Funcionarios incapaces o cómplices ayudan a agentes.

Más policías criminales

La carta de no antecedentes penales y la carta de residencia, son dos requisitos para entrar a la academia y convertirse en policía de Tijuana. Los dos documentos, los entrega el mismo Ayuntamiento. En una evidente carambola, funcionarios ocultan información criminal y falsean documentos para lograr que malos elementos ingresen a las filas de la corporación policíaca. Los filtros de la academia y de anticorrupción, no están funcionado de manera óptima. Cada vez, más delincuentes son policías

Rosario Mosso Castro

Resultaron más elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana con antecedentes penales.
Esta vez son cadetes que entrarán al servicio público el próximo mes de julio. Si se los permiten aun con el historial delictivo.
En menos de dos semanas, con la denuncia de otros agentes locales, ZETA localizó los archivos delictivos de 10 miembros de la secretaría de seguridad pública.
Los nombres de seis integrantes de la generación 53 se incorporaron a la lista de personas del equipo municipal con antecedentes penales:
Luís Alberto Hernández Gómez, Óscar Manuel López Pérez, María Reyes Medina Beltrán, José Enrique Cortez Moreno, José Antonio Osuna Orozco.
De acuerdo a información de la Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, conforme a los datos estos jóvenes han ingresado a Centros de Readaptación Social de Baja California.
Al cierre de edición, informaron que también había “brincado” información respecto de dos cadetes de apellido Rivera Rodríguez y García Mendoza, pero que aún se están corroborando.
Los datos obtenidos indican que los muchachos fueron detenidos por delitos contra la salud, posesión de enervantes, delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y robo calificado entre otros.
Estos antecedentes se agregan a los de  Marcos Bersain Morales Pérez, Javier,  Claudia Guadalupe Ramírez Castro, José Alí Preciado Sánchez y Jesús Fuentes, que labora para Global Corporation, empresa encargada de las multas electrónicas. Los archivos de estos agentes en activo se mostraron en la edición 1717 de ZETA. 

Incapacidad de autoridades y academia

Ante este hecho resultó evidente que algunos funcionarios encargados de vigilar que los mejores hombres y mujeres estén a cargo de la seguridad de los tijuanenses, simplemente están cobrando sin realizar su labor.
Ni siquiera la autoridad federal que asegura estar investigando a la corporación municipal de Tijuana minuciosamente, ha tenido resultados.
La incapacidad o complicidad de funcionarios para favorecer a agentes con antecedentes penales, inicia por los responsables de emitir la carta de no antecedentes penales que solicitan los aspirantes a cadetes.
Esta labor corresponde a la oficina de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, dependiente de la  Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Extrañamente ubicada en las mismas oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
De acuerdo a lo que han presumido ante sus compañeros, policías y cadetes cuyos antecedentes han sido ignorados o eliminados, quien atiende está área es una mujer con la que algunos de ellos han hecho acuerdos al punto de asegurar que sus delitos han sido borrados del sistema.
Sin embargo funcionarios de seguridad estatal consultados aseguraron que borrar datos criminales es imposible porque son parte de una base de datos nacional que no se puede manipular a larga distancia.
Consideraron más factible que en el Instituto de capacitación estén ignorando este requisito, incluso aceptando cartas de no antecedentes penales apócrifas.
Hablando de documentos falsos, algunos de los policías de la generación 53 que nacieron en otros municipios también han presumido que les permitieron ingresar al instituto a pesar de que no reunían el requisito de cinco años mínimos de residencia que ordena la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California.
En este caso, la responsabilidad recae en los delegados y en la Secretaría de Gobierno Municipal, encargados de emitir las Cartas de Residencia, las cuales se entregan a quien compruebe sólo seis meses de vivir en la ciudad, y la pueden obtener aunque no presenten ninguna credencial o recibo que lo acredite.
Éstos son dos requisitos que deben presentar cuando se inscriben para ser cadetes. El reglamento de seguridad de Tijuana es claro en su artículo 161:
“El Aspirante deberá acreditar el proceso de convocatoria, reclutamiento y selección que se fije por el Instituto en coordinación con el Departamento Administrativo y la Unidad de Psicología, en las que se evaluarán sus conocimientos, aptitudes y el cumplimiento de los siguientes requisitos:
“Fracción IV: No tener antecedentes penales, ni estar sujeto a proceso penal por delito doloso;
Y fracción X: “Tener residencia comprobable de cinco años en el Estado, y Presentar la documentación que acredite lo anterior, así como lo demás que señale el manual de operación en lo que se refiere al reclutamiento”.
Si esto no sucede, evidentemente es responsabilidad de los funcionarios de la academia y del cadete. Y ambos están violentando leyes y reglamentos.
Pero como la confianza no es total, la cadena de responsabilidad sigue y una vez que egresan del instituto de capacitación, antes de incluirlos en el permiso colectivo de porte de armas, le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal solicitar la revisión de los antecedentes penales al Sistema Nacional de Seguridad Pública antes de entregarles la placa o el arma.
Además, como ordena el artículo 45 Bis: “La Secretaria de Seguridad Publica, deberá evaluar periódicamente a los Miembros y llegar un registro y control, que comprenda por lo menos:
I.- La conservación de los requisitos de permanencia”.
Por acuerdo del XVIII Cabildo de Tijuana, a partir del 3 de marzo de 2006, se creó la Dirección Anticorrupción a cargo de la licenciada Olga Jiménez  “con la finalidad de crear controles de carácter preventivo mediante la aplicación de programas y estrategias tendientes a evitar que los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Incurran en Actos de Corrupción”, según leyó en su segundo informe de gobierno el ex alcalde Jorge Hank.
Aunque esta reforma no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado el sistema ha venido funcionando. Lo cual ya de origen es irregular. Sin embargo desde esa fecha esta dirección ha sido la responsable de realizar todas las revisiones y exámenes de confiabilidad a los agentes en activo y a los cadetes.
Los antecedentes localizados por este semanario muestran que el trabajo no ha sido escrupuloso, sus resultados no han sido 100 por ciento seguros, los reportes se han manipulado o de plano los responsables de contratar a los policías los han ignorado.
El resultado al final es el mismo. Algunos de los encargados de velar por la seguridad de los residentes de Tijuana son delincuentes conocidos no por extorsionar o morder sino por traficar con droga, robar autos e incluso dedicarse al lenocinio.

Requisitos “light”

Otro problema de los sistemas anticorrupción radica en los requisitos para obtener los documentos con que los aspirantes a policías acreditan la solvencia moral y el tiempo de residencia.
Para obtener la carta de no antecedentes se debe presentar el recibo de pago expedido por recaudación de Rentas del Estado, 1 Fotografía reciente tamaño infantil o credencial, original y copia de una identificación oficial, (Credencial de Elector Federal o Estatal, pasaporte mexicano, cartilla militar, licencia de manejo), indispensable.
Después corren el nombre completo con la fecha y lugar de nacimiento y esperan a que “brinque” algo.
Para obtenerla hay que pagar 120.25 pesos que ingresan a las arcas de recaudación del estado. Y como se pudo apreciar en la información obtenida por este semanario, se puede obtener la carta a pesar de contar con antecedentes.
Para la carta de residencia es todavía más fácil.
La solicitud se entrega en la delegación correspondiente o la Secretaría de Gobierno Municipal, el primer requisito planteado es comprobar seis meses de residencia sin embargo esta restricción se va al cesto en los siguientes puntos.
Los documentos para acreditar la estadía son: la credencial federal electoral, pasaporte, forma 13, cartilla militar, licencia de conducir, credenciales expedidas por paraestatales u organismos descentralizados, recibos de luz o agua.
Pero si no los tienen, pueden obtener la carta llevando una carta de recomendación, una carta de trabajo, una carta notarial o compareciendo mensualmente durante un semestre ante alguna autoridad municipal.
“Si no tuviere forma de comprobar parentesco ni residencia por compartir con personas no familiares, deberá de acreditar los requisitos exigidos, mediante el testimonio de dos personas, quienes puedan identificarlo y sepan y les conste el domicilio actual y tiempo de residencia en esta ciudad del solicitante de la carta de residencia, debiéndose presentar ante notario público y autoridad judicial para que rindan dicho testimonio, debiendo agregar al instrumento que contenga una fotografía, en caso de que no cuente con una”.
Este trámite cuesta poco más de 100 pesos, dos salarios mínimos.

¿Dónde quedó la bolita?

Al final, el problema es que el peloteo o el juego de la papa caliente parecen ser las estrategias preferidas de los titulares de seguridad pública de todos los órdenes de gobierno. Y si no, baste escuchar la respuesta del General de la Policía Federal Preventiva, Antonio Guzmán Cueto cuando se le preguntó de la depuración de la policía municipal de Tijuana en una conferencia de prensa realizada el 28 de abril en la Unidad Contra Robos de la Procuraduría del Estado de Baja California.
“Las depuraciones son a nivel de gobierno, Gobierno Municipal tiene que depurar a su personal, el estado igual, nosotros hacemos lo mismo cuando se presentan las situaciones
”Lo que se comprueba en ese mismo instante procedemos de acuerdo a las leyes”, sin embargo confirmó que siguen trabajando en el registro de voz e imagen de los policías locales.
El hecho es que mantener las corporaciones saneadas es una de las pocas responsabilidades manifiestas en las distintas leyes que responsabiliza a los tres órdenes de gobierno. Con diferentes números de artículos, pero todos los ordenamientos  obligan a los directivos a:
“Actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y las leyes que de ellas emanen;
”Abstenerse de realizar cualquier acto o incurrir en omisión, de forma tal que cause la suspensión o deficiencia del servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de su cargo, lo que incluye no tener antecedentes penales en México o en el extranjero.
Y resulta evidente que algunos no están haciendo su trabajo como corresponde.

RECUADRO

Fallas en el sistema nacional de Información
Agente Contreras Quiñónez  aclara

Presente en las instalaciones de ZETA el joven policía municipal de Tijuana Javier Contreras Quiñónez pidió aclarar que ya no tiene antecedentes penales. El nombre del joven fue incluido en la lista publicada en la edición 1717 de este semanario junto con su ficha como procesado por el delito de posesión de arma.
El hecho fue que el muchacho se vio involucrado en un problema, precisamente con policías municipales; después de un juicio que duró cuatro meses fue declarado con sentencia absolutoria, sin embargo sus antecedentes permanecen en el sistema porque él no fue informado de que debía enviar una carta al sistema con la sentencia pidiendo que el expediente fuera borrado.
“Hace siete años compartí recordatorios familiares con unos policías municipales, me la guardaron y tiempo después unos de sus compañeros me agarraron mientras corría haciendo ejercicio, se dieron cuenta quién era, me incomunicaron ocho horas y me remitieron con el ministerio federal a las dos de la mañana”.
Le sembraron una pistola. “Su error fue decir que me habían encontraron el arma en la bolsa derecha del pantalón y el ministerio público pudo ver que traía un pantalón deportivo sin bolsas. Pagué una fianza e inicie un juicio que gané”.
 “Cuando salió la nota fui con un juez y me dijo que el problema era que no había enviado una carta solicitando se eliminaran los antecedentes”, detalló el agente de tránsito.
Conteras explicó que cuando ingresó a la corporación los agentes con los que tuvo los dos pleitos ya no estaban y el creyó que los antecedentes tampoco.
Mostró a ZETA copia de la sentencia absolutoria con fecha en junio de 2001 y dijo que va a tramitar la eliminación de sus antecedentes penales los cuales fueron corroborados en el instituto de policía al ingresar. “A media academia vino gente de corporaciones de Estados Unidos para tomarles huellas y correrlas en el país vecino” y 15 días antes de egresar les pidieron de nuevo la Carta de no Antecedentes Penales.
Solicitó la aclaración porque la información proporcionada por el sistema nacional que se hizo pública ha originado comentarios negativos tanto a su familia, ante su esposa, su hijos y contra su persona.