Mano dura

Después que las fuerzas armadas y policíacas federales sitiaron prácticamente el estado natal del presidente Felipe Calderón Hinojosa, dada la inseguridad que padece de un tiempo para acá, la  solicitud por parte de los gobiernos y la sociedad misma no se hizo esperar, exigiendo el mismo trato para Baja California.

La “militarización” de nuestro estado y particularmente Tijuana, es un tema que volvió a colocarse en la mesa de las discusiones, pues organismos empresariales y sociales de la ciudad reiteraron su posición al respecto, como solución a los problemas de inseguridad que priva en la entidad.

Ya el gobierno del estado y el de la República rechazaron en su momento tal solicitud, pues la actividad de las fuerzas armadas es la de salvaguardar la soberanía nacional, aun cuando mantiene un permanente esfuerzo en la lucha en contra del narcotráfico, con grandes decomisos de sustancias toxicas y capturas de reconocidos capos.

También volvieron a exigir coordinación entre las corporaciones policíacas para disminuir el alto índice delictivo, pero tampoco esta petición ha rendido frutos, pues los últimos hechos violentos en la ciudad es el mejor ejemplo que es así.

Y es que la famosa coordinación no se podrá concretar, por las acusaciones que unos y otros se hacen en la esfera de la competencia que les toca asumir, además que las sospechas de estar vinculadas al crimen organizado son recíprocas entre ellos mismos.

Mientras no haya una depuración de malos elementos, la delincuencia seguirá tomando como rehén a la sociedad y a la misma autoridad. El sello de la impunidad seguirá siendo una característica de los gobiernos locales.
Este señalamiento fue hecho recientemente por las fuerzas militares en una reunión donde estuvieron los representantes de las diversas corporaciones policíacas, pero el gobernador ni el alcalde de Tijuana se inmutaron.

Con las acciones emprendidas por el presidente Calderón en Michoacán a través de la Secretaría Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se demuestra que realmente se quiere atacar el problema de la inseguridad, mandando un mensaje de mano dura contra los delincuentes que tienen prácticamente bajo su control esa región del país.

En respuesta a la petición de los bajacalifornianos, Calderón Hinojosa se comprometió en aplicar medidas que ataquen el problema tal como se está haciendo en Michoacán, contemplándolo como un tema prioritario para la administración federal.

Esperemos que esto no quede sólo en discursos y buenas intenciones. Baja California se merece eso y más.