Tensa calma entre cárteles. Ésa es la realidad en Baja California desde octubre de 2012, particularmente en Tijuana, donde grupos operativos al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF) intentan resucitar la organización criminal. El discurso oficial, por lo menos el del gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el del Comandante de la II Región Militar, Gilberto Hernández Abreu, que en Baja California impera la paz, está siendo rebasado por los hechos criminales. En las áreas de inteligencia de las fuerzas operativas del Consejo Estatal de Seguridad, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se ha identificado a líderes y operadores de células de los cárteles de Sinaloa y Arellano, que están matando y secuestrando en total impunidad. Ni la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni la General de la República, están investigando estos crímenes; por ende, no han solicitado órdenes de aprehensión, contribuyendo así a la impunidad. La segunda semana de enero de 2013 y el día 22 del mismo mes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana detuvieron a miembros de dos grupos de delincuentes. El primero reportó ser parte de una banda de 20 sujetos reclutados en el Barrio Logan de San Diego, California, por Melvin Gutiérrez Quiroz “El Melvin”, “El Marino” o “El Camacho”, para combatir al Cártel de Sinaloa y “recuperar” zonas de Tijuana para su administración criminal. En el segundo, tres sujetos y el hombre señalado por ellos como su jefe criminal, Juan Vuelva García “El Cero”, confirmaron la presencia de la nueva camada de matones mexicoamericanos, pero éstos refirieron que se trata de una célula más pequeña, de siete sicarios. Aunque aseguran haber sido reclutados por “El Melvin” a principios de 2013, estos hombres confirmaron como uno de sus jefes a otro al servicio de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, de alias “El Mesien y o “Mecies”. 
La operatividad de este presunto traficante se había revelado en Tijuana a partir de octubre de 2012, de manera extraoficial, al interior de las áreas de inteligencia de las fuerzas operativas. Durante cuatro meses “El Mesien” y /o “Mecies” estuvo incluido en el organigrama criminal como Juan Mellado, atribuyéndole un parentesco político con Sánchez Arellano. Originalmente fue mencionado en actividades criminales administrativas, casi secretariales. Sin embargo, los detenidos aseguraron que este hombre estuvo con ellos, unos minutos antes de ser detenidos -les llevó un guía porque no conocen la ciudad-, cerca de las once de la noche del martes 22 de enero, en la calle Baja California de la delegación Cerro Colorado. Afirmaron que estaban bajo las órdenes directas de “El Mesien” y/o “Mecies”. Explicaron que al igual que ellos, ese mismo día a la misma hora, había otros grupos distribuidos en la ciudad esperando órdenes de Gutiérrez Quiroz, con miembros del Barrio Logan, acompañados de delincuentes locales. En su caso sería Mellado el encargado de informarle dónde estaban sus objetivos, y si los secuestrarían o los matarían. Entre los detenidos con Vuelva fue identificado Julio Sánchez Camacho, señalado como “halcón”, encargado de abrir camino y alertar a los autores materiales de la presencia policiaca. Había sido capturado el 25 de julio de 2012 y presentado como parte de un grupo criminal involucrado en dos asesinatos y una amenaza pública, “… le pidieron el pago de dinero o le matarían a su familia”, expusieron los testigos, quienes ese día denunciaron al grupo, luego de que gritaran e hicieran unos disparos al aire en un crucero de la colonia Benito Juárez. En aquella ocasión, los capturados fueron presentados como miembros del Cártel de Sinaloa, al mando de Alfonso Arzate y/o Arteaga “El Aquiles”. Sin embargo, la confusión de las autoridades y el cambio de un cártel a otro es una práctica común a partir de 2008 en Tijuana. Secuestros y los responsables La reactivación y rearme de CAF incluye el secuestro y homicidio de traficantes que operan para sus competidores de Sinaloa, pero que en otra época delinquieron para los Arellano, razón por la cual les resulta relativamente fácil ubicarlos. En el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han ubicado como jefes del grupo operativo de Sánchez Arellano que está resurgiendo a las siguientes personas: – Luis Fernando Meza García “El Focu”, hermano de César Alfredo Meza García, detenido en septiembre de 2012 en Tijuana con fines de extradición a Estados Unidos, precisamente por sus ligas con Fernando Sánchez Arellano. – Salvador Alcalá, presunto responsable del trasiego de marihuana al mayoreo en lanchas de San Quintín a la frontera tijuanense, y del cobro de piso en la Zona Oeste de Tijuana. – Roberto Parnass, investigado como encargado de llevar droga a Estado Unidos en vehículos arreglados. – Edgar Ruiz “El Chore”, intermediario en la transacción de droga con las células. – Esteban Nides, presunto cabecilla de grupos operativos encargados de ajustes de cuentas, privaciones de libertad y “recuperación” de zonas criminales para el CAF. – Melvin Gutiérrez Quiroz, quien también orquesta el trasiego de droga a Estados Unidos y a la vez funciona como brazo armado. – Por último, el trabajo de la SSPM de Tijuana permitió agregar el nombre de José Mellado “El Mesien” y/o “Mecies”, administrativo, contacto con “El Ingeniero” y operador. La PGJE y la impunidad Oficialmente, las autoridades conocen los nombres de las víctimas, saben que les cobran de 30 mil a 80 mil dólares (pero han llegado a los 300 mil), y extraoficialmente la Procuraduría local ha sido informada de la identidad de los perpetradores; sin embargo, la justicia no ha imperado porque lo consideran “un pleito” entre cárteles. Una vez más, las autoridades de Baja California restan importancia a la violencia, bajo el argumento de que “se están matando entre ellos”, otorgando así la facultad de castigar, asesinar, secuestrar y extorsionar a los grupos criminales. Muestra clara de este nuevo intento oficialista de ocultar la pugna latente, está en las recientes declaraciones públicas donde el procurador Rommel Moreno asegura que no hay secuestros, pero agrega y reconoce: “Lo que sí tenemos son, en alguna forma, o se han dado fenómenos de privación ilegal de la libertad, (el 90 por ciento) por ajuste de drogas, pero no secuestros donde se pidió un rescate, específicamente de acuerdo a como se establece en el Código Penal”. 
Conforme a cifras de la Procuraduría, se denuncian un promedio de 40 privaciones por mes, 14 de ellas ocurren en Tijuana, y por su desenlace, son atendidas por la Unidad de Homicidios Dolosos. Actualmente existen por lo menos ocho denuncias de este tipo interpuestas en Tijuana (en menos de un mes de 2013). En contradicción a lo dicho por el procurador Manjarrez, el Código Penal del estado ni siquiera contempla el delito de “privación ilegal de la libertad”, donde menciona ese concepto, es al definir el delito de secuestro: ARTÍCULO 164.- Formas típicas y punibilidad.- Al que prive de la libertad a otro, se le aplicará prisión de veinte a cuarenta años, y multa de cien a quinientos días, si el hecho se realiza con el propósito de: I.- Obtener un rescate; III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él. El problema para las familias de estos presuntos delincuentes ha sido admitir que su pariente secuestrado o asesinado se dedica a delinquir, y la omisión de la Procuraduría, de no investigar estas denuncias como secuestros; razón por la cual a pesar de que los integrante del CAF están identificados, algunos de ellos con múltiples menciones en indagatorias abiertas, la PGJE no ha solicitado orden de aprehensión en contra de ninguno. “Podemos toparnos con ellos, tenerlos enfrente y no tendríamos elementos para detenerlos”, explicó un elemento operativo. Los presuntos responsables de Sinaloa Las áreas de inteligencia incorporadas al Consejo Estatal de Seguridad también tienen identificados a los principales protagonistas del lado del Cártel de Sinaloa, y de igual forma, sus nombres o apodos han sido mencionados ante agentes de la PGJE en diversas declaraciones. Sin embargo, pese a las menciones en diversas indagatorias, ninguna de las procuradurías ha solicitado órdenes de aprehensión en su contra. Judicialmente, las corporaciones operativas ven la situación más complicada y ejemplifican con uno de los focos rojos: en el Cártel de Sinaloa, ligado a José Soto “El Tigre”, se trata de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”: “Es el que trae todo el desmadre (refriéndose a los homicidios) en Los Pinos y La Presa”, aseguran dos jefes de igual número de instituciones policiacas. El conflicto para los encargados de vigilar la seguridad es que este hombre ya había sido detenido por la Policía Estatal Preventiva (PEP) el viernes 2 de diciembre de 2011. Capturado en compañía de dos cómplices -Guadalupe Javier Rodríguez Cruza y Kelvín Humberto Quiñónez Armenta- cuando circulaba en un auto con reporte de robo, este primo de Raydel López Uriarte “El Muletas” (capturado en febrero de 2010) fue delatado por sus acompañantes, quienes confesaron operar criminalmente para Mendoza Uriarte desde septiembre de 2011. Dijeron realizar operaciones de narcomenudeo y haber cometido varios homicidios en los fraccionamientos García, Florido, Mariano Matamoros y Los Pinos. “El Güero Chompas” amenazó a los policías que lo apresaron: “Van a valer madres”, e igual lo presentaron, fue consignado y posteriormente liberado, sin informar a las autoridades incorporadas al Consejo Estatal de Seguridad, donde detectarían su regreso criminal a las calles a principios de diciembre de 2012. Una vez reportado su regreso a la actividad criminal, las fuerzas operativas pidieron información y se enteraron que fue liberado el 10 de diciembre de 2010. La secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Penal, Elizabeth Hernández, lo absolvió del delito de homicidio calificado y decretó suspensión condicional de la pena de prisión que compurgaba por robo de auto. “Ahorita tenemos reportes fidedignos de que los tres están delinquiendo”, declaró una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Otro matón al servicio del Cártel de Sinaloa está identificado como “El Pariente” y lo acusan del “secuestro” de Salvador Silva, hermano de una de las mujeres de Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil” (detenido marzo de 2009). De acuerdo a reportes de las autoridades, el secuestrado sirve a José Soto “El Tigre”. En esta privación, las autoridades manejaron dos hipótesis: una, le quedó a deber a su grupo; dos, fue un ataque del Cártel de Sinaloa al “Tigre”. De acuerdo a declaraciones de los detenidos, “El Pariente” sería Guadalupe Montoya Angulo, y el segundo en el mando, su sobrino Jonathan Chavarría Montoya. Las indagatorias indican que antes de planear pedir los 30 mil dólares por su rescate, los secuestradores golpearon a Silva para que les dijera “con quién trabajaba, cuándo y a qué horas pasaban la droga por Popotla y desde cuándo estaban operando en la zona”. El rescatado no tiene órdenes de aprehensión en su contra, pero está siendo investigado por las áreas de inteligencia en relación a su presunta vinculación al desembarque de droga en la zona de Popotla, y con otras privaciones. Elementos de seguridad en el área de inteligencia presumen que el Cártel de Sinaloa pretende deslindarse de José Soto, a quien habrían dejado pasar aquel intento fallido del robo de 134 toneladas que terminó en el mayor decomiso realizado en el estado en octubre de 2010. 
Con la reactivación de células criminales del CAF y el grupo de matones del Barrio Logan, los narcotraficantes al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada están iniciando un enfrentamiento que ha resultado en robos de droga entre miembros de las mismas células, retrasos en deudas por narcóticos o pago de piso; situaciones que están terminando en ejecuciones, en la mayoría de los casos resuelven las autoridades, son crímenes “autorizados/ordenados” por Alfonso Arzate “El Aquiles”. Los muertos y la PGJE La versión oficial de la fiscalía estatal es que el 90 por ciento de los homicidios son precisamente estos asesinatos por deudas entre delincuentes dedicados a la venta de droga al menudeo. De parte de la PGJE, el subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Abel Galván, rechazó que la fiscalía esté inactiva: “Se están resolviendo incluso los asesinatos”. Sin embargo, eso no ha ocurrido con los primeros casos de homicidios por narcomenudeo ocurridos en 2013: la mujer asesinada el 2 de enero en la colonia libertad; Martín García, acribillado el 6 de enero en la colonia Reforma; Antonio Cázares, muerto el día 7 en la Tercera Etapa del Río; un hombre asesinado en fraccionamiento Villas de Alcázar el día 9; y el policía municipal Ricardo Salgado, acribillado el 10 de enero. Todos los expedientes registran el narcomenudeo como móvil del crimen. A la fecha, los únicos casos donde existen sospechosos es el triple asesinato ocurrido el 9 de enero en la colonia Alfredo Ames, y el cuerpo baleado encontrado el mismo día en el Panteón San Jerónimo del Ejido Lázaro Cárdenas. Las víctimas fueron Alfredo Guzmán, además de Víctor y José Montes de Oca, padre e hijo, los presuntos responsables sus proveedores y compañeros en la venta de enervantes ilícitos, “El Páez” y “El Compadre”. En el tema de secuestros, Galván destacó que todos los asuntos “se atienden, incluso cuando nos dicen que la persona desaparecida se dedica al narcomenudeo u otra actividad ilícita, porque es nuestro trabajo; lo que pasa es que los familiares están preocupados y quisieran que todo fuera distinto”. Específicamente se le preguntó del secuestro y posterior asesinato de Jaime Rueda Magaña, se lo llevaron el 13 de diciembre de 2012 y apareció muerto tres días después, aunque la madre pagó 500 mil pesos por su rescate. “Fue muy poco tiempo, estábamos trabajando, quienes se lo llevaron pedían también un cargamento de cristal, porque sabían que el tío movía 30 kilos de esa droga al mes”. A la fecha no se ha sabido que la PGJE haya iniciado investigación en contra del tío de este joven, presunto narcotraficante de nombre Zeferino. Tampoco ha sucedido que el grupo antisecuestro rescate a ninguno de estos hombres catalogados por la fiscalía como privados de la libertad. La información de que Fernando Sánchez intenta rearmar sus grupos delictivos a través de Melvin Gutiérrez, activó alertas ante la posibilidad de pugnas internas o entre los dos cárteles. Por lo pronto, conforme al análisis de la información recibida por denuncias anónimas, las autoridades han detectado que los sinaloenses están delatando a los del CAF para que sean detenidos, lo que podría ser el inicio de una guerra criminal ante la impunidad local. Tres homicidios en Ensenada Víctor Javier Ríos Aispuro, un joven de preparatoria de 19 años de edad, fue asesinado a tiros por sujetos aún sin identificar, sobre la calle Álamos entre Olivos y Margaritas, Fraccionamiento Valle Verde en Ensenada. En el lugar fueron embalados alrededor de 22 casquillos 9 milímetros. El homicidio ocurrió la tarde del jueves 24 de enero, a un par de colonias de distancia donde el procurador general de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, anunciaba un programa para incentivar la denuncia ciudadana respecto al robo a casa habitación. 
De acuerdo a los primeros reportes, el suceso derivó en una persecución donde los homicidas que huían en un vehículo sedán KIA color verde, eran seguidos por oficiales ministeriales y policías municipales. Hasta las 19:00 horas del jueves, derivado del operativo conjunto entre la PGJE y la Policía Municipal, dos personas habían sido aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público. En los primeros minutos se reportó la detención de uno de los sospechosos, dos más se habían dado a la fuga a pie, tras abandonar el automóvil sobre la Avenida Guadalupe, entre calle Segunda y López Mateos. Según fuentes no oficiales, el joven tenía cerca de cuatro meses rentando la vivienda donde fue acribillado. Su cuerpo quedó tendido boca arriba en la calle, con lesiones en su cabeza. Portaba pantalón de mezclilla color azul y una camiseta de manga corta color azul marino, con estampados en blanco. Entre el movimiento de patrullas, un vehículo de la Policía Ministerial terminó chocando sobre el Bulevar Costero, a la entrada de la ciudad. Procuraduría con suerte Por segunda ocasión en el mes, la suerte jugó a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tras haber localizado a un homicida porque fue detenido en otro sitio, por otro delito. Jorge Parrales Moreno, de 41 años de edad, originario de Tijuana, fue detenido el 18 de enero en Acapulco, Guerrero, cuando intentaba robarse un vehículo Volkswagen sedán en pleno malecón. Mientras el Ministerio Público de aquella entidad verificaba la identidad del sujeto, descubrieron que éste era buscado por el delito de homicidio calificado en contra de dos personas; su caso se encontraba bajo la averiguación previa 5753/11/311/. Tras recibir la llamada y confirmar la identidad, los agentes ministeriales de Baja California se trasladaron a Acapulco y trajeron de vuelta a Parrales. De acuerdo a la subprocuradora Lidia Gallegos Aguilar, una vez en territorio bajacaliforniano, Parrales confesó haber asesinado a dos sujetos, por haber sido quienes mataron a su hermano Gabriel Parrales Moreno (con antecedentes en Tijuana). 
A decir de Gallegos Aguilar, Parrales ubicó a los hombres en Tijuana y se ganó su confianza. En octubre de 2011, los invitó a Ensenada con semanas de diferencia a un rancho de una tía, en la zona de El Salitral, en Maneadero, para convivir. Utilizó la misma forma con los dos, los asesinó a golpes mientras se emborrachaban en el rancho. El cuerpo de uno lo enterró dentro de una cisterna de plástico envuelto en una cobija, y al otro dejó tirado dentro de la propiedad. Fueron asesinados en días distintos de ese mes. Sobre la identidad de los occisos, se informó: “Estas personas eran alias ‘El Chinikuil’ y ‘El Ratón’, no están plenamente identificados, estamos trabajando para ello”. Uno de los cuerpos fue localizado en 2011, y el segundo el 23 de enero de 2013, tras la confesión de Parrales. Jóvenes secuestradores —“¿Quieres ganarte una feria fácil?”, preguntó Brandon Sánchez. “¿Haciendo qué?”, replicó el de nombre Cristian Santos. La oferta era ser su cómplice en el secuestro de un joven de 16 años. Se lo propuso a principios de enero, un día en que ambos atendían un puesto de venta de zapatos tenis en un swap meet de Tijuana. Brandon aseguró conocer a la víctima, era su amigo y vivía cerca de su casa. Dijo que su familia tenía mucho dinero, ya que siempre lo veía “manguereando” a bordo de un pick-up muy bonito, de modelo reciente. No era la primera vez que Brandon, de 18 años de edad, le había ofrecido participar en el secuestro a su amigo, ya se lo había propuesto semanas antes. Cristian le aconsejó que “mejor se dejara de cosas y se pusiera a trabajar honestamente”. Pero la tentación fue muy grande y accedió. “Me encontraba muy necesitado de dinero, tenía la intención de apoyar económicamente a mi familia y para continuar con mis estudios de nivel profesional”, justificó el joven de 19 años. Ambos se reunieron el martes 15 de enero en casa de Brandon para planear el secuestro. Fue entonces cuando le reveló el nombre de la víctima, un muchacho de 16 años de edad que vive cerca de su casa. Para raptarlo con mayor facilidad, lo engañaría ofreciéndole salir a “fumar unos pipazos” de marihuana, lo citarían en el estacionamiento de un bar en la delegación La Mesa y lo amenazarían con una pistola de municiones que comprarían por 900 pesos en un mercado sobre ruedas cercano a su vivienda. La idea era mantenerlo cautivo en una casa de la colonia Maclovio Rojas, propiedad de una tía de Cristian, que la había abandonado desde que decidieron regresarse a su lugar de origen. Como estaba casi vacía y vandalizada, antes del secuestro acudieron a tapar las ventanas con pedazos de madera.
A cambio de su libertad y de no hacerle daño, pedirían 150 mil dólares de rescate. “¿Tanto dinero?”, cuestionó Cristian. “Su familia tiene para pagar eso y más”, respondió Brandon. Llegó el día esperado, jueves 17 de enero. Eran las 20:00 horas cuando la víctima llegó al punto de reunión a bordo del pick-up que tanto le envidiaban. Bajó del vehículo y, confiado, se acercó a los jóvenes, en ese momento Brandon sacó de su cintura el arma y con la mano derecha le apuntó a la cara, ordenándole que se hincara. “No mames, Brandon ¿podemos hablar?”, le imploró la víctima, pero a cambio recibió un puñetazo en la cara. En esos momentos Cristian tomó un rollo de cinta adhesiva y ató sus muñecas. Entre ambos lo subieron a su auto y se dirigieron a la improvisada casa de seguridad. En el trayecto lo amordazaron, cubrieron sus ojos y oídos para que no viera a donde lo llevaban, ni escuchara sus conversaciones. Una vez en su escondite, Cristian condujo el auto de la víctima a un sitio lejano para evitar ser descubiertos. Brandon cuidó del secuestrado toda la noche, su cómplice fue a casa de sus padres para que no sospecharan lo que estaban haciendo. Cuando regresó al otro día con agua y comida, se dio cuenta que estaba golpeado y tenía quemaduras de cigarro en el rostro. Le dieron de comer, pero no tenía hambre. A casi un día de la privación de la libertad del menor, los inexpertos secuestradores aún no habían contactado a la familia para pedir el rescate. Pasaron las horas sin contratiempos hasta que la madrugada del sábado 19 de enero, Brandon sugirió amputarle un dedo al menor para mandarlo a su familia como muestra de que estaban decididos en hacerle daño si no pagaban 150 mil dólares. Aproximadamente a las 3:00 horas, sujetaron a la víctima, le ataron las manos y colocaron una muñeca de trapo en su boca para que no se escucharan sus gritos. El sangrado fue tan abundante que intentaron detenerlo con un torniquete hechizo y “cauterizar” la herida con fuego. Pero no sanó, así que Brandon lo llevó con un doctor cercano y no pudo hacer mucho por él; llamaron a una ambulancia, la cual llegó acompañada de una patrulla de la Policía Municipal. Brandon fue detenido y confesó la participación de Cristian. Al poco tiempo la Policía llegó a su casa, cuando éste se preparaba el desayuno. Su corta e infructífera carrera delictiva había llegado a su fin.
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