Menos que en 2005
Más de 300 muertes
violentas en 2006
Aun cuando el año pasado se registró un menor número en ejecuciones, la ola delictiva alcanzó en esta ocasión a muchos policías entre ellos jefes y subjefes, un fenómeno que nunca se había visto en Baja California, particularmente en Tijuana. También fue un año en que atentaron contra Manuel Díaz Lerma, funcionario estatal y miembro del círculo cercano del gobernador.
Lauro Ortiz Aguilera
El año que acaba de terminar fue menos violento que los dos últimos en cuestión de muertes vinculadas al crimen organizado, pero sí el que mas impacto causó entre la población, al pasar los crímenes domésticos o comunes, a los asesinatos de policías de las diversas corporaciones que operan en Baja California, con balaceras a plena luz del día y decapitación de tres oficiales en Playas de Rosarito.
Tal vez la balacera más impactante fue la suscitada en Mexicali, cuando un comando armado atacó el convoy del entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Díaz Lerma; en la que salvó la vida gracias a la pericia de su cuerpo de escoltas y la camioneta blindada en la que era transportado.
Sin duda otra cruenta lluvia de balas en la que se dispararon alrededor de 500 tiros, fue la de la colonia Libertad en Tijuana, cuando a la hora de la comida un grupo de sicarios llegó hasta las puertas del restaurante Mi Chante, y accionó sus armas largas en contra de los comensales, en su mayoría agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), donde murió un elemento de la Policía Federal de Caminos y dos mujeres que estaban en el lugar.
La cifra de muertes violentas en Tijuana el año pasado, alcanzó las 352, una disminución de 45 homicidios en comparación con 2005, cuando la cantidad rascó casi las 400 al registrarse 397 decesos según datos obtenidos de los reportes policiales. En 2004 la estadística se detuvo en el número 367 y en 2003 fueron 334.
Los periodos donde el número de muertes sobrepasó los días que tienen los meses, se dieron en junio y septiembre; en ambos casos la cantidad fue similar al contabilizarse 44 y 43 homicidios respectivamente.
La mecánica de los hechos con la que fueron cometidos los ilícitos, siguieron los mismos padrones que en fechas anteriores; cadáveres tirados en la vía pública envueltos en cobijas, con surcos en el cuello, con huellas de severas torturas, encajuelados y en muchos casos en pareja o hasta de tres en tres.
Sin embargo los hechos sangrientos de mayor impacto como muertes en tiroteos en cruceros y avenidas de la ciudad, ya no afectó tanto a los civiles, sino que los ataques se enfocaron hacia instituciones públicas como las corporaciones policíacas, y los oficiales, entre ellos jefes y subjefes, se convirtieron en el blanco de sicarios.
Al menos 30 oficiales murieron durante el año, siendo la cantidad más elevada jamás vista en la historia de Baja California: 13 agentes municipales, cinco elementos de la Policía Ministerial, dos ex agentes de la misma institución, seis de la Preventiva Estatal, y cuatro federales.
La primera acción en contra de las autoridades locales fue la ejecución de dos policías municipales, cuando los agentes Eduardo Alonso Mercado Carranza y Reynard Gustavo Aguirre Álvarez, fueron encontrados muertos en un camino vecinal que conduce al Cañón del Sáinz, la mañana del 3 de mayo.
Días antes, el 24 de abril en Mexicali, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Díaz Lerma, es víctima de una emboscada cerca del cuartel de la Policía Estatal Preventiva (PEP), saliendo ileso de la agresión al ir transitando en una Suburban blindada. Sus guardaespaldas fueron heridos por un lanzagranadas que se impactó en el techo del vehículo todo terreno en que viajaban.
Los hechos violentos en contra de los oficiales siguió semanas después, cuando el 20 de junio una llamada a la central de radio de Playas de Rosarito, alertó sobre la localización de cuatro cuerpos decapitados, abandonados sobre una calle de la colonia Independencia.
La sorpresa fue que se trataba de los agentes Jesús Hernández Ballesteros, ex comandante de la policía municipal en ese municipio y jefe de la sección comercial; Ismael Arellano Torres y Benjamín Fabián Ventura, estos últimos escoltas del entonces director de la policía Valente Montijo. El otro cuerpo pertenecía al civil Fernando Aguilar, quien horas antes los acompañó a una llamada de auxilio ante la presencia de un grupo armado en un lugar desolado.
Sus cabezas en bolsas de plástico fueron encontradas más tarde en el lecho del Río Tijuana, a la altura del puente Benton en La Mesa.
La ola violenta en contra de los oficiales regresó el 3 de septiembre, cuando los agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Carlos Edgar Sánchez Arenas y Edgard Casillas Escoto, son hallados muertos con huellas de violencia sobre una calle de la colonia Guadalupe Victoria de Tijuana. Los policías procedían de Mexicali y estaban comisionados en Tijuana en el programa Plan Emergente de Seguridad. Horas antes habían salido de su hotel luego de haber terminado su turno.
Dos semanas más tarde, el agente de la Policía Federal Preventiva (PFP), División Caminos, Francisco Vallejo Fernández, muere a manos de un comando cuando tranquilamente comía en el restaurante Mi Chante de la colonia Libertad. Allí murió también la mesera Lilia Lizeth Maldonado Ochoa y una clienta del lugar identificada como la estadounidense Shalecee Louis Santiago. Servicios Periciales recogió poco más de 500 casquillos de armas largas.
A finales de ese sangriento mes, el traqueteo de las armas largas se volvió a escuchar en la emboscada al subdirector operativo de la Policía Municipal, quien muere acribillado al ir circulando en su unidad oficial sobre la carretera a Playas de Tijuana, donde su escolta y un civil resultaron heridos.
La policía municipal apenas se reponía de la muerte del subdirector operativo, cuando el 10 de noviembre, el jefe del sector Sánchez Taboada, Héctor Gaxiola Gámez, es encontrado sin vida y con severas huellas de tortura, sobre un solitario paraje del Centro Industrial Pacífico. Un día antes había sufrido un atentado sobre el crucero del bulevar Fundadores y la avenida Brasil, de la colonia Cacho, que como consecuencia de las heridas recibidas uno de sus escoltas murió en el hospital.
Fue el 28 de noviembre cuando las balas volvieron alcanzar a un alto mando de la policía. Gerardo Santiago Prado, jefe de distrito en Mesa de Otay, muere acribillado cuando tripulaba su unidad oficial sobre una de las calles del Fraccionamiento Maestros Universitarios. Allí murieron también el subjefe delegacional Héctor Javier Insunza Amaya y la secretaria Nancy Ramos Terán.
El último hecho sangriento fue el 19 de diciembre, cuando murieron los elementos de la PEP y escoltas del coordinador operativo Osiel Hernández García, Luis Fernando Terán Álvarez y Noé Ríos Ortega.
El recuento
El policía ministerial, Antonio Mendoza Vargas, miembro del grupo Contra Robo de Vehículos es muerto a tiros el 2 de marzo, después de salir de su casa de Playas de Tijuana.
José Luis Ruiz Alfaro, jefe del grupo de la policía ministerial del Grupo Contra Delitos Sexuales, es acribillado el 27 de marzo, con más de 100 tiros de fusil AK-47, luego de llegar a su casa en el conjunto residencial Santa Fe.
Otro agente ministerial, Daniel Valenzuela Mendoza, adscrito al grupo de Homicidios Dolosos, es encontrado muerto el 13 de abril, con dos tiros en la cabeza, dentro de su auto Honda en un paraje del fraccionamiento El Florido de Tijuana. Detienen a los presuntos responsables, quienes eran sus conocidos.
Eduardo Reyes Hernández, elemento activo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), es acribillado el 3 de mayo con armas largas, dentro de las instalaciones de la unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) del fraccionamiento 70-76. También hieren al agente Humberto Álvarez García.
El 15 de junio por la mañana, José Guadalupe Barajas Guzmán, agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), es encontrado muerto con múltiples disparos de AK-47 y esposado, sobre un camino vecinal de Pórticos de San Antonio.
Marco Antonio Rivera Henry, efectivo de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Grupo de Antisecuestros en Mexicali, es herido el 2 de agosto con disparos de AK-47 al ir transitando en su vehículo particular en la carretera que une a los poblados Ciudad Morelos y Paredones, en el Valle de Mexicali.
Dos semanas después, el 19 de agosto, el policía ministerial de la oficina de Asuntos Internos, Carlos Gualberto Ontiveros Aragón, es muerto a tiros por un grupo de desconocidos que lo trasladaban en un vehículo, sobre una de las calles del fraccionamiento Villa Fontana. Su acompañante, el civil Luis Enrique Escandón Jiménez, también fue acribillado.
El 24 de agosto, ex agente ministerial, Jaime Ed Ruelas Cota, es acribillado por un desconocido en el baño del bar Old West de Mexicali. Ruelas Cota había causado baja en la Policía Ministerial en 2003, y se había dado de alta en la Policía Estatal Preventiva, donde fue removido en 2005 por pérdida de confianza.
Para el 13 de septiembre, Rodolfo Cedillo Vega, un agente ministerial dado de baja en el año 2003 de la corporación, es encontrado sin vida con un dedo cercenado, sobre una vialidad de la III Etapa del Río en Tijuana.
Tres días después de ese hallazgo, la policía recibió un reporte sobre la localización de un cadáver con huellas de tortura dentro de la cajuela de un auto abandonado en el estacionamiento del diario El Sol de Tijuana, en la Zona del Río. Se trataba de Noé Gaxiola Gastélum, detective de la Agencia Federal de Investigación (AFI) adscrito en la Ciudad de México. En el mismo vehículo fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres más, identificados como Jorge Arcadio Jiménez Villalobos y Miguel Ubaldo Valencia Rodríguez.
Ricardo Ayala Muñiz, agente de la Policía Federal Preventiva (PFP), División Caminos, es ejecutado en un domicilio de la colonia Wisteria de Mexicali, cuando convivía con dos personas más durante la madrugada del 22 de septiembre. Uno de ellos identificado como Enrique Sandoval Félix, resultó herido. En el lugar encontraron casquillos calibre .45 y .38.
Durante ese mismo mes, es acribillado otro agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y un ex agente de la Policía Ministerial del Estado; Luis Alberto Espinosa Beltrán, de la PEP, es ejecutado con su esposa, la noche del 27 de septiembre cuando circulaba en su vehículo particular en el poblado de Mandadero, en Ensenada. La hija de ambos, de tres años, resultó gravemente herida. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó entonces que Espinosa Beltrán había sobrevivido junto con otros policías, a la balacera del restaurante Mi Chante.
Del ex agente de la Policía Ministerial, se trató de Luis Alberto Lara Verdugo, que fue encontrado muerto entre el bulevar 2000 y el lugar pesquero conocido como Popotla, en Playas de Rosarito.
Un mes después, el 24 de octubre, Abraham Alvarado Álvarez, un policía municipal recién egresado del Instituto de Capacitación y Adiestramiento Policial (ICAP), es acribillado a tiros con armas largas en su casa de la colonia Chihuahua, luego que la madrugada de ese día un comando armado con siglas de la AFI llegó a su domicilio preguntando por él con una supuesta orden de aprehensión.
El 26 de octubre, Fernando Morales Juárez, agente municipal es muerto tiros dentro de una camioneta Trooper, luego de una persecución de hombres armados que se transportaban en dos camionetas por el bulevar Insurgentes, que terminó en un callejón sin salida de la colonia Azteca. Su acompañante, el agente ministerial Miguel Magaña Reyes, del Grupo de Aprehensiones, resultó herido.
Felipe Antonio Cavada Cueva, subjefe de la policía municipal en La Mesa, es asesinado de varios balazos la noche del 2 de noviembre, al estar haciendo alto en una camioneta Grand Cherokee, sobre el crucero del bulevar Díaz Ordaz y Cañón del Sáinz. Cavada Cueva acababa de terminar su turno y se dirigía a su casa.
Las cifras
2001 2002 2003 2004 2005 2006
180 260 334 367 397 352
Fuente: Archivo de ZETA
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