Operativo Tijuana
Con las manos vacías
Hasta el momento y un mes después de iniciado el publicitado Operación Tijuana, los resultados no satisfacen a la ciudadanía, pues siguen registrándose ejecuciones y otros delitos de menor impacto. En contraparte, las autoridades presumen cuentas alegres y de manera extraoficial señalan futuras detenciones ahora que el operativo entró en su segunda fase.
Lauro Ortiz Aguilera
Los federales llegaron con las manos vacías. Han pasado 30 días y siguen igual.
En efecto, un balance de las acciones implementadas desde el 2 de enero por las Fuerzas de Apoyo Federales para el reestablecimiento del orden en Tijuana, dado el alto grado de inseguridad que priva en la ciudad a consecuencia del crimen organizado, ha dejado en claro que la estrategia les falló, y las expectativas que se tenían se fueron quedando en eso.
Los objetivos con los que se diseñó este plan emergente, puesto en marcha por órdenes del presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego del que se desplegó en el estado de Michoacán desde diciembre con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, Policía Federal Preventiva y Agencia Federal de Investigaciones, no se han cumplido a cabalidad y sólo se respira una tensa calma entre la población.
El gobernador del Estado, ponderó recientemente los resultados del operativo policiaco-militar, argumentando una considerable baja en el índice delictivo calculado en un 37 por ciento, o la declaración del procurador Antonio Martínez Luna, en el sentido que en todo este periodo no se han registrado ejecuciones con el sello del crimen organizado.
El ejecutivo estatal hizo el comparativo basándose en la incidencia delictiva que se registró en diciembre pasado, sin embargo el historial de otros años indica que es el mes de diciembre, se incrementan los delitos, dado que son fechas en las que la población cuenta con mas dinero.
Una rápida consulta a los reportes policiacos cotejados con la publicación diaria de los medios impresos de la localidad, apuntan que sólo en Tijuana, hubo 23 muertes violentas producidas con arma de fuego, entre el 2 y 31 de enero del presente año.
En el mismo periodo del año anterior, la cifra fue de 27 muertes según la misma fuente. Una diferencia de sólo cuatro homicidios. Esos son lo números fríos.
Sin regatear las acciones que se han llevado a cabo como el desarme de los policías de Tijuana para unas pruebas periciales y la grabación de sus voces para anexarlos a un expediente o banco de datos, los resultados en materia de combate a la inseguridad y al crimen organizado, han sido cuestionables.
Sintomático fue que en las primeras semanas y dada la poca efectividad del traslado de cientos de efectivos federales a Tijuana, funcionarios federales y estatales cambiaron su discurso y en lugar de los objetivos que en principio se señalaron como la base del operativo, fueron modificados por otros de menor importancia, como la de inhibir con la presencia de las Fuerzas de Apoyo Federales, los delitos comunes en lugar del ataque frontal al crimen organizado.
Hoy, a un mes de iniciado el operativo, los oficiales de la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional, siguen en los tortuosos retenes revisando a los automovilistas, choferes del transporte público y amas de casa.
Ya en el espacio editorial de ZETA de la edición anterior, se dejó en claro que un cambio de estrategia podría redituar en resultados positivos y no remitirse sólo a la instalación de filtros o retenes policiacos en las salidas y entradas de la ciudad.
Informes recabados por ZETA, precisan que el Operativo Tijuana ha entrado ya en su segunda fase, la del trabajo de inteligencia en la que se esperan mejores resultados y posibles detenciones.
Esa versión ha sido respaldada por el propio gobernador del Estado; en su acostumbrada atención a medios a principios de esta semana, el funcionario dijo a los periodistas que pronto verían los resultados que se obtuvieron de la revisión de las armas que se les quitaron a los policías preventivos de Tijuana.
Con bombo y platillo
Anunciado de manera simultánea en la Ciudad de México por el nuevo gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, encabezado por el secretario de Gobernación, SEDENA, Marina, Seguridad Pública Federal y Procuraduría General de la República, y en Tijuana por el General Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las Fuerza Federales, el procurador estatal Antonio Martínez Luna y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor de la Garza Herrada, el operativo Tijuana salió a las calles el 2 de enero.
A 3 mil kilómetros, en la residencia oficial de Los Pinos, el secretario de Gobernación convocó a los periodistas defeños para informarles que un operativo con un esquema similar al de Michoacán, se implementaría en Tijuana.
Con una fuerza de 3 mil 296 elementos de la Defensa, Marina, PGR y Seguridad Pública, el funcionario federal garantizó ante los representantes de los medios de comunicación, que ningún estado de la república sería rehén de la delincuencia común, ni del crimen organizado.
En seguida, el secretario de la Defensa nacional, Guillermo Galván Galván, detalló que se enviarían a Tijuana a 2 mil 620 militares, 21 aeronaves, 28 embarcaciones y 247 vehículos tácticos. Además de 10 perros adiestrados.
Por parte de la secretaría de la Marina, enviarían a las costas bajacalifornianas una patrulla oceánica, tres patrullas interceptoras, 1 helicóptero y 162 infantes.
La secretaría de Seguridad Pública Federal tendría a su cargo el patrullaje y labores de inteligencias, cumplimentación de órdenes de aprehensión, cateos y aseguramientos. A la Procuraduría General de la República le correspondería proporcionar información para facilitar las detenciones.
Los tijuanenses todavía se preguntan dónde está todo ese contingente y equipo militar.
Las acciones
Lo relevante de las acciones emprendidas por las Fuerzas Federales, es sin duda el retiro temporal de las armas de cargo al cuerpo policiaco de Tijuana. Bajo sospecha, los policías fueron desarmados uno a uno para realizarles pruebas de balística y descartar que el armamento haya sido utilizado en la realización de algún hecho delictivo.
Después de 22 días, las armas de cargo fueron devueltas a sus poseedores, sin que hasta el momento se conozca el peritaje a las que fueron sometidas.
Esto causó malestar entre la tropa, incluso el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Javier Algorri Franco, declaró que a decir de sus oficiales, algunas armas no habían sido percutidas, dado el conocimiento y familiaridad que tenían los policías sobre ellas.
En respuesta, la Procuraduría General de la República difundió un boletín en el que precisó que, los trabajos periciales en los elementos de balística recabados del armamento de la corporación policial municipal de Tijuana, seguían efectuándose.
El documento confirmó que fueron revisadas técnica y pericialmente 2, mil 59 armas mediante los procedimientos criminalísticos establecidos para cotejar y probar estos elementos balísticos con las bases de datos derivadas de las averiguaciones previas en que se registran armas involucradas en la comisión de delitos.
Según el boletín, para las pruebas fueron desplazados peritos en materia de balística y fotografía forense, y participaron peritos de la Delegación de la PGR en Baja California.
Las pruebas fueron ordenadas y dirigidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien puso a disposición del personal pericial las armas de fuego, mismas que fueron disparadas en dos ocasiones cada una.
“Los peritos en balística obtuvieron 4,044 elementos balísticos (casquillos y proyectiles), mismos que por disposición del Ministerio Público Federal fueron trasladados a la Ciudad de México, y actualmente están siendo registrados en el Sistema IBIS de esta Institución”, precisó el boletín.
El comunicado de prensa abundó:
“Es importante señalar, que el olor característico a pólvora o fulminante se percibe únicamente en momentos posteriores al disparo y éste va disipándose con el transcurso del tiempo y la técnica criminalística que podría en su caso determinar si fueron o no disparados se denomina prueba de “GRIESS”, que es una prueba química que nos permite detectar elementos en el interior de la ánima del cañón del arma de fuego y recámaras, por lo que lo señalado en la nota periodística carece de todo tipo de fundamento técnico criminalístico”.
“El estudio microcomparativo de balas y casquillos continúa, a efecto de determinar si las armas fueron utilizadas en algún evento delictivo registrado en averiguaciones previas del fuero federal o del orden común, en términos de los convenios de colaboración existentes entre autoridades federales y autoridades locales de todo el país”.
A la par de este hecho sin precedentes en la ciudad en la que se les quitaron las armas a los gendarmes, hubo algunas detenciones en las que autoridades estatales las ubicaron dentro de las acciones del operativo Tijuana, pero que en la realidad fueron arrestos llevados a cabo por el Grupo Coordinación Baja California, tal y como se habían venido realizando meses atrás.
Tras una investigación, este grupo interdisciplinario compuesto por agentes policiacos estatales y federales, desarticularon en Mexicali a una banda de secuestradores relacionada con el crimen organizado y a los que les achacaron cinco secuestros, homicidios y la participación en el atentado contra el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Díaz Lerma.
La detención permitió el arresto de policías ministeriales y de un jefe policiaco de Mexicali, vinculados presuntamente con estos delincuentes, los cuales fueron puestos a disposición de la SIEDO en la capital del país.
Sobre este asunto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), dio a conocer que Juan Abdón Ponce González, Subcomandante de la Zona Central de la Policía Municipal de Mexicali, fue requerido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), por estar involucrado en delitos federales como delincuencia organizada.
La orden de presentación girada por un juez federal, fue cumplimentada en las instalaciones de la estación Miraflores, quienes trasladaron a Ponce González a la ciudad de México.
Días después, la misma institución reveló que las investigaciones sobre la presunta participación de más oficiales con la banda de secuestradores, apuntaban ahora hacia los agentes ministeriales Rafael Salvador Cruzaley Rojas y Jorge Antonio Heredia Alvarez, asignados al grupo de Aprehensiones en Mexicali. Ambos fueron requeridos con órdenes de presentación por delitos federales como delincuencia organizada y trasladados a las instalaciones centrales de la SIEDO.
Las detenciones continuaron y la Procuraduría General de la República (PGR) a través del boletín 017/05, informó que el Agente del Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, el arraigo por 75 días en contra de Rodrigo Venancio Escobar Galván, policía municipal en Tecate.
Apenas el jueves 1 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer una nueva detención; se trata de los agentes ministeriales asignados en Mexicali en el grupo Nocturno, Alfonso Rivera de la Cruz y Rodrigo Bonillas Chávez. Ambos contaban con órdenes de presentación por parte de la SIEDO.
En el más reciente balance que se hizo, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor de la Garza Herrada, destacó que de acuerdo a las estadísticas oficiales y haciendo un comparativo de los primeros 24 días de iniciado el operativo y los 24 días anteriores, se había registró una disminución de delitos calculado en un 37 por ciento, al tener documentados sólo 2 mil 402 delitos cometidos, contra los 3 mil 831 presentados antes del inicio del operativo.
Dijo que en un comparativo de las acciones que se llevaron a cabo del 3 al 26 de enero de 2007, también se registró una disminución de los delitos de un 28 por ciento, ya que mientras en el presente año en esas fechas sólo se cometieron 2 mil 402 delitos, en el mismo lapso del 2006 se registraron hasta 3 mil 320 hechos delictivos.
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Los números alegres del funcionario son los siguientes:
• Aseguramiento de 113 personas por delitos de fuero federal
• 65 por la comisión de delitos de fuero común
• Seis policías detenidos relacionados con actividades ilícitas
• Cumplimentación de 31 órdenes de aprehensión
• 78 vehículos con reporte de robo recuperados
• Retiro de 402 mil 008 dosis de droga
• Decomiso de 36 armas de fuego
• 20 de enero en Tijuana. Detención de cuatro integrantes del crimen organizado que tenían bajo su custodia a siete personas que estaban secuestradas.
Sin embargo la información dada por De la Garza Herrada no coincide con el balance que hizo el Gabinete de Seguridad Federal, pues en una reunión en Los Pinos celebrada el 21 de enero, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, dijo refiriéndose a la detención de los secuestradores detenidos un día antes, que en esa acción los agentes habían decomisado 100 rifles AR-15.
Textualmente lo dijo así:
“Justo ayer, el día de ayer, en una acción realizada de manera integral y simultánea en varios puntos en Tijuana, elementos del Cuerpo Federal de Policía, de la Agencia Federal de Investigación y PFP, en coordinación con el estado, se logró la captura, en un enfrentamiento que duró más de media hora, de cuatro integrantes del crimen organizado que tenían bajo su custodia a siete personas que estaban secuestradas.
“De las cuales, de acuerdo a datos de inteligencia con que se cuenta a nivel policial, se encontraban sujetas a secuestro y presumiblemente iban a ser ejecutadas por la parte criminal que las retenía.
“En este operativo fueron asegurados el día de ayer armas de alto poder, 100 rifles tipo R-15 con mira telescópica y, una nueva modalidad en el sistema criminal, cargadores para este tipo de armas de alto poder con capacidad hasta de 150 cartuchos útiles de recarga”.
En su segunda fase
De acuerdo a información recabada por ZETA, el operativo Tijuana entró ya en su segunda fase, la relacionada con el trabajo de inteligencia en la que se esperan mejores resultados y posibles detenciones.
Estos arrestos podrían estar relacionados con las pruebas de balística que se le hicieron a las armas de los policía preventivos, e integradas a algunas de las 26 averiguaciones previas que la SIEDO inició, de las cuales tres ya fueron consignadas ante Juzgados Federales, según lo precisó ante el Gabinete de Seguridad, el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
También desde el 28 de enero, efectivos de la Policía Estatal Preventiva que estaban comisionados en Tijuana a consecuencia del desarme de los preventivos municipales, fueron reconcentrados a Mexicali y Ensenada para el patrullaje.
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