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En casa de herrero…
Hay funcionarios que no entienden de razones. Peor. Incumplen leyes y reglamentos que están obligados a cumplir y sancionar. Es el caso del Juez municipal que despacha en la delegación centro. Su vehículo, estacionado precisamente en el cajón que le corresponde, luce vidrios polarizados. Por si no se acuerda ahí le va: La eliminación de los vidrios polarizados fue un acuerdo propuesto por los empresarios y aceptado por el Alcalde de Tijuana. A quien persistiera con el detallito, habría que infraccionarle y obligarle a retirar las láminas de polarización. Extraña pues, que el Juez, se brinque la Ley. Obviamente, no ha salido el valiente que lo multe. Esperamos.
Órdenes
Desde hace unas semanas, todos los delegados municipales de las nueve demarcaciones territoriales en Tijuana, tienen una orden: Invitar al todavía Presidente Municipal, Jorge Hank, a los actos de inauguración. Sea una calle, un letrero, unas oficinas y mejor si se trata de una obra. No importa que sea una rampa o la entrega de ayuda a los necesitados. El caso es que el aspirante el Gobierno del Estado, cree que al salir en la foto cortando el listón o entregando algo a la población, ganará los votos que ha perdido con dos años de desastrosa e irregular administración. La consigna es clara, que todos los servicios municipales queden etiquetados como de su autoría.
Se busca Procurador
Honesto, con experiencia, investigador, conocedor de las leyes, administrador, con don de gentes y valiente. En Baja California, todas esas virtudes se han perdido en la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Antonio Martínez Luna no es ya, el mejor elemento para dirigir la corporación si el Gobernador Eugenio Elorduy quiere ganar las próximas elecciones argumentando que su gobierno dio resultados en materia de seguridad. Se aceptan propuestas.
De la Garza miente a Militares
El Ejército solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, un informe de las actividades derivadas de la decapitación de tres policías municipales de Rosarito y un civil entre la noche del 20 de junio y la madrugada del 21 de junio. Víctor de la Garza Herrada aprovechó su nuevo puesto como secretario de seguridad estatal para cubrir las deficiencias que tuvo como titular de la Unidad Estatal contra la Delincuencia Organizada (UECO). Hace cinco meses, funcionarios de la secretaría estatal de seguridad informaron a ZETA su molestia porque después que la Policía Estatal Preventiva detuvo a cinco de los implicados en el rancho donde sucedieron los hechos, De la Garza no los recibió y la Procuraduría del Estado dio instrucciones de que fueran llevados directamente a la Procuraduría General de la República (PGR). No querían problemas. En aquel momento, ZETA le preguntó directamente al Procurador Antonio Martínez Luna si su gente había participado en la detención y lo negó tajante. Ahora tratan de convencer con papeles a los militares que sí cumplieron con su trabajo. De la Garza envió un informe en el que reconoce que la PEP hizo la detención, pero además se tomó la libertad de asegurar que la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, de la que él era titular, también hizo una investigación antes de remitir a los narcotraficantes y ni modo que los policías lo desmientan. Lo bueno. Los militares se conocen al dedillo, las carencias de Procurador y Secretario de Seguridad. Entre ellas, la falta de honestidad.
Mal informado
En su última visita a Baja California como Procurador General de la República, el licenciado Daniel Cabeza de Vaca, pecó de ignorancia. Dijo a reporteros que así lo cuestionaron, que la investigación sobre el caso del asesinato del editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, ocurrido el 22 de junio de 2004, era una investigación que continuaba en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado. Lamentablemente al ex Procurador no le informaron sus colaboradores del oficio 111 emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Agencia del Ministerio Público Investigación Delitos del Orden Común, donde se indica: “En cumplimiento a su atento oficio número OGA/F2/1126/2004 firmado por el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador de Investigación contra Delincuencia Organizada y por instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, licenciado Antonio Martínez Luna, me permito remitir a usted, el original del acta de averiguación previa número 132/04/201 así como dos copias debidamente certificadas, iniciada en la Agencia del Ministerio Público del orden común y en la cual aparece como ofendido el de nombre Francisco Javier Ortiz Franco… lo anterior para efectos de que prosiga con la integración de la averiguación previa en lo correspondiente…”. El oficio sigue, hasta entregar la investigación a la PGR. Fue firmado de recibido el 12 de agosto de 2004. Justo 20 días después del asesinado de Ortiz Franco. Aún así, el ex procurador lo desconocía, lo que indica que la PGR no ha continuado la investigación. Así cómo, pues.
Se tardó
Roberto Gallegos “El Papaya”, diputado en el Congreso bajacaliforniano por el Partido Verde Ecologista de México, renunció al partido que en herencia, aún dirige Jorge Emilio González. Lo hizo en congruencia con sus principios y su actitud recta ante la política que le toca vivir. Desde principios de la legislatura el joven Gallegos se mantuvo al margen de votaciones por intereses partidistas. Su voto, invariablemente fue de conciencia. Le criticaron en el Verde y en el PRI por haber apoyado la reforma electoral, pero lo hizo consciente que Baja California requería de cambios que proveyeran mayor seguridad a los electores sobre los gastos de campaña, los mensajes políticos y el conteo de resultados. Nunca se sometió a los caprichos del Alcalde de Tijuana, Jorge Hank, cuando su líder, Eduardo “El Pochongo” Ledesma, se entregó en cuerpo, alma y espíritu al concesionario del Hipódromo. Ledesma recibió premio de consolación cuando perdió una diputación federal el 2 de julio: La delegación de la Mesa, desde donde sigue siendo Presidente Estatal del Verde y achichincle de Hank hasta las últimas consecuencias. Pero lo que sucedió en los últimos días fue el fin de la relación de Roberto Gallegos y el Verde Ecologista. El presidente nacional del Partido declaró en Baja California que ellos harían alianza con el PRI, siempre y cuando Hank fuese el candidato a Gobernador. De lo contrario nada. También justificó que si en el 2004 no se ligaron al tricolor fue porque se dejaron influenciar por los medios, los chamaquearon pues. Pero que a la sazón comprendieron que Hank es protector de animales. Y sí, se nota; es evidente. Por eso mejor, “El Papaya” se fue. Dignidad ante todo.
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