Desacato

Las violaciones a la Ley se han convertido en una constante de políticos y adinerados que al amparo del poder que les provee su posición privilegiada, gozan de prerrogativas que el ciudadano común difícilmente podrá disfrutar algún día.

Si un bajacaliforniano carente de toda esta preeminencia incurre en la violación flagrante de una Ley, inmediatamente es castigado sin importar de quién se trate, pues finalmente las leyes se hicieron para aplicarse a todos por igual y sin distingo.

Y no se diga cuando por ignorancia o por así convenir a sus intereses, desacatan la orden de un juez; a la brevedad el ciudadano es buscado hasta dar con su humanidad y remitido ante el juzgador para su comparecencia y explicación de su actuar.

Aquellos políticos y gobernantes que pregonan estar dentro de los cauces legales, que repiten y presumen ser respetuosos de los ordenamientos que rigen la vida social de los mexicanos, y que todavía tienen la gracia de exhortar a los ciudadanos a guiarse y conducirse con respeto, hoy son claro ejemplo de lo que se puede hacer bajo el manto del poder, sin importar lo que decidan los jueces.

Cuando a estos actores se les interroga sobre sus acciones fuera de la ley, recurren a prácticas comunes como responsabilizar a los medios de comunicación, como precursores de la desinformación con fines meramente comerciales para aumentar sus ventas. A flor de piel evidencian un inexistente oficio político.

En la edición anterior de este semanario un amplio reportaje exhibió la conducta del Ejecutivo Estatal, luego de ignorar la resolución de un juez que lo obliga a restituir parte de un valioso predio que fue sometido a un indebido proceso de expropiación para la construcción del aún inconcluso proyecto vial llamado Corredor 2000.

El fallo del Juez Octavo de Distrito a favor de la propietaria fue claro al concederle un amparo para que las obras de la vialidad fueran suspendidas, pero la negativa del gobernador Eugenio Elorduy Walther y sus funcionarios para detener los trabajos en el polígono 4 del Rancho Ontiveros, precisamente donde se une con carretera de peaje Tijuana-Tecate, se convirtió en terquedad.

Ante esta negativa la afectada recurrió ante el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Distrito con sede en Mexicali, concediéndole un amparo y protección de la justicia federal para que respetaran la garantía de audiencia y escucharan a la ofendida en un plazo de cinco días. Tampoco se cumplió.

En abril una nueva resolución del Juzgado Octavo de Distrito ordenó al mandatario estatal la devolución del predio afectado por las obras y le dio un plazo de cinco días para acatar la orden. Nuevamente los ignoró.

Hoy la terquedad puede dar paso a que la Suprema Corte de la Nación determine si es el caso, proceder a una destitución del cargo público y someterlo a un proceso de desafuero constitucional y sea juzgado como cualquier ciudadano.

Los mexicanos y en particular los bajacalifornianos deben estar informados de las conductas que algunos funcionarios hacen al amparo de sus facultades; muchas de ellas fuera de la ley, para que sean sancionadas conforme a ella, trátese de quien se trate, sin que haya fuero constitucional de por medio.