En la lucha por el Canal Todo Americano no ayudó el Gobierno Federal.

Olvido presidencial

Empresarios de Mexicali, quienes más han luchado por el no revestimiento del Canal Todo Americano, instan al Gobierno Federal a llevar el tema a tribunales internacionales. El Gobernador, Eugenio Elorduy, coincidió con los hombres de negocios. Estados Unidos, dicen, es juez y parte en esta construcción que de llevarse a cabo afectará drásticamente el Valle de Mexicali.

Luis Pedro Arellano Sarmiento

La indiferencia del gobierno federal mexicano para defender enérgicamente el agua que se filtra a territorio nacional del Canal Todo Americano, está a punto de concretar la pérdida de más de 83 millones de metros cúbicos anuales al Valle de Mexicali.
El 6 de abril, la novena Corte de Apelaciones de San Francisco anuló el amparo que impedía a los promotores de la obra iniciar la construcción. Los empresarios mexicalenses, el gobierno de Baja California y el municipio de Mexicali, prácticamente han luchado sin Presidente de la República.
En la primera visita de Felipe Calderón Hinojosa a Mexicali, el 16 de marzo, apenas si se refirió al Canal Todo Americano y dijo estar contra la construcción del nuevo canal encementado; lo mismo hizo el ex presidente Vicente Fox Quesada en sus  visitas en 2006 a Baja California.
Pero en la práctica, el Poder Ejecutivo no se ha posicionado para exigir no se realice la obra que dañaría gravemente los mantos freáticos de la zona noreste del Valle de Mexicali; incluidos agricultores que viven de esa agua filtrada, los humedales, así como flora y fauna endémica, algunas especies en peligro de extinción.   
La negativa de los magistrados de San Francisco a aceptar los derechos adquiridos por la utilización del agua por cerca de 63 años fue rotunda; en su redacción, a veces afirmaban como jueces y otras como estadounidenses. 
Únicamente aceptaron las demandas acerca del daño ambiental pero eso no impedirá la construcción, pues los poderes Legislativo y Ejecutivo ordenaron se realice la obra sin retraso.
Y mientras México apenas participó en el litigio como “amigo de la corte”, el Congreso norteamericano aprobó la madrugada del 8 de diciembre de 2006 una ley extensa de paquete fiscal y de programas de salud en donde ordenan la construcción del nuevo canal “sin retraso”. Para muchos, nada que ver.
El presidente George W. Bush aprobó el decreto y ése fue el argumento principal para que los magistrados del Poder Judicial fallaran contra la demanda que inició el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM) y posteriormente dos agrupaciones ambientalistas de California. 
Según lo estipulado por el magistrado colegiado de la Novena Corte de Apelaciones con sede en San Francisco, Sydney R. Thomas, el canal Todo Americano inició su construcción en 1934 y terminó en 1942. 
El Canal Todo Americano reemplazó al Río Álamo, que llevaba agua por territorio mexicano y después subía al Valle Imperial; con la construcción del canal, el agua nunca estaría más en poder de los mexicanos.
El mismo magistrado reconoce que la construcción del canal causó grandes inundaciones en el Valle de Mexicali, mismas que fueron subsanadas por la construcción del Dren Mesa que captó las filtraciones. De manera natural se formaron también los humedales de la Mesa de Andrade en una extensión de más de 6 mil hectáreas.
Dos años después de haber terminado la construcción, entre los años 1944 y 1945, las inundaciones ya eran graves, recordó el señor Luis Antonio Hernández  Aguilasocho, residente de la Colonia Bórquez, una de las zonas que resultarán más dañadas en caso que se encemente el canal.
En esa ocasión se habló de demandar al gobierno de Estado Unidos pero no ocurrió.
Fue en esas fechas que los dos gobiernos firmaron el tratado internacional de 1944, que regula la utilización del agua de los Ríos Colorado, Bravo y Tijuana.
Del Colorado, México recibe mil 850 millones de metros cúbicos anuales, además de los probables excedentes que puedan enviar los vecinos del norte.
La primera vez que se llevó a instancias oficiales el proyecto de encementado fue en 1988 y casi 20 años después está a punto de concretarse.
Antes, el problema de la salinidad que llegaba a territorio mexicano, generó un conflicto entre ambos países porque el agua que Estados Unidos enviaba a México contenía grandes cantidades de sodio que hacía inservibles la tierra de cultivo.
En 1972, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez acudió a Washington a decir que así no se trataba a los amigos y en 1973 se firmó el Acta 242 que terminó con el problema.
Para el diputado local Guillermo Aldrete Haas, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, el gobierno federal no ha hecho su trabajo para evitar se revista el canal.
“Desgraciadamente ha habido un hermetismo alrededor de las negociaciones que ha hecho el país, porque finalmente lo que diga el Gobernador, lo que diga el Presidente Municipal,  lo que digamos nosotros como congreso, no tienen ninguna validez legal, la lucha tiene que ser en el Senado de la República o a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Yo pienso que se perdió mucho tiempo”.
Esto nos va a pesar dentro de muchos años, sostuvo el diputado local recordando la lucha de los años 60 y 70 por el problema de la salinidad.
En el mismo sentido, el Presiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, Alfredo Babún Villarreal, espera una acción “determinante en este tema porque el tiempo se está acabando.
“Siento que vamos un poco retrasados, un poco lentos, ha habido mucha oportunidad, la noticia del proyecto del encementado del Todo Americano, tiene aproximadamente seis años y es momento en que todavía no conocemos una resolución, un comunicado del Gobierno Federal determinante en este tema”, sostuvo el líder de los empresarios y exclamó “el impacto que va a tener es que habrá un Mexicali antes y un Mexicali después del encementado del Todo Americano”.
Babún Villarreal dijo que en el litigio Estados Unidos es juez y parte y una vía explorable puede ser una instancia internacional, trabajo que le corresponde realizar al Presidente de la República.
Por lo pronto, el litigio que inició el CDEM el 19 de julio de 2005 en un juzgado de Nevada, es apoyado económicamente por los gobiernos Estatal y Municipal y ya ha costado 14 millones de pesos. La parte demandante tiene de plazo hasta el 21 de mayo para apelar la decisión de los tres magistrados de segunda instancia.
Legalmente todavía hacen falta dos instancias a recurrir en Estados Unidos, sin embargo la respuesta de la corte fue tajante al negar los derechos de agua a los mexicano y suspender el amparo que impedía el inicio de la obra.
En el artículo primero de su constitución señala que ellos “pueden determinar la reglas de sus procedimientos internos”, dijo el juez que terminó su redacción legal diciendo: “Toda noción pendiente será denegada como punto a discutir”.
Otro de los argumentos fue defender su soberanía.
El 17 de abril de 2007, el gobernador Eugenio Elorduy Walther vaticinó la posibilidad de continuar con la demanda legal y, según dijo el aspecto diplomático es abordado efectivamente por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.  
“El gobierno mexicano ya inició conversaciones con el gobierno de Estados Unidos alrededor de lo que es las acciones necesarias para que en el Valle de Mexicali, no haya un daño con la pretensión que se tiene de parte del gobierno norteamericano”, dijo el gobernador de Baja California.
En noviembre de 2005, el CDEM se enteró de una propuesta de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que el gobierno de Estados Unidos aportara 69 millones 625 mil 597 dólares. La versión nunca fue desmentida por esta autoridad federal.
Con ese dinero se rehabilitaría el Distrito de Riego Número 14 del Río Colorado que comprende Sonora y Baja California.

Directamente serían afectadas 18 mil hectáreas de la zona de influencia, unas mil 500 familias y la reducción de los mantos freáticos  y acuíferos que alimentan los pozos de sustracción de agua en el Valle. 
Basado en el acta 242 de 1973, el gobernador dijo que “estipula claramente que cuando se pretenda realizar una obra que afecte al otro país debe ser previamente consultada, esta es una de las premisas importantes para nuestra inconformidad y con base en eso, es que hemos venido discutiendo diplomáticamente este tema y también jurídicamente”.
Siguiendo con la resolución de magistrado Thomas, en el litigio Estados Unidos alega que se ha consultado ampliamente el tema, mientras  que México “como amigo” considera una rápida e insuficiente consulta.
El Gerente General del CDEM, René Acuña Uscanga, ha repetido incansablemente que el gobierno federal no ha respondido para defender el agua de los mexicanos. Luego del 6 de abril, fecha en que anularon el amparo, la SRE ha cambiado en dos ocasiones una cita con los miembros de este grupo empresarial, hasta el miércoles 18 de abril, la cita estaba programada para el día 27 próximo.
Fue la acción del Gobierno de Estados Unidos de subir como Ley el inicio de la obra, lo que puso contra la pared  a los demandantes. En los argumentos, los abogados del CDEM y por lo tanto de México, alegaron que se estaría violando el principio de división de poderes porque estaba en proceso un litigio sobre el Canal Todo Americano y la promulgación de la ley fue posterior al amparo concedido el 25 de agosto de 2006.
Los jueces sólo dijeron que deben obedecer lo estipulado en sus leyes.
El 16 de febrero de 2006, el gobernador Elorduy Walther  fue a un foro hasta Washington y se pronunció contra el revestimiento del canal frente a los integrantes del Centro de Estadios Estratégicos Internacionales.
Desde el Senado, Roberto Pérez de Alva en su momento y recientemente Jaime Díaz Ochoa han  ocupado la tribuna para rechazar la nueva construcción.
Como en la pérdida de territorio y sin Presidente de la República, los mexicanos perderemos el agua que necesitarán las generaciones futuras. 
Hay quienes sostienen que una respuesta enérgica del presidente y resistencia civil en las garitas, podrían ser las últimas opciones en defensa del agua.