Prescriben en el olvido.
Cuentas públicas sin aclararse
Obras realizadas sin licitación, trabajos pagados y no ejecutados, además de dinero que se dispuso sin sustento legal para servidores públicos son sólo unas cuantas de 46 irregularidades que encontró el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California. El Congreso local no aprobó la cuenta pública de egresos, patrimonial y de deuda pública de los ayuntamientos de los ejercicios fiscales 2002 y 2003.
Luis Pedro Arellano Sarmiento
Como si nada pasara, el patrimonio de la ciudadanía no es fiscalizado por los diputados ni por sindicaturas municipales correctamente. Pasa el tiempo y las irregularidades, algunas con sospecha de “daño patrimonial”, no son aclaradas y la prescripción se convierte en sinónimo de impunidad.
Todo solapado por representantes de los partidos políticos que ostentan la responsabilidad de vigilar la buena utilización de los bienes públicos.
Aunado a la inhabilitación por tres años que sentenció Sindicatura Municipal de Mexicali al ex presidente municipal y actual Senador Jaime Díaz Ochoa y tres de sus funcionarios durante el XVII Ayuntamiento, las cuentas públicas de 2002 y 2003 evidencian mala administración.
Obras realizadas sin licitación, trabajos pagados y no ejecutados, además de dinero que se dispuso sin sustento legal para servidores públicos son sólo unas cuantas de 46 irregularidades que presentan estas cuentas públicas según el trabajo realizado por el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California.
Esta situación de irregularidades no es privativa de Mexicali, pues el Congreso del Estado no aprobó la cuenta publica de egresos, patrimonial y de deuda pública de los ayuntamientos de los ejercicios fiscales 2002 el pasado 13 de diciembre y del año 2003, el 21 de diciembre.
Según la ley, una vez analizada la fiscalización de estas entidades públicas, se da plazo que no exceda de 60 días para que Sindicatura Municipal informe al Congreso sobre los faltantes de dinero o irregularidades administrativas al no tener contabilizado el patrimonio público.
A la fecha, el Síndico Procurador de Mexicali, Jorge Ignacio Gallego Salas, no ha enviado su respuesta a los legisladores.
Para conocer el trabajo de revisión en las cuentas públicas 2002 y 2003, ZETA solicitó una entrevista con el síndico, pero luego de varias insistencias y trece días de espera la petición no fue aceptada.
Con la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial el 29 de agosto de 2003, se incrementó de tres a cinco años para que si es detectada una irregularidad administrativa, pueda ser sancionado el funcionario público infractor.
Sin embargo y con la tolerancia de síndicos y diputados, las irregularidades administrativas de los ejercicios fiscales 2002 de todos los ayuntamientos del Estado, ya habrían prescrito sin que hasta la fecha haya quedado clara la fiscalización de estas entidades susceptibles al escrutinio popular.
Mexicali sólo un ejemplo
El dictamen 194 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público presidida por el diputado local Raúl López Moreno contiene 18 irregularidades que dieron como resultado que no se aprobara la cuenta pública patrimonial, la de egresos y la de deuda pública del municipio de Mexicali en 2002.
Esta resolución fue votada por la XVIII Legislatura apenas el 13 de diciembre del 2006.
La opinión sobre esa cuenta pública llegó del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California el 10 de noviembre de 2005; más de un año después, pasadas las elecciones federales de 2006, el dictamen fue sometido al pleno del Congreso del Estado.
Para empezar, la administración municipal del actual Senador Jaime Díaz Ochoa no cumplió con la normatividad al adquirir vehículos para la Dirección de Seguridad Pública, porque se apegó a su propia Norma Técnica Administrativa Relativa a la Adquisición de Bienes y Contrataciones de Servicio, pasando por alto así la Ley de Adquisiciones Estatal.
El sustento legal para afirmar tal incumplimiento, es que el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) señala que deberá utilizarse la ley estatal para realizar las adquisiciones, tal y como lo señala el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2002.
Se trata del sonado caso de vehículos comprados al negocio particular del Gobernador Eugenio Elorduy Walther, pero esta vez quien señala la ilegalidad es el Órgano de Fiscalización Superior. Con municipio, estado y federación en manos de un partido político, nunca pasó nada.
También es frecuente que por alguna falla u omisión de funcionarios, el padrón de bienes muebles o inmuebles no esté actualizado, razón por la cual no concuerda el patrimonio real con el contabilizado. Otras veces no existe la documentación para acreditar la propiedad legal de algunos terrenos o locales del ayuntamiento, específicamente de 244 lotes que fueron enajenados por el Gobierno del Estado el 14 de septiembre de 2001 y el 26 de julio del 2002, pero no aparecen ni en el padrón de bienes inmuebles, ni en el Registro Público de la Propiedad, ni en registros contables.
También, se encontró duplicidad en el registro contable de patrimonio por la cantidad de un millón 992 mil pesos derivado de donación de equipo de transporte del FOSEG.
Las observaciones del Órgano de Fiscalización señalan una deuda millonaria no reconocida en estados financieros municipales por hasta 117 millones de pesos por consumo de agua. Esta deuda fue confirmada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
Un caso especial es que no se justificó el pago de 2 millones 248 mil pesos a 23 funcionarios públicos, al no cumplir con los dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal de Baja California por lo que se presume “la existencia de un daño patrimonial”, según señala el órgano fiscalizador a cargo del doctor Víctor Adán López Camacho.
Aún cuando ya habría prescrito una probable responsabilidad administrativa según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la posibilidad de sancionar penalmente no ha prescrito.
Sobre la deuda no atendida a Banorte en el XVII Ayuntamiento de Mexicali, el actual Presidente Municipal Samuel Ramos Flores denunció en su momento la necesidad de pagar a esta institución bancaria. Al 6 de marzo de 2007, el edil dijo que se había pagado más de 300 millones de pesos en deudas que arrastraba el ayuntamiento.
2003
Continuando con el dictamen 222 correspondiente a la cuenta pública 2003 del municipio de Mexicali, la situación está igual pues tampoco se aprobaron las cuentas públicas de egresos, de patrocinio y de deuda pública. Además, no necesariamente se trata de asuntos arrastrados de años anteriores.
Esta vez la cuenta de 2003 sólo estuvo dos meses en el Congreso antes de ser votada en el pleno, pues llegó el 4 de octubre de 2006 y fue presentada a todos los diputados el 21 de diciembre pasado. Fueron 28 las observaciones en ese ejercicio fiscal del año 2003.
Por lógica, los asuntos no aclarados del 2002 son los mismos del 2003. En este ejercicio fiscal la deuda con la CESPM incrementó a 158 millones 397 mil pesos; además la presunción del daño patrimonial erogados por gasto de ejecución sin atender lo estipulado en la Ley de Hacienda Municipales, en ese año fue por un millón 998 mil pesos que se repartió esta vez entre 35 servidores públicos. El razonamiento del daño patrimonial es “por no participar en la función que tiene que ver directamente con el procedimiento administrativo de ejecución”.
El trabajo del Órgano de Fiscalización Superior no se limita a la revisión de documentos sino que, con trabajo de verificación de campo pudo detectar diversas irregularidades.
Del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que fue de 39 millones 074 mil 161 pesos, se llegó a la conclusión que 10 millones 62 mil 85 pesos fueron aplicados en zonas “que no cumplen con la condición de rezago social y pobreza extrema”, estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
En lo que a obra pública se refiere, la construcción del drenaje pluvial, banquetas, instalación de sistemas de riego y relleno de dren en la pavimentación de la calle Novena de avenida Proyecto a Canal Independencia, se realizó sin licitación pública.
“La entidad primero ejecutó la obra y tres meses posteriores, aprobó, adjudicó y contrató dicha obra”, señaló el Órgano de Fiscalización.
También hubo pagos injustificados al contratista por concepto de acarreos y excavación de tierra.
La obra de pavimentación de la calle Novena del Canal Independencia a Calzada Aeropuerto se adjudicó en una cantidad a pagar por 5 millones 472 mil 40 pesos pero al final costó 7 millones 481 mil 395, lo que significó un 36.8 por ciento de variación en lo proyectado. Esto contraviene los artículos 21 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado.
Hasta en la tan nombrada plaza “El Centenario” donde está instalada una enorme bandera mexicana se realizó un pago indebido al contratista por obra no ejecutada por 69 mil 584 pesos porque faltó por hacer un “muro de contención y la construcción de destellotes”.
Del dinero proveniente del Ramo 33 también se realizaron pagos indebidos de obra pagada y no ejecutada por 306 mil 962 pesos.
Además, se otorgaron anticipos de sueldos a servidores públicos y al 2004 se encontraba pendiente por recuperar 29 mil 500 pesos. Esta práctica no está regulada.
Estos casos son sólo por mencionar algunos faltantes de dinero en la administración pública del municipio de Mexicali.
Inhabilitación
Apenas el 23 de enero pasado, el Síndico Procurador Jorge Gallego Salas hizo pública la inhabilitación de Díaz Ochoa por tres años. Sanción que entrará en vigor una vez que termine sus seis años de fuero como Senador, si es que alguna autoridad superior no revoca lo determinado por sindicatura.
El fallo de inhabilitación también fue contra otros tres ex funcionarios del XVII Ayuntamiento: entre los cuatro deberán pagar por multa un millón 577 mil 790 pesos.
Según se informó, los ex funcionarios señalados vendieron diez terrenos del fraccionamiento Hacienda del Sol al señor Mario de Anda Loy, a un precio menor que su avalúo real.
La investigación de sindicatura fue turnada a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la presunción de delito de peculado en perjuicio de las arcas municipales.
Además de Díaz Ochoa, el ex Oficial Mayor Fernando del Rayo Ramírez también fue inhabitado tres años; quienes fueran jefe de Recurso Materiales, José Alfonso Matus Apodaca y Fernando González Castro, Coordinador de Control Patrimonial, fueron sancionados con dos años.
La irregularidad mayor fue que se vendieron esos diez terrenos en 2004 sin haber realizado licitación pública y a precio de venta del año 2003. Con esto se dejó de recaudar 17 mil pesos por lote y un total de 175 mil 310 pesos.
Específicamente el metro cuadrado se vendió en 350 pesos, cuando según la tabla de valores catastrales era de 450 pesos y de 500 pesos a decir de la Comisión Estatal de Avalúos.
En este caso específico y luego de conocer el fallo, el actual senador comentó que hubo una irregularidad en el procedimiento para llamarlo a rendir cuentas, y acudió al amparo federal el cual obtuvo.
Su amparo es por la forma, no por lo integrado en la investigación, sostuvo Gallego Salas.
El ex presidente municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa no mintió al decir que era imposible estar vigilando a la totalidad de sus funcionarios.
La comisión
Para el presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, López Moreno, la prueba de que el trabajo se está haciendo responsablemente es que el pleno del Congreso ha remitido a la PGJE cuatro peticiones de investigación por la presunción de delitos por parte de servidores públicos.
Se refiere al caso de 55 facturas apócrifas utilizadas por regidores del XVII Ayuntamiento de Tijuana y el asunto de la Inmobiliaria Estatal Tijuana-Tecate (INETT) donde se pagó obra no realizada.
Es necesario señalar que esta XVIII Legislatura recibió un rezago de más de 150 cuentas públicas, incluidas las de los ayuntamientos de 2002 y 2003. El retraso es una consecuencia más de la toma violenta de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, ocurrida el 12 de junio del 2004, situación que detuvo por meses el trabajo de fiscalización en el Congreso.
Para el diputado Obed Silva Sánchez, coordinador de los priístas e integrante de la Comisión del Gasto Público, toda esta información sobre los resultados de la cuenta pública debería estar en la página de Internet de Congreso del Estado porque no está catalogada como reservada.
Antes del 29 de agosto de 2003, la Ley señalaba que en tres años después de ostentar un cargo público prescribía de sancionar administrativamente a quienes incumplían la ley; con la nueva ley el plazo se incrementó a cinco.
“De lo que se trata es de mejorar la administración pública. No creo yo que la facultad de fiscalización tenga necesariamente que ver con la imperiosa idea de meter a la cárcel a alguien o funcionarios; creo que debe ser más tendiente a mejorar la prestación de los servicios públicos en la administración pública y cuando haya irregularidades evidentemente sancionarlas”, señaló el priísta.
Según las actuales leyes, las sindicaturas tienen para informar 60 días después que el Congreso le turne las observaciones de cada dictamen en las que no aprobó las cuentas públicas de ingreso, patrimoniales y de deuda pública.
El trabajo de investigación para explicar qué fue lo que pasó en cada caso recae en las sindicaturas municipales.
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