Ignorado

Sin duda el mayor menosprecio que ha recibido el procurador de Baja California, Antonio Martínez Luna, en sus cinco años que tiene como fiscal, fue el de su propio jefe, el gobernador Eugenio Elorduy Walther, y el del procurador general de la república, Eduardo Medina-Mora de Icaza.
Durante un acto en el que confluyeron los procuradores de la zona Noroeste y Noreste del país, y en el que Martínez Luna fue el anfitrión en un majestuoso hotel de Ensenada que tiene su propia marina, se esperaba el arribo del gobernador y procurador federal para encabezar una reunión en la que se tomaron acuerdos relacionados con la homologación de algunos delitos.

Anunciada como una reunión cumbre sin precedente para el puerto, de última hora el procurador Medina-Mora de Icaza canceló su viaje y envió como representante a un funcionario de tercer nivel, dando muestra de su desinterés y restándole importancia al evento. Ni siquiera se molestó en enviar a por lo menos uno de los tantos subprocuradores que tiene la dependencia federal.

La pregunta que surge de inmediato es si el abogado de la nación tuvo razón en cometer esa descortesía. O si al gobernador le importa poco lo que a la mesa de las discusiones y acuerdos, lleve su procurador en materia de los delitos que se comenten en Baja California, y envíe a un asesor externo a que encabece el acto inaugural.

Plantados por ambos personajes, a los procuradores de Durango, Sinaloa, Nuevo León, Sonora y Baja California, no les quedó otra que sacar sus apuntes e iniciar los trabajos que los llevaron a la conclusión de homologar ciertos delitos.

Tan fácil debió haber sido ponerse de acuerdo, que previamente los procuradores conocieron el posicionamiento y documentos que cada uno de ellos presentaría en la reunión. Sólo faltaba la rúbrica de todos para elevarlo a documento oficial.

El dispendio de recursos públicos para este tipo de actos resulta muy caro para los bajacalifornianos, y más cuando el gobernador del Estado o el procurador de la República con su decisión de no asistir, se desentendieron y prácticamente ignoraron a Martínez Luna y el resto de los procuradores.
Actualizar y evaluar los sistemas operativos y de inteligencia implementados en la lucha contra la delincuencia, como fue anunciado el objetivo de esta reunión en el puerto de Ensenada, pudo haberse hecho sin necesidad de ésta. Sólo es cuestión de que los funcionarios que promueven este tipo de actos tengan la capacidad de liderazgo y voluntad para encabezarlos.

Acto tras acto, los discursos gubernamentales en materia de lucha contra el crimen llevan como columna vertebral, la famosa y tan socorrida coordinación entre corporaciones, las secretarías de seguridad pública y las procuradurías estatales.

Pero en los hechos la realidad es otra y cada uno hace lo suyo en el ámbito de su competencia. Cada quien con sus intereses.
Los bajacalifornianos están cansados de ver una reunión por aquí y otra por allá, que al final resultan estériles y sólo sirven para que los funcionarios y sus colaboradores, como en este caso, pasen unos días hospedados en hoteles de lujo con cargo al erario público.