Contaminados

Rosario Mosso Castro

Ante la evidente contaminación partidista, es urgente una limpia en los organismos electorales, llámense Tribunal, Consejo, Instituto y hasta Registro. Una reforma a la Ley que otorgue certeza, imparcialidad y transparencia en los procesos de selección de quienes habrán de supervisar y calificar las elecciones en Baja California, no estaría de más.

También, determinar de manera puntual el periodo estricto en que los ciudadanos prestarán tal servicio, sería conveniente. Para evitar amparos y berrinches de representantes que se quieren, a fuerza de capricho e intereses personales, perpetuar en el cargo ciudadano.

A estas alturas y luego de ser Baja California el primer estado en la República en transparentar y ciudadanizar sus procesos electorales, aquel espíritu democrático ha sido rebasado por las cuotas y los intereses de partido en la designación de Consejeros Estatales Electoral y la selección de Magistrados del Tribunal Estatal Electoral.

Prácticamente los diputados hacen lo que les conviene en lugar de abonar a la democracia con una selección realmente ciudadana.

La partidización de los órganos electorales llevó a los bajacalifornianos a observar los controvertidos resultados en las elecciones de 2004, y manifiestas relaciones entre magistrados y consejeros con líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Quizá habría que agregar también, a este clima de adversidad en las autoridades electorales de Baja California, las acusaciones entre estos organismos: Desde el manipuleo de la información del Registro Estatal de Electores, hasta el pago de favores electorales… en efectivo.

En 1995, se dio un paso más en la ciudadanización de los órganos electorales. Se legisló con la intención, por lo menos en texto, para que el Congreso del Estado integrado por todas las fuerzas políticas, pudiera seleccionar como funcionarios electorales a personas de probada honorabilidad, fama pública y neutralidad política.

Pero además dejaron claro que no podrían ser elegibles los ciudadanos que tengan, o hayan tenido, relación activa con los partidos políticos o la función pública.

En un principio los Consejeros Electorales se eligieron de entre los rectores de las universidades, empresarios reconocidos que no habían aceptado ser candidatos, y licenciados que apoyaban a organizaciones no gubernamentales.

Pero ese espíritu de ciudadanización y transparencia, se empezó a desacreditar en la segunda selección de Consejeros Electorales en 1998, cuando llegaron al consejo personas impulsadas por el Partido Acción Nacional.

Conforme el PAN fue perdiendo la mayoría calificada en el Congreso, iniciaron las concertaciones. Los siete puestos de consejeros y los tres de magistrados empezaron a repartirse en cuotas al PAN, PRI y PRD. Los diputados corrompieron el proceso.

El PRI aprendió a ser oposición y encontró la manera menos limpia de contrarrestar el control panista: Utilizó a personas que fueron apoyadas por el PAN. Por lo menos un consejero y una magistrada electoral que han favorecido al tricolor en sus decisiones, llegaron a tal posición impulsados por el ex gobernador Alejandro González Alcocer.

Ahora el mencionado consejero se da el gusto de reunirse con el alcalde priísta de Tijuana, Jorge Hank Rhon y sus abogados, para elaborar estrategias que apoyen su candidatura a Gobernador brincando la Ley que todos ellos juraron cumplir y hacer cumplir.

Pero la historia del reparto político en los órganos electorales no terminó ahí. Hace unos días, mientras diputados locales se repartían el pastel electoral y designaban a dos comunicadores, cuatro académicos y dos abogados para integrar el nuevo Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) les metió un gol: Ordenó mantener en sus puestos a los consejeros Jaime Vargas, Raúl Flores y José Luna, consejeros que aferrados al cargo, se ampararon contra la remoción.

Ahora, para hacer limpieza general, y cumplir con su obligación de contribuir a la certeza e imparcialidad electoral, deberán ponerse a trabajar de verdad  para aplicar los artículos 489 y 490 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California que sancionan hasta con suspensión del cargo las acciones u omisiones de los consejeros que afecten la certeza, legalidad, independencia,  imparcialidad y objetividad del ejercicio de la función pública electoral.

Los responsables de la perversión del sistema electoral bajacaliforniano son los tres principales partidos y sus diputados en el Congreso, y es a ellos a quienes les corresponde darle algo de certeza al proceso electoral 2007 que sin iniciar ya está viciado.