A un año de su creación

Subprocuradurías, Incompletas

Las subprocuradurías de Tecate y Playas de Rosarito, creadas el año pasado más por capricho político que por reclamo de la ciudadanía, aún carecen de unidades especializadas como atención a víctimas de delitos sexuales y personas extraviadas.

Lauro Ortiz Aguilera
Fotos Ramón Blanco

Hace un año que las subprocuradurías de Tecate y Playas de Rosarito fueron abiertas para la atención de sus residentes. Con ello quienes tienen la necesidad de recurrir ante un agente del Ministerio Público, ya no tendrían que viajar a Tijuana a presentar denuncia o querella alguna.

En aquella ocasión y a propósito de la apertura de estas dos nuevas representaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se agregaron a las tres existentes para contar con una en cada uno de los cinco municipios bajacalifornianos, ZETA tituló “Innecesarias subprocuradurías en Tecate y Rosarito”.

Como argumento al cuerpo de la información, se hizo referencia a que la estadística delictiva en esos dos municipios era en menor grado a zonas tan pobladas como la zona Este de Tijuana, donde la agencia del Ministerio Público del Mariano Matamoros resultaba insuficiente.

Evidentemente la apertura de estas dos representaciones de la PGJE ayudó a disminuir el rezago de las averiguaciones previas de la subprocuraduría de Zona en Tijuana, pero hay asuntos de gravedad como los de atención a víctimas de delitos sexuales, que se siguen atendiendo en esta ciudad.

La falta de personal e infraestructura, ha obligado a las autoridades estatales de estos municipios, a recurrir al apoyo de personal de la subprocuraduría en Tijuana, lo que por lógica genera inconvenientes a los denunciantes, y en muchas ocasiones optan por no seguir adelante con sus querellas.

Así, después de 14 meses de iniciada las operaciones de las subprocuradurías de Tecate y Playas de Rosarito, la situación poco ha cambiado.

-No existe una unidad especializada en atención a víctimas de delitos sexuales.
-No hay una unidad de homicidios dolosos.
-Tampoco una que atienda delitos patrimoniales o lesiones.

Todos los delitos que son denunciados ante estas dos subprocuradurías, son atendidos por los mismos Ministerios Públicos por igual, cuando por lo delicado del asunto, como el caso de una violación sexual, debería existir personal capacitado, médicos y psicólogos.

De acuerdo al área de comunicación social de la PGJE, cuando se presenta el caso de una víctima de delito sexual, el Ministerio Público de Tecate o Playas de Rosarito integra la averiguación previa, pero después de las cuatro de la tarde, la víctima es canalizada a la Subprocuraduría de zona en Tijuana, al área de psicología para que sea atendida.

Esta situación complicada ocasiona trastornos hacia quien requiere atención urgente, pues si la persona afectada carece de vehículo, o tiene que recurrir a uno del transporte público, el tiempo perdido es valioso en estos casos.

En la subprocuraduría de Tecate las cosas están peor, pues el área de psicología no cuenta con un médico, por lo que también las víctimas se ven obligadas a trasladarse hasta Tijuana.

Un año y todo sigue igual

A más de un año de haberse instaurado la subprocuraduría de zona en el municipio de Playas de Rosarito, las cosas siguen igual, y aquella decisión calificada por abogados como política para beneficiar a un grupo de prominentes panistas, se robustece cada vez más, ya que en lugar de beneficiar a la ciudadanía, se ve afectada por la falta de unidades orgánicas que atiendan asuntos delicados como el secuestro, homicidios, o delitos sexuales.

Los casos de secuestros siguen investigándose en Tijuana, cuando se resuelve un homicidio, lo anuncia la subprocuradora en Tijuana, como fue el caso de una dama asesinada en Rosarito.

La comunidad de esa demarcación poco conoce al subprocurador Carlos Elliot Larios, y su bajo perfil hace que se mantenga encerrado en su oficina. Públicamente sólo se le vio el día que se le rindió protesta, y de eso ya pasaron 14 meses.

Cuando se presenta un ataque sexual hacia un niño y mujer, son canalizados a Tijuana, pues sólo se expide el certificado ginecológico, en virtud de que no existe la agencia especializada en atención a estas personas.

Señal inequívoca de que todo marcha igual que hace un año, es que las averiguaciones previas las siguen turnando al Juzgado Mixto, pues aún no se crean otros juzgados dado que las consignaciones al Tribunal Superior de Justicia no rebasan la capacidad para abrir otros como civiles o penales.
Las relativamente nuevas subprocuradurías de Playas de Rosarito y Tecate comenzaron a trabajar sin personal suficiente y sin las instalaciones adecuadas para ello.

En un principio quedó comprobado cuando el crimen de la dama suscitado en Playas de Rosarito, lo investigó la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos de Tijuana. A tal grado llegó el problema de la falta de infraestructura, que hasta una rueda de prensa se organizó en las instalaciones de esta ciudad para dar a conocer el resultado de las indagatorias realizadas por el personal de Tijuana.

Otro ejemplo es que el Servicio Médico Forense (Semefo) sigue haciendo sus tareas dentro de una funeraria local. Y Servicios Periciales, que tiene una importante aportación en las investigaciones, como es la recolección de evidencias, hace sus trabajos en pequeño cubículo.

Rosarito en el olvido

A consecuencia de la falta de unidades especializadas, grupos organizados del municipio de Playas de Rosarito, se han dado a la tarea de crear oficinas para la atención a víctimas como las que han sufrido ataques sexuales o han padecido violencia intrafamiliar.

Su labor ha sido reconocida por autoridades locales, pero se han topado con la desconsideración de las estatales, quienes en lugar de apoyar estos programas, prácticamente son ignorados.

Gloria Ramírez Vargas, regidora de Rosarito por el Partido de la Revolución Democrática, abrió desde octubre del año pasado, una oficina en la que precisamente  se les brinda atención a mujeres y sus hijos cuando han sido víctimas de violencia familiar o sexual.

Solamente de ese mes a diciembre de 2006, la oficina recibió la solicitud de apoyo de 36 casos de violencia familiar, de los cuales a 28 se les dio seguimiento hasta su consignación ante un juez.

Según la funcionaria rosaritense, la oficina inició como un proyecto piloto que pretendía conocer los índices de violencia familiar en esa ciudad, y el financiamiento corrió a cargo de Indesol, Paimef e Inmujer.

Pero fue tal la necesidad de atender a las mujeres maltratadas o violadas, que se les comenzó a dar asesoría jurídica para que presentaran en tiempo y forma sus denuncias  ante la Representación Social, apoyo psicológico y de trabajo social. 

De acuerdo a la regidora Ramírez Vargas, en un principio tuvo dificultades para que el gobierno municipal la apoyara con recursos para financiar el proyecto, y la aportación de un espacio para la atención de estas víctimas.
Hoy el desinterés por esta causa ha invadido a las autoridades estatales, quienes en un afán de ignorar las acciones realizadas por la regidora, ni siquiera responden los oficios que la funcionaria les ha enviado solicitándoles un soporte para continuar con su labor.

El 25 de enero del año en curso, la oficina encabezada por la regidora Ramírez Vargas, quien es presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Derechos Humanos, envió un oficio a nombre de la Unidad de Atención para Mujeres y sus Hijos Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, pidiendo al procurador estatal Antonio Martínez Luna, la formación de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales en las instalaciones de la Subprocuraduría de Playas de Rosarito.

Sin embargo hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respuesta.

El fallo de la PGJE

La creación de las dos Subprocuradurías de Justicia implicó nombrar al titular, un secretario auxiliar, un director de Averiguaciones Previas con dos auxiliares por lo menos, un director de Control de Procesos y sus auxiliares, agentes del Ministerio Público especializados en la atención a robos de vehículos, delitos patrimoniales, unidad de homicidios, unidad contra la violencia sexual, unidad contra el patrimonio, jefe administrativo y auxiliares, comandante de la Policía Ministerial y sus elementos, unidades receptoras del Ministerio Público, vehículos, además de un laboratorio de servicios periciales.

La erogación mensual por concepto de salarios es millonaria, y en los hechos la operación de estas subprocuradurías ha beneficiado en muy poco a los que por alguna causa requieren de sus servicios, pues como ya se ejemplificó, la ciudadanía tiene que acudir a Tijuana para completar su denuncia.

Una buena estrategia habría sido reforzar las agencias del Ministerio Público del Orden Común que ya existían en esos municipios, y no elevarlas al rango de subprocuradurías.

El ahorro de recursos públicos, sueldos, compensaciones, gastos de oficina, papelería, luz, agua, limpieza, gasolina para las unidades y mantenimiento de las mismas sería sustancial.

Y más cuando todavía los agentes del Ministerio Público siguen integrando cualquier delito por igual. Mientras el incremento a la estadística de denuncias y en consecuencia el rezago de las mismas sigue su paso.