No desquitan el sueldo.

Improductividad en legisladores de BC

En seis meses de gestión, los 11 legisladores federales por Baja California –tres senadores y ocho diputados– únicamente presentaron ocho iniciativas de ley. Tomando en cuenta el salario que obtuvieron los representantes populares en ese periodo, cada propuesta costó al erario público más de un millón y medio de pesos.

Javier Cruz Aguirre

El legislador más productivo, aun cuando a la fecha ninguna de sus cinco iniciativas ha sido dictaminada por el pleno de la Cámara de Senadores, es el priísta Fernando Jorge Castro Trenti.
Por el Partido Acción Nacional (PAN) sólo se salvaron de la sequía legislativa los diputados Ricardo Sotelo Franco Cázarez, representante del Distrito 04 de Tijuana, que presentó una iniciativa, y  Antonio Valladolid Rodríguez del Distrito 05 de Tijuana, con dos.
Los dos senadores panistas por mayoría relativa, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Alejandro González Alcocer, no han aportado nada en materia parlamentaria, mismo récord que llevan otros seis diputados panistas que no desquitan el sueldo mensual que perciben: 131 mil 371.29 pesos, de los cuales 76 mil 756.29 corresponden a dieta y el resto a dos grupos de apoyo para su actividad legislativa:
1.- Asistencia legislativa: 26 mil 950 pesos.
2.- Atención ciudadana: 27 mil 665 pesos.
El estreñimiento representativo de los diputados y senadores de Baja California, que contrasta con el incremento histórico en el número de iniciativas de ley presentadas por los congresistas en el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión, al menos se compensó con un promedio de poco más del 90 por ciento de asistencia a las sesiones del pleno y a las votaciones nominales en ambas cámaras.
Sin embargo correspondió al diputado panista Francisco Javier Paredes Rodríguez, del Distrito 07 de Mexicali, ser el más faltista, en asistencias netas a votaciones nominales con un porcentaje de apenas el 75 por ciento.
Y los bajacalifornianos con más faltas a las sesiones del Pleno del Congreso fueron los también diputados panistas Ricardo Sotelo Franco Cázarez, del Distrito 04 de Tijuana, y Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Distrito 08 de Tijuana, ambos con un promedio de 91.49 por ciento de asistencia.
El más cumplido en ambas estadísticas fue el diputado por Ensenada Héctor Manuel Ramos Covarrubias, con el 100 por ciento de asistencias a votaciones nominales y a sesiones del Pleno, pero sin presentar aún una sola iniciativa de ley en la máxima instancia legislativa de la república.
La información contenida en el proyecto denominado “Monitor Legislativo”, puesto en marcha el año pasado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), Asociación Civil, con sede en la Ciudad de México, abarca hasta el pasado jueves 8 de marzo.
El objetivo del plan es ser un enlace entre los ciudadanos y el Congreso para crear conciencia y cultura en materia de transparencia y rendición de cuentas, además de proponer soluciones que fortalezcan y vuelvan eficiente la labor legislativa.
“Nuestra labor va enfocada a mostrar una visión imparcial y objetiva del trabajo que desempeña el Congreso, difundiendo el trabajo de nuestros representantes. Monitor Legislativo es así una propuesta novedosa e innovadora, una herramienta ciudadana para ver la política y generar una cultura más acorde con lo que necesita nuestro país hoy en día”, declara el Cide en su portal de internet.

Súper Fernando
Las cinco propuestas hechas por el senador de primera minoría Fernando Castro Trenti, el único que prácticamente lleva una iniciativa de ley presentada por mes, son las siguientes:
A.- El 5 de octubre del 2006 propuso una reforma y adición a los artículos 6 y 68 de la Ley General de Educación para establecer la prohibición al pago de cuotas o cualquier clase de contraprestación que condicione los derechos del educando.
Esto porque algunas escuelas públicas requieren el cobro de cuotas para que los educandos continúen sus estudios. Así, se busca establecer de manera explícita en la Ley General de Educación, que “quedan prohibidos los pagos de cuotas, aportaciones, dádivas o cualquier otra que condicione los derechos del educando a los servicios educativos.”
Propone además considerar como un acto delictivo el hecho que se permita o exija por sí o por intermediación de un tercero, dinero, cuotas o dádivas a otro, en contraprestación de los servicios educativos de cualquier nivel, que afecten los derechos de los educandos.
B.- El 9 de noviembre del año 2006 propuso adicionar los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y modificar el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El priísta busca garantizar la igualdad de oportunidades laborales para las madres solteras, jóvenes sin experiencia, personas con discapacidad y adultos mayores de 40 años, promoviendo y fomentando la capacitación laboral de dichos sectores de la población.
C.- El 21 de diciembre del 2006 presentó su tercera iniciativa, la cual adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de diversos órganos, completamente independiente de los gobiernos y los partidos, que acumulen las propuestas de los candidatos a diversos puestos de representación popular y a su cumplimiento en los hechos en el cargo mencionado.
La iniciativa propone asimismo, del banco de datos que se forme, que los mencionados órganos den publicidad a las propuestas y su efectivo cumplimiento en legislaturas y administraciones anteriores, de las personas que se postulen con una nueva candidatura para un cargo de elección popular.
D.- El 8 de febrero de este año Castro hizo su cuarta propuesta, la cual deroga el párrafo Tercero del artículo 97 constitucional debido a que la naturaleza esencial de la Suprema Corte no es investigar, sino juzgar y resolver los asuntos que son sometidos a su consideración y que caen dentro de su ámbito de competencia.
E.- Finalmente, el pasado 27 de febrero, el senador bajacaliforniano presentó su más importante iniciativa, la cual reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Banco de México, adiciona las fracciones XXXVIII y XXXIX al artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y adiciona los párrafos Segundo y Tercero al artículo 46 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
Todo ello para contribuir a transparentar y a establecer un verdadero orden en la operación de los servicios financieros que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros no ha podido establecer.
“Asimismo, se pretende otorgarle facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para regular el cobro y la determinación de las comisiones cargadas a los clientes, las cuotas interbancarias que se carguen entre sí las entidades financieras, así como fijar las comisiones o cargos máximos y mínimos causados por las operaciones de crédito o préstamo y por los servicios que prestan las Entidades Comerciales y las Entidades Financieras.”
Hasta el miércoles 14 de marzo ninguna de sus iniciativas estaba dictaminada por las comisiones y el Pleno del Senado.
Y en esta esquina...
Mientras tanto las tres propuestas hechas por legisladores panistas de Baja California, tampoco dictaminadas, son las siguientes:
1.- Ricardo Sotelo Franco Cázarez presentó, el 21 de diciembre del año pasado, una reforma a las Fracciones IX y X del artículo 7, y el Artículo 9, de la Ley General de Educación.
Su iniciativa pretende que la educación que imparta el Estado no sólo se aboque a la educación física y la práctica del deporte, sino a desarrollar la cultura física como parte de la formación integral de los educandos.
Asimismo, se establecerán bases de coordinación y colaboración entre los tres ámbitos de gobierno y los sectores público, social y privado para fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, además de prevenir el delito.
2.- Antonio Valladolid Rodríguez, diputado por el 05 Distrito de Tijuana, propuso a su vez dos iniciativas.
La primera el 22 de febrero del 2007, la cual reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Plantea que los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a la Constitución Política y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
La segunda también tiene fecha del 22 de febrero. No está dictaminada y busca derogar la Fracción V del artículo 74, así como reformar los artículos 111, 112 y 114, de la Constitución.
Ello para “lograr el perfeccionamiento integral de la figura del fuero de no procesabilidad, con la finalidad de adecuarla a las necesidades y condiciones y demanda actualmente la sociedad en materia de rendición de cuentas y combate a la impunidad.”
Los demás representantes populares de Baja California en la Cámara de Diputados –Luis Rodolfo Enríquez Martínez (Distrito 06, Tijuana), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (02, Mexicali), Francisco Paredes Rodríguez (07, Mexicali), Héctor Ramos Covarrubias, Mirna Cecilia Rincón Vargas (08, Mexicali) y Francisco Rueda Gómez (01, Mexicali)–, todos ellos panistas, no han hecho ninguna aportación, pero a tiempo cobran sus dietas y apoyos para realizar una función legislativa que hasta el momento les queda muy grande.

Claroscuro
La pereza de los diputados y senadores panistas de Baja California, salvo las excepciones relatadas por Monitor Legislativo, contrasta con uno de los periodos más productivos de los que se tenga memoria en el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el Informe de Desempeño Legislativo correspondiente al primer período de sesiones del congreso federal, elaborado por el Cide, el primer periodo de sesiones de la LX legislatura destaca por el aumento sin precedente en la introducción de iniciativas de ley, que combinado con el ritmo de atención a las mismas expone una inminente saturación de los órganos dictaminadores de la cámara.
El documento revela que la introducción de iniciativas en el primer período de sesiones se incrementó sistemáticamente desde hace varias legislaturas. Sin embargo, la LX Legislatura representa un aceleramiento importante: En 35 sesiones plenarias los diputados presentaron 266 iniciativas, 7.5 en promedio por cada sesión.
“El aumento fue de 135 por ciento respecto al mismo periodo de la legislatura anterior (pasando de 113 a 266). De sostenerse esta tasa de crecimiento la LX Legislatura no sólo rebasará el ya inédito récord de la LIX sino que podrá rebasar los cuatro millares.”
Desafortunadamente la elevada tasa de presentación de iniciativas de ley no está respaldada con un mayor número de aprobación de propuestas. De hecho, la LX Legislatura consiguió aprobar 34 de las 266 iniciativas presentadas en el período, lo que representa apenas el 13 por ciento del total.
“Este escaso éxito no se asocia a la atención del rezago legislativo de la Legislatura anterior, pues sólo siete iniciativas provenientes de la LIX Legislatura fueron atendidas.”
El Ejecutivo federal (Felipe Calderón) ostenta la tasa de éxito más alta en lo que va de la actual legislatura; sin embargo, ello se debe primordialmente a la aprobación del paquete fiscal y presupuestario de 2007.
Y a diferencia de lo ocurrido en la anterior legislatura, los congresos estatales han sido exitosos en la promoción de sus iniciativas, logrando aprobar el 25 por ciento del total presentado en el periodo (4 de 16).
De las cuatro aprobadas, tres fueron presentadas por el Congreso del Estado de Nuevo León y una por el de Jalisco, y destaca que todas fueron en temas fiscales. En cambio, a lo largo de los tres años de la LIX Legislatura se aprobaron sólo 14 de las 94 iniciativas presentadas por las legislaturas estatales (14 por ciento).
Por lo que corresponde al Senado de la República, el aumento en la introducción de iniciativas es moderado respecto del mismo período de la legislatura anterior, al pasar de 113 a 123 (aumentó nueve por ciento).
Por lo que se refiere a la aprobación de iniciativas, el estudio revela que a pesar de requerir procesar únicamente sus propias iniciativas, los senadores consiguieron decretar sólo siete de las 123 iniciativas presentadas en la LX Legislatura, lo que representa la nada prestigiosa tasa de 5.69 por ciento.
La atención al rezago legislativo tampoco ha sido una prioridad para la LX Legislatura, ya que sólo una iniciativa proveniente de la anterior legislatura fue dictaminada.
Con respecto al grupo parlamentario más exitoso en la cámara baja (diputados), éste ha sido el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que hasta el 8 de marzo consiguió aprobar cinco de las 27 iniciativas presentadas (18.5 por ciento).
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que más ha contribuido individualmente al volumen de la legislación aprobada en la Cámara de Diputados. Más de la quinta parte de las iniciativas exitosas han surgido de los miembros de este grupo parlamentario.
Más adelante, el estudio indica que las iniciativas promovidas por la conjunción de varios grupos políticos son las que obtienen una mayor tasa de aprobación, “lo cual revela la conveniencia de generar acuerdos entre grupos desde el mismo inicio del proceso legislativo”. Éste es el caso de dos terceras partes de las iniciativas promovidas por todos los grupos parlamentarios, que alcanza la mayor tasa de aprobación en la legislatura (66 por ciento).
Otros ejemplos destacados por la publicación son la unión PRI-PAN y PRI-PVEM, que en ambos casos se concretaron con éxito las iniciativas promovidas en conjunto.
A diferencia de los diputados, los senadores parecen no ser capaces de consolidar el apoyo a los proyectos promovidos en conjunto por los integrantes de más de un grupo parlamentario, ya que sólo 2 de los 7 proyectos que plantearon consiguieron aprobarse.
El PRI junto con el PAN, han sido las bancadas que más han contribuido por sí solas al volumen de la legislación aprobada. (28.5 por ciento cada una). Sin embargo, este último lo hizo con una tasa de éxito ligeramente mayor (8.3 por ciento frente a 6.4 por ciento).
A continuación el informe revela que al igual que en la LIX Legislatura, en la presente perdura una distribución poco equitativa del trabajo de comisiones, ya que mientras que algunas de ellas se encuentran rebasadas por el gran volumen de asuntos que les son asignadas, la gran mayoría prácticamente no recibe turnos de iniciativas y minutas.
En la Cámara de Diputados, a pesar de que las reformas constitucionales son el procedimiento legislativo más laborioso, pues requieren de una mayoría calificada (dos terceras partes) en ambas cámaras y el aval de al menos 17 Congresos estatales, casi una cuarta parte de las iniciativas de los diputados buscan modificaciones a la Constitución.
Así, la Comisión de Puntos Constitucionales es la más saturada de la cámara y ha sido incapaz de generar algún resolutivo. Tan sólo en la LX Legislatura acumula 73 proyectos por dictaminar. Casi a la par, la Comisión de Hacienda y Crédito Público acumula más de la quinta parte de la carga de trabajo (22 por ciento); sin embargo, ésta ha atendido el 51 por ciento de los 70 proyectos que se le han turnado.
Y en la Cámara de Senadores, es peculiar que aun cuando al comienzo de la actual legislatura el Senado aumentó de 48 a 57 el número de comisiones ordinarias, el incremento no aparece reflejado en la carga de trabajo de las mismas, ni mucho menos en la resolución de dictámenes.
“Por el contrario, si bien la cantidad de iniciativas turnadas a comisiones se ha acrecentado, su distribución se centra en un puñado de ellas. Tan sólo cuatro de comisiones legislativas concentran el 54 por ciento del trabajo, mientras que el resto maneja en promedio menos del dos por ciento del volumen de trabajo”.
Finalmente, al analizar el tema de la asistencia a las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, el estudio indica que ha sido alta tanto en el pase de lista de las sesiones como en la votación de los dictámenes, con niveles promedio de 90 por ciento y 87 por ciento respectivamente.
Respecto de lo que ocurre en la Cámara de Senadores, el Cide informa que si bien los legisladores desempeñan tareas que en ocasiones pueden empalmarse con el desarrollo de algunas sesiones plenarias, resulta preocupante encontrar diferenciales de hasta 20 puntos porcentuales entre ambos tipos de asistencia.
“El comparativo revela volatilidad en la concurrencia del pleno, en otras palabras: la asistencia al inicio de la sesión disminuye conforme ésta se desarrolla y al momento de la toma de decisiones plenarias”.
Lo anterior –concluye el informe–, supone que el acuerdo tomado al inicio de la LX legislatura que establece las “Reglas provisionales sobre el control de asistencia y justificación de inasistencias” (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2006) “no ha tenido las consecuencias deseadas, si es que se ha cumplido con rigor”.