Desbandada

En las próximas semanas los gobiernos municipales y el estatal sufrirán una desbandada de funcionarios de primer, segundo y hasta tercer nivel, que buscarán ser candidatos a un puesto de elección para los comicios de junio de 2007.

Muchos se prepararon ya para el sacrificio que es estar meses sin recibir sueldo alguno, y en estos momentos buscan financiamiento para sus precampañas internas, que oficialmente inician el 3 de febrero para concluirlas dos meses adelante.

La meta es larga, pues una vez que haya candidatos, la campaña con cara a los electores será entre el 21 de abril y el 21 de junio, es decir tres días antes de la jornada dominical del 24.

Estarán en juego 25 diputaciones locales -16 por mayoría y 9 de representación proporcional-, cinco alcaldías y la gubernatura; la posición más difícil de alcanzar no nada más para el PRI o el PRD, sino para el PAN, que buscará mantenerla y extender su poder otros seis años, para completar cuatro sexenios.

Aun con estas condiciones políticas desfavorables para todos por igual, hay una larga lista de aspirantes que sienten el derecho de ser los abanderados por sus partidos, y se atreven a garantizar -dicen ellos- el triunfo holgado en las urnas.

A partir de finales de este mes y en enero próximo, los bajacalifornianos serán testigos de los cambios de funcionarios en los gobiernos; todos o la mayoría, obedecerán a cuestiones ajenas a la sociedad y que por lógica le afectará, pues tendrán que contratar a otros que los suplan.

Si se apega a la vieja consigna popular que en los gobiernos, sobre todo los municipales, el primer año es de aprendizaje, el segundo de planeación y el tercero y último de ejecución, los funcionarios salen muy caros.

A eso hay que agregar la utilización de la estructura del gobierno para sus muy personales fines futuristas, en los que se distraen de sus obligaciones por las cuales devengan maravillosos sueldos que son obtenidos de los impuestos que se le impone a la ciudadanía.

La distracción de recursos oficiales para tener presencia ante el grueso de la población con propósitos electorales, es otra práctica común en los tres órdenes de gobierno, pero es en mayor proporción en los locales y estatales.

Los mensajes institucionales que por lógica no deben traspasar los límites territoriales de los municipios, hoy son programados para transmitirse una y otra vez en otras ciudades. Millonarios recursos son destinados para la producción y difusión de éstos.

El país requiere de una profunda reforma a las leyes electorales, para que cesen esas desviaciones de recursos oficiales, y no una “ley antichapulín” que pocos o nadie toman en consideración.

También se requiere de los funcionarios y políticos, congruencia con lo que se comprometieron al rendir protesta cuando fueron invitados o elegidos para ocupar un cargo público, pues los electores se cansan de ver las mismas caras elección tras elección.