A trabajar

La captura del menor de los hermanos Arellano Félix, no debe ser factor para que las autoridades federales y estatales quieran fincarle responsabilidad en crímenes que posiblemente no ordenó, tal como ha venido sucediendo en Baja California cuando se arresta a determinado grupo delictivo.

Para la historia ha quedado en evidencia cómo los gobiernos han echado mano de esta práctica sin sustento legal, más que la “presunta” participación de los detenidos en hechos delictivos que han conmocionado a la sociedad, pero desechados por los jueces una vez que el Ministerio Público del orden común o federal, consignan los expedientes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “resuelve” de la noche a la mañana, múltiples asesinatos cada vez que se detiene y casi siempre de manera fortuita, a pequeños grupos de gente armada que anda delinquiendo en las calles de nuestro Estado.

La autoridad estatal aprovecha que fueron detenidos en posesión de armas de uso exclusivo del ejército y la fuerza armada, para deshacerse del caso y turnarlos a la federación bajo el argumento que son delitos que debe investigar y juzgar ese orden de gobierno.

De paso “les cuelgan” crímenes de uno y otro para zafarse de su responsabilidad, y evidenciando su incapacidad para resolver la gran cantidad de ejecuciones que se han cometido en los últimos años.

Sólo presumen la aclaración de homicidios “domésticos” como los generados por rencillas entre pandillas de jóvenes en las colonias populares y los causados por problemas de tipo conyugal o pasional.

Muertes violentas de gran impacto quedan en el olvido oficial por mucho tiempo, y sólo son recordadas a través de boletines informativos, cada vez que hay un arresto de gente armada.

El poco o nulo trabajo de investigación que hace la PGJE, se ve reflejado también en las agresiones que han sufrido funcionarios estatales como el atentado del que fue víctima el ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Díaz Lerma.

Han pasado varios meses y no se ha dado a conocer al menos, el motivo que tuvieron sus agresores para dispararle. Se entiende el sigilo con que se deben llevar las investigaciones, pero la socorrida declaración “seguimos indagando sin descartar ninguna línea” genera algún tipo de suspicacia.

Los asesinatos contra funcionarios públicos es otra situación que no ha querido resolver el procurador Antonio Martínez Luna, o lo más grave es que no pueda por la incapacidad que lo ha caracterizado desde el inicio de su función.

Es tiempo que se pongan a trabajar como verdaderos funcionarios, y cumplir con el encargo que les confirió la ciudadanía al momento de rendir protesta como tales.