CALIENTE

El colmo. Eran casi las seis de la tarde del lunes 26 de marzo. Ante la mirada atónita de los guardias del casino Caliente, en calle cuarta y avenida Revolución, un pillo salió huyendo después de arrebatar la bolsa a una dama. Sucedió mientras los vigilantes abrían las puertas del recinto para dar paso a los apostadores. El par de corpulentos nada pudieron hacer. Se observaban uno al otro sin encarar la fechoría de aquel veloz que inmediatamente hacía entrega del botín a otro individuo establecido frente a un local cercano a la Calle Madero. Mientras la agredida exigía la persecución a los encargados de seguridad del lugar, un policía obeso apareció en lento correteo sin éxito. Prácticamente ni los negocios del priísta Jorge Hank se salvan de la inseguridad y la impunidad hacia los delincuentes. Ahora sí que sus promesas no las cumple ni en su casa.

Enfermo

El director de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, Alfredo Pérez Hernández, traía una agenda pública muy activa, pero la suspendió a partir del 18 de marzo. Desapareció y generó especulaciones. Reporteros mencionaron su ausencia como algo sospechoso, incluso agregaron que se debía a que mafias externas y grupos políticos internos no lo dejaban trabajar. Que lo querían fuera. Sin embargo las razones de su ausencia son más biológicas, Pérez Hernández fue internado el 18 de marzo de emergencia en un hospital de Rosarito por un cuadro infeccioso mayor gastrointestinal, lo operaron el día 21 y le dieron de alta el 25. Ha despachado los asuntos urgentes desde su lugar de recuperación y la semana entrante reiniciará la agenda pública en el joven municipio.

Ciudadanos contra ciudadanos

Las irregularidades cometidas en los dictámenes y nombramientos emitidos por el Consejo Estatal Electoral que coordinará las elecciones locales 2007, despertaron el interés de organismos no gubernamentales. No quieren dejar solos a los consejeros. Menos cuando existe evidencia suficiente que los hizo llegar a una determinación: El consejo electoral representa intereses políticos y no ciudadanos. Ante la gravedad del asunto y la corrupción de un organismo que debiera ser neutral, organismos empresariales, clubes sociales y colegios de profesionales decidieron crear la Alianza Ciudadana por la Transparencia Electoral. Su función será evaluar cada una de las acciones del árbitro de las elecciones. Una vez emitidas las resoluciones electorales pasarán por el cedazo de profesionales del derecho que verificarán si los consejeros están cumpliendo con lo ordenado en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales… y lo harán público. En términos de la Ley, esta alianza no puede influir en la vida legal del consejo el cual no tendrá obligación de atender las resoluciones ciudadanas. Así que podrán hacer que no los ven, como han hecho con los antecedentes partidistas de los funcionarios electorales que nombraron, o la propaganda fuera de tiempo en televisión y espectaculares. Pero sus promotores dicen que se trata de encender las luces, que los consejeros que hasta ahora han actuado impunemente, se den cuenta que los ciudadanos serán informados de la calidad de sus decisiones. Después que elijan y den posesión a  quien será el vocero de la Alianza, la primera actividad será presentar una evaluación de las decisiones que los consejeros han tomado en los últimos tres meses. O sea, un organismo ciudadano para vigilar a otro organismo ciudadano.

Buscando la fortuna

Relajado, aunque con el gesto un tanto de enfado, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Javier Algorri, reposaba con los pies en alto, sobre una máquina tragamonedas. Probaba su suerte lejos de Tijuana, al otro lado de la línea, en un casino cercano a Oceanside, por los rumbos de Valley View. Nadie se le acercaba. Lo más probable es que allá nadie lo conocía. El anonimato también es rico. Algorri estaba solo con sus monedas, concentrado en las figuras que circulaban velozmente en la pantalla electrónica, sin otro pendiente que el de la fortuna momentánea que tampoco le llegaba. Eran las 3 de la mañana, horario de Estados Unidos de un domingo 25 de marzo.

Murió empresario

Las dos sucursales del restaurante de comida japonesa, Aki Sushi, una en el bulevar Agua Caliente y la otra en Playas de Tijuana, amanecieron el jueves 29 de marzo de luto. Un moño negro en lo alto de la puerta anuncia el fallecimiento de uno de sus dueños: José Luis Hernández Osuna. Falleció el 27 de marzo tras varios días de haber sido mantenido con vida sólo gracias a aparatos. La muerte de Hernández es consecuencia del atentado que sufrió por parte de un desconocido la tarde del 15 de marzo mientras salía de su negocio. Un hombre solitario le disparó y al huir dejó el arma cerca de la escena del crimen. La búsqueda del asesino por parte de la  Procuraduría de Justicia del Estado está concentrada en el grupo de traficantes que lo reclutó siendo joven para involucrarse en el cruce de drogas al menudeo a Estados Unidos. La muerte del empresario se suma así a la lista de ejecuciones en Tijuana.

Volando bajo

El miércoles 27 de marzo, en los linderos del bulevar Benítez en La Mesa de Tijuana, un helicóptero de la Policía Federal Preventiva surcó los aires. Muy bajo para el gusto de residentes, conductores y transeúntes de la zona. Justificaron la molestia pensando que se trataba de una investigación oficial. De una persecución o la investigación de algún delito. Pero no. Nada más alejado. Policías Federales echaron a andar el aparato a un elevado costo para el erario: Lo utilizaron para buscar una camioneta Escalade con reporte de robo. Finalmente la encontraron, la lavaron (es color champaña) y la llevaron a la aseguradora privada, donde les pagaron una lana por la recuperación. El dinero no entró a las oficinas de la PFP, se fue directo a los bolsillos de los agentes que como tienen prohibido combatir al crimen organizado o a “La Maña”, se dedican con recursos públicos a recuperar carros robados. Lo que se dice, volar bajo.