La Ley

Adela Navarro Bello

Cuando los triunfadores de un puesto de elección popular, toman posesión de su cargo, lo primero que hacen, antes de tomar cualquier decisión, es tomar protesta. Un texto aunque viejo pero muy específico: Prometen cumplir y hacer cumplir las leyes mexicanas.

Todos, Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Regidores y hasta aquellos que son designados por éstos como Secretarios, Directores, Delegados, Representantes y todos los integrantes del abanico burocrático en sus titulares.

El texto, que algunos se lo saben de memoria mientras otros lo leen de una tarjetita, no es una parte decorativa de las tomas de protesta. Tampoco el punto número tres de un programa inaugural, el compromiso que ahí se asienta y que se acepta, es tan importante como el voto mismo.

No podría, una sociedad como la mexicana inscrita en un sistema político democrático, soportar la idea de elegir a un funcionario para romper con ese principio y no cumplir las leyes que nos rigen. Todos y cada uno de los preceptos en la Constitución de México o en las estatales, son producto de un consenso y una votación mayoritaria de todos los partidos representados en las diferentes cámaras y por lo mismo, electos por los ciudadanos.

En Baja California, la Constitución Política ha atravesado por reformas y de hecho hoy mismo es objeto de análisis su cambio o modificación en alguno de los artículos. Hace unos años, la legislatura local, decidió que era momento que aquellos hombres y mujeres que habían sido electos para un cargo público, terminaran su encomienda el tiempo estipulado en la Ley. En pocas palabras, obligar a los funcionarios a cumplir a los electores que les otorgaron su confianza.

La idea entonces y ahora, es que quienes ganaron una presidencia municipal, una diputación, una regiduría o incluso la gubernatura, se concentrasen en cumplir con su responsabilidad, y no se distrajeran en buscar otra posición sin cumplir con la ganada.

A la modificación del Artículo 42 de la Constitución Política de Baja California, confluyeron todos los diputados de aquel entonces, priístas, panistas, verdes, perredistas y de Baja California. Coincidieron en la mayoría que la reforma debía hacerse con el objetivo de mejorar las administraciones públicas y los trabajos que ello representa.

Uno de los principales promotores de aquella reforma, fue el hoy Senador Fernando Castro Trenti. Como priísta y líder de los diputados locales, aceptó, promovió y votó a favor la Ley que obliga a los funcionarios a cumplir con su mandato constitucional. Amén del apoyo que recibió de panistas y perredistas.

Pero hoy día, aquellos mismos que se encargaron de la redacción de la reforma y la aprobación de la misma, navegan con la bandera de la desmemoria. Pretenden no cumplir la Ley, brincársela, ampararse contra ella, o incluso derogarla, para que una sola persona pueda ser candidato a Gobernador de Baja California.

Intentar reclamarles que cumplan lo que aprobaron, sería perder el tiempo. Está visto que el PRI, es manejado por un animal de momento, sin razón y más llevado por instintos que por sabiduría o inteligencia.

Pero lo que sí podrían hacer los electores y otros poderes, es hacer que los bajacalifornianos y sobre todo aquellos que ostentan un cargo de elección popular, cumplan y hagan cumplir las leyes; si no lo hacen ellos, quién lo hará.

El problema de no respetar una Ley, ampararse, saltársela o derogarla cuando no le conviene a un partido, en este caso al PRI y a su nefasto y más prominente miembro, Jorge Hank, es que intentan crear un clima de “no pasa nada”.

Se sientan y avientan cuetitos para escandalizar, desviar la atención y de paso mostrarse como las víctimas de la legislación. Ahora dicen que con Ley o sin ella, Hank será candidato al Gobierno del Estado. E introducen en la conciencia colectiva la premisa: No lo quieren de candidato porque saben que les ganará. Y el PAN, o más bien algunos panistas, caen redonditos y dan por hecho que este señor de los animales será el candidato del PRI.

Esgrimen argumentos pobres como: ‘Déjenlo que sea candidato, total va a perder’, o ‘Está en su derecho, que haga su lucha’, pero nadie se detiene a pensar que no es capricho ni arreglo, que la Ley es muy clara (por más fallas de sintaxis que le quieran encontrar) cuando impide que quien ostenta un cargo de elección, lo abandone para buscar otro.

El hecho de que pueda o no perder, de si la ciudadanía bajacaliforniana votará o no por él, de si es víctima o le tienen miedo, no tiene nada, pero nada que ver con lo que está escrito en la Ley, que él, los diputados, el gobernador, los regidores y todos juraron cumplir y hacer cumplir.
La Ley es la Ley.

Hacer algo distinto a lo escrito suena a amarre, negociaciones ilícitas y corrupción.

¿O no?