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viernes, febrero 23, 2024
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Otro pendiente de EPN: Seguridad para la prensa

“Fue otro año terrible para el periodismo mexicano, otro año devastador”, expresa a ZETA Carlos Lauría coordinador sénior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York. No es para menos. Los asesinatos continuaron, las desapariciones también, hubo ataques contra instalaciones y hasta se tuvieron casos de periodistas desplazados. ZETA ha dado seguimiento en los últimos años de los ataques a medios y periodistas y se llegó a la conclusión que en 2012, hasta el 19 de diciembre, fueron asesinados 11 comunicadores en el país. Las estadísticas registradas por este Semanario en los últimos años revelan que el sexenio 2006-2012 concluyó como el más sangriento para la prensa en toda la historia de México. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) este Semanario documentó 6 homicidios de comunicadores; en la administración de José López Portillo (1976-1982) sucedieron 12 asesinatos. Asimismo, durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), 33 periodistas fueron privados de la vida. Cuando gobernó Carlos de Salinas de Gortari (1988-1994) fueron asesinados 46 periodistas; en tanto que en el gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se registraron 24 homicidios de periodistas. En tiempos foxistas (2000-2006), este Semanario dio cuenta de 28 reporteros caídos. Y en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, ZETA documentó, uno por uno, 79 homicidios de periodistas: 12 en 2007; 13 en 2008; 16 durante 2009; 15 en 2010; 12 en 2011 y 2012 concluyó con 11 homicidios. México, tercer lugar mundial En 2011, ZETA registró 12 comunicadores asesinados, ocupando el primer lugar a nivel mundial en cuanto a homicidios de periodistas. De hecho, la Organización No Gubernamental (ONG) Campaña Emblema de Prensa (CEP) (www.pressemblem.ch) con estatuto consultivo de la ONU, en 2011 registró 107 periodistas asesinados en el mundo siendo México el mayor número de homicidios con 12 superando así a Pakistán, donde fueron privados de la vida 11 comunicadores. “México y Pakistán fueron (en 2011) los países más peligrosos para ejercer el periodismo. CEP documentó 12 periodistas asesinados en México, muy probablemente fueron víctimas del conflicto continuo entre los militares y los cárteles de las drogas en el norte del país”, emitió CEP en su informe anual de 2011. Ahora que concluye 2012, el país con más asesinatos es Siria, de acuerdo con el CPJ (www.cpj.org): “Al menos 67 periodistas fueron muertos en el mundo en relación directa con su labor, a mediados de diciembre, un incremento del 42% frente a 2011. El CPJ investiga las muertes de otros 30 periodistas en 2012, con el fin de determinar si estuvieron relacionadas con la labor periodística. “La sostenida violencia del conflicto civil de Siria fue responsable del mayor saldo de muertes: 28 reporteros han caído en combate o han sido asesinados en represalia por fuerzas gubernamentales u opositoras. Al estar prohibido el ingreso al país de la prensa extranjera y al estar la prensa nacional bajo el control estatal, los periodistas ciudadanos sirios han pagado el mayor precio. Al menos 13 de ellos fueron muertos mientras cubrían el conflicto y actuaban de fuentes de las organizaciones noticiosas internacionales”. En segundo lugar en cuanto a homicidios de comunicadores lo ocupó Somalia: “Las 12 muertes de periodistas en Somalia en 2012 consistieron en asesinatos. En este país, el segundo con mayor número de muertes de periodistas en 2012, las autoridades no han instruido ningún proceso por asesinato de periodistas en los últimos 10 años”, informó el CPJ con estadísticas hasta el 18 de diciembre. Artículo 19: 181 agresiones No solo asesinatos, también en 2012 continuaron otro tipo de agresiones y ataques contra reporteros, fotógrafos y medios de comunicación en general. Hasta el 5 de diciembre de 2012, Artículo 19 que dirige Darío Ramírez en México y Centroamérica, registró un total de 181 agresiones contra periodistas, trabajadores de los medios e instalaciones de empresas de comunicación. “Esto es, nueve casos más que el año pasado”, detalló Artículo 19 (www.articulo19.org). Entre ataques a periodistas y medios de comunicación que Artículo 19 cuantificó hasta el 5 de diciembre destacaban las agresiones físicas con 89, intimidación y presión 28 y en cuanto a amenazas fueron registradas 20. “Los ataques a la libertad de expresión se han extendido ya a 24 diferentes estados de la República y 49.17 por ciento de ellos involucra algún tipo de agresión física-material que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien involucra el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material periodístico e imágenes”, informó a ZETA Artículo 19. “Hasta el momento, hemos registrado y documentado el asesinato de siete informadores por razones presumiblemente vinculadas con su ejercicio periodístico; ocho medios han sido objetos de atentados violentos”. Aunque Artículo 19 rendirá un informe sobre libertad de expresión en México correspondiente a 2012 en las primeras semanas de 2013 tal como lo ha hecho en los últimos años, el organismo informó a este Semanario que hasta el 5 de diciembre de las 181 agresiones documentadas Veracruz fue el estado con mayor cantidad de ataques tanto a periodistas como a medios con 26 casos; le siguió el Distrito Federal con 25, Oaxaca registró 22 y Baja California 16. Uno de los datos más preocupantes en cuanto a ataques a periodistas y medios de comunicación es indudablemente el hecho de que de las 181 agresiones documentadas por Artículo 19, el 45.3 por ciento, es decir, 82, fueron cometidas por funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno. Mientras tanto, Artículo 19 detalló que de las 181 agresiones 26 fueron cometidas por la delincuencia organizada, 28 se desconoce o aún no está determinado, 25 ataques fueron cometidos por particulares, 11 por diversas fuerzas partidistas y 9, organizaciones sociales. Pero, indudablemente, el asesinato de periodistas en el estado de Veracruz es actualmente el foco rojo en el país. El caso de Regina Martínez Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Xalapa, Veracruz, fue asesinada el 28 de abril de 2012 en su casa de la capital veracruzana. El 30 de octubre el gobierno de Javier Duarte anunció: “Esclarece PGJ homicidio de la periodista Regina Martínez”. “El robo, el móvil del homicidio”, decretó la PGJ de Veracruz a cargo de Amadeo Flores Espinosa. Sobre el expediente de Regina Martínez, el director de Proceso (www.proceso.com.mx), Rafael Rodríguez Castañeda, expuso a ZETA: “La verdad es que no hemos avanzado demasiado. La Procuraduría del estado prácticamente lo tomó como una especie de caso cerrado, para ellos quedó resuelto; para nosotros fue evidentemente una salida fácil para no entrarle al fondo que sin duda tiene el crimen que se llevó a nuestra compañera. “Es lamentable la forma como el gobierno de Veracruz quiso dar carpetazo a un asunto de una enorme gravedad atribuyendo el asesinato a un par de malvivientes (Jorge Antonio Hernández Silva alias ‘El Silva’, detenido y confeso, y José Adrián Hernández Domínguez, alias ‘El Jarocho’, prófugo), que se supone que ingresaron a la casa de Regina, inclusive con complacencia de ella y que ahí de pronto, después de una discusión, pretendieron robarla, ella supuestamente se defendió y la ultimaron. “Diríamos que es patética la explicación, muy lamentable, por desgracia la supuesta colaboración en la que nosotros podríamos haber aportado algún tipo de elemento pues no nos fue realmente facilitada; así como tampoco tuvo la facilidades la PGR a través de su Fiscalía Especializada (FEADLE), tampoco tuvo facilidades para intervenir en el caso. Obviamente, nosotros seguimos impugnando el asunto y tratando de incidir en que de alguna manera se reabra; sin embargo, las puertas están cerradas. La PGR tampoco ha sido particularmente enfática en tratar de intervenir en el asunto”. Concluyó Rafael Rodríguez Castañeda: “Creo que de alguna manera el caso de Regina ilustra la impunidad en la que han ido quedando los casos de la mayor parte de los periodistas asesinados en ese estado (de Veracruz) y en otros estados de la República; la marca generalizada es la de la impunidad”. Lamentablemente, el homicidio de Regina Martínez es solo uno de nueve ocurridos en los últimos dos años en el estado de Veracruz. Veracruz Inseguro El estado de Veracruz ocupa el primer lugar en todos los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación en los dos últimos años, sobre todo a partir del 1 de diciembre de 2010 con la llegada a la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa. “En 2012, destaca Veracruz como la entidad con el mayor número de agresiones graves, tanto por muerte y desaparición; así como por desplazamiento dado que no existen condiciones seguras para el desarrollo del periodismo”, expuso a ZETA Brisa Solís, Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (www.cencos.org). Y efectivamente, de los 79 periodistas caídos, según Semanario ZETA, 9 ocurrieron en los primeros dos años de gobierno de Javier Duarte de Ochoa: En 2011 sucedieron 4 homicidios: Noel López Olguín de “Noticias” de Acayucan, el 31 de mayo; Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana de “Notiver” del puerto de Veracruz el 20 de junio y Yolanda Ordaz de la Cruz también de “Notiver” el 25 de julio. Asimismo, 5 periodistas fueron asesinados en 2012 en el estado de Veracruz: Regina Martínez, corresponsal de “Proceso” en Xalapa, el 28 de abril; Luna Varela de veracruznews.com.mx, del puerto jarocho el 3 de mayo; Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, ex fotógrafos de “Notiver” y “AZ” de la ciudad de Veracruz el 3 de mayo y Víctor Manuel Báez Chino de Milenio en Xalapa, el 14 de junio. Artículo 19 informó a ZETA que Veracruz fue el estado con más ataques tanto a periodistas como a medios con 26 casos de un total de 181 en el país. Para el gobernador Javier Duarte de Ochoa, solo Veracruz es bello para el ejercicio periodístico: “En mí tienen a un aliado y un protector; en mi persona tienen a un amigo que los valora, que los reconoce y los respeta. El gobernador Javier Duarte es el más ocupado y preocupado, no solo por su integridad, sino por garantizar el ejercicio libre de su profesión”, presumió Duarte de Ochoa el 19 de diciembre durante una comilona ofrecida en Boca del Río a más de 400 periodistas de aquella entidad. Las inoportunas declaraciones del Gobernador Javier Duarte inmediatamente causaron reacciones. “Componen el cuadro de la impunidad; la actitud del gobernador Duarte es ésa precisamente desde que ocurrió el asesinato de Regina; y que encabezados por Julio Scherer García estuvimos un grupo de representantes de Proceso allá en Xalapa, es una actitud que raya en el cinismo, tomando en consideración que su estado es uno de los estados en donde ha habido mayor cantidad de crímenes contra periodistas; es obviamente una declaración retórica”, expuso a ZETA el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda. No sólo asesinatos, también principalmente del estado de Veracruz son los periodistas que han abandonado esa entidad federativa ante la inseguridad para el ejercicio periodístico. 29 periodistas desplazados en dos años En 2011 y 2012 ocurrió lo que no en años anteriores. El desplazamiento de quienes ejercen el periodismo. El clima de impunidad para el ejercicio periodístico en el estado de Veracruz se agudizó en 2011 de acuerdo con el periódico Notiver: “Huyen de la ciudad reporteros de medios de comunicación de televisoras, radios y prensa escrita, entre ellos cinco de Notiver ante la incapacidad de las autoridades locales y estatales de garantizar la integridad física de ellos y la de sus familias”, informó con obvio hermetismo el periódico jarocho. “El desarraigo por temor a la violencia en México es uno de los fenómenos menos registrados, menos documentados, sin embargo muy cercanos a las historias que todos tenemos; en este caso, lo que nos reporta el periódico Notiver es simplemente el fundado temor que tienen periodistas para ejercer la libertad de prensa en el estado que hoy por hoy es el estado más peligroso para el periodismo”, expresaría Darío Ramírez a ZETA. El ejemplo local del estado de Veracruz ilustra también lo que ocurre a nivel nacional en cuanto al éxodo de periodistas ante la impunidad imperante: “Durante este año (2011), particularmente en el segundo semestre, Artículo 19 confirmó la salida de 16 reporteros y fotógrafos de sus entidades de origen, algunos de los cuales recibieron amenazas directas, mientras otros fueron objeto de advertencias veladas. Este fenómeno se presentó en estados como Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California”, informó en 2011 a ZETA Juan Carlos Romero Puga, Oficial Adjunto del Programa de Libertad de Expresión Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Ahora en 2012, Artículo 19 informó a ZETA que hasta el 5 de diciembre, 13 comunicadores se desplazaron de su lugar de origen hacia otros estados debido a la imposibilidad de ejercer el periodismo en sus entidades. Artículo 19 detalló a través de este Semanario que de los 13 periodistas desplazados en 2012 en México, 9 ejercían el periodismo en el estado de Veracruz. Mucha burocracia, 100 por ciento de impunidad Durante los últimos años se han creado dependencias, leyes, funcionarios van y vienen, pero los asesinatos y otros ataques contra periodistas y medios de comunicación continúan. Para empezar, durante el sexenio pasado tres funcionarios dirigieron la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): Octavio Orellana, Gustavo Salas y Laura Angelina Borbolla; obviamente, ninguno entregó resultados positivos. El único “logro” de la administración calderonista fue cambiarle de nombre al organismo dependiente de la Procuraduría General de la República: El 5 de julio de 2010 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) cambió el membrete por el de Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Hay que recordar que también el 22 de junio se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la Reforma Constitucional que adiciona el Párrafo 2° de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “que faculta a las autoridades Federales para conocer delitos en contra de periodistas en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta”. Brisa Solís, Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social A.C., afirmó a ZETA al respecto: “Durante el sexenio de Calderón los ataques a la libertad de expresión fueron una constante y ninguna de las instancias generadas para la atención como la Fiscalía Especial del Poder Ejecutivo o la Comisión Especial en la Cámara de Diputados lograron revertir la tendencia”. “La creación del mecanismo de protección quedó entrampada en el entramado institucional para su operación durante meses en la Secretaría de Gobernación (Segob) y solo es hasta que la Ley General para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se empezaron a sentar las bases para generar los análisis de riesgo para medidas de protección que apenas inician estos meses”, agregó Brisa Solís. A pesar de dependencias, leyes, funcionarios, la impunidad persiste: “Las integraciones de las averiguaciones previas están mal hechas, la fuente de la impunidad, en otros países los casos están ante juzgados y los alegatos y críticas son ante juzgadores. Aquí (en México) el punto es las averiguaciones previas. En el 99 por ciento de los casos (de agresiones a periodistas y medios de comunicación) las averiguaciones carecen de líneas de investigación”, ha dicho constantemente a ZETA Darío Ramírez, director de Artículo 19 en México y Centroamérica. Exigencias y expectativas del gobierno de EPN Hasta antes del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) era la más peligrosa para el ejercicio periodístico en México con 46 homicidios cometidos contra comunicadores. Ahora que concluyó el sexenio panista y regresa el Partido Revolucionario Institucional (PRI), algunos organismos defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión expresaron sus exigencias y expectativas del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto: Para empezar, Carlos Lauría, coordinador sénior del Programa de las Américas del CPJ, refirió a este Semanario que lo importante es la investigación: “En todos los casos que quedan sin investigar el mensaje es una luz verde para aquellos que cometen este tipo de actos: Los responsables no van a ser castigados, los responsables se salen con la suya, las víctimas y sus familiares son impedidas de obtener justicia, porque la impartición de justicia fracasa, y esto obviamente genera un agravante para toda esta situación donde los periodistas sienten que si el sistema de justicia no da respuesta alguna a lo que está ocurriendo y obviamente los autores de estos crímenes pueden seguir haciéndolo con total de impunidad”. Carlos Lauría exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto: “Instar a que este tema de la libertad de expresión ocupe un lugar prioritario, algo que no vemos que esté ocurriendo, hay cuestiones retóricos de apoyo al trabajo de la prensa pero no hay una política destinada a convertir esta grave crisis de libertad de expresión en un tema prioritario, eso es preocupante, desde luego; no lo fue en la campaña y por las tres semanas desde que asumió el presidente no parece estar entre sus prioridades; éste es un tema que debe ser prioritario”. Por su parte, el Licenciado Humberto Hernández Haddad, coordinador jurídico de Fundación para la Libertad de Expresión (www.fundalex.org) dijo: “Ayudaría mucho también que el Congreso de la Unión formara una comisión legislativa especial para dar seguimiento a las agresiones que sufren en México los periodistas mexicanos o extranjeros”. Exigió el Licenciado Hernández Haddad al sexenio de Enrique Peña Nieto: “Devolver la seguridad púbica a la geografía nacional, que no tengan miedo las personas en salir a ejercer su profesión, a transitar por caminos y carreteras. Ojalá pronto México le esté dando vuelta a esa hoja entrando al año 2013 con una nueva perspectiva que devuelva la normalidad en el ejercicio de la libertad de expresión”. Asimismo, Brisa Solís, Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social A.C., recalcó a ZETA: “Consideramos que el fin de sexenio siempre es una oportunidad para atender temas no se atendieron por la administración pasada; sin embargo, son solo las acciones las que pueden demostrar el interés por la importancia que tiene el tema de la libertad de expresión en México”. Concluyó contundente Brisa Solís: “Nuestra exigencia es la que ha sido hasta ahora con las anteriores administraciones: generar la condiciones necesarias para el desarrollo periodístico, para ello es necesario sancionar a los responsables de las agresiones, es decir que no quede en la impunidad, ya que la impunidad solo genera condiciones para la repetición de estos delitos”. Agresiones contra periodistas, trabajadores de los medios e instalaciones (Del 1 de enero al 5 de diciembre de 2012) Tipo de agresión Agresiones Física/material 89 Intimidación/presión 28 Amenazas 20 Desplazamiento forzoso 13 Detención ilegal 8 Privación ilegal de la libertad 8 Asesinato 7 Ataques cibernéticos 5 Desapariciones 2* Acción legal/calumnia/difamación 1 Total 181 Fuente: ARTICLE 19 *El dato no es definitivo; seguimos en el intento de confirmar Agresiones a periodistas y medios por estado del 1 de enero al 5 de diciembre  de 2012 ESTADO TOTAL DE AGRESIONES Veracruz 26 Distrito Federal 25 Oaxaca 22 Baja California 16 Sonora 12 Tamaulipas 11 Morelos 9 Chihuahua 8 Puebla 8 Coahuila 6 Quintana Roo 5 Sinaloa 4 Guerrero 4 Estado de México 4 Michoacán 3 Nuevo León 3 Campeche 3 Colima 2 Durango 2 Guanajuato 2 Chiapas 2 Hidalgo 2 Jalisco


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Redacción Zeta
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