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Entre el aseguramiento y la entrega a la SEDENA
Policías con armas decomisadas
En cateos, detenciones y filtros de revisión, las corporaciones policíacas no reportan el total de las armas de fuego decomisadas. Se dice, revenden el equipo al crimen organizado o ellos mismos lo usan para delinquir. Armas que alguna vez fueron aseguradas, fueron accionadas en delitos posteriores
Marco Tulio Castro
Lo que faltaba. De acuerdo a autoridades federales, policías de las distintas corporaciones en Baja California se quedan con armas producto de decomisos a delincuentes y miembros del crimen organizado.
Lo peor: Los procedimientos de detención y aseguramiento de armas de fuego son tan superficiales, que los agentes pueden reportar la cantidad que les convenga.
Un ejemplo.
Un cateo por parte de la Policía Estatal Preventiva al lugar donde el 20 de junio de 2006, Francisco Javier Arellano Félix celebró una fiesta en una zona ejidal de Rosarito, dio como resultado el aseguramiento de armas cortas y largas que pertenecían a los más de 80 hombres del Cártel de los Arellano Félix que vigilaban dentro y fuera del rancho. Sin embargo, los Estatales Preventivos reportaron y entregaron a la SIEDO una cantidad menor de armas y 5 personas que fueron sorprendidas precisamente, sustrayendo las armas del rancho en Rosarito.
Entre el equipo que la PEP no entregó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la ciudad de México, se incluía una pistola escuadra calibre 38 súper que el 16 de julio de 2006 (26 días después del cateo) apareció en poder de Ernesto Alonso Rodríguez Valdez, cuando fue detenido tras una persecución en la delegación La Mesa, donde resultaron heridos dos agentes estatales al chocar su patrulla.
Según la declaración del detenido ante la Procuraduría General de la República, una vez que terminó la persecución cerca de la colonia Las Huertas, los agentes de la Estatal Preventiva “clavaron la 38 súper en el carro”.
Dicha arma coincidía con cartuchos encontrados en las inmediaciones del racho donde se festejó un cumpleaños de algún miembro del CAF, por lo que Ernesto Alonso fue enviado a la SIEDO para investigarlo.
Meses después, recibió auto de libertad a falta de elementos en su contra.
Aunque la autoridad que integra las averiguaciones previas, cuenta con un plazo de 72 horas para turnar el arma de fuego para guardia y custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), oficialmente, no existe una manera en que la SEDENA compruebe que las armas aseguradas durante un delito, fueron totalmente enviadas a esta secretaría, lo que muchos elementos corrompidos de corporaciones municipales y estatales aprovechan para quedarse con armas decomisadas a cambio de “soltar” a delincuentes que la portan para después venderlas en el mercado negro local.
500 dólares por un “cuerno de chivo”
Las armas que mayormente se usan para delinquir en la ciudad en delitos de alto impacto como secuestros, “levantones”, ejecuciones y grandes asaltos, son los AK- 47 “Cuerno de Chivo” y los R-15. A éstos, se les debe sumar las armas largas que son utilizadas por los escoltas, sicarios o brazos ejecutores de las células del crimen organizado.
El precio del “Cuerno de Chivo” en el mercado negro de la ciudad, varía entre los 500 y 700 dólares, mientras que el R-15 entre los mil 200 y mil 500 dólares. Por otro lado, las armas cortas tipo escuadra .9mm, que también son comúnmente empleadas para las ejecuciones en el crimen organizado, tienen un costo entre 300 y 500 dólares, según fuentes extraoficiales.
Otra forma de comprar armas de fuego, es hacerlo de manera legal: adquirirlas en los Estados Unidos en donde el único requisito que solicitan en el estado de California es presentar licencia de conducir de aquel estado.
A diferencia de los relativamente bajos costos de las armas en el mercado negro local, en San Diego, una R-15, tiene un costo de mil dólares en California Police Equipment CO., donde también se puede conseguir una pistola escuadra .9mm en 699 dólares.
Una vez pagada el arma, la misma tienda la registra y, 10 días después, el propietario puede llevarla a cualquier parte en California o bien ingresarla ilegalmente a México con la intención de revenderla o emplearla para delinquir.
Entran por nueve ciudades
De los nueve puntos de ingreso ilegal de armas de fuego que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene detectados en todo el país, dos se ubican en el estado de Baja California, según explica un documento oficial de la institución.
Las armas de fuego y municiones, se internan a través de rutas establecidas que el narcotráfico utiliza para la introducción de drogas sintéticas y marihuana a los Estados Unidos. La diferencia, explica el informe, es que las rutas se utilizan en sentido inverso para la importación ilegal de armas de fuego. Rutas en Tijuana y Mexicali, han sido detectadas por la PGR.
Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Ojinaga, San Luis Río Colorado, Nogales, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros son las nueve ciudades en donde se ha detectado el ingreso de armas de fuego y municiones al país de manera constante.
Estados de la república con elevados índices de delincuencia organizada, grupos de narcotraficantes, transgresores de la ley y problemas de seguridad pública son las entidades que tienen mayor demanda de armas de fuego, revela el Programa Nacional Para el Control de Drogas 2001-2006.
Baja California, Tamaulipas, Sonora y Durango son anotados como entidades federativas con actividades de organizaciones narcotraficantes; mientras que Michoacán, Chihuahua y Sinaloa, repuntan como estados con mayor presencia de grupos armados y narcotráfico.
El Distrito Federal, resulta el principal destino para armas de contrabando que se emplean en delitos del orden común y del orden federal.
De noviembre de 2006 a marzo de 2007, en Baja California, se han recabado mil 48 armas de fuego durante la Campaña Estatal de Donación de Armas de Fuego y Explosivos implementada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Tijuana, ha donado 148 pistolas, 117 rifles, 10 artefactos explosivos y un cargador; Mexicali, por su parte, 204 pistolas, 278 rifles y 19 artefactos explosivos. El resto del estado, 301 armas de fuego.
Según el estudio, Baja California y otros cinco estados de la República, reportaron las cifras más altas en aseguramientos de armas utilizadas en delitos contra la salud, detectadas en operativos contra el narcotráfico.
Un tráfico muy fluido
Hechos parecidos, aunado a la gran cantidad de armas que son decomisadas diariamente por los cuerpos policíacos, hacen más fácil que cualquier delincuente tenga acceso a un arma de fuego. Además, la facilidad con que se pueden adquirir en los Estados Unidos y la casi nula posibilidad de pasar a revisión en la aduana de Tijuana, hacen del tráfico de armas, un buen mercado local.
Es por eso que la PGR, PFP y SEDENA, integraron un equipo de análisis de aseguramiento y decomiso de armas de fuego que se encarga de revisar datos y características del material asegurado para definir y ubicar posibles rutas de tráfico de armas; sin embargo en la ciudad no se ha detectado alguna ruta establecida, con lo que se convierte en un tráfico informal y por lo tanto, complicado de atacar.
Mientras que en estados como Guerrero y Michoacán las armas provienen de la guerrilla de Centroamérica y son pagadas con drogas, en Tijuana provienen del sur de los Estados Unidos y el pago se realiza en efectivo, comparó una fuente de la SEDENA.
En lo que va del año, han sido embargadas 7 armas cortas que entran por las garitas, declaró en su momento Jesús Márquez Padilla, ex administrador local de la aduana de Tijuana, mientras que en cartuchos, suman casi 9 mil.
Eso considerando que del cien por 100% de los vehículos que entran al país por la Puerta México y por la garita de Otay, Aduana sólo revisa el seis 6%, y de manera aleatoria.
Sin embargo, con la previa autorización de la SEDENA y de acuerdo a la ley federal de armas de fuego y explosivos pueden entrar las siguientes armas:
I.- Pistolas de funcionamiento seudo automático de calibre no superior al .380 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Súper y .38 Comando, y también en calibres 9mm., las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.
II.- Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 Magnum.
“Si una persona está interesada en importar un arma de fuego nueva al país (es decir, una pistola que jamás haya entrado a México) es requisito presentar el permiso de la SEDENA y un pedimento de importación. Habría que ver su clasificación, pagar el impuesto al valor agregado (IVA) y pagar algún arancel en caso de que lo requiera”, comentó Márquez Padilla.
Una vez autorizada la importación del arma, la SEDENA cita lugar, fecha y hora en que la pistola deberá ingresar al país y un representante de la Secretaría deberá verificar el arma y los documentos.
Incluso, armas que son catalogadas como de caza por la propia SEDENA, podrán ingresar a México con un pedimento de importación temporal y, según la ley aduanera, deberán salir del país con un pedimento de exportación a los doce meses de su ingreso. Pero no existe algún “candado” legal en donde la SEDENA o Aduana se enteren que salieron ya las armas que alguna vez ingresaron a México.
Por dicho procedimiento, deberá pasar toda persona que desee ingresar un arma al país y, si se trata de algún cuerpo policiaco, también deberá contar con el permiso y revisión de la SEDENA con anterioridad a la importación, ya que se debe de justificar y acreditar que es necesaria la importación, declaró Márquez Padilla, quien también aseguró que durante su administración en la aduana de Tijuana, no ha habido importación de armas para alguna corporación policíaca.
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