Sospecha de irregularidades

Chevron: el verdadero motivo de su retiro

Tras anunciar el retiro definitivo, en su intento por construir una planta regasificadora de gas licuado en el mar bajacaliforniano, surgen los motivos reales que causaron la prontitud por cancelar el proyecto

Javier Cruz Aguirre

El intempestivo retiro de la trasnacional Chevron Texaco para construir una planta regasificadora, de gas natural licuado, en las inmediaciones de la Isla Coronado Sur, canceló el 26 de marzo la posibilidad de que el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (Ccaan), estudiara la sospecha de que en el proceso de entrega de permisos al consorcio petrolero estadunidense, el gobierno mexicano cometió irregularidades en la aplicación de leyes y normas en materia ambiental.

También anuló la oportunidad de que el organismo trinacional (Canadá, Estados Unidos y México), revisara posibles “inconsistencias” del gobierno mexicano en la designación de uso de suelo y planeación de zonificación para otros proyectos de regasificación de gas natural licuado (Gnl) en la costa del Pacífico bajacaliforniano.

De hecho Chevron aceleró la cancelación de su proyecto en Baja California una vez que el Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental anunció, el pasado 25 de enero, que abriría un expediente de hechos sobre la petición SEM-05-002 (Islas Coronado) que formularon, en mayo del 2005, ocho grupos ambientales de México y Estados Unidos por la presunta omisión de la aplicación en el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa) por parte del gobierno del ex presidente Vicente Fox.

Antes –el 15 de febrero–, mediante un comunicado de tres páginas y sin profundizar en los motivos que la llevaron a suspender de manera definitiva su pretensión, la transnacional notificó a Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que desistía de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental número SGPA/DGIRA.DE1.1536.04.

Ese permiso, de fecha 1 de julio del 2004, permitía al consorcio petrolero realizar las obras y actividades del proyecto denominado “Terminal GNL Mar Adentro de Baja California”, a ser ejecutado por su filial Chevron Texaco de México, S. A. de C. V., en las inmediaciones de las islas Coronado.

“Chevron Texaco de México ha decidido, por así convenir a sus intereses, no continuar con el proyecto autorizado, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se ha iniciado ningún trabajo de preparación del sitio y/o de construcción, y que ha dado cabal cumplimiento al contenido de la autorización de referencia, en lo específico, a aquellos Términos y Condicionantes que imponían obligaciones anteriores a los trabajos de preparación, construcción y puesta en funcionamiento de la actividad autorizada”, dice el documento firmado por el apoderado de Chevron México, León Rodrigo Hernández Ramírez.

En su escrito Hernández afirma que su representada no causó impactos ambientales adversos en las islas y que por ello no será necesario determinar medidas de mitigación de daños al ecosistema.
También informa que la empresa se encontraba en el proceso de terminación de los demás permisos y autorizaciones relacionados con las obras y actividades materia de la obra en la Isla Coronado Sur, en donde invertiría 650 millones de dólares para producir mil 400  millones de pies cúbicos de gas por día.

El 16 de febrero, un día después de recibir el documento de la transnacional, Juárez Palacios notificó a ésta que la Autorización SGPA/DGIRA.DE1.1536.04 quedó sin efecto y 11 días después la Semarnat informó al Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte la decisión de Chevron de abandonar el proyecto de manera definitiva, por lo que solicitó la cancelación inmediata del caso.

Así, el pasado lunes 26 de marzo el Secretariado de la Cca emitió el aviso número A14/SEM/05-002/82/WIT al Consejo de la Comisión, firmado por Geoffrey Garver, director de la Unidad sobre Peticiones Ciudadanas, en donde notifica a los promotores Center for Biological Diversity, Greenpeace México, Alfonso Aguirre (del Grupo de Ecología y Conservación de Islas), Shaye Wolf, American Bird Conservancy, Los Ángeles Audubon Society, Pacific Environment and Resources Center y Wildcoast; así como al gobierno mexicano, el cierre definitivo del asunto.

Historia de irregularidades
Casi dos años antes, el 3 de mayo de 2005, los ocho peticionarios denunciaron ante la Ccaan que el gobierno mexicano incurrió en omisiones en la aplicación efectiva de los artículos 79-83 de la Lgeepa, y de los principios 1, 2 y 3 del artículo 5 de la Ley General de Vida Silvestre (Lgvs), al autorizar los impactos ambientales de la construcción y operación, por parte de Chevron Texaco de México, de una terminal de regasificación de gas natural licuado en las proximidades de las Islas Coronado

La principal aseveración de los peticionarios era que no debió haberse autorizado que la terminal se ubicara a 600 metros de la Isla Coronado Sur, porque llevar a cabo el proyecto en este lugar produciría efectos irreversibles, no mitigables y no compensables en varias especies vulnerables, incluido el mérgulo de Xantus (Synthliboramphus hypoleucus), una especie de ave en peligro de extinción.

En una determinación fechada el 2 de junio de 2005, el Secretariado decidió que la petición no proporcionaba información suficiente que permitiera revisarla, por lo que éste notificó a los peticionarios que tenían 30 días para volver a presentar la solicitud.
El 7 de julio de 2005, los demandantes presentaron al Secretariado una petición revisada, acompañada de información suplementaria. Añadieron alegatos respecto de la supuesta falta de aplicación efectiva del artículo 78 de la Lgeepa, y de los artículos 34 y 35 de la misma ley en cuanto a la participación ciudadana y otros requerimientos para la evaluación del impacto ambiental del proyecto.
Tomando en consideración la información suplementaria, el 30 de septiembre de 2005 el Secretariado solicitó a México una respuesta. Ésta se dio el 10 de enero de 2006 haciendo notar que la queja se enfoca en el contenido de la manifestación de impacto ambiental preparada por Chevron, sin tomar en cuenta la información adicional y complementaria entregada por la trasnacional –nunca puesta a disposición pública en México–, ni tampoco los términos y condicionantes de la autorización emitida por la Semarnat.
Además, de acuerdo con el artículo 14(3)(a) del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (Acaan), México notificó al Secretariado que el asunto era materia de procedimientos administrativos pendientes de resolución.
Luego de revisar por un año la petición a la luz de la respuesta de México, el Secretariado concluyó el 18 de enero de 2007 que, para efectos del artículo 14(3)(a) del Acaan, no existían recursos judiciales o administrativos pendientes de resolución que requirieran o justificaran la interrupción del trámite de la petición.

También estimó que quedaron abiertas “cuestiones centrales” sobre algunas de las aseveraciones hechas por los peticionarios en cuanto a presuntas omisiones en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto previo a su autorización.

“En particular, quedan abiertas cuestiones centrales acerca de si hubo una comparación de los impactos ambientales de las diferentes alternativas para ubicar la terminal costa afuera, y también respecto de las evaluaciones tanto del impacto ambiental del proyecto en el ecosistema de las Islas Coronado como de sus impactos acumulativos y sinérgicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la LGEEPA. De igual manera, falta información sobre la evaluación y el análisis que hizo la Semarnat, de acuerdo con el artículo 35 de la LGEEPA, de la posibilidad de no autorizar el proyecto por causa de afectación a especies en peligro de extinción.”

Apuntó asimismo en cuanto a las aseveraciones de los ocho peticionarios acerca de la falta de aplicación efectiva de las disposiciones del artículo 34 de la Lgeepa respecto de la participación ciudadana en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto, que “se amerita la elaboración de un expediente de hechos para recopilar información sobre cuestiones que permanecen abiertas en lo concerniente a la aplicación de ese artículo antes de que se autorizara el proyecto”.

Recomendó por último la elaboración de un expediente de hechos en torno a cuestiones que permanecen abiertas respecto de la aplicación que la Semarnat hizo de los criterios 1, 2, 3, 5 y 7 del artículo 79 de la Lgeepa, y los principios 1, 2 y 3 del artículo 5 de la Lgvs al considerar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la primera legislación citada, las opiniones en relación con el proyecto de dependencias especializadas en materia de flora y fauna silvestres.
Casi un mes después de haberse emitido la recomendación, Chevron anunció su decisión, por así convenir a sus intereses, de cancelar definitivamente su proyecto en Baja California.

Las presiones
Existen otras dos posibles causas que también pudieron influir en la decisión de la transnacional estadunidense.
La primera de ellas tiene que ver con la “competencia desleal” que en México enfrentó de parte de su competidora Sempra Energy, la compañía que construye, asociada con la Royal Dutch Shell y respaldada técnica y políticamente por el ex comisionado nacional de Asuntos Fronterizos y ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, una terminal de regasificación de gas natural licuado en el paraje Costa Azul del municipio de Ensenada.
El 18 noviembre 2003 Chevron Texaco presentó ante la Comisión Federal de Competencia Económica un recurso de inconformidad en contra de Sempra Energy por considerar que ésta “constituye una barrera para la libre competencia en los proyectos de plantas de gas natural licuado que se pretenden construir en Baja California.”

El director general de Chevron en México, Carl Antonio Atallah señaló entonces que si se otorgaba el permiso para la construcción y operación de un gasoducto a la empresa Sempra –tal y como sucedió finalmente-, se le beneficiaría “indebidamente y se actuará en perjuicio de sus competidores”, entre ellos las compañías Conoco Phillips, Marathon Oil Corp., su hoy aliado Royal Dutch Shell y la misma Chevron.

De estas empresas extranjeras únicamente Sempra Energy se beneficia hoy con la política foxista en materia energética relacionada con las importaciones de gas natural licuado, combustible que no estaba dentro de la prospectiva energética 2001-2006 ni dentro de Plan Nacional de Desarrollo del pasado gobierno federal mexicano.

Arturo Moreno, coordinador de la campaña de Clima y Energía de la organización ambientalista internacional Greenpeace, apuntó al respecto que el gobierno mexicano ha querido argumentar que este combustible es necesario para satisfacer la demanda eléctrica del noroeste de México, pero lo cierto es que dicha demanda es desconocida.
“El gobierno ha tomado como ciertas las proyecciones de las propias corporaciones petroleras estadounidenses. Estudios independientes demuestran que en el caso hipotético de que fallaran todas las plantas eléctricas de Baja California, apenas se requería un 20% del gas que se pretende traer a Baja California”.

La segunda posible causa del cierre definitivo del proyecto Chevron en Baja California tiene que ver con presuntos problemas en lo que sería la fuente de abasto de gas natural para la terminal en las Islas Coronado.

En efecto, en mayo del 2006, tres meses antes de que la transnacional estadunidense iniciara la construcción de la planta flotante en la isla Coronado Sur, el consorcio anunció que postergaba temporalmente la obra ''hasta nuevo aviso''.
En ese momento argumentó que el gas natural considerado para abastecer al mercado estadunidense, proveniente de Australia, se canalizó a una planta regasificadora de su propiedad ubicada en Japón.

Así, decidió que los trabajos en las Coronado empezarían hasta que resolviera el abastecimiento del energético “para el norte de México y el sur de California”.

Sin embargo, a finales de 2005 Chevron Texaco tuvo problemas financieros para desarrollar un proyecto de gas multimillonario en Gorgon, Australia.

Cnooc, la mayor petrolera china de producción en alta mar, parte del consorcio China National Petroleum Corporation (Cnpc) y que en el año 2005 obtuvo ganancias por tres mil 150 millones de dólares, anunció que no participaría del proyecto de gas de Chevron en Australia, después de que fracasaran las negociaciones.

A partir de entonces la transnacional no ha encontrado socios lo suficientemente fuertes para sacar adelante su plan en el continente australiano.