En el Ayuntamiento de Tijuana

TRÁFICO DE  INFLUENCIAS

El Alcalde Jorge Hank, el Síndico José María Lozano, los regidores del PRI, del PRD y del PT, violentaron el reglamento municipal, la ley de responsabilidades y el reglamento de adquisiciones al otorgarle nuevas concesiones a un funcionario público. Es el caso del Delegado de La Presa, Gregorio Barreto Luna, que en su calidad de funcionario fue favorecido como transportista. Muchas irregularidades en la aprobación. Autoridades fiscalizadoras tendrían elementos para inhabilitar a los funcionarios tijuanenses.

Rosario Mosso Castro

Con el fin de ganar apoyo, recursos y votos para la campaña a Gobernador del Estado, Jorge Hank Rhon, el todavía Presidente Municipal de Tijuana, sus colaboradores y regidores del PRI, adquirieron una responsabilidad administrativa al aprobar renovaciones y permisos nuevos de transporte al controvertido delegado de La Presa, Gegorio Barreto.

Sin declaratoria de imposibilidad, sin estudio (no lo presentaron al cabildo), sin concurso, entregaron una concesión y beneficiaron abiertamente a un funcionario municipal.

La Ley prevé claramente que faltas como ésta pueden ser sancionadas hasta con la inhabilitación, lo que impediría al alcalde y sus cómplices buscar una candidatura.

Sin embargo, para que esto suceda sería necesario que los diputados locales y los regidores de oposición se tomaran su trabajo en serio, dejaran de buscar la forma más conveniente de evadir la Ley y se decidieran a aplicarla, a cumplir eficientemente su labor fiscalizadora.

Otro que debería hacer su trabajo sería el Síndico Municipal, José María Lozano, quien es el primer obligado a conocer de esta falta; sin embargo, Lozano también está implicado pues votó a favor el punto de acuerdo.

El ilícito se cometió en plena sesión pública. Como grupo de delincuencia organizada pero de cuello blanco. Muy preciso porque necesitaron varios dedos levantados como el de los regidores tricolores, Edgar Bustamante, Rafael García, José Sifuentes, Francisco Hernández, Martha Montejano, el suplente Javier Merino y  Juana Reyes con su voto de conciencia a distancia.

A la lista de implicados en esta irregularidad, hay que sumar a los ediles que dicen ser de oposición, por el PRD Carlos Mejía y del PT  Néstor Alejandro Araiza,  quienes también se harían acreedores a una sanción por su acción ilegal, al darle al cabildo priísta el número de votos que necesitaba y aprobar un dictamen que no reunía los requisitos legales.

Como principal involucrado quedó quien sería el más beneficiado: El delegado Gregorio Barreto Luna, quien no debió siquiera solicitar las nuevas rutas.

Por vivir en la política, abogados o no, todos los ediles que entregaron su voto saben que desde hace muchos años la ley prohíbe a los funcionarios públicos beneficiarse de sus puestos.

La transa
El 4 de enero, la primera sesión de cabildo terminó cuando algunos escoltas de Jorge Hank Rhon sacaron de la sala de sesiones del XVIII Ayuntamiento de Tijuana a Ricardo Montoya Obeso y un acompañante que se estaban manifestando contra la entrega de los permisos al delegado Barreto.

Las irregularidades iniciaron un mes antes.
Primero, cuando la fracción del PRI intentó aprobar por primera vez las rutas. En aquella ocasión el ex regidor del PRI, José Rosario Osuna Camacho, votó en contra porque no le habían informado y los regidores panistas pidieron que se enviara el tema a comisión para revisarlo, dijeron que no se trataba de un asunto de pronta y obvia resolución, así que debían analizarlo con todos los estudios y anexos hechos por la Dirección de Transporte al respecto.

Por falta de votos para la mayoría calificada los priístas detuvieron el tema un mes, pero tampoco lo mandaron a comisión. Mucho menos enviaron el expediente a los panistas. Ésta fue la segunda fase de irregularidades. En cuanto tuvieron el voto por correo de la regidora Juana Reyes volvieron a sacar el tema.

La tercera fase de violaciones fue en la segunda sesión de cabildo. De acuerdo a la norma debieron presentar el tema de los permisos de Barreto en un dictamen de la comisión de transporte el cual debía ser revisado y votado por todos los partidos previamente en comisión.

Pero prefirieron que la regidora Martha Montejano lo leyera y presentara como un punto de acuerdo, violentando los procedimientos establecidos.

Además, para evadir sus responsabilidades, en lugar de mencionar en el texto que están entregando permisos nuevos a Barreto, dicen que sólo están “regularizando” cuando oficialmente la realidad es que el delegado no tenía esos permisos y ese 4 de enero se los estaban entregando.

Entre las justificaciones del punto de acuerdo, los abogados que elaboraron el texto se fundamentan en el artículo 190 del Reglamento de Transporte, que dice que el presidente municipal propondrá al cabildo las modificaciones de las condiciones en que fueron otorgados permisos y concesiones.

Pero en todo caso, esta norma sólo protege los permisos existentes antes de esa sesión, no le da al alcalde facultad para entregar permisos nuevos. El reglamento tampoco lo faculta para evadir responsabilidades marcadas en la ley con el fin de evitar que se abuse del poder que él encabeza.

El texto aprobado por los priístas, el perredista y el petista, habla de un estudio y dictamen técnico que jamás se presentó y además dice que fue la misma empresa “Autotransportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos CALFIA Tijuana, S.A.”, la que evaluó la demanda de transporte en esa zona.

En la resolución del documento también se indica que hay un anexo denominación y descripción de rutas. “Pero jamás lo vimos, de hecho lo pedimos ese 4 de enero, hoy 11 de febrero seguimos sin recibirlo y eso que ya tuvimos otra reunión de la comisión de transporte”, comentó la regidora Rosalba López Regalado.

Como acostumbra hacerlo, cuando los priístas le hablaron del tema con implicaciones legales, el ingeniero Jorge Hank sólo les pregunta “¿Se puede hacer?”, evidentemente los artífices de la ley en el XVIII Ayuntamiento le dijeron que sí, y lo están poniendo en riesgo.
Si nadie se hubiera sentido afectado tal vez la situación no habría pasado de ser otro berrinche público de los regidores panistas porque nuevamente no les proporcionaron información. Pero ya hubo grupos de transportistas que están tratando de echar abajo lo que consideran una disposición de mayoriteo ilegal.
 
Tráfico de influencia
El 7 de diciembre de 2004, cuando el alcalde Jorge Hank designó a Gregorio Barreto Luna como delegado de La Presa, éste aseguró que dejaría “por completo”  la dirección de Transportes Calfia, pues se concentraría como funcionario público las 24 horas del día durante los 365 días del año. “Ahora toda mi atención está en La Presa”.

Sin embargo hay que decirlo, jamás mencionó qué haría con sus acciones. Las cuales no ha cedido, a pesar de saber que eso podría impedirle aspirar legalmente a nuevas concesiones.

De acuerdo a la escritura pública 159059 obtenida la segunda semana de enero del  Registro Público de la Propiedad con la partida 5286287, Gregorio Barreto Luna, es el socio mayoritario de Calfia, al ser el propietario de 2 mil acciones de la empresa que en total tiene 4 mil.

Lo mismo sucede con las empresa Metrópoli Nueva Tijuana S. A. de C.V, Sociedad Cooperativa Baja Californiana de Taxis Libres, S. de R. L. de C. V. , Los Ángeles Express S.A. de C.V. y  Bici-Autos Turísticos La Zandunga S. A. de C.V., entre otros negocios que tiene registrados Barreto Luna.

El Artículo 17 de la Ley del Régimen Municipal, establece para el otorgamiento de concesiones la posibilidad de que el Ayuntamiento emita convocatoria para la concesión de rutas; no lo hicieron y además favorecieron directamente al delegado.

También indica que las empresas deberán proporcionar las garantías de seguridad, calidad, suficiencia y regularidad en la prestación del servicio público sujeto a régimen de concesión. En este caso no se consideró que Calfia ha tenido problemas con el Seguro Social los cuales han llegado al embargo. Y no se entregaron documentos que acreditaran solvencia financiera.

Además la fracción IV del Reglamento es muy clara:

“...Los Ayuntamientos no podrán otorgar concesiones sobre bienes, o para la prestación de servicios públicos municipales a miembros del Ayuntamiento, funcionarios, comisionados o empleados públicos, sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el segundo grado y parientes por afinidad o a empresas en las cuales sean representantes o tengan intereses económicos las personas mencionadas con anterioridad…”.

El Reglamento Municipal de Adquisiciones señala en el artículo 5  que: “…No se podrán recibir propuestas o cotizaciones, ni se podrán celebrar contratos o pedido alguno, respecto de las personas físicas o morales siguientes: “...Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público…”

Si no es suficiente, el Reglamento de Bienes y Servicios en su artículo segundo, establece que todos deben respetar las normas mencionadas: “…Están obligados a su observancia, todas las dependencias de la administración pública municipal, incluidas las entidades paramunicipales que bajo cualquier forma o concepto se generen; así como el propio Ayuntamiento en los casos de su competencia”

Barreto no debió solicitar y los regidores ni siquiera debieron considerarlo, resulta evidente que hay conflicto de intereses y existe la posibilidad de fincar responsabilidad a todos los participantes, a cada uno en función de la participación que hayan tenido.

Siguiendo con la violación de normas, el artículo 88, Fracción IV del Reglamento Interno y del Cabildo, dice que la Comisión de Vialidad y Transporte, debe dictaminar respecto del establecimiento de sistemas,  modalidades, rutas de transporte masivo, taxis colectivos, entre otros, y el otorgamiento de permisos y concesiones, en materia de servicio público de transporte municipal, se pase por alto a los ediles y se procese un acuerdo en la Secretaría de Gobierno. Tampoco se hizo.

La misma normatividad señala que es el Consejo del Transporte quien debe conocer y opinar respecto de los programas y estudios técnicos que se realicen con el fin de adecuar y mejorar la prestación del servicio, así como para determinar la necesidad real del servicio, atendiendo a las demandas sociales. Eso nunca sucedió en este caso.

Las sanciones
Por ley los funcionarios están obligados a desempeñar su cargo con legalidad, honradez, lealtad (al pueblo), imparcialidad y eficiencia, principios que se violaron en la votación de este punto de acuerdo al tratar de manipular la ley para dar u obtener beneficios.

El artículo 46 de la ley de responsabilidades en la fracción III obliga al alcalde, el síndico y los regidores a cumplir las leyes y reglamentos cuando formulan o ejercen planes, programas y presupuestos.

La fracción X instruye que deben desempeñar su empleo, sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por ley le corresponda: “…sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte…”

Las sanciones por estas faltas van desde la amonestación, la suspensión, la destitución, la sanción económica hasta la inhabilitación. En sus recientes decisiones el Tribunal Superior de Justicia de la federación ha demostrado que la autonomía y la votación de mayoría no son justificación para violentar los procesos democráticos en la toma de decisiones en los órganos colegiados al revocar las reformas las leyes electorales de dos estados, incluido Baja California, por no haber respetado las formas.

Esto significa que el malabarismo legaloide no debe ser suficiente para violentar la ley, así que será cuestión de esperar a que los organismos fiscalizadores y los transportistas hagan su trabajo para evitar y sancionar el tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Tijuana. 

Sospechosa abstención de Castañeda Pomposo
Carlos Tamez por el camino de Barreto

El  jueves 11 de enero la Comisión de Transporte del XVIII Ayuntamiento, tuvo una sesión en la que los priístas presentaron un dictamen con 22 concesiones para transporte de personal, solamente con nombres de las empresas, sin expedientes. Y querían que se aprobaran. El director de Transporte aseguró que él no sería beneficiado porque desde que entró al gobierno dejó la empresa que tenía en el ramo. Aunque sería lógico pensar que no se la dejó a ningún extraño. Después de discutir, los regidores panistas Óscar Zumaya y Rosalba López, se negaron a votar el tema porque no les proporcionaron los expedientes de las empresas, pero la comisión aprobó el documento con los votos a favor de Francisco Hernández Vera, Martha Montejano y Antonio Sifuentes; Zumaya y López votaron en contra; y el “líder” de la fracción panista en el ayuntamiento de Tijuana, Raúl Castañeda Pomposo, volvió a emitir una de sus dudosas y convenientes abstenciones. El tema de estas empresas deberá revisarse por el pleno de cabildo en próxima sesión. (Rosario Mosso Castro)

Dos años: El recuento de los daños

Las transas de Hank

El mayoriteo priísta en el Cabildo de Tijuana, y la caprichosa voluntad del Alcalde para violentar leyes y reglamentos, le han dado a la ciudad una retahíla de irregularidades en la primera administración priísta en 18 años.
La oportunidad perdida de un verdadero ejercicio de la administración pública, han llevado al Ayuntamiento de Tijuana al desprestigio y la sospecha de corrupción. Muchos casos han sido documentados y señalados:

Febrero de 2005.- El alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon con la mayoría de los regidores priístas redujo por reglamentos los tiempos de participación de los ediles en las discusiones de cabildo.

Abril de 2005.- Funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento incrementaron sus sueldos en más de 50 por ciento: Hank, de 52 mil 824 pesos, a 179 mil 149 pesos, un aumento de 239%. Fernando Castro Trenti, entonces Secretario del Ayuntamiento, de 44 mil 620 pesos, a 142 mil 520 pesos, que representa un 219% más de sueldo.

Junio de 2005.- Documentos en poder de ZETA, revelaron que los servidores del alcalde hacían compras irregulares, primero adquirían los bienes y después recibían las solicitudes de compra.

Julio 2005.- El Ayuntamiento de Jorge Hank, mandó talar más de 40 árboles en el parque teniente Guerrero, en la Zona Centro para realizar una costosa cena por la que el DIF cobró 300 dólares por persona.

Julio de 2005.- Alrededor de 45 unidades para la policía municipal de Tijuana, fueron compradas a la policía de Las Vegas, Nevada, y se utilizaron ilegalmente sin importarse en la ciudad.

Julio de 2005.- Por más de una semana, el alcalde Jorge Hank Rhon, se ausentó de la ciudad y de las programadas sesiones de cabildo, sin previo aviso a los regidores. Se dijo, estuvo en la ciudad de México visitando a su familia, para después asistir a un Consejo del Partido Revolucionario Institucional.

Agosto de 2005.- Sin escuchar a los deportistas, Jorge Hank Rhon, despojó del inmueble paramunicipal deportivo CREA, a sus principales usuarios y les negó el acceso a la unidad para construir un “estadio” que albergaría a un equipo de fútbol profesional. El proyecto incluyó la venta de bebidas alcohólicas.

Agosto de 2005.- La cadena de casas de apuestas del alcalde Jorge Hank Rhon, es investigada por una comisión especial de la Cámara de Diputados, pues recibió ocho de los 14 permisos que la Secretaría de Gobernación otorgó.

Agosto de 2005.- Contratistas encargados de la construcción del supuesto estadio del CREA, se quejan ante ZETA de no recibir la paga de sus trabajos por parte del Ayuntamiento.

Agosto de 2005.- Aproximadamente 15 mil seguidores del PRI, fueron “acarreados” al Hipódromo Agua Caliente en Tijuana para presenciar el mitin de Roberto Madrazo. También, comida de lujo, vino y bebidas, fueron gratuitamente distribuidos a los presentes. Los policías municipales fueron obligados a asistir y llevar un número determinado de invitados.

Agosto de 2005.- Actas y cédulas en poder del cabildo de Tijuana, demuestran que en tan sólo ocho meses de gobierno, la alcaldía de Jorge Hank ha creado más de 170 plazas para empleados que perciben sueldo de manera irregular.

Septiembre de 2005.- La documentación oficial muestra que el Ayuntamiento de Tijuana gastó 600 millones de pesos de más, de lo que se tenía presupuestado para ejercer en el 2005.

Octubre de 2005.- Amigo de Hank y ex delegado de La Mesa, Hugo Abel Castro Bojórquez, fue protegido por el alcalde, cuando fue revelado de revender permisos para vendedores ambulantes en una cantidad que supera los 38 mil 600 pesos.

Diciembre de 2005.- El primer informe de Jorge Hank, se caracterizó por caro, ostentoso y poco serio. Superó un millón 200 mil pesos.

Diciembre de 2005.- José María Lozano, síndico del Ayuntamiento de Tijuana, amigo y empleado de Jorge Hank, inscribió tres gasolineras de su propiedad para “concursar” en la licitación de suministro de gasolina del Ayuntamiento. Aún cuando la ley no se lo permite.

Diciembre de 2005.- Presumiblemente orquestado por Jorge Hank Rhon, 60 toneladas de víveres, alimento y cobijo, fueron utilizadas para la campaña del ex candidato a la Presidencia de México, Roberto Madrazo Pintado, en vez de ser enviadas, como se pidió al momento de su recolección, a los damnificados del huracán Stan. Julio César Díaz Carrera, quien fuera ex titular de Desarrollo Social Municipal, fue detenido y después liberado como responsable de los recursos desviados.

Enero de 2006.- Por incapacidad para solicitar recursos, el Ayuntamiento de Tijuana perdió aproximadamente 370 millones de pesos para ejercerlos en obras públicas, por ello, 300 obras pequeñas planeadas no se realizaron.

Enero de 2006.- Dinero destinado para obras, fue desviado para pagar sueldos, liquidaciones y aguinaldos de la nómina del Ayuntamiento de Tijuana. 400 millones de pesos en crédito y presupuesto bancario, fue mal utilizado; acusaron regidores de la sección panista.

Enero de 2006.- Entre 15 y 30 camiones de la ruta “Teexti”, implementada por Jorge Hank Rhon, circularon con placas sobrepuestas y números clonados porque el proyecto corría con retraso.

Febrero de 2006.- Jorge Hank Rhon cambió a la Secretaría de Desarrollo Social el cuerpo de bomberos. Durante meses, éstos se quejaron de un mal trato y falta de equipo tras salir de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Febrero de 2006.- Se reveló que con presupuesto público Jorge Hank paga hasta casi 50 mil pesos mensuales a cada uno de sus escoltas personales.

Marzo de 2006.- La administración hankista realiza “obras fantasma” en las principales 16 vialidades del municipio. Todas con fallas en reencarpetado, incompletas y mal planeadas.

Marzo de 2006.- La mayoría priísta del cabildo de Tijuana, aprobó un reglamento donde se facultó al director de vialidad y transporte municipal como la persona encargada de otorgar y vender permisos de transporte. Y se impide la participación de regidores de oposición en los planes de transporte del municipio.

Marzo de 2006.- Por tercera ocasión, Jorge Hank cambió a su equipo de colaboradores en el Ayuntamiento.

Abril de 2006.- Escoltas de Jorge Hank, atacaron a deportista que corrían al interior del CREA y que, según los agresores, representaba una amenaza para el alcalde.

Abril de 2006.- Jorge Hank desvió 400 millones de pesos destinados para seguridad en gastos administrativos.

Abril de 2006.- El Ayuntamiento concesionó 50 puentes peatonales en distintos puntos de la ciudad a un ex empleado del Ayuntamiento y a la hermana de Kart Honold, amigo y suplente del alcalde de Tijuana.

Mayo de 2006.- El PRI de Tijuana vende plazas en el Ayuntamiento de Jorge Hank. Cada una cuesta entre 500 y 7 mil dólares.

Octubre de 2006.- Jorge Hank Rhon, a través de un grupo de abogados, busca la manera de esquivar la “Ley Antichapulín” que prohíbe a funcionarios en turno, postularse a cargos de elección.

Noviembre de 2006.- El Ayuntamiento de Tijuana informa que aumentará los impuestos en algunos permisos; servirán para cubrir el déficit que trae la administración de 100 millones de pesos.

Noviembre de 2006.- Regidores panistas descubrieron doble contabilidad en el Ayuntamiento de Tijuana con mismo objetivo, pero distinto folio.

Recopilación: Marco Tulio Castro Quezada