Lauro Ortiz Aguilera

Engaño

En tres ocasiones el procurador general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, se ha paseado por las calles y avenidas de Tijuana con un aparatoso despliegue de seguridad. Las condiciones de violencia en la ciudad no son para menos.

Camionetas blindadas proporcionadas por el gobierno estatal, escoltas de la Policía Estatal Preventiva y servicios de inteligencia han acompañado en todo momento al fiscal federal cuando ha presidido reuniones con diversos sectores de la comunidad.

El verse asediado con tanta protección debió alertar al funcionario desde su primera visita en agosto del año pasado, sobre el riesgo que es estar en una ciudad como Tijuana.

En aquella ocasión su permanencia se debió a la puesta en operación de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), un grupo de elementos de la policía municipal, estatal y federal bajo el mando de una agencia del Ministerio Público de la Federación.

Anunció y se comprometió a combatir los hechos delictivos generados con la venta al menudeo de drogas en las colonias y periferia de la ciudad. Todo en el contexto que envuelve a la inseguridad y que ha cobrado tan sólo en lo que va del presente año, poco más de 200 muertes violentas.

En su segunda visita, a casi un año de distancia, Cabeza de Vaca volvió a apostarle a las promesas, habló mucho y no dijo nada. De paso ofreció unirse al Plan emergente del gobierno estatal, que por cierto hasta la fecha no se han visto los resultados.

Habló de un programa urgente para prevenir secuestros, pero a partir de esa fecha -29 de junio-, y en base a los reportes policíacos, más de una docena de “levantones” se han registrado a la fecha.

También comentó sobre el establecimiento de una oficina en Tijuana de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), y la llegada de un número considerable de agentes federales para el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Pasaron los días y el sobreprotegido funcionario regresó a Tijuana, por tercera ocasión,  con las manos vacías.

Los tijuanenses esperaban que el fiscal de la nación trajera un paquete de buenas noticias, y por la falta de información previa, hasta se especuló de la detención de algunos integrantes del crimen organizado que se daría a conocer en boca del mismo procurador.

Nada de eso sucedió.

Hacia el interior de los organismos ciudadanos que han participado en las reuniones con el funcionario, hay descontento y se sienten engañados, tanto por las autoridades estatales como las federales.

Los bajacalifornianos necesitan acciones concretas y reales contra el crimen organizado en sus diversas modalidades.

No más engaños y reuniones que en nada ayudan a la problemática fronteriza.