Detienen a siete por otro delito.

Caso Díaz Lerma en el olvido

La fiscalía estatal y federal poco han informado sobre la balacera en la que salvó la vida el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, pero la reciente detención de un grupo de delincuentes, hizo que las autoridades anunciaran la presunta participación en el atentado, y son investigados por la Siedo.

Lauro Ortiz Aguilera

A casi un año del atentado al ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Díaz Lerma, las investigaciones poco avanzan y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la General de la República carecen de información precisa sobre los responsables, y sólo se remiten a informar que el ex funcionario fue víctima del crimen organizado.

Pero la reciente detención de un grupo de secuestradores en Mexicali, dio un respiro a las indagatorias, luego que dos de ellos declararon ministerialmente estar involucrados en los hechos ocurridos en abril del año pasado.

De no ser por la aprehensión de este grupo delictivo, el caso seguiría en el olvido oficial, tal y como muchos otros asuntos en los que la PGJE ha señalado la participación de bandas del narcotráfico, como son los múltiples homicidios de policías municipales y estatales.

Anunciada como parte del Operativo Tijuana, dado los tibios resultados que han obtenido los militares y federales confinados a la ciudad para hacerle frente al crimen organizado, la detención de siete secuestradores que tenían en su poder a tres víctimas en Mexicali, sirvió también para dar a conocer que dentro del grupo, habían dos que confesaron la participación en los hechos donde Díaz Lerma salió ileso y tres de sus escoltas fueron heridos.

Al identificarlos, la PGJE dijo en rueda de prensa que los detenidos estaban relacionados en cinco secuestros, levantones y un homicidio, pero que dentro de la investigación, los asegurados declararon su participación en el atentado al ex secretario de Seguridad del Estado, Manuel Díaz Lerma, el 24 de abril de 2006.

La procuraduría estatal no fue capaz de señalar qué participación tuvieron los detenidos en los hechos de abril, y mejor decidieron entregarlos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), para que ampliara sus investigaciones en la Ciudad de México.
Según se informó, el arresto de la banda fue realizado en Mexicali por el Grupo de Coordinación de Baja California, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la PGR y corporaciones policíacas del Estado y municipios, en donde también fueron liberadas tres personas que se encontraban privadas de su libertad.

Los detenidos fueron:

César David Chávez Sánchez, “El Cabezón”, de 34 años.

Pilco Contreras Pérez, “El Fajado”, de 23.

José Reyes López Herrera, “El Tonka”, de 34.

Francisco Efraín Miranda Peñuelas, “James”, de  35.

Francisco Javier Aldapa Cázarez, “El Viejón” o
“El Café”, de 32 años.

Angelina Lucero Domínguez, “Mamirringa”, de 35.

Vicente Garnica García, “El Azotado”, de 23 años.

De acuerdo a la información dada en la rueda de prensa, las personas liberadas en el operativo del Grupo de Coordinación fueron Octavio Santoyo Márquez, de 33 años, privado de la libertad el 12 de diciembre de 2006; Francisco Javier Rodríguez González, 25, plagiado el 28 de diciembre; y Ricardo González Arredondo, de 49 años, privado de la libertad el 8 de noviembre del año anterior.

“En sus primeras declaraciones, los inculpados señalaron  haber ‘levantado’ a las víctimas para cobrarles plaza por la comisión de hechos delictivos en esta ciudad, y por esa razón las tenían cautivas”, se dijo.

Para que no quede duda sobre la intención de hacer ver que esta acción tuvo que ver con el Operativo Tijuana, un boletín emitido por la PGJE precisa que “las detenciones se lograron luego de un trabajo de inteligencia coordinado desde meses antes por la Siedo, la Policía Federal, y el Grupo de Coordinación de Baja California, ya que la célula de secuestradores detenida está involucrada en al menos cinco casos de privación de la libertad en esta ciudad el año anterior”.

Siguió:
“Los casos son: Privación y homicidio de Alfonso Sarmiento Roa, el pasado 17 de mayo; privación de la libertad de Francisco Javier Rodríguez González, el pasado 26 de diciembre; privación de Octavio Santoyo Márquez, del 12 de diciembre; privación de la libertad de José Luis Hurtado Cabrera, el pasado 10 de agosto; y la privación de la libertad de Ricardo González Arredondo, registrada el día 8 de noviembre del 2006.

“También están involucrados en la privación de empresarios de los bares Dune, La Taberna, y la tentativa de secuestro al propietario del bar Híjole, e incluso en la de un empresario gasolinero”.

A este grupo les fue incautado una residencia en las inmediaciones de la colonia Rancho La Bodega, 2 armas largas, cargadores, chalecos antibalas con insignias de la AFI, fornituras, tiros útiles y 15 radios de comunicación con frecuencias policíacas.

Lo relevante de este caso y que le dio otra connotación a propósito del Operativo Tijuana, fue que de las investigaciones que amplió la Siedo, se desprendió la presunta vinculación de policías municipales y ministeriales con los detenidos, información revelada por la autoridad federal a través de un boletín de prensa fechado en la Ciudad de México, en donde se dijo también que los secuestradores fueron arraigados por 60 días.

El comunicado de prensa asentó que el Subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, Juan Abdón Ponce González, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el grupo delictivo lo estaba señalando de brindarles protección e información de operativos en su contra.

Bajo la misma acusación, fueron detenidos también y llevados a la Ciudad de México, los agentes ministeriales adscritos al grupo de Aprehensiones, Rafael Salvador Cruzaley Rojas y Jorge Antonio Heredia Álvarez. Los tres fueron arraigados.

Como colofón, el documento resaltó que la Operación Tijuana tiene como uno de sus objetivos el que prevalezcan las instituciones, se persiga y se detenga a los malos elementos que traicionan a las corporaciones policíacas.

“Con estas acciones queda de manifiesto el trabajo realizado por las corporaciones policíacas que forman parte de ‘La Operación Tijuana’, mismas que son llevadas a cabo en beneficio de los bajacalifornianos, y que refrendan el compromiso de las autoridades de combatir el crimen organizado y de detener a las personas involucradas en esta actividad ilícita, sin importar de quienes se trate”.

Juan Abdón Ponce González, Subcomandante de la Zona Central, fue requerido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo), por estar involucrado en delitos federales como delincuencia organizada.

Según la PGR, la orden de presentación girada por un juez federal, fue cumplimentada por personal de la Siedo en las instalaciones de la estación Miraflores, quienes trasladaron a Ponce González a la ciudad de México, en donde fue llevado a las instalaciones de la misma Siedo, en donde continúan investigándolo.

El arresto de este grupo de delincuentes hace recordar otros tantos, precisamente porque cada vez que se detiene a una banda, las autoridades les endilgan una serie de delitos en muchas ocasiones sin el sustento jurídico y en pocos días son dejados en libertad por un juez al carecer de elementos para procesarlos.

La falta de pruebas contundentes con las que son integradas las averiguaciones previas, ha sido una constante en la procuraduría estatal, y los jueces se ven obligados a dejarlos en libertad antes que venza el plazo constitucional.

Algunos meses atrás, el Grupo Coordinación aprehendió en Tijuana a un comando armado y fue llevado de inmediato a la Ciudad de México. Le “colgó” secuestros, levantones, cobro de plaza, homicidios y otros tantos delitos, como delincuencia organizada y la portación de armas de uso exclusivo del ejército y la fuerza armada.

Pero después sorprendió a propios y extraños que en un retén policiaco instalado en Mexicali, uno de los miembros de esta banda fue detenido nuevamente cuando conducía una camioneta de lujo.

Y es que se suponía que estaba encarcelado en alguna prisión de alta seguridad en la Ciudad de México, dado el peligroso perfil que había señalado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre esta persona.