Otro consejo electoral partidista
Los diputados de la LVIII Legislatura desperdiciaron la oportunidad de darle certeza al proceso electoral 2007, utilizando en la selección de consejeros el viejo sistema de cuotas partidistas para elegir a funcionarios electorales.
Protegidos por la autoridad federal, Flores, Vargas y Luna podrán permanecer.
Luis Pedro Arellano Sarmiento
Durante la entrevista, el último aspirante a consejero electoral e investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Zavala Álvarez, les dijo a los diputados que el Consejo Estatal no debía ser un botín laboral ni partidista, pues en otras ocasiones había ocurrido el reparto de “cuotas” de partido, pero a los diputados no les pareció viable la propuesta y se pusieron a dividir el poder entre quienes creen que podrán manipular.
Mientras los diputados locales discutían y aprobaban nuevos integrantes del Consejo Estatal Electoral (CEE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró nulo el Decreto 288 publicado en el Periódico Oficial del Estado y prácticamente ordenó a los legisladores ratificar a los actuales consejeros, José Luna Velásquez, Jaime Vargas Flores y Raúl Flores Adame.
Tal y como se había señalado en múltiples ocasiones, los magistrados ordenaron se cumpla el Artículo Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual señala que el CEE se debe renovar parcialmente con cuatro integrantes cada tres años.
Con esto, se concretó la primera consecuencia legal de las reformas a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales (LIPE), impulsadas por los panistas el 12 de octubre pasado. Hecho que generó el repudio de los partidos políticos de oposición, ya que no les dejaron hacer sus propuestas de reforma electoral.
El jueves 21 de diciembre ocurrieron dos actos legales con estrecha relación entre sí.
Luego de horas de negociación, los diputados de la XVIII Legislatura de Baja California designaron por unanimidad a los integrantes del Consejo Estatal Electoral que trabajarán por la legalidad, imparcialidad y certeza en el proceso electoral de 2007.
La votación a favor de los 22 diputados presentes se dio pasadas las once de la mañana de ese día, aproximadamente una hora después de que el TEPJF emitiera su fallo para ratificar a los consejeros amparados.
Los designados consejeros numerarios fueron Víctor Alarcón Requejo, periodista residente de Ensenada; Elga Iliana Casanova López, también periodista pero de Mexicali; Tonatiuh Guillén López, Doctor investigador del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana; Humberto Hernández Soto, Doctor catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); Martín Manuel Martínez Gastelum, abogado del Cetys Universidad en Mexicali; y Marina del Pilar Olmeda García, Doctora y abogada de la UABC, quien ha sido Presidente de un Consejo Distrital Electoral también en la Capital del Estado.
Los supernumerarios que bien pueden ser un sinónimo de suplentes, son Marina Ceja Díaz, abogada tijuanense con experiencia de dos procesos electorales y actual Jueza Municipal; además del abogado mexicalense Guadalupe González Rubio.
Sin embargo, el dictamen aprobado por los legisladores señaló que Casanova López y Martínez Gastélum dejarían el cargo si los consejeros que interpusieron juicios de garantías fueran favorecidos por la justicia federal, situación que ya ocurrió.
Con anterioridad, el consejero Flores Adame había conseguido la suspensión del acto reclamado, por lo que los diputados decidieron nombras seis de los siete consejeros numerarios posibles.
El 13 de diciembre pasado, los diputados locales cancelaron la convocatoria que publicaron para designar a los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del Poder Judicial de Baja California. Fueron obligados por la suspensión provisional que otorgaron los jueces federales a los magistrados electorales Elba Regina Jiménez Castillo, Germán Leal Franco y Armando Bejarano Calderas.
Para los diputados, muy específicamente para los panistas, las resoluciones de la justicia federal representan un fracaso en su intención de renovar totalmente el Consejo Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, como lo declaró hace meses el dirigente estatal del PAN, Salvador Morales Riubí.
Los panistas alegan parcialidad de “algunos consejeros” para favorecer al Presidente Municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, en sus intereses políticos.
Cuestionado para conocer su opinión acerca de que los consejeros y magistrados acudan al amparo para continuar en el cargo, el Gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walther, respondió no estar de acuerdo con ese hecho, pero que sería respetuoso de la decisión de la justicia federal.
La convocatoria reducida
Como nunca, 208 ciudadanos se inscribieron para ocupar un cargo de consejeros. Con la pretensión panista de nombrar siete nuevos consejeros la probabilidad aumentaba, pero además la reforma a la ley electoral señala la posibilidad de insaculación en caso de que no hubiera un acuerdo entre los legisladores.
En el proceso de 2004, se inscribieron 57 personas y en la de hace seis años fueron 64 aspirantes.
El pasado martes 5 de diciembre, los diputados panistas decidieron no ratificar a los tres consejeros ciudadanos en posibilidad legal de hacerlo y por eso se ampararon.
Con la suspensión que obtuvo el consejero Flores Adame, aunado al caso de los magistrados electorales, la situación se tornó dudosa, al grado de que sólo designaría a seis consejeros.
La mañana del miércoles 20 de diciembre, poco después de las diez y media, empezaron las entrevistas. Aunque un día antes la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales resolvió que 164 aspirantes reunían los requisitos de documentación y 44 de ellos no, no se sabe por qué decidieron entrevistar a los 208 interesados.
Se le habían asignado tres minutos a cada aspirante, pero en la sesión de entrevistas que fue pública, el Presidente de la Comisión, René Mendivil Acosta, les informó que tenían tres minutos para decir lo que quisieran; sin embargo, los diputados nunca interrumpieron a los aspirantes por lo que eran ellos los que definían su participación.
Hubo muchos participantes con el conocimiento y convicción de aportar algo éticamente para el proceso cívico electoral. Valiosos académicos y comprometidos ciudadanos.
A medio día del miércoles, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Astorga Othón, denunció ante los medios que más de 150 aspirantes a consejeros tenían el “sesgo” para favorecer a algún partido político.
Como si hubiera utilizado los servicios de inteligencia del Estado, dijo que “107 corresponden y están identificados en nuestros análisis con filiaciones hacia el PRI, 33 del PAN, 10 de PRD, uno del PEBC y 43 que reconocemos, que no identificamos con alguna filiación. De esos 107 del PRI, 67 trabajan en el Ayuntamiento de Tijuana y prácticamente dentro de esos 67 están todos los jueces calificadores de Tijuana”.
El diputado Astorga Othón presentó documentos notariados para demostrar lo dicho. Y tenía razón, más de 30 jueces calificadores de Tijuana estuvieron en el Congreso del Estado ese día. Contrario a lo denunciado, quien será consejera supernumeraria, Marina Ceja Díaz, actualmente es juez.
Ese día casi no hubo jueces calificadores en Tijuana, en perjuicio de los potenciales infractores.
Las entrevistas se retrasaron hasta siete horas, pues la proyección fue terminar a las nueve y media de la noche, pero concluyeron a las 3:49 de la madrugada del jueves 21. De los 208, no se presentaron 40 ciudadanos y dos de ellos desistieron ser entrevistados.
Para cumplir con los tiempos, mientras la comisión de legislación atendía a los ciudadanos, el Presidente del Congreso, Ricardo Magaña Mosqueda, inició la sesión ordinaria a las 11:35 de la noche, se desahogaron diez dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 16 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Habían concluido antes de las dos la mañana y declararon receso hasta concluidas las entrevistas.
Empleados, diputados, reporteros y aspirantes a consejeros, lucieron cara de cansancio generalizado, cualquier rincón era bueno para dormir unos minutos, y esa noche en Mexicali hizo mucho frío.
Las horas seguían y los diputados no llegaban a nada, pesaban sobre sus conciencias las críticas de la sociedad si no eran capaces de ponerse de acuerdo y elegir a los mejores elementos para ocupar la responsabilidad de consejero. Una situación así era mucho más evidente que un eventual acuerdo entre cuotas de partido.
Nueve horas después, cuando llamaron a reanudar la sesión, a las 10:50, las negociaciones ya se habían concretado. El TEPJF ya había decidido también la situación de los consejeros amparados.
Así, como si hubieran cumplido puntualmente con una cuidadosa y responsable selección, los diputados de la XVIII Legislatura votaron muy rápido y hasta se abrazaron al concluir.
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