Osiel García Hernández, ileso, ha develado la organización en células del CAF.
Cumplen amenazas a policías
En los últimos meses, 33 policías han encontrado la muerte. Sus ejecuciones son producto de la venganza de narcotraficantes detenidos, exhibidos y señalados por su participación en el crimen organizado. Los asesinos, inexpertos, fallan en sus objetivos y acaban cada vez más con vidas inocentes. La inactividad de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría y la PGR, vulnera la seguridad de los agentes que sí trabajan.
Investigaciones ZETA
Osiel García Hernández, el coordinador general de investigación de la Policía Estatal Preventiva (PEP), estaba amenazado. El martes 19 de diciembre, integrantes del crimen organizado le cumplieron la sentencia.
Fallaron. Pero en el intento, se llevaron la vida de dos noveles agentes de la Policía Estatal Preventiva, Noé Ríos Ortega y Luis Fernando Terán Álvarez, cuando los emboscaron para asesinar a Osiel García Hernández.
La amenaza al Coordinador de Investigación le llegó en un primer intento de acabar con él, el 26 de octubre de 2005. Lo tirotearon en la carretera de cuota Tijuana-Mexicali.
Dos meses después, el 16 de diciembre de 2005, participó en el contraataque sobre quienes trataron de matar al Comandante Carlos Alberto Gómez Miguel.
Estos dos enfrentamientos previos, el asesinato de dos policías estatales bajo su mando el mismo día del atentado y un “topón” en la Zona Oriente de Tijuana el 15 de febrero de 2006, llevaron a un nuevo encontronazo de García Hernández con el crimen organizado.
En febrero, la batalla fue cuerpo a cuerpo.
García Hernández se lió a golpes con el sicario Gerardo Ríos Zamora “El Pokemón”, quien había comandado varios ataques a agentes de la PEP, incluido el perpetrado en su contra. Como responsable del área de inteligencia, Osiel sabía que Ríos era el responsable. Después de la pelea, ese 15 de febrero, el sicario volvió a amenazar a García.
Entre marzo y abril de este 2006, toda la información de investigación de inteligencia que recabó el equipo de García, como nombres, fotos, descripciones físicas, relaciones, ubicaciones, claves y apodos de los principales miembros del CAF, fueron entregados por el Secretario de Seguridad Estatal, Víctor de la Garza Herrada, a la Procuraduría General de la República (PGR), porque iba a estructurar una estrategia de combate frontal que nunca llegó.
Esta situación de ineficiencia en los mandos superiores de seguridad estatal, ubicó en un grado mayor de vulnerabilidad a Osiel García, dada la delicadeza de su trabajo. Los investigados del crimen organizado tuvieron la oportunidad de ubicarlo aún más de lo que ya lo tenían.
Los resultados en el trabajo de García con relación al cártel de los hermanos Arellano Félix, son considerados por los narcos como un plan de ataque focalizado en la célula de Eduardo García Simental, alias “El Teo”.
Eso le dio al CAF motivos suficientes para atacar nuevamente al Comandante García, cuya vida está en peligro mientras la PGR continúa sin hacer su trabajo.
Pacientemente, usándolo como una de las estrategias para redefinir poder y jefaturas dentro del cártel de los Arellano Félix, diez meses y varias detenciones después, el 19 de diciembre de 2006, los criminales trataron de cumplir la amenaza del “Pokemón” que, por tratarse de trabajos de grupo, se convirtió también en la amenaza del CAF; particularmente de la célula de Arturo Villarreal “El Nalgón”, quienes se han unido a los matones de Eduardo García Simental, “El Teo”.
La emboscada
Poco antes de las 18:50 horas, llegó al fraccionamiento Los Lobos, en la delegación La Presa, un comando con de mínimo seis vehículos, en su mayoría camionetas blancas con estrobos, aparentando ser un grupo de patrullaje de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), quienes retiran las placas de los vehículos para trabajos especiales.
Algunas de las camionetas se acercaron a la casa del agente Osiel García antes de que él llegara. Los esperaron. De acuerdo a la versión oficial, García incluso alcanzó a entrar a al inmueble cuando los asesinos iniciaron los disparos. Un total de 176 tiros con armas R-15 y AK-47 percutidos desde adentro de los vehículos en marcha.
Cuando escuchó las detonaciones, García salió a proteger a su familia y apoyar a sus escoltas, pero había dejado el arma de cargo en el vehículo. No había mucho por hacer. Fueron segundos en los que alcanzó a recibir parte de las ráfagas en el chaleco antibalas que aún no se quitaba.
Momentos antes en la calle, los jóvenes policías Noé Ríos Ortega y Luis Fernando Terán Álvarez, que apenas tenían cuatros meses como agentes estatales, se enfrentaron a sus asesinos, pudieron descargar los 18 tiros de sus pistolas semiautomáticas 9 milímetros, pero no alcanzaron a echar mano de sus rifles de asalto. Del lado de los policías se dispararon 39 balas de 9 milímetros.
Los vencieron por el factor sorpresa. Pero sobre todo por la superioridad numérica. García alcanzó a ver cómo los atacantes huían hacia el norte y sur de la cuesta en el Bulevar Gato Bronco. Casi de manera inmediata llegó el apoyo llamado por el Comandante García y los paramédicos; a pesar de la atención, Ríos y Terán habían sido acribillados y murieron en la Cruz Roja, mientras los médicos trataban de salvarlos.
Los asesinos
Tienen el nuevo sello de la casa: No son profesionales, fallan, se descuidan, dejan evidencias. Son los asesinos reclutados de manera desesperada por las diferentes células de los Arellano Félix, ante la detención y ejecución de aquellos que eran profesionales.
La mayoría pertenecen al grupo de Eduardo García Simental, “El Teo”, lugarteniente que no ha tenido la capacidad para pasar desapercibido.
Otra vez atacaron desde autos en movimiento. Sin ton ni son. Apostándole a la cantidad de balazos, no hubo tiros de gracia ni verificación de las víctimas u objetivos del ataque, aunque no fueron necesarios.
En el operativo criminal destacó un hecho:
García, quien era el objetivo del ataque, ni siquiera estaba en la escena del crimen cuando inició la balacera, razón por la que no fue ultimado.
Los testigos y autos localizados revelan que los disparos se hicieron desde dentro de los carros, y que las balas de los jóvenes agentes sí penetraron los vehículos de los atacantes. Aunque no se han encontrado indicios de que alguno de los sicarios haya resultado herido.
Una Suburban dorada se localizó con huellas de balazos de adentro hacia fuera y viceversa, con las llantas ponchadas, razón por la que los sicarios se vieron obligados a abandonarla a poca distancia del lugar donde habían cometido el atentado. Aun cuando existen muchos testigos, dada la hora y los compradores en Plaza Monarca, las autoridades no han dado a conocer mayor información.
El segundo auto de los asesinos fue ubicado gracias a una denuncia ciudadana. Residentes de la colonia La Ciénega, presenciaron cómo un grupo de hombres armados abandonaron la Suburban blanca en la que también localizaron disparos y casquillos percutidos.
Lo que sí informó servicios periciales fue que los casquillos recuperados en el lugar de los hechos, revelan la participación de por lo menos cinco armas diferentes, mientras las versiones de los testigos revelaron la participación de una camioneta Tacoma de color blanco, una Cherokee blanca, las dos Suburban, una Expedition y una panel también de color blanco.
Las víctimas
Los inexpertos contratados como asesinos, fallaron en su intento por cegar la vida de Osiel García, pero mataron, otra vez, a jóvenes agentes con poca experiencia y mínimo tiempo dentro de la corporación. Tenían cuatro meses, tiempo durante el cual su máximo cargo había sido, precisamente, el de escoltas de Osiel García.
Uno, Luis Fernando Terán Álvarez, ensenadense de 26 años y dado de alta en la PEP el 7 de agosto de 2006. El otro, Noé Ríos Ortega, nacido en la capital bajacaliforniana en 1984. También ingresó a la PEP en agosto de este año.
Ambos fueron enterrados con honores ayer jueves 21 de diciembre, mientras sus familias esperan que se castigue a sus asesinos.
Como lo esperan los familiares de los otros 33 policías asesinados este año en Baja California.
La amenaza
En el ejercicio de su trabajo policiaco como Comandante y coordinador general de investigaciones bajo el mando del entonces Director de la Policía Estatal Preventiva, Julián Leyzaola, Osiel García había trabajado en diversos operativos, organizando detenciones de sicarios de mediano y bajo nivel en el CAF.
El 26 de octubre, siendo Subdirector Operativo de la Policía Estatal Preventiva, García se trasladaba en la carretera de cuota Tijuana-Mexicali acompañado de sus dos escoltas y el jefe de la unidad canina, Fernando Paniagua Legaspi. Cuando pasaban bajo un puente en las inmediaciones del poblado de El Hongo, un grupo de criminales les dispararon. Todos los policías salieron ilesos. Como investigador que es, el Jefe Operativo de la PEP supo quiénes lo atacaron y quiénes continuaron la matanza de policías estatales.
El 15 de diciembre de 2005, los agentes Héctor Cervantes y Misael López fueron usados como tiro al blanco en el fraccionamiento El Lago.
Posteriormente, el 16 de diciembre, el enfrentamiento de criminales y PEPs fue más violento; aquel viernes, apenas pasada la media noche, cuando tres vehículos se acercaron a la casa del entonces Comandante Carlos Alberto Gómez Miguel y dispararon contra el jefe policiaco que estaba en el patio de su casa, ubicada en la colonia Lomas de Pacífico de la delegación San Antonio de Los Buenos.
Lo atacaron desde un Honda 99, un Crown Victoria y otro un vehículo compacto. Agentes estatales salieron a buscar a los atacantes y 45 minutos después localizaron el Crown Victoria; después de una balacera y persecución, los policías acribillaron al sicario del Barrio Logan, Víctor Manuel Negrete Mendoza.
Los matones se vengaron inmediatamente: En las afueras de la casa del Comandante, asesinaron a Jesús Rosas y Juan Hernández, policías estatales que estaban cuidando a la familia de Gómez Miguel. El responsable: Gerardo Ríos Zamora “El Pokemón”. En la parte de los policías, otra vez estuvo García Hernández.
Por eso, el 15 de febrero de este 2006, cuando “El Pokemón” fue sorprendido mientras circulaba en uno de tantos comandos asesinos, la PEP trató de interceptarlos para verificar su identidad. Los agentes estatales hicieron todo para evitar que huyera.
Mientras, el matón vociferó amenazas contra los agentes presentes y les advirtió: Saldría libre inmediatamente. En ese contexto, García le pidió a sus subalternos que no se metieran para arreglar de una vez el problema que Ríos traía en su contra.
Al “Pokemón” se le conocía por su alto nivel de violencia y su capacidad para las peleas callejeas. Todo fue muy rápido. En cuestión de segundos, el policía y el criminal estaban en una pelea a puño limpio.
El encuentro uno a uno estaba a favor del policía y se suspendió cuando fue advertido que en su cabeza, una luz roja hacía evidente que le estaban apuntando desde alguno de los departamentos del conjunto habitacional Lomas Verdes; luces similares estaban en las cabezas de otros agentes PEP.
Ya esposado, con las señas de la lucha en el cuerpo, mientras lo trasladaban, “El Pokemón” repitió sus amenazas. Evidentemente, al matón y a sus criminales, tampoco les pareció suficiente tener la oportunidad de un enfrentamiento personal.
Precisamente, la detención de “El Pokemón” provocó la intervención de Arturo Villarreal “El Nalgón”. Dio la orden de asesinar al jefe de la PEP, el entonces Secretario de Seguridad, Manuel Díaz Lerma. Después de eso, se desató una lista de más de 33 policías asesinados.
Poco a poco, las amenazas se van cumpliendo ante la impunidad que el crimen organizado disfruta en Baja California.
La impunidad en BC
PGR: Retiró tropas y facilitó huida
La Subprocuraduría General de la República en Tijuana, permitió la fuga de miembros del crimen organizado, al ordenar el retiro de las tropas que resguardaban una serie de casas en la delegación Centenario el domingo 17 de octubre.
Este solapamiento a favor de narcotraficantes y asesinos, fue motivado en una dudosa decisión del Juez Séptimo de lo Penal, Carlos Alberto Zarpa Durán, quien no aceptó otorgar la orden de cateo a pesar de las denuncias ciudadanas que vinculaban la casa habitación con un grupo armado y un vehículo decomisado con rifles de alto poder, incluyendo una granada de fragmentación.
Tropas de las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales, se encuentran disgustadas por la manera en que sus mandos les ordenaron resguardar casas supuestamente relacionadas con el crimen organizado en la delegación Centenario, para momentos después, dejarlas totalmente solas y darles la oportunidad a las personas involucradas de desaparecer con todo y las pruebas de sus delitos.
“No sabemos qué estamos resguardando”, dijo un agente activo durante el acordonamiento que, en teoría, tuvo lugar del 17 al 19 de diciembre.
Pero en la realidad, la noche del primer día y por órdenes superiores de la PGR, se determinó que por varias horas se retiraran los más de 30 agentes de corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.
Así, los delincuentes tuvieron el tiempo necesario para regresar a la casa, o bien para salir de ella y llevarse los carros, armas, droga o personas secuestradas que pudieran haber estado ahí, según confesó un agente con el rostro tapado, fuera de la casa, el martes 19 de diciembre.
Ese operativo había iniciado la tarde del domingo, con una persecución en la colonia Nueva Tijuana por parte de una Base de Operación Mixta en Otay, que culminó con el aseguramiento de una Toyota Tacoma de color negro y de reciente modelo.
De acuerdo a información proporcionada por el Director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Carlos Flores, en el auto se localizaron cuatro AK-47 “cuerno de chivo”, un AR-15, una granada activada de fragmentación, siete cargadores para “cuerno de chivo”, tres cargadores de disco para AR-15, dos chalecos con las siglas AFI, un chaleco táctico Black Hawk, diecisiete cargadores calibre .45mm, un cargador calibre .40mm, dos fornituras, una bayoneta para “cuerno de chivo”, tres cargadores de treinta tiros para “cuerno de chivo” y una maleta.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor de la Garza, aseguró que el día martes, vecinos de la casa cateada indicaron que los tripulantes de la camioneta Tacoma negra entraron corriendo a una casa de color verde, la número 39, sobre la calle Manuel M. Ponce.
A pesar de estas declaraciones y de tener supuestamente sitiados a los delincuentes que antes de ingresar al inmueble habían activado una granada de fragmentación para aniquilar a sus perseguidores, el Juez Séptimo, Carlos Zarpa, negó la petición de cateo, pretextando que no había pruebas suficientes.
Finalmente, el martes 19, otra autoridad otorgó la orden. Ya era muy tarde. Los autos no estaban en el estacionamiento, y en el interior de la casa se localizó sólo un cuarto subterráneo, acondicionado para vivir.
En Baja California giró un extrañamiento y la PGR solicitará al Consejo de la Judicatura una revisión profunda de este caso con una queja administrativa.
Lo que no se ha informado es de qué manera van a investigar o sancionar a la Subprocuraduría General de la República en Tijuana, desde donde salió la sospechosa orden de que los agentes que resguardaban la casa el domingo, se retiraran.
|
