En Mexicali.

Policías protegen narcos

Un detenido acusó a policías ministeriales y municipales de la capital de brindarle protección a cambio de dos, tres mil dólares por visita de los agentes. Otro joven, un aspirina, fue asesinado frente a los agentes que lo utilizaban. Además, en lo que va de 2007, doce ministeriales han sido consignados. Dos de ellos, y un municipal, son investigados por su participación en el atentado a Díaz Lerma, bajo las órdenes de narcotraficantes.

Sergio Haro Cordero

Viendo hacia el suelo, esposados y bajo un fuerte resguardo policíaco, la semana anterior fueron regresados a Mexicali los integrantes de un comando al que se le vincula –entre otras cosas– con el atentado, en  abril del año pasado, contra el entonces Secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Díaz Lerma.

Entre el grupo venían tres policías.

Uno, el subcomandante de la Policía Municipal, Juan Abdón Ponce González. Dos ministeriales, Rafael Cruzley Rojas y Jorge Antonio Heredia Álvarez, quienes serán juzgados en Mexicali.

Son apenas un eslabón de una larga cadena donde el vínculo de agentes policíacos –sean ministeriales, municipales o estatales preventivos– ligados precisamente a quienes deben de combatir, a la delincuencia, a la mafia, a los grupos organizados.

Pero este vínculo es riesgoso. Apenas hace dos semanas un agente de la Policía Ministerial fue acribillado cuando salía de una universidad privada aquí en Mexicali.

Se trata del agente Héctor Javier Perea Carrillo, de quien trascendió que en el momento de su muerte se le seguía un expediente en la dirección de asuntos internos por diversas acusaciones. No sólo a él, sino a varios ministeriales involucrados en el mismo caso.

Oficialmente se dijo que el agente tenía varios años en la corporación, había ingresado en marzo de 1997, para ser destituido en julio del 2000.

Lo acusaron de uso indebido de su cargo. Perea Carrillo interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y el organismo falló a su favor y fue reinstalado en marzo del 2002. Aparecía como acusado en varias averiguaciones, fundamentalmente por los delitos de daños en propiedad ajena, lesiones, allanamiento de morada y abuso de autoridad.

Pese a su muerte, los casos siguen vigentes porque hay otros involucrados.
Menos de un mes atrás, en la zona de Palaco, ahora un ex agente ministerial fue también acribillado. Inmóvil, baleado, así quedó sobre la lujosa camioneta Escalade blanca, Santiago Barrón Coronel.

Según datos de Asuntos Internos de la Policía Ministerial, en todo el 2006 se presentaron un total de 47 remociones de agentes de la policía ministerial a quienes se les comprobó el involucramiento en algún tipo de ilícito.

De esta suma sólo 4 fueron de Mexicali.Pero este 2007, en apenas un mes –enero– van 12 agentes consignados.

Guardias de lujo

A bordo de un Spirit rojo, blindado, Gilberto Higuera se paseaba por las calles de Mexicali. Lo escoltaban agentes de la Policía Ministerial que estaban a su servicio.

Cuando fue detenido en el Valle de Mexicali trascendió que la casa que ocupaba en el Poblado Guadalupe Victoria, era propiedad de un agente de la Policía Ministerial adscrito a Ciudad Morelos.

Pero el caso del “Gilillo” no era el único.

Gerardo Garibay, “El Gera”, en una declaración oficial, en el seguimiento a un caso donde siete jóvenes sinaloenses fueron masacrados y quemados en el Rancho Garibay –en junio de 1999, en pleno Valle de Mexicali– expuso:

 “... Cada comandante que llegaba a la zona del Valle de Mexicali o al Ejido Hermosillo iban y buscaban al declarante para que les diera dinero para sus gastos o gasolina, dado que sabían a lo que me dedicaba (...) dándole cada vez que lo veía entre 2 a 3 mil dólares, siendo que el policía municipal apodado El Nico y a los demás policías los cuales no puedo precisar nombres pero recuerdo algunos apellidos, los cuales son Manríquez, Julio César Orantes, Juan García y más que no recuerdo ni nombres ni apodos, todos éstos nos brindaban protección”.

Así de sencillo.

Ministeriales, Estatales, Municipales:
Coordinados para delinquir

En octubre del 2002, el cuerpo de Pablo Miranda González fue encontrado apuñalado y quemado en una orilla de la colonia Mezquital. Su padre, Francisco Miranda, denunció sin tapujos que su hijo era “madrina” en la Policía Ministerial y que encabezaba operativos no oficiales contra tienditas vende droga donde además participaban agentes de la Policía Ministerial.
El padre del joven tenía una lista hecha a mano con teléfonos de agentes con los que andaba su hijo, pero nadie le hizo caso. Denunció a dos de ellos –con los que más ronda hacía el joven asesinado– de apellidos Urías y Ahumada a quienes se les tomó declaración y siguieron como si nada.
Hace un año, el 7 de febrero del 2006, fue detenido uno de los involucrados en el asesinato, Jesús Orlando Orozco Morales, quien confesó el crimen bajo la justificación de que el joven le había ganado con un “ocho” de crystal y confirmó lo dicho por el padre: Pablo siempre andaba con policías ministeriales, uno de apellido Carmona y el pareja de éste quien se acercaban a pedirle dinero.

En su declaración ministerial dijo que ambos policías estuvieron en la escena del crimen cuando entre varios apuñalaron al muchacho.
A los dos días Orozco Morales fue liberado por el juez, bajo el argumento que se trató de una detención ilegal.

Tuvieron que pasar varios meses para que nuevamente fuera detenido y encarcelado.
“Y a los ministeriales, nadie los ha investigado” se ha quejado el señor Miranda.

La primera semana de septiembre del 2004, un casacambista en pleno centro de la ciudad fue casi secuestrado en su negocio en Lerdo y Calle Bravo. Alcanzó a escapar y denunció que quienes lo quisieron levantar fueron agentes de la Policía Estatal Preventiva. Según la versión que aportó al propio Procurador Estatal y al Secretario de Seguridad Pública, agentes municipales se presentaron al lugar del incidente y los secuestradores les sacaron credenciales de la Policía Estatal Preventiva, la corporación de la que se han ufanado por su profesionalismo y compromiso en el combate a la delincuencia.

Hace apenas dos meses, el Subcomandante de la Policía Municipal, Juan Abdón Ponce González fue detenido por agentes federales. Lo acusaron de haberse involucrado con los integrantes del comando que en abril del 2006 emboscaron en la zona del Fraccionamiento Hípico –pegado al Canal Todo Americano, a la línea– al Secretario de Seguridad Manuel Díaz Lerma.
El 7 de enero de este año, fueron capturados por las fuerzas policíacas por similar señalamiento los agentes de la Policía Ministerial Rafael Cruzley Rojas y Jorge Antonio Heredia quienes fueron arraigados por la PGR en la ciudad de México y apenas la semana pasada regresados a Mexicali para que se siga el proceso en el Juzgado I de Distrito, con sede en Mexicali.

No somos inquisidores
Rafael Ladrón de Guevara tiene una larga trayectoria al interior de la Procuraduría Estatal. Fue director de la Policía Judicial en tiempos de Ruffo, más recientemente titular en Averiguaciones Previas y desde hace un año –cuando el titular, Alcázar fue enviado a la Subprocuraduría de Ensenada– Ladrón de Guevara ocupó la Dirección de Asuntos Internos.

El funcionario explicó que las quejas las reciben directamente de los ciudadanos. Primero se hace una investigación para el procedimiento administrativo, o si en su caso se deriva un hecho delictivo, termina en una Averiguación Previa Penal.
Dijo que también los casos mencionados en los medios de comunicación les marcan una pauta de una “actividad incorrecta” por parte de algún funcionario de la Procuraduría, por lo que de oficio se inicia una investigación.
En caso de Averiguación Previa –explicó– en cada Jefatura de Zona existen, por Asuntos Internos, los agentes canalizadores, unos para averiguación previa u otra para en caso de falta administrativa. 

“Asuntos Internos no es una instancia inquisidora –afirmó el titular de esa área–, no es sólo ver y castigar, sino se hace una balanza de justicia, cada investigación va canalizada hacia la verdad, de ahí se deriva si es procedente o no lo que marca la ley”.

Y de ahí puede derivarse ya sea una remoción, o una consignación, o una recomendación o suspensión preventiva o correctiva.

Resaltan algunos datos, como el que en el 2006 se presentaron un total de 47 remociones de agentes de la Policía Ministerial en todo el Estado, cuatro de éstas sólo en Mexicali. Pero en ese mismo lapso fueron 44 los elementos consignados y un total de 112 recomendaciones, la gran mayoría dirigidas a Secretarios de Acuerdos. Sólo tres a agentes.

Pero en el 2007, en apenas un mes documentado –enero– ya van 17 agentes consignados, 11 de ellos tan sólo en Mexicali. Aparte, en apenas un mes ya suman siete los agentes suspendidos, mientras siguen las investigaciones.

En Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública suman 37 casos de agentes de la Policía Estatal Preventiva removidos –a los que se suman 37 custodios, guardias carcelarios– del 2004 a la fecha, de acuerdo al titular de esa área desde hace apenas una semana, Edgar Coss.