Como a los secuestradores, les graban la voz y les preguntan por “El Cholo”.

Abren expediente a policías

Agentes municipales, desarmados todavía, reciben trato de sospechosos o cómplices por parte de la Procuraduría General de la República en un interrogatorio que llega a durar las tres horas. Víctor Manuel Zatarain, el Director de la Policía Municipal, protestó a su manera: Encabezó una caminata de regreso a sus oficinas partiendo de las instalaciones de la PGR. Y sentenció: “Si se van a llevar a alguien que se lo lleven”.

Rosario Mosso Castro

Como se empezó a hacer en Sinaloa a partir de 2002 con los secuestradores, la Procuraduría General de la República (PGR) está estructurando un banco de voces y mapa genealógico de los policías de Tijuana como parte de la investigación de sus posibles nexos con el crimen organizado.

Desde la noche del 17 de enero, tres agentes federales están recibiendo a los municipales, que tardan hasta tres horas en concluir las diligencias; todas son grabadas en audio.

De entrada son sometidos a un interrogatorio básico respecto de sus posibles relaciones con el crimen organizado y personajes conocidos como integrantes del Cártel de los Hermanos Arellano Félix.

Algunas de las preguntas que les hacen:
* ¿Eres miembro del Cártel de los Hermanos Arellano Félix?
* ¿Trabajas para el crimen organizado?
* ¿Qué relación tienes con el crimen organizado?
* ¿Has brindado protección a cártel de drogas?
* ¿Has colaborado con secuestradores?
* ¿Conoces a “El Cholo”?
* ¿Sabes quién es “El Cholo”?

Y así continúan con la lista de personajes non gratos cuyos nombres son públicos.

Las respuestas de los policías evidentemente son negativas hasta que llegan a los nombres de los sicarios del CAF. Contestan que no los conocen pero sí saben quiénes son; cuando les preguntan cuáles son las referencias, los agentes señalan haberse enterado por la prensa o por las letras de algunos narcocorridos.

Existe una segunda fase, en la cual los interrogados deben decir ante un micrófono algunas palabras, frases y números que usan comúnmente los delincuentes que acostumbran comunicarse con sus víctimas, como los secuestradores o los criminales que hacen llamadas para amenazar la seguridad de los ciudadanos honestos u ofrecerles protección.

De hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, cuenta con una serie de grabaciones de distintos secuestros, material coleccionado por varios años, que en su momento fue proporcionado por los ciudadanos para coadyuvar en la búsqueda de los delincuentes, sobre todo por las familias cuyos seres queridos secuestrados fueron asesinados. 

En ellas los delincuentes dejaron grabados sus modismos, tonos de voz, muletillas y palabras de uso frecuente que pueden usarse para comparar con las grabaciones que están haciendo de los policías en este momento.

De esta manera, la PGR está abriendo expedientes o fichas de los elementos de la Secretaría de Seguridad de Tijuana y un banco de voz.

Hasta ahí, los jefes policíacos que han sido informados por la tropa que ya compareció, no ven ninguna irregularidad, lo consideran benéfico incluso como estrategia de control.

Sin embargo, hay una tercera fase que preocupó y ocupó a los abogados de la secretaría. Los agentes están recibiendo un texto a leer en el que dicen frases como:

 “Mi nombre es” y dejan espacio en blanco, continúan con algo así como “…estoy casado con” se graba otro silencio, “tengo tantos hijos y sus nombres son” otro mutis y continúa en ese tenor.

Los abogados no comprenden cuál es el objetivo de estos textos, sin embargo sí quieren establecer algún sistema que permita proteger a los policías ante la posibilidad que se abre de que estos audio puedan ser manipulados y editados de forma que sirvan para incriminar a los declarantes.

Banco de voces
El antecedente público más reciente de un banco de voces ligado a delincuencia data del año 2004 cuando el reportero Ismael Bojórquez del semanario RIODOCE hizo público el sistema utilizado por la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa para reducir el índice de secuestros en el estado: 1999, 40 secuestros; 2000, 38 secuestros, 2001, 29 secuestros; 2002, 13 secuestros; 2004, nueve secuestros.

El reportero relató cómo el comandante de la policía ministerial y el grupo antisecuestros Jesús Antonio Íñiguez decía que los derechos humanos que valían eran los de las víctimas y por ellos estableció un sistema para recuperarlos.

Primero hizo un archivo con las grabaciones de voces de los secuestradores y les puso nombre de acuerdo a la palabra que más utilizaban en sus negociaciones, identificó características del habla, comportamientos en las negociaciones, concentró todo el audio que tenía de cada uno y empezó a recabar información del origen del delincuente y estrategias de operación. Los identificó con nombre y apellido así como el de sus parejas sentimentales.

Cruzó los cuatro apellidos y buscó en diversos padrones y bases de datos: el de las licencias para conducir en Recaudación de Rentas del Estado y los de almacenes y tiendas departamentales que venden a tarjetas de débito y crédito.

Así identificó también a los parientes más cercanos de los delincuentes, padres, hermanos, hijos, sobrinos. Los cuales fueron utilizados posteriormente para obligar a los secuestradores a liberar a las víctimas, así cuando los criminales levantaban a alguien, los policías privaban de la libertad a alguno de los seres queridos del delincuente y la siguiente vez que se comunicaban negociaban el intercambio, la libertad de uno por la del otro. Antes de concluir 2004 cuando se hizo pública esta información corrieron al comandante Jesús Antonio Íñiguez.

Con este antecedente, el uso potencial del archivo de voces que se está haciendo de los policías de Tijuana es evidente. En cuanto a la posibilidad de que les hagan también un mapa genealógico para ubicar sus domicilios y el de sus parientes más cercanos, algunos de los que comparecieron informaron que en el interrogatorio sí hay preguntas de sus familiares.

Además, que la Secretaría de Seguridad de Tijuana entregó desde el año pasado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) la base de datos de la corporación.

El citatorio
Tras mantenerlos desarmados por 10 días, el 14 de enero de 2007, el Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Contra la Salud a cargo de la licenciada Alma Leticia Lares Tenorio redactó un documento requiriendo la presencia de “los elementos de la corporación” que preside el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, licenciado Luis Javier Algorri.

La razón: Realizarían pruebas periciales aunque no informaron cuándo es la cita; era el 15 de enero a las 17:00 horas. De no hacerlo, todos los elementos que no se presentaran se harían acreedores a una multa de mil 500 pesos.

El oficio fue recibido a las 08:50 horas del 15 de enero. En respuesta, el licenciado Algorri habló por teléfono ese mismo día con la licenciada Lares. Le dijo que la secretaría tenía más de 3 mil empleados así que le pedía que le dijera cómo quería que se los enviara, por unidad, por delegación, por turno.

Pero la agente federal les dijo que eso debían preguntárselo por escrito, así que lo hicieron.

“Como no respondieron decidimos llevarnos el turno que estaba en funciones, que en promedio son mil 100; para no descuidar dejamos guardias en todos los distritos y en otros en puntos estratégicos y llevamos poco más de 700”, explicó el director de Seguridad Pública, Víctor Manuel Zatarain.

Al interior de la PGR sólo había tres agentes para atender las diligencias. Ante el tumulto y la obstrucción del tráfico frente a las oficinas en la zona del Río, un agente del ministerio público decidió reunirse con el director, después de platicar con respecto a la forma en que se hizo el citatorio, el funcionario federal reconoció negligencia en el citatorio y ofreció que enviaría otra orden de presentación. Documento que llegó unos minutos después a las oficinas de policía, antes que los agentes que habían estado durante dos horas afuera de la PGR esperando que los recibieran.

Alrededor de las siete de la noche, 10 elementos se quedaron para declarar y el resto emprendió el regreso pero caminando. El contingente ocupó todo el ancho de los cuatro carriles de las tres vialidades que usaron para llegar. Sin embargo los agentes aseguraron que esto no era delito, porque obstruir es cerrar la vialidad, quedarse parado en un lugar e impedir el paso. “Y nosotros todo el tiempo caminamos”.

Respecto del hecho de que esta acción fue un berrinche con el que los policías intentaron llamar la atención, Zatarain lo rechazó: “Fue un acto de protesta por los mecanismos que está utilizando la federación para estar presionando a la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros les hemos facilitado todo lo que nos han pedido para que la PGR desahogue todas la diligencias.

“Si se tienen que llevar a alguien que se lo lleven ya, nosotros los vamos apoyar, pero que ya nos dejen trabajar. Tengo cuatro oficiales lesionados ya, van 13 intentos de linchamientos de delincuentes que han sido detenidos por ciudadanos molestos, ¿qué esperan? Estamos en la mejor disposición pero que resuelvan”.

Algunos de los agentes que declararon la noche del 17 informaron a sus compañeros que entraron a las siete de la tarde y salieron a las 12 de la noche. A la mañana siguiente se presentaron otros 25 agentes tal como lo requirieron en el segundo citatorio que continúa siendo ambiguo porque pidieron que se presenten: por distrito, por listado, por departamento, por unidad, por áreas, por secciones, operativos, administrativos, talleres, intendencia, cadetes. Todos.

Así que la integración de los expedientes de la policía local va para largo, pero se está haciendo de manera detallada.

“Pero siguen dando palos de ciego”, se quejó un viejo policía, “porque los compañeros corruptos siguen como si nada, nada más le bajaron al negocio”.

Esta versión fue compartida en parte por el licenciado Zatarain, quien dijo reconocer que la presencia de los militares sí ha reducido los delitos, por lo menos los de alto impacto, porque en las colonias la inconformidad está creciendo”.