Imágenes de un video prueba que intentaron secuestrar a un empresario
SON POLICÍAS SECUESTRADORES
Las fotografías en poder de ZETA muestran a un grupo de secuestradores que portan uniformes oficiales y unidades de cargo. Para comprobar la utilización de vehículos oficiales en el secuestro, se captaron imágenes de los mismos carros utilizados para el ilícito, estacionados fuera del edificio de la Procuraduría General de la República en Tijuana. A pesar que el hecho se denunció en el grupo de Coordinación, no se ha emprendido acción alguna para retirar a los malos elementos.
Rosario Mosso Castro
Ya no hay duda:
Existen policías secuestradores, videos que lo prueban y jefes que los protegen. La última modalidad: exhibirlos a las corporaciones de seguridad como una célula más del crimen organizado.
Desafortunadamente para el aparato institucional de Seguridad Pública, con esto se comprueba la corrupción sistemática y la participación criminal.
Los policías no se conformaron con servir de informantes o brindar protección al crimen organizado. De la incapacidad y colusión, llegaron a la impunidad y al cinismo: Cobran por simular trabajar y atacan a la sociedad que están obligados a proteger.
En efecto, los policías en Baja California pasaron de protectores del crimen organizado a principales brazos ejecutores del Cártel de los Arellano Félix (CAF). Teniendo Tijuana como marco, los directivos policíacos de los tres órdenes de Gobierno se acusan mutuamente y presentan pruebas, mostrando que todos están coludidos.
Atrás de la zona del Hipódromo Agua Caliente, donde viven muchas de las familias acaudaladas de la ciudad, a la altura del fraccionamiento Puerta de Hierro, trataron de secuestrar a un empresario que traía escolta y lo evitó.
El afectado lo denunció inmediatamente a la Policía Municipal y el Secretario de Seguridad, Luis Javier Algorri, le sirvió de vocero al comerciante. Acusó directamente a policías federales y estatales, cuyos directivos negaron los hechos.
Unos días después, video en mano, en una reunión del grupo Coordinación, Algorri exhibió a un grupo de patrullas y elementos en el secuestro frustrado, ante la mirada sorprendida de personal del Ejército.
Se habló de la existencia de las imágenes, pero no se habían hecho públicas. Fueron acusaciones que acrecentaron el distanciamiento entre Federación, Estado y Municipio. Ese material gráfico llegó a las oficinas de ZETA.
Las imágenes muestran cuatro vehículos que fingieron ser un filtro policiaco, pero sólo un pick-up blanco estacionado a la distancia portaba logotipo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y placas.
Una camioneta negra, otro pick-up blanco y un Sentra color claro no portaban placas ni citaban la corporación a la cual pertenecían. Los hombres que los tripulaban y trataron de detener al comerciante, traían chalecos con la leyenda AFI (Agencia Federal de Investigación).
En aquel momento, la instrucción de los escoltas experimentados fue la misma que han sugerido las autoridades en ocasiones anteriores para este tipo de casos:
No se detengan. Si son policías, no van a disparar y llegarán más unidades, lo que hará más pública la detención y menos probable el secuestro.
Pasado el susto, la gente del empresario y la Policía siguieron a los vehículos sospechosos justo hasta las puertas de las Procuraduría General de la República (PGR) en la Zona del Río. Ahí, los policías federales les colocaron a las unidades unas placas antes de entregarlos, se sacudieron y se fueron tranquilamente.
Para protegerse y evidenciar, los implicados aseguran haber tomado fotos que no se han hecho públicas.
Los hechos, que originalmente se habían negado, fueron aceptados tras la exhibición del video, cuando las miradas acusadoras de los integrantes del Grupo Coordinación se posaron sobre el entonces delegado de la PGR, Antonio Mendoza Chávez.
Pero se justificó diciendo que los agentes habían sido asignados a un operativo de revisión de hoteles, bares y cantinas, explicación todavía más absurda porque andaban muy lejos de la Zona del Río o del centro de la ciudad; en esa zona no hay ni hoteles ni bares, y para ese tipo de operativos no tienen que detener a gente en la calle.
Todavía más: Ninguno de los integrantes del Grupo Coordinación condenó o cuestionó la ilógica respuesta, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Corrupción y apoyo sistemático y evidente.
A partir del mes de mayo del presente año, tras el asesinato de un policía de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, todos los agentes asignados a Tijuana, incluidos los presuntos secuestradores, fueron removidos sin mayores repercusiones o investigaciones. Su ex jefe fue reubicado unos meses después y aquí no ha pasado nada.
En la PEP ni siquiera hubo declaraciones al respecto, estos agentes no participaron activamente en el intento de detener al comerciante, pero permanecieron ahí viendo todo.
Pero los policías municipales, sobre todo los de Tijuana y Ensenada, lo mismo que los policías ministeriales, también tienen su historia, contada por las víctimas y algunas en videos.
Porque no sólo la Policía ha instalado cámaras en la ciudad; la gente con capacidad económica también ha colocado cámaras alrededor de sus casas y negocios. Una de ellas captó el momento en el que un presunto agente ministerial con todas las identificaciones aparentes, ejecutó una orden de aprehensión a un joven, cuya familia recibió posteriormente la noticia de que estaba secuestrado.
Asimismo, la pareja de empresarios liberados por el Grupo Coordinación la semana pasada en Tijuana, declaró lo mismo que un comerciante de la Zona Oriente, secuestrado el año pasado: Que el comando de delincuentes fue apoyado abierta y cínicamente por un patrullero de la Municipal.
O un hombre dejado en libertad por sus secuestradores en los últimos 15 días, que coincide con otras versiones de secuestrados que detallan cómo las personas que los privan de la libertad se comportan como policías, hablan como policías y lo que es peor: hablan por radio con sus compañeros policías y se ponen de acuerdo.
Los videos se entregan, la gente denuncia, declara, pero si no tienen el nombre y el número de placa del secuestrador, las investigaciones no avanzan.
Se han hecho consignaciones de secuestradores, pero hasta ahora, las detenciones y detección de policías delincuentes y secuestradores han sido porque se los topan en la calle como parte de los operativos de revisión permanentes o porque las patrullas responden a denuncias ciudadanas que reportan hechos extraños o casas de seguridad.
De investigaciones, nada; incluso a mediados de año, policías honestos del Grupo Antisecuestros del Estado denunciaron a este Semanario que se dieron cuenta cómo algunos de sus compañeros les echaban a perder investigaciones de tres, cinco y hasta ocho meses informando a las bandas.
Ellos fueron a Mexicali y lo denunciaron ante sus superiores. Como investigadores, presentaron elementos de prueba en un caso específico y no pasó nada. No corrieron a los agentes identificados como informantes de las bandas, no los consignaron y a los investigadores honestos los separaron y cambiaron de área. Incluso esta denuncia interna fue negada por el Procurador Antonio Martínez Luna. Otra vez corrupción por sistema, institucional.
A pesar de esto, ante las acusaciones del jefe de la Policía en Tijuana de que no están haciendo su trabajo contra el crimen organizado, la Procuraduría del Estado respondió apoyada por la PGR: A través de dos comunicados sostuvieron que el Ayuntamiento de Tijuana tenía muchos policías corruptos y no estaba haciendo nada por solucionarlo. Y extrañamente, al mismo tiempo lograron la oportuna detención de bandas que denunciaron ser apoyadas o dirigidas por policías, aunque no dieron nombres.
En el Ayuntamiento, la respuesta fue que querían que la PGR les resolviera el problema de corrupción porque, de acuerdo a la Ley, esa corporación es la encargada de investigar y detener a delincuentes que apoyan al crimen organizado.
Narco-reclutamiento
Desde la década de los noventa, grupos de policías han sido detenidos por estar involucrados en asesinatos o balaceras generadas para proteger a narcos, de otros policías o de bandas rivales.
Para el crimen organizado, son los sicarios ideales, conocen las ciudades, hora y lugar de los operativos policíacos, saben disparar y están preparados psicológicamente para matar, torturar y creer que tienen derecho de hacerlo.
Además, el Gobierno los capacita con recursos del pueblo y al crimen organizado sólo le toca actualizarlos, equiparlos con armas más sofisticadas y casas de seguridad, porque los vehículos ellos mismos los roban. Como han declarado algunos detenidos.
Lo que es mejor, los policías se podían reunir en grupos numerosos, encapuchados y sin despertar sospechas. Por lo menos lo hicieron hasta que abusaron, la comunidad dejó de confiar en ellos y empezó a denunciarlos.
A partir de 2002 y 2003, cuando el Gobierno de Estados Unidos endureció sus controles de cruce, se afectó también el contrabando de cocaína y marihuana, reduciendo con ello el flujo de efectivo entre los integrantes del crimen organizado, incluidos los policías bajacalifornianos que estaban acostumbrados a una cantidad de dinero adicional con la que podían acceder a lujos que su sueldo, ni por equivocación, les darían.
Como ejemplo, los 2 mil 700 policías municipales de Tijuana ganan 11 mil pesos mensuales promedio. En Tecate hay 200 agentes activos y 70 comerciales, quienes reciben 5 mil 800 pesos al mes.
En la Policía Ministerial son 970 elementos, hay agentes “a”, “b” y “c”, sus sueldos mensuales son de 11 mil 028 pesos, 14 mil 379 pesos y 16 mil 327 más ayudantías o bonos de 5 mil pesos asignados a agentes que trabajan en agencias consideradas de más alto riesgo, como secuestros y homicidios.
Los 380 policías estatales preventivos tienen un sueldo de 12 mil pesos mensuales.
En la PGR consideran esta información como tema de seguridad y ni siquiera aceptaron decir cuántos agentes había en el Estado; tendrían que solicitarse datos a la Ciudad de México.
Con los escoltas de funcionarios, el asunto es diferente. Sus sueldos están entre los 18 y 20 mil pesos, a los menos les pagan 12 mil.
Los bajos sueldos no pueden ser utilizados como pretexto, pero el dinero que les ofrecen es uno de los principales elementos.
También aprovechan las deficiencias que existen en el proceso de reclutamiento de las academias de policías, como en Tijuana, que ante la urgencia de incrementar el número de agentes, se ha ampliado el número de personas que aceptan. Los capos de la droga empezaron a mandar a sus elementos, éstos reciben dinero del narco desde que llegan, pero siguen siendo los menos.
El porcentaje de aspirantes aceptados subió del 30 al 50 por ciento y no han podido establecer el uso de la prueba del polígrafo, ni han obtenido el apoyo del CISEN para verificar los antecedentes delictivos de los jóvenes registrados.
“Para tener certeza, se necesitan los exámenes del polígrafo pero bien aplicados, con encierros previos, pláticas con psicólogo y sesiones de más de seis horas de entrevista con el aparato; se van hacer y yo no los voy aceptar de otra manera”, diría el Director de la Policía Municipal en Tijuana, Manuel Zataráin.
La mayoría son reclutados por el crimen organizado cuando ingresan a la Policía activa, sobre todo los que llegan a áreas estratégicas. Los viejos policías tienen viejos compromisos, más aún los que llegan a alguna jefatura, porque dice la tropa que esos puestos cuestan y adquirirlos significa que ya aprendieron el gusto y la distribución del dinero ilícito.
En Tijuana, las zonas con mayor corrupción y colusión policiaca se encuentran en las delegaciones La Mesa, Sánchez Taboada, Playas y Centenario. Pero las bandas no son sólo de municipales; las detenciones de grupos con agentes de todas las corporaciones en el país lo han demostrado
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