Intolerancia Era el año 1990, y la forma de hacer política era algo distinta a la actual. Entonces existía una real oposición ideológica en los partidos políticos, había debate de ideas, competencia por proyectos públicos, y gobernantes emanados de distinta etiqueta partidista, se enfrentaban en buena lid. Gobernaba el país Carlos Salinas de Gortari, y el Estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Eran notorios y constantes los enfrentamientos que, por términos de ideología y proyectos, tenían el Presidente de la República y el gobernador. Ni el de la Nación se imponía al del Estado, ni el de la entidad se sometía al Federal. Cada uno tenía su proyecto y competían entre sí. Por supuesto que había zancadillas, sobre todo en términos de presupuesto, obra y visitas del Ejecutivo Nacional a Baja California, pero también esas se liberaban. Es famosa la frase aquella del gobernador Ruffo cuando explicó la falta de apoyo por parte de los integrantes del gabinete federal -especialmente Pedro Aspe, a la sazón secretario de Hacienda-, con un simple “Me atienden, pero no me entienden”. Salinas tenía dos años en la Presidencia y Ruffo apenas alcanzaba su primer año, cuando compitieron para ver quién concretaba primero dos proyectos: una credencial para votar con fotografía -para minimizar los fraudes electorales por entonces más evidentes y rústicos-, y la atención formal, ciudadana, de los Derechos Humanos -para garantizar la justicia en casos de abusos, excesos, persecuciones y presiones que por entonces, había más y quedaban impunes-. Cuando el Presidente Salinas se enteró que el gobernador Ruffo estaba por echar a andar, por primera vez en México, una Procuraduría de los Derechos Humanos, utilizó todo el poder presidencial para ganarle la jugada. Así, en junio de 1990, con Jorge Carpizo al frente, creó e inauguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dos meses después, ya con la aprobación del Congreso del Estado, Ruffo echó a andar la Procuraduría de los Derechos Humanos. El primer procurador fue Don José Luis Pérez Canchola, respetable hombre de izquierda que llegó para dar certeza y promover la justicia para cientos de ciudadanos vejados, abusados, hostigados, presionados, por las instancias del poder. La PDH nació, pues, como un ente ciudadano. Con presupuesto del Estado, sí, pero con autonomía para recibir las denuncias, integrar expedientes, investigar los hechos y recomendar acciones. Todo iba bien, hasta que la maldita política se metió en el tema. Después de Pérez Canchola, llegó Marco Antonio Sánchez Corona y, por unos años más, mantuvo el rumbo en defensa de los ciudadanos. Ya enquistado el PAN en el poder de Baja California, los ánimos reformistas se fueron diluyendo y la Procuraduría terminó por ser parte de la parcela política laboral. Entonces llegaron los nombramientos de cuota partidista. Los panistas a los Derechos Humanos, hasta que siendo el priista número uno del estado, Fernando Castro Trenti arrebató para sí esa posición. Hoy día, con Arnulfo de León Lavenant impuesto en calidad de procurador de los Derechos Humanos por el propio Castro Trenti, la PDH atraviesa su peor época. Sin dinero, quebrada, sin recomendaciones, con personal de dudosa capacidad y peor pasado, se han convertido en verdugos y jueces ante los indefensos y violentados ciudadanos que acuden con la esperanza de encontrar ahí, la justicia que no hallan en gobierno, corporaciones y otras entidades. Con despidos laborales injustificados, pero fundamentados en tirrias políticas, con un cambio de vocación más hacia el asistencialismo, sin credibilidad ni presencia formal, con una dirigencia intolerante, indolente de los problemas ciudadanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos se encamina al inminente cambio. Esta semana, diputados del Congreso del Estado comentaron a esta columnista, el acuerdo en el que trabajan para cambiar la titularidad del organismo antes de finalizar el periodo del actual procurador, “cada vez vemos con más preocupación cómo la PDH ha perdido su esencia, y cada vez vemos la necesidad de anticipar la salida del actual titular”, me dijo uno de ellos. También en la semana que concluye, el señor De León Lavenant interrumpió la comunicación telefónica con uno de los reporteros de ZETA, mientras a otros dos, les negó respuesta a las preguntas realizadas sobre lo que sucede en el organismo. No respeta, pues, el derecho a la información, como no defiende los Derechos Humanos. La indolencia, la intolerancia que caracteriza a la PDH actual, es como dijo el diputado: uno de los síntomas que los obligan a tomar una decisión para cambiar no solo la titularidad que tanto ha disminuido la responsabilidad e institucionalidad del organismo, sino la estructura. Refieren que debe pasar a ser una Comisión de los Derechos Humanos, estructura cuyas facultades formales, son más acordes a un organismo ciudadano, que el membrete y la responsabilidad de una Procuraduría. El tema ya está en la agenda de los diputados locales. Ojalá, por el bien de los bajacalifornianos y en aras de la justicia y la integridad física y social, no les tome mucho tiempo. Y regresen a los tiempos en que los Derechos Humanos eran un tema ciudadano, no político-partidista.
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