Accionista en Punta Colonet.
Los negocios de Rufo
De consultor de empresas trasnacionales interesadas en invertir en Baja California, pasó a ser un empresario con intereses económicos personales en los desarrollos que él impulsa empleando su privilegiada posición política.
JAVIER CRUZ AGUIRRE
El Licenciado Ernesto Ruffo Appel, senador suplente por Baja California, ex comisionado nacional para Asuntos Fronterizos, primer mandatario estatal de oposición en la era priísta y consejero nacional del Partido Acción Nacional (PAN), pasó de ser consultor de empresas trasnacionales interesadas en invertir en Baja California, a empresario con intereses económicos personales en los desarrollos que él impulsa empleando su privilegiada posición política.
En los primeros cuatro meses del año el ex mandatario inscribió en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Ensenada, tres sociedades mercantiles en donde aparece como accionista interesado en crear “consorcios” que se beneficiarán con:
1.- El desarrollo de un puerto de altura y un ferrocarril internacional en Punta Colonet, zona también conocida como Punta Colonet o Bahía Colonet, en donde Ruffo representa a un grupo de inversionistas navieros extranjeros.
2.- La creación de un aeropuerto internacional para dar servicio a la ciudad de Ensenada y su zona suburbana. Esto en la Mesa del Tigre, delegación municipal de El Sauzal, en donde el ex gobernador impulsa la construcción de la terminal aeroportuaria internacional.
En una de estas empresas –Puerto Colonet Infraestructura, S.A. de C.V.– se asoció con el arquitecto Roberto Curiel Ortega, empresario consentido de los gobiernos estatales panistas y socio comercial de la transnacional inglesa Hanson, líder mundial en producción, distribución, extracción y venta de materiales pétreos para la industria de la construcción.
Curiel, cabeza del Grupo Amaya Curiel –tiene cuando menos siete años explotando y exportando para su beneficio y el de Hanson millones de toneladas de arena extraída de los arroyos del norte de Baja California–, también hace negocio con las trasnacionales Royal Dutch Shell y Sempra Energy al construir para estos consorcios diversas obras de infraestructura portuaria en el paraje Costa Azul (Ensenada), en donde instalan una planta regasificadora de gas natural licuado.
El licenciado Alfonso García Quiñones, abogado de diversas compañías inmobiliarias y ex consejero estatal del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, comentó que en Ensenada se conoce como un secreto a voces que Ruffo participa, junto con Roberto Curiel, en el negocio de la extracción y exportación de arena al mercado estadunidense, “pero de eso hasta el momento no hay pruebas”.
Afirmó también que pese a que Ruffo virtualmente es senador suplente del también ex gobernador Alejandro González Alcocer, a quien Curiel le construyó su casa en la ciudad de Tijuana, no es ni será por ello servidor público, hecho que le permite dedicarse a sus negocios sin caer en actos ilícitos.
“Ernesto Ruffo está actuando como lo que políticamente fue y es: Explota sus relaciones públicas como ex gobernador, como ex comisionado comercial fronterizo y como panista distinguido. Antes a eso le llamaban ‘coyotaje’, hoy es ‘lobby’ (cabildeo), aunque tal parece que de mediador, de gestor, pasó a participar directamente en los negocios que él promueve. Esto ética y moralmente es reprobable, pero no comete ningún delito”.
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El 23 de enero del 2006 (recibo oficial 1727), quedó inscrita en la sección Comercio del Registro Público de la Propiedad la partida 5146492, la cual contiene los datos de la escritura pública número 59121, volumen 1409, de fecha 21 de diciembre del 2005 expedida por el Notario Público número 1 de Ensenada, Licenciado Pablo Sánchez Martínez.
La escritura se refiere a la empresa Puerto Colonet Infraestructura, S.A. de C.V., con domicilio en Ensenada y con los siguientes objetivos:
a) El diseño y construcción de obras marítimo portuarias, almacenes en recintos fiscales o fiscalizados o fuera de recintos portuarios y ferrocarriles, por sí o por terceros, dentro de los recintos portuarios y en los litorales del país, así como la construcción e instalación de obras y elementos ferroviarios dentro de recintos portuarios, fuera de ellos y en el interior del país.
b) La administración, uso, aprovechamiento, operación y explotación de obras de infraestructura portuaria y almacenes, por sí o por terceros, entre ellos instalaciones terminales, así como patios, talleres y almacenes.
La duración de la sociedad será de 99 años y su capital social asciende a 50 mil pesos repartido de la siguiente forma: El Grupo Amaya Curiel, 500 acciones serie “A” con un valor de 25 mil pesos (50 pesos por acción). Ernesto Ruffo Appel, “también conocido como Ernesto Guillermo Ruffo Appel”, 500 acciones serie “B” con un valor de 25 mil pesos.
Se integró un Consejo de Administración así: De la serie “A”, arquitecto Roberto Curiel Ortega y uno de sus hijos. De la serie “B”, Ernesto Ruffo Appel y su esposa. Como presidente se nombró a Ortega Curiel, secretario a Ruffo, tesorero al hijo del arquitecto y vocal a la esposa del ex mandatario estatal. También se designó a Juan Antonio Zepeda Quintero como comisario de la sociedad.
En una entrevista con la periodista Diane Lindquist para el diario San Diego Union Tribune, publicada el 24 de abril de 2006, Ernesto Ruffo Appel reconoció que él y Curiel compraron “2,500 hectáreas” (poco más de 600 acres según la estimación hecha por la periodista estadunidense, que en realidad representaría 250 hectáreas).
También que en esa acción se gastaron tres millones de dólares al pagar a “siete dólares el metro cuadrado” de terreno, ubicado en el ejido Héroes de Chapultepec.
De ser cierta esa información, entonces Ruffo y su socio debieron pagar 12 centavos de dólar por metro cuadrado para justificar los tres millones que invirtieron. En caso contrario –un predio de 250 hectáreas, o sea poco más de los 600 acres reportados por Lindquist–, el precio debió ser de 1.20 dólares el metro cuadrado.
El martes 8 de agosto ZETA solicitó información a Home Future, una corredora de bienes inmuebles que publicó un aviso clasificado en el diario El Vigía, de Ensenada, respecto a la venta en Punta Colonet de un predio de 886 mil 690 metros cuadrados (88.6 hectáreas, o 219 acres) ubicado en “un lugar seleccionado para construir un puerto de altura y ferrocarril”, ofreciendo “un inmejorable precio” ya que “a mediano plazo tendrá un valor muy alto y gran demanda, lo que le daría un rendimiento excepcional superior a cualquier instrumento de inversión”.
El precio por metro cuadrado se fijó en 90 centavos de dólar; es decir todo el predio tenía un valor de 798 mil 21 dólares y Home Future estimó que a largo plazo (siete años) el precio subirá a cuando menos 10 dólares el metro cuadrado.
La propiedad de Ruffo y Curiel se encuentra ubicada en una montaña cercana al lugar en donde se construirá el puerto de altura y el ferrocarril, que se desarrollarán en un predio de al menos cinco mil 500 hectáreas.
De acuerdo con la versión que el ex gobernador dio a la periodista estadunidense, ya cuentan con derechos de camino y lo utilizarán para extraer y llevar las rocas que serán utilizadas en las obras del puerto, las cuales representan una inversión –junto con la vía ferroviaria– de entre cuatro mil a cinco mil millones de dólares, cifra que podría subir a más de 22.2 mil millones si se toma en cuenta la ciudad que deberá desarrollarse en Colonet para dar servicios a las instalaciones portuarias, ferroviarias y mineras que ahí operarán.
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“Yo ciertamente soy un licitador (o postor). Ahora estamos tratando de poner juntos (Ruffo y Curiel) un consorcio”, habría dicho Ruffo a la comunicadora social californiana, toda vez que el ex mandatario continúa brindando asesoría y consultas a un grupo de agencias navieras multinacionales –no identificadas por él– que compiten con el gigante asiático Hutchison Whampoa Ltd., el más grande consorcio trasnacional desarrollador y operador de puertos del mundo, para ser los constructores del puerto en Colonet, el cual a futuro mediato moverá anualmente más de seis millones de contenedores.
De acuerdo con el trabajo periodístico de Lindquist, Hutchison Whampoa, a través de sus subsidiarias Hutchison Port Holding y Hutchison Port México –esta última operadora y desarrolladora de las terminales de carga, cruceros y marina turística del puerto de Ensenada– está comprando terrenos en Punta Colonet utilizando a una persona que se identifica con el nombre de Ernesto Roberto Tatay, a quien los residentes de la zona dicen no conocer ni saber dónde vive.
En una parte de su trabajo Lindquist afirma que Isaura Pupo, secretaria de Mike Power, ejecutivo de Hutchison, le dijo que “ellos (la trasnacional asiática) no han comprado nada de momento (en Colonet)”, y tampoco quiso comentar las presuntas compras hechas por Tatay, de las cuales incluso Ruffo dio datos a la periodista.
El ex gobernador habría dicho al periódico de San Diego que Hutchison, a través de Tatay, estaba comprando terrenos con frente de mar en el ejido Villa Morelos (colindante en Punta Colonet) y que estaba pagando cinco dólares por metro cuadrado.
ZETA encontró en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Ensenada que Ernesto Roberto Tatay Pérez es una de al menos 20 personas que la empresa Ensenada International Terminal, S.A. de C.V., subsidiaria de Hutchison Port México, designó como depositario de poderes generales con los cuales hacen diversos trabajos administrativos, fiscales, financieros y operativos para el consorcio.
El poder, cedido el 16 de junio de 2003 en la ciudad de México por conducto de Lilian María Fernández Suárez, también involucra a las empresas Baja Corp, S.A. de C.V., y Ensenada Cruise Port Village, S.A. de C.V., ambas filiales de Hutchison Port México.
Curiosamente Tatay Pérez, apoderado de Hutchison en las tres empresas que la trasnacional tiene en Ensenada, reporta ser únicamente dueño de un lote de 300 metros cuadrados en el fraccionamiento Pedregal Playitas (ciudad de Ensenada). Lo compró el 18 de diciembre de 2004 en 105 mil pesos a Armanda Ramírez Romero.
Este año Tatay obtuvo un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), para construir su casa en ese terreno, por una cantidad de dinero muy alejada de las grandes operaciones especulativas que vienen dándose en Punta Colonet y que incluye a cinco ejidos –27 de enero, Díaz Ordaz, México, también conocido como “Ejido Colonet”, Villa Morelos y Héroes de Chapultepec–, quienes habrían obtenido a la fecha ingresos entre 10 millones a 15 millones de dólares estadunidenses por la venta de diversos predios a unos 20 ó 25 particulares y empresas.
De licitación
Retrasan concurso
A menos de una semana de que se cumpla el plazo del gobierno federal para iniciar el proceso de licitación internacional del puerto de altura y ferrocarril en Punta Colonet (Ensenada), las negociaciones entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Sct) y un grupo de empresarios que poseen una concesión minera en la zona están estancadas.
Esto de hecho ya retrasó casi un par de meses la publicación del concurso de licitación del megaproyecto, que el presidente Vicente Fox Quesada pondría en marcha el pasado 1 de junio durante una visita relámpago que hizo al puerto de Ensenada.
El grupo minero, encabezado por el empresario ensenadense Gabriel Chávez Aguirre y un grupo de inversionistas que aquél se ha negado a identificar, obtuvo de la Secretaría federal de Economía el título de concesión minera número 225262, el 12 de agosto del 2005. Ello para explorar por espacio de seis años yacimientos de titanio y acero localizados en el lecho marino frente a la Bahía de Punta Colonet y que abarca una superficie de 29 mil 999.36 hectáreas del sitio conocido como “Lobo 32”.
Chávez, quien recientemente enfrentó acusaciones de ser un desarrollador inmobiliario irregular las cuales le valieron enfrentamientos y rompimientos con organismos empresariales y civiles de Ensenada, manifestó el 1 de agosto al diario San Diego Union-Tribune que desde el 27 de julio las pláticas con el gobierno federal se rompieron.
Antes, el grupo minero, que cuando menos posee otras dos concesiones federales en el municipio de Ensenada desde el 2004, estuvo a punto de llegar a un acuerdo con la Sct cuando aceptó entregar al gobierno federal casi 300 hectáreas al megaproyecto portuario a cambio de operar uno de los nueve muelles que se construirán en Punta Colonet, utilizando para ellos los servicios de una empresa internacional que identificó con el nombre de SAS Marine, de la cual ZETA no encontró antecedentes.
Con la negociación rota el 1 de agosto, el gobernador Eugenio Elorduy Walther anunció que de acuerdo con disposiciones de altos funcionarios federales, el proceso de licitación del puerto y el ferrocarril iniciaría en tres semanas más, es decir entre el 22 y el 25 de agosto próximo.
Ante eso Chávez dijo al diario de San Diego que su grupo está dispuesto a entablar “acciones legales” en contra del gobierno, aunque dijo estar aún abierto a la negociación y hacer de ambos proyectos un negocio “coordinado”. (Javier Cruz Aguirre)
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