Los cuatro agentes estatales ejecutados en Mexicali estaban relacionados

Ministeriales asesinados

Aun cuando fueron retirados por sus antecedentes negativos, los agentes de la Policía Ministerial del Estado nunca fueron detenidos. Integrantes del crimen organizado los han ido ejecutando. El hilo conductor de la relación entre policías es el narcotráfico, en especial, la célula del Cártel Arellano Félix en Mexicali.

Luis Arellano Sarmiento
Sergio Haro Cordero

En un paraje aislado, cercano al Parque Industrial, fue encontrado el viernes pasado el cuerpo de un hombre. Tenía huellas de tortura, estaba envuelto en una cobija y el rostro desfigurado a balazos.

Por eso fue difícil reconocerlo.

Horas después trascendió que se trataba de Carlos Aboytes Rodríguez, agente de la Policía Ministerial.

Aboytes es el cuarto agente de esa corporación asesinado o desaparecido en Mexicali en poco más de un mes.

* Diego Hernández Leyva desapareció después de sufrir al menos dos atentados.
* Jaime Ruelas fue asesinado en un bar de Mexicali en agosto de 2006.
* Santiago Barrón, acribillado a bordo de una lujosa Escalade blanca, después de ser desligado de la corporación.
* Javier Perea fue baleado hace dos semanas cuando salía de una universidad privada.
* Aboytes apareció salvajemente golpeado y también acribillado.

Pero hay un eje común –aparte, que casi todos habían sido suspendidos o tenían expediente abierto en Asuntos Internos-: Eran parte de un integrado equipo que, se supone, trabajaba también para la delincuencia.

Aunque en la Procuraduría han montado un velo en torno al origen de los crímenes, han trascendido varias versiones que tienen que ver con la participación de agentes en hechos delictivos.

A Santiago Barrón y Perea Castillo se les ha vinculado con Jesús Manuel Castillo, un agente asesinado en noviembre del 2001 en Villas del Rey. Éste a su vez fue relacionado con Víctor Manuel Contreras, alias “La Tamalera”, detenido en San Luis Río Colorado en auto del año y a quien se le relacionó con el Cártel de Sinaloa.

Otra versión extraoficial apunta que después del asesinato de Barrón se decomisaron cerca de 600 kilos de cocaína.

Así, agentes ministeriales son asesinados ante la indolencia de la Procuraduría estatal. La lista de ejecuciones es larga y la secuencia parece no tener fin. 

Jaloneo por la plaza

Con los asesinatos de Carlos González Félix el 13 de octubre 2003 y Miguel Ángel Barraza Rodríguez el 20 de octubre de ese mismo año, la célula del cártel de los Arellano Félix se vio quebrantada en sus mandos mexicalenses en tan sólo una semana.

Ambos ex policías, González Félix había sido jefe de escoltas del ex gobernador Ernesto Rufo Appel; también fue director del penal de la Mesa en Tijuana. En 1998 se le relacionó y detuvo en Ensenada con un hijo del lugarteniente de los Arellano Félix, Ismael Higuera Guerrero, “El Mayel.

Barraza Rodríguez fue identificado como otro brazo operador del cártel en Mexicali y relacionado al ex titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, Antonio Carmona Añorve, preso por colaborar con el Cártel de Tijuana.

A la muerte de estas dos personas, el control de la plaza Mexicali estuvo a cargo de Gilberto Higuera Guerrero “El Gilillo”, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) lo señaló de traicionar a los Arellano Félix y cruzar al bando del Ismael Zambada García “El Mayo” y por ende a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

”El Gilillo” fue detenido el 22 de agosto de 2004 y desde entonces se ha especulado sobre el nombre de quien quedó a cargo de la plaza.

Uno de los señalados como sucesor fue Carlos Francisco Cázares Beltrán alias “El Quemado”, detenido el 19 de diciembre de 2005 cuando abordó un avión comercial de Mexicali rumo al Distrito Federal. La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) lo esperó en el aeropuerto.

La PGR en un informe oficial de 2005 identificó al “Quemado” y a Guillermo López Palomera como los encargados de recibir la droga en Mexicali y pasarla a los Estados Unidos.

Otro nombre que parece estar en el olvido es Manuel Aguirre Galindo, “el Caballo”, uno de los principales jefes en la célula de los Arellano Félix, de quien no se sabe sobre su detención o ejecución.

Por sus antecedentes: Elorduy

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no desconocía las actividades ilícitas de los ministeriales ejecutados. Por eso los había despedido, sostuvo el gobernador Eugenio Elorduy Walther.

Pero no los detuvieron.

Un indicador es cuando la PGJE sabe de las andanzas de sus ministeriales y son ejecutados, no los entierran con honores, caso contrario con los buenos elementos caídos en cumplimiento de su deber.

El gobernador justificó en el más reciente homicidio de un policía ministerial:

“Yo creo que fueron por él, por sus antecedentes (...) ya había sido suspendido por el Gobierno del Estado, así lo explicó el procurador, habían sido reinstalado por una orden de un juez, pero eso no le quitó, desafortunadamente, los antecedentes que ya tenía junto con otros compañeros que trabajaron con él”.

Elorduy dijo en respuesta al asesinato de Aboytes:

“...Ese individuo, junto con sus dos compañeros que también habían sido dados de baja en su momento por el Gobierno del Estado y que por órdenes judiciales habían tenido que ser reinstalados, eso es un ejemplo de que estamos al tanto de este tipo de situaciones y actuaciones que obviamente denotan una falta de honestidad y una traición a  la lealtad de los bajacalifornianos”.

El cuerpo de Aboytes Rodríguez  fue encontrado la madrugada del viernes 16 e identificado el sábado 17 por un hermano de la víctima.

Tenía ocho impactos de bala, dos en el tórax y seis en la cara por lo que no fue identificado inmediatamente por sus compañeros ministeriales que acudieron a levantar el acta a la Colonia Alianza para Producción.
El Agente Ministerial tenía 35 años y su cuerpo estaba envuelto en una cobija, atado de pies y manos, además presentó huellas de haber sido golpeado previo a su muerte.

Fue suspendido el 7 de enero de 2005 por posesión de vehículo robado, pero se reincorporó a la PGJE en agosto luego de haber ganado un amparo federal.

Un mes antes, el sábado 10 de febrero, fue asesinado de cuatro balazos el ex agente ministerial Santiago Barrón Corona, mientras se disponía a suministrar combustible en una gasolinera de la zona oriente de Mexicali. Un hombre se le acercó a la ventana del copiloto.

El ex ministerial de 33 años bajó la ventana del lujoso automóvil y conversó con su verdugo que con una pistola calibre 9 milímetros le disparó a quemarropa.

El vehículo era una lujosa camioneta Cadillac Escalade placas AHT 8775 con un valor superior a los 70 mil dólares. Barrón Coronel fue dado de alta en la corporación policíaca el 31 de marzo de 1997 y causó baja el 25 de septiembre de 2003 porque manejaba un carro robado.

El hilo de la historia

El 16 de enero, a la PGJE llegó la madre de Diego Hernández Leyva, ex agente ministerial que sobrevivió a dos ataques con arma de fuego el 21 de diciembre de 2004 y el 27 marzo de 2005.

La madre reseñó a las autoridades que vio a su hijo por última vez el 11 de enero en compañía de una mujer. Le llamó al celular pero no respondió, lo buscó en la Cruz Roja, la comandancia y nada.

El automóvil en que se transportaba Hernández Leyva, un Nissan Murano, tenía reporte de robo y fue localizado unos días después.

Según la PGJE, Hernández Leyva fue sentenciado el 28 de junio de 2003 por la Corte Superior del Estado de Baja California porque se declaró culpable por “conspiración para poseer marihuana para su venta” pero se le concedió libertad condicional.

Por increíble que parezca, Hernández Leyva regresó como agente de la PGJE, pero debido a sus antecedentes la Dirección de Asuntos Internos acordó suspensión preventiva el 10 de diciembre de 2004 y remoción el 9 de febrero de 2005.

Unos días después de la suspensión preventiva, el ex ministerial sufrió su primer atentado y salvó la vida de milagro cuando lo atacaron con rifles de asalto AK47 y R15. De madrugada lo esperaron a que saliera de un antro ubicado en la Zona Hotelera de Mexicali. Desde atrás de una tapia le dispararon y lograron herirlo.

Ese día, Hernández Leyva iba acompañado de Carlos Aboytes Rodríguez.
Todavía no se recuperaba totalmente de las heridas de bala cuando el ex ministerial fue atacado de nueva cuenta, tres meses después. Esta vez mientras departía con amigos y mujeres en un restaurante de mariscos, un sujeto armado con una pistola le disparó desde afuera del local y también logró herirlo.

El día del segundo ataque, estuvo presente el entonces agente activo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) Jaime Ruelas Cota, asesinado el 24 de agosto de 2006 en el sanitario del efímero Bar Old West.

Ruelas tenía entonces 27 años, había sido agente ministerial desde enero de 2001 y llegó a escolta del otrora procurador Juan Manuel Salazar Pimentel. Por pérdida de confianza fue separado de su cargo en la PEP el 27 de marzo de 2005 y dos meses después despedido.

Ruelas Cota llegó al bar cerca de la media noche en compañía de cuatro personas. En el baño recibió dos balazos por la espalda y uno en la mejilla. Lo sorprendieron mientras orinaba, pues seguramente sabían que estaba armado con una pistola escuadra calibre .380.

Según la procuraduría, Ruelas Cota saludó a su homicida y sus acompañantes huyeron al escuchar las detonaciones. Una hipótesis es que sus acompañantes “lo pusieron”, expresión que en el argot policíaco denota traición al facilitar el homicidio.

Ruelas Cota en la PGJE estuvo asignado al grupo antisecuestros, delitos patrimoniales, homicidios violentos; en la PEP, en la coordinación de protección a funcionarios.

Sin aparente relación entre los ex policías ejecutados este inicio de 2007, también en Mexicali, el 16 de julio de 2005 fue asesinado quien fuera ex agente ministerial, Gabriel Lujan López. Inició su carrera de policía el 1 de agosto de 2001 y la terminó con su baja el 15 de octubre 2003. 

Otro de los “dos compañeros” a los que se refiere el gobernador Eugenio Elorduy Walther, en alusión a la relación entre los homicidios recientes, era Héctor Javier Perea Carrillo, acribillado el 28 de febrero de 2007, cuando estaba activo en la Policía ministerial en el Grupo Nocturno.

El joven de 33 años fue sorprendido al abandonar el estacionamiento de UNIVER,  institución de educación superior donde cursaba el séptimo semestre de la carrera de Derecho.

Poco después de las nueve de la noche, un carro le cerró el paso en la avenida Cuauhtémoc y le dispararon más de un centenar de proyectiles calibre 7.72 de la metralleta conocida como cuerno de chivo o AK 47.

Durante su periodo en la ministerial también estuvo asignado al grupo de aprehensiones, robos, la agencia mixta, Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) y unos meses fue enviado a la subprocuraduría zona Ensenada. Por uso indebido de funciones estuvo fuera de la corporación de 2000 a 2002 pero solicitó su reinstalación y la obtuvo.

Trascendió que Perea Carrillo mantuvo relación de amistad con los ex ministeriales ya ejecutados Barrón Coronel, Ruelas Cota, Aboytes Rodríguez y el desaparecido Hernández Leyva.

Tres de ellos ejecutados en poco más de un mes en Mexicali, todos jóvenes que apenas rebasaban los 30 años, todos parte de un grupo compacto, integrado.