Incapacidad del estado permite reorganización de delincuentes

BC bajo riesgo

Empresarios comentaron a ZETA el temor que tienen ante la inseguridad. Pronostican el regreso de secuestros exprés, amenazas y extorsiones de criminales de bajo nivel ante la detención de los lugartenientes del narcotráfico. Reconocieron la labor de las autoridades federales, pero exigen más al Gobierno Estatal. La delincuencia menor se disparó 400 por ciento

Rosario Mosso Castro

Si la Operación Tijuana sigue trabajando en la forma y no avanza al fondo para impedir el reacomodo de los niveles intermedios del Cártel de los Arellano Félix (CAF), empresarios visualizan el repunte de extorsiones, secuestros y asesinatos más violentos, menos organizados, todavía más primitivos.
Al tratarse de criminales con menos capacidad económica y escrúpulos, también deducen que elegirán víctimas más vulnerables, grupos que ya están siendo atacados aunque en menor proporción, como jóvenes estudiantes y amas de casa. 
Por lo pronto pronostican que disminuirá el índice de secuestro mientras se reacomodan los lugartenientes del Cártel de los Arellano Félix (CAF). O en tanto algún primo o familiar cercano de Víctor Magno Escobar Luna “El Pareja” o Juan Carlos Calderón Ávila “El Mochombo” los suplen en la organización delictiva.
Al ver las imágenes en los medios de comunicación del presunto secuestrador y asesino Magno Escobar, el 1 de Abril de 2007, un alto porcentaje de las víctimas de secuestro en Baja California pudo identificar en esa gente a quienes los privaron de la libertad.
Las corporaciones de seguridad ubicaron a esta banda como la responsable del 70 por ciento de los secuestros. El sector empresarial coincidió. Equipararon: Fue como si hubieran detenido al gerente de producción de una maquiladora.
Sin embargo las víctimas potenciales que van desde comerciantes, profesionales agricultores, empresarios hasta las amas de casa, no deben bajar la guardia, explican en el sector patronal de Tijuana.
Están conscientes que la detención de siete criminales de un grupo integrado por más de sesenta delincuentes incluidos policías, no les garantiza la seguridad. El hecho que se haya quedado sin cabeza provocará la proliferación de nuevos grupos de delincuentes.
Mini células sin control que se hacen de dinero, al menos los últimos cinco años, a través del secuestro, aterrorizando, extorsionando, amenazando o matando a personas honestas y deshonestas.
Esta dispersión es el resultado de la ausencia de los lugartenientes del crimen organizado, quienes se fueron del estado cuando en diciembre el Gobernador Eugenio Elorduy avisó que en enero llegarían militares y agentes federales.
Al interior de las direcciones y secretarías de seguridad de la entidad, la versión es que Gustavo Rivera “El EP1” y José Briceño “El Cholo” no están en Baja California. Y los únicos que podría ejercer control serían las huestes de Teodoro García Simental “El Teo”.
De acuerdo a experiencias similares anteriores, los empresarios consideran que ahora deberán cuidarse de:
1.- Criminales con menos estrategia porque no han sido operadores, lo que resultará en asesinatos y privaciones de la libertad más riesgosas, violentas y desorganizadas. Lo que puede generar un mayor número de víctimas ejecutadas ante secuestradores descuidados que traten de tapar sus errores.  
2.- Malhechores sin herramientas suficientes para conseguir información fidedigna que les permita identificar a sus víctimas específicas. Esto provocará más privaciones de la libertad por “me late”.
3.- Incluso con el incipiente liderazgo de criminales de poca monta, se vislumbra el repunte de delitos que se había logrado aminorar como la extorsión telefónica y el secuestro exprés.

Segunda fase
Para evitar los problemas que se avecinan, las policías que participan en la Operación Tijuana tienen considerada una segunda parte del operativo en el que se detuvo al presunto secuestrador y asesino Magno Escobar.
Para obstaculizar el reacomodo, los comandos de policías federales y estatales (la policía municipal continúa fuera) que se han estado dedicando prácticamente al patrullaje preventivo entrarán en acción.
Siguen una serie de jornadas intensas en que desarticularán casas de seguridad y negocios de los cómplices de esta banda. Para detenerlos incluso por otros delitos que no sean el asesinato y el secuestro.
Los planes son sacarlos de circulación, impedirles que se reorganicen y en el menor de los casos hacerles saber que aunque no tienen elementos suficientes para detenerlos, saben quiénes son, y los están vigilando.
Para los empresarios el problema de esta táctica sería que carece de trabajo sólido de inteligencia, lo que impediría sacar de por vida de las calles a estos delincuentes. Porque acusados de delitos menores saldrían rápido. Está comprobado que detener a un criminal no significa que lo vayan a consignar; ejemplos clásicos del problema con las detenciones en este tipo de delitos son:
Primero, porque la aplicación de la medida anticonstitucional del arraigo domiciliario que facilita la detención sin previa investigación y sin pruebas, provoca que ante la incapacidad de fincarle cargos reales terminen liberándolos.
Segundo, ante la falta de solidez de la investigación consignada, los jueces dicen que se ven obligados a ponerlos en libertad.

Piden más al Estado
Delincuencia se dispara 400%
ZETA se entrevistó con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Coincidieron en estar agradecidos por el trabajo realizado en materia de secuestro, también reconocieron una disminución del índice delincuencial a partir de la Operación Tijuana y aplaudieron las detenciones.
Sin embargo en lo que respecta al Gobierno del Estado consideran que le sigue debiendo a los bajacalifornianos. Al comparar los resultados contra los cientos de millones de pesos invertidos.
Aunque los números de la procuraduría estatal son mejores que en administraciones anteriores, se debe a que las víctimas han sido coaccionadas o invitadas a presentar un reporte en lugar de una denuncia cuando no pueden mencionar a un sospechoso, permitiéndole al procurador Antonio Martínez Luna, maquillar con permiso del Gobernador del estado, sus resultados.
La inconformidad más grande es con la Secretaría de Seguridad Estatal, a la que reclaman que de un Fondo de Seguridad (Foseg) de 347 millones de pesos le entregue 15 millones de pesos a Tijuana, menos del cinco por ciento.
Secretaría a la que le piden rendir cuentas y presentar un plan actualizado y real de seguridad, el cual llevan más de tres meses solicitando sin respuesta de una dependencia a la que de 2006 a 2007 le subieron el presupuesto un 40 por ciento, de 865 millones a un mil 249 millones de pesos que se lo aprobaron sin saber en qué programas o acciones los iba a aplicar. Sin medir si las acciones ejecutadas habían tenido buenos resultados, a pesar que la queja ciudadana durante el 2006 fue que los programas no estaban justificando el gasto. Por simple mayoriteo de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la XVIII Legislatura.
Los empresarios manifestaron que de acuerdo a los números de la misma procuraduría en Tijuana, las delegaciones de La Presa, Centenario y La Gloria tienen el mayor índice de homicidios registrados con el 57 por ciento. La delincuencia entre menores se disparó en un 400 por ciento. 
No saben si esa información se está usando, desconocen qué programas o políticas de estado se están aplicando al respecto y qué resultados han tenido. A pesar de que han solicitado información. Y por las acciones públicas pareciera que estos datos el estado, ni los tiene, ni los acumula, ni los utiliza.

Recomendaciones
A pesar de los anuncios de detenciones, el incremento de las acciones policíacas y la reducción de las denuncias presentadas, la percepción de inseguridad no ha mejorado de acuerdo a los entrevistados y a estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Observatorio del Delito de la Coparmex y el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.
Esta situación complicará la segunda fase de la Operación Tijuana donde la denuncia ciudadana será básica para detener a los criminales de tercer y cuarto nivel.
En Tijuana, el 68 por ciento de la comunidad desconfía de los ministerios públicos, después de las policías investigadoras y en tercer lugar de desconfianza se encuentra la policía local.
Aunque los estudios muestran y las corporaciones saben que la comunidad no quiere denunciar por: temor a represalias de los delincuentes, desconfianza de que den con los responsables, certeza de que será una pérdida de tiempo para evitar que los policías los chantajeen.
La petición y recomendación de las policías y de los dirigentes empresariales es que si son victimas de llamadas de extorsión, amenaza o secuestro:
1.- Denuncien.
2.- Que a partir que reciban la primera llamada, tomen el número telefónico de donde les marcan, procuren poner atención en los detalles del comportamiento y lenguaje del delincuente.
3.- Que intenten localizar al familiar que está amenazado.
4.- Comunicarse con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a la brevedad posible.
5.- No responder una segunda llamada si no ha recibido asesoría de la AFI.
El estudio más reciente del tema, basado principalmente en la extorsión y realizado por el observatorio de la Coparmex indicó que la mayoría de los delincuentes usan teléfonos públicos y celulares.
En las extorsiones telefónicas donde piden entre 50 mil y 300 mil pesos a través del depósito en tiendas o a través de tarjetas de tiempo aire para celulares, los nombres que los delincuentes más utilizan para identificarse son: sobrinos, primos, comandante Ignacio Becerra, Tomás Villavicencio o Santos Mondragón.
También usan el nombre de Jorge Alberto Zúñiga, Arturo Reyes, Alberto Palacios Kuri,  señor Torres o señor Camacho.
El mayor número de víctimas está entre los profesionales, los comerciantes y los empleados pero no descartan a los empresarios, a los agricultores ni a los estudiantes.
La recomendación sigue siendo la misma: denunciar en cuanto reciban la primera llamada. Pero además que capaciten a su familia, amigos y empleados, en la cultura de la seguridad para que eviten manejar públicamente información económica o personal que permita a los delincuentes acercarse a ellos.
Asimismo piden a la comunidad que denuncien las casas de seguridad. Personas armadas o vehículos sospechosos que vea cerca de sus zonas de influencias.
De pasadita recomiendan vigilar a los policías municipales y sus patrullajes.
Como motivación la COPARMEX informa que en los 5 mil 714 casos atendidos por la AFI en el tema de extorsión en los últimos cinco años, las víctimas sólo han pagado el 1.4 por ciento de lo que los delincuentes habían solicitado sin que ningún miembro de la familia haya sido lastimado.
Por lo pronto y a pesar de las detenciones y del reconocimiento del trabajo hecho, los bajacalifornianos siguen considerando que viven bajo un riesgo considerable, sienten que resulta injusto que parte de las bandas sigan sueltos con la posibilidad de reorganizarse y hacerles daño, y quienes tuvieron que cambiar sus costumbres y modo de vida, no están pensando en regresar a vivir a Tijuana.
El riesgo continúa.