumentó Guadalupe Gómez, vecina de la colonia Electricistas, en la delegación La Mesa, donde se sustituye tubería de agua y drenaje, y se reponen válvulas. Trabajos que complementan una obra de pavimentación desarrollada por el Ayuntamiento. Pero no siempre la compostura de una fuga va acompañada de una obra de pavimentación, por lo regular, la paraestatal deja los vestigios de los trabajos realizados: enormes socavones que son tapados luego de meses, incluso años, de haberse realizado. El inventario de baches causados por la comisión es de mil 500, todos derivados de fugas atendidas de 2012 a la fecha, informó el ingeniero Miguel Ángel Zavala, subdirector de Construcción, quien preciso que para este año se presupuestó una partida de 7 millones de pesos para atender los hoyancos heredados, y los que se generen con las nuevas acciones. Morosidad limita obras… y después, la condonación Antes que se firmara el decreto de condonación por concepto de consumo, multas y recargos, Alfonso Álvarez Juan justificó que los adeudos impedían tener el recurso para las reparaciones, e hizo un llamado a pagar lo que ahora se les perdonó: “Es necesario que los usuarios cumplan con sus pagos en forma oportuna para que la dependencia cuente con flujo de dinero para una reparación constante que elimine el rezago”. Incluso señaló el monto de su cartera vencida: mil 300 millones de pesos. De su gasto anual, 2 mil 700 millones de pesos, solo le alcanzarán 149 millones para invertirlos en obra, de los cuales 80 millones se canalizarán a la rehabilitación del 20% de la infraestructura ya obsoleta, porcentaje que será divido entre el servicio de distribución de agua y de alcantarillado, “conforme se requiera”. Cantidad a la que se suman 7 millones para reparar baches, precisó Roberto Zavala Gutiérrez, subdirector administrativo. Los 69 millones de pesos restantes, se destinarán a la ampliación de infraestructura que permita dar servicio a asentamientos que aún carecen de agua potable y/o alcantarillado. Este monto la limita poder obtener mayores recursos federales, ya que la Federación le dispondrá un techo económico acorde al monto que, en contraparte, esté dispuesta a invertir en rehabilitación de equipo. Eso sí, su abultada nómina de aproximadamente mil 700 empleados, entre base, confianza y de contrato, succiona más de la cuarta parte de su presupuesto anual, al gastarse en ella 731 millones de pesos.
Reparaciones hasta 2034 Ante lo “insuficiente” del presupuesto para invertir en la sustitución del equipo obsoleto, el director de CESPT planteó un programa que trascenderá su administración: el Plan Hídrico 2014-2034, que contempla una inversión anual de 20 millones de pesos que le permitirá rehabilitar un uno por ciento del equipo, logrando solventar el déficit total, al cabo de 20 años. Es por ello que su programación se dará en razón a las necesidades más apremiantes que se detecten, a través de un monitoreo constante; también se repondrá aquel equipo que en el inter, concluya su vida útil. Obras mayores con inversión privada Con el limitado flujo del recurso económico, resulta complicado para CESPT realizar obras grandes como acueductos, sin embargo, “sí se tienen proyectos en los que se analiza la participación de empresas privadas, a través de licitación”, subrayó su titular, Alfonso Álvarez Juan. Entre ellas enumeró una desalinizadora para la Zona Costa, para la cual ya se tienen dos proyectos: uno por parte la Comisión de Internacional de Límites y Agua (CILA), y otro que traen dos empresas privadas. Será una mesa técnica la que determine su viabilidad, de tenerla, será licitado por CESPT. En obras “menores”, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se encuentra en el cierre de veinte contratos que se asignaron en la anterior administración, mientras que la actual, ya ha realizado cinco contratos y tiene en curso la asignación de otro tanto en los que, en suma, ejercerá una inversión de 50 millones de pesos. En las primeras acciones programadas para este año, mencionó la instalación a mayor profundidad del acueducto Florido-Otay, en el tramo que cruza la ampliación del Río Alamar (a cargo de la Comisión Nacional del Agua), a la que se le programó una inversión de tres millones de pesos. Otras “obras de rehabilitación pequeñas” mencionadas por el funcionario, son la reparación de tanques, rehabilitación y reubicación de tramos de líneas de conducción de agua potable en la zona La Gloria, y de un tramo del colector ubicado en El Tecolote, subrayó el subdirector de Construcción de la paraestatal, Miguel Ángel Zavala. Refinanciamiento para CESPT Un nuevo refinanciamiento de la gran deuda de la CESPT, será efectuado este mismo año, para lo cual la administración de la paraestatal analiza las propuestas de varios despachos privados para determinar a quién asignará la renegociación de lo que debe en créditos bancarios. A su arribo a la dirección de Comisión, Alfonso Álvarez Juan recibió una deuda de mil 980 millones de pesos, determinada a pagarse en un término de 20 años, a una tasa de interés del 12%. Sin establecer aún a qué plazo se podría extender el tiempo de pago del empréstito, funcionarios de la dependencia adelantaron que se busca reducir la tasa de interés a un 8%, “y así lograr una mayor liquidez”. De igual manera, precisaron que en la reestructura se incluirá el nuevo crédito de 230 millones de pesos que le fue aprobado a la nueva administración, por lo que el total a refinanciar, es de 2 mil 210 millones de pesos. Mientras el gobernador Francisco Vega de Lamadrid perdonó más de 2 mil millones de pesos por consumo, multas y recargos. (Con información de Ricardo Meza Godoy)
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