Permiten la construcción de estaciones de gasolina fuera del reglamento

Transa Ayuntamiento-PRI

Vecinos de diferentes zonas de la ciudad, se quejan de la llegada de estaciones de gasolina que, presumen, ponen en peligro su vida y la de sus familias. El Ayuntamiento de Tijuana, a la par con los intereses del Partido Revolucionario Institucional, otorga permisos a cambio de jugosas contribuciones. Persiguen a algunos gasolineros y favorecen a otros. El tema: Un caos de intereses, farsas y campañas.

Rosario Mosso Castro

Los tijuanenses están pagando con su seguridad los favores económicos que el partido en el Gobierno Municipal tiene con los propietarios de las estaciones de gasolina.
En este municipio, algunos corporativos gasolineros funcionan como una de las principales fuentes de financiamiento para la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Alcalde con licencia, Jorge Hank.
La lista de proveedores de financiamiento privado del partido tricolor tiene catalogados a los vendedores de gasolina como donantes plus, porque sus generosas dádivas pueden llegar hasta los 3 millones de dólares.  
En la Secretaría del Gobierno Municipal reconocieron la fuerza de la empresa Gasmart a través de su negociador, Alberto Murguía, compadre de Hank y suplente del senador Fernando Castro. Aunque también señalaron al Síndico José María Lozano, que acostumbra ver el beisbol acompañado del dueño de esa gasolinera.
A Lozano le atribuyen un doble papel: Como parte del gremio de gasolineros, no puede afectar el negocio de su familia; como funcionario le toca mantener contentos a los poderosos inversionistas de la campaña.
En otra compañía gasolinera, ECO Gas, fueron identificadas sus influencias a través de un grupo de abogados que también se desempeñan como asesores de la Consejería Jurídica Municipal, a quienes, aseguran sus detractores, se les han aceptado trámites fuera de tiempo y de las oficinas municipales.
Total, un soberano lío el de las gasolineras en Tijuana, que se mueve a partir de hilos de poder en el Ayuntamiento, pasando encima de reglamentos municipales y actuando con impunidad gubernamental, todo en detrimento de los gobernados.
Los dueños de estaciones de gasolina viejas de Tijuana, acusan incluso traición, porque Dimas Campos, uno de los ex dirigentes de la asociación, fue señalado como prestanombres encargado de promover la construcción de estaciones de gasolina que rentará a Gasmart en más de cinco puntos estratégicos de la ciudad, dado que la compañía perderá el convenio de renta de 17 puntos de venta en este año.
Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad no existe ningún terreno a nombre de Campos, sólo se encontró información de venta de dos de las tres estaciones que está actualizando.
Lo que no han mencionado los representantes de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT) es que algunos de sus miembros están aprovechando las deficiencias y omisiones del municipio. 
El principal problema, que afecta directamente a la ciudadanía, es la proliferación de estaciones de venta de gasolina en las calles de la ciudad. Frecuentemente, incluso, se dan casos de gasolineras que están una frente a la otra. Algunas con permiso, otras sin el mismo, pero todas aprovechando una estrecha relación con el poder municipal y las aportaciones millonarias que se harán a las campañas electorales de 2007.
Otro implicado en estos desaseados movimientos es el Secretario de Desarrollo Urbano, Fernando Zamora, quien conociendo los hechos, los ha dejado pasar para que se resuelvan en los juzgados, donde debido a la falta de equidad promovida por la administración municipal, invariablemente han terminado dando la razón a los empresarios.
Ante el enorme manejo de intereses y la cantidad de irregularidades, representantes de los diversos grupos fueron entrevistados por ZETA. La mayoría solicitaron que sus nombres no aparecieran.
Antes de ser removido, el Director de Administración Urbana municipal, David Navarro, expresó que todos los permisos relacionados con gasolineras los consultó directamente con su jefe, Fernando Zamora.
El otorgamiento, negación o cancelación de permisos irregulares se dio también en la anterior administración panista, que correspondió a la primera etapa de crecimiento del sector con la llegada de inversionistas foráneos.
Pero ahora, los compromisos adquiridos por funcionarios de la administración municipal con estos inversionistas, han degenerado el tráfico de influencias que está provocando falta de equidad y desorden urbano en la ciudad, sobre todo enfrentamientos públicos entre los gasolineros.
Ante la división del gremio de vendedores de gasolina, al Gobierno Municipal le ha resultado difícil atender todas las demandas y pagar los favores.
La consecuencia ha sido que los inconformes de los distintos grupos empresariales han expuesto públicamente el contubernio de las autoridades con sus competidores. Y la mayoría han salido salpicados.
Las asociaciones y corporativos gasolineros se están acusando entre sí, por estar siendo favorecidos de una u otra forma por las deficiencias de la Sindicatura Municipal a cargo de José María Lozano, la Secretaría de Desarrollo Urbano con Fernando Zamora Rubio, la Dirección de Administración Urbana (DAU) con el suspendido David Navarro y hasta la Consejería Jurídica Municipal que titula el Licenciado Ramón Serrano.

Chivo expiatorio
Ante la promoción de investigaciones, la administración municipal y los coordinadores de la campaña hankista que siguen teniendo voz y voto en el XVIII Ayuntamiento, decidieron usar como chivo expiatorio al funcionario de menor rango: David Navarro.
Como si los alcaldes, los secretarios de Gobierno, el Síndico, el Secretario de Desarrollo Urbano o el Consejero Jurídico no hubieran estado enterados de los trámites, sólo el director de la DAU fue suspendido la tarde del 17 de abril, como resultado de los constantes reclamos públicos y en respuesta a una petición por escrito que entregó la APEGT, señalando al funcionario por favorecer a grupos contrarios.
Sin embargo, oficialmente la suspensión de 30 días fue por firmar autorizaciones de carteleras irregulares, lo extraño es que se trata de una denuncia hecha por los regidores panistas el 17 de mayo de 2006, la cual tuvo como resultado la destitución del entonces Subdirector de la DAU, Alexis Pérez, el  25 de mayo de 2006. Pero a Navarro lo entrevistaron en junio del año pasado y acordaron que no había responsabilidad.
Un año y un mes después, tras una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano, el Consejero Jurídico y gente de la APEGT, el Síndico José María Lozano decidió separarlo provisionalmente del cargo; mientras que a los gasolineros les dijo que sería para investigar los permisos otorgados de manera irregular a Gasmart para estaciones en colonias como Jardín, Jibarito y la Tercera Etapa de la Zona del Río.
Ese procedimiento lo consultaron con el Alcalde con licencia, Jorge Hank, y su equipo de campaña. Al suplente Kurt Honold le corrieron la cortesía, sin embargo, éste aseguró públicamente que no había sido informado previamente, pero que tiene plena confianza en Navarro.
De hecho existe una versión extraoficial de que será reinstalado el próximo 23 de abril.
Al interior del Ayuntamiento, personas allegadas al director suspendido afirmaron que este movimiento trae la mala intención de Fernando Zamora y José María Lozano, quienes se dieron cuenta de los planes de Honold de hacer cambios en la Secretaría de Desarrollo Urbano, los cuales afectarían el trabajo conjunto que vienen realizando, por eso decidieron tronar a Navarro.
Por lo pronto, si se trata de investigar los permisos irregulares o la laxitud con las gasolineras, Lozano Rodríguez se quedó cortó.
La realidad es que ni los dueños de estaciones de gasolina, ni los funcionarios implicados en la tramitología para que éstas inicien operaciones, respetan los derechos de los tijuanenses a la seguridad y la vida. Argumentan que tiene permisos de uso de suelo previos al reglamento o buscan vacíos legales para instalarse donde consideran hay más flujo de autos y podrán hacer negocio.
En la primera parte de la farsa, algunos gasolineros, con los trámites a medias, sin uso de suelo y sin permiso de construcción, han iniciado obra, sabiendo de antemano que no reúnen los requisitos del reglamento municipal al 100 por ciento, pero seguros de que ganarán el caso en un Juzgado. Se instalan en zonas pobladas o de crecimiento, como el Cañón del Sainz, esperando no ser detectados antes de terminar la obra.
En otros casos han construido sin respetar la distancia mínima de casas, escuelas, líneas de comunicación e incluso sobre cuencas de río y suelos licuables con fallas geológicas, violando un reglamento.
Para la segunda parte de la farsa, los funcionarios han iniciado procedimientos de sanción, pero en apariencia: Como si desconocieran los reglamentos, cometen oportunos errores en cancelaciones y otorgamiento de permisos, provocando que los afectados se amparen de la justicia federal o de la misma Consejería Jurídica Municipal.
En el ámbito jurídico, por la falta de equidad o un “error” de forma, las instancias legales terminan dando la razón y apoyando al empresario, así como sus importantes inversiones y aportaciones a las campañas.
Al final, las estaciones de gasolina se han puesto en funcionamiento o siguen construyendo porque se protegen los derechos jurídicos y económicos de las prósperas gasolineras, por encima de la seguridad de los ciudadanos.

Manzana de la discordia
Tras entregar un importante número de usos de suelo y construcción de estaciones de gasolina, algunas en plena Segunda Etapa del Río o sin importar que se autorizaran fraccionamientos cercanos, el XVII Ayuntamiento administrado por el panista Jesús González Reyes decidió poner orden.
A finales de 2003, los gasolineros locales sintieron que la llegada de empresarios foráneos con capitales importantes afectaría sus ventas y no deseaban someterse a las leyes del libre mercado por una razón. Su lógica era simple. Todos debían vender la misma gasolina de PEMEX, así que no tenían oportunidad de ofrecer un mejor producto. 
Entonces solicitaron el respaldo del Ayuntamiento. En septiembre de ese año publicaron en el Diario Oficial, el Reglamento de Usos de Suelo para las Acciones de Edificación, Instalación, Conservación y Operación de Estaciones de Carburación y de Servicios de Productos Derivados del Petróleo para el Municipio de Tijuana Baja California. 
Para proteger intereses empresariales dejaron la fracción X del Artículo 37, en el cual ordenan que ninguna estación de gasolina podrá instalarse a menos de un kilómetro de las ya existentes en la zona urbana. Y a 10 mil metros de las que operan en la zona rural.
El mismo reglamento protege a la comunidad, aduciendo que no se permite la construcción de estaciones de gasolina a:
* 50 metros de centros de concentración masiva, como cines, teatros, etcétera.
* 30 metros de los inmuebles de tipo habitacional más cercanos.
* 100 metros de la industria de alto riesgo que emplee soldadura o fundición.
* 15 metros desde el eje de cada dispensario y el tanque de almacenamiento, de la estación hasta algún uso.
* 30 metros respecto a líneas de alta tensión, ya sean aéreos o subterráneos.
Asimismo, aprobaron el reglamento en Cabildo el 23 de agosto de 2003. Tres días después, el 26 del mismo mes, el entonces Secretario de Gobierno Municipal, Luis Alonso Morlett, informó con el oficio número 521 que el Ayuntamiento estaba impedido de aplicarlo porque no se cumplió con el procedimiento ordenado por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, de incorporar esta información para la adecuación del programa de Desarrollo Urbano del municipio. Pero lo ignoraron.
Incluso a finales de 2005, a petición expresa del Tribunal de lo Contencioso, el todavía Alcalde respondió un requerimiento admitiendo que a esa fecha, todavía no se realizaba la adecuación del reglamento al Programa de Desarrollo Urbano, reconociendo que la ilegalidad permanecía.
Lo mismo sucedió en febrero de 2004, cuando recibieron el oficio SE-10-096-2004-082 de la Comisión Federal de Competencias. Se refirieron a la prohibición de construir estaciones nuevas a menos de un kilómetro de las viejas, dejando claro que el reglamento contraviene la Ley Federal de Competencia, que prohíbe y castiga las prácticas monopólicas, que den ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas. No obstante, la administración de González no hizo nada.
Tampoco Jorge Hank. Cuando llegó su administración modificó cuanto reglamento se le atravesó, pero el de las gasolineras, ni lo reformaron, ni lo anularon.
No pueden alegar que no detectaron el problema, porque las denuncias llegaron al punto de que la APEGT promovió un juicio político por omisión contra el Síndico José María Lozano Rodríguez, mas este procedimiento quedó como mero antecedente.

Gasolineras
De acuerdo a información proporcionada por la Gerencia Corporativa de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tijuana, a la fecha existen 158 estaciones de gasolina.
Actualmente están en trámite once solicitudes para estaciones, pero no informaron quiénes son los peticionarios ni sus posibles ubicaciones. Empresarios locales informaron que se están negociando terrenos en el fraccionamiento Valle Sur, tres en el Bulevar Industrial, Carretera Aeropuerto, Bulevar 2000, El Niño, Ojo de Agua, dos en las cercanías de la caseta a Tecate, e incluso, están buscando espacios en las inmediaciones del crucero de la “5 y 10”.
En cuanto a las estaciones de servicio que se han otorgado durante los últimos tres años en Tijuana, PEMEX informó que han sido ocho en 2004, cinco en 2005 y una en 2006, las cuales fueron entregadas a personas físicas y morales con distintas razones sociales, mismas que no fueron especificadas.
Donde hay obra en este momento, es en la Vía Rápida, Tercera Etapa del Río; a la altura del fraccionamiento Hacienda de Córdova; Libramiento Sur, a la altura de fraccionamiento Jibarito; Libramiento y Colonia Francisco Villa; así como Cañón del Sainz y Fraccionamiento Urbi. Todas éstas con algún tipo de incumplimiento con las dimensiones de los terrenos, distancias con la mancha urbana y sin permisos de uso de suelo o construcción, perteneciendo a distintos grupos, incluidos los permisionarios locales. 
En entrevista concedida a ZETA antes de su suspensión, David Navarro fue claro: las franquicias entregadas por PEMEX no tienen problemas porque se entregan una vez que los solicitantes comprueban que cumplieron con decenas de trámites en el municipio y estado donde quieren instalarse.
“Y es muy riguroso en eso, precisamente eso es lo que garantiza la seguridad, incluso los requerimientos mexicanos en cuanto dispositivos de seguridad de los tanques y dispensarios son más estrictos que los de Estados Unidos”, refirió.
Así que el problema no es PEMEX.
Los intereses que se mueven en este tipo de negocios son grandes, porque las inversiones en una de estas instalaciones andan en el promedio del millón de dólares. Aparte del costo del terreno y los permisos.
Un ejemplo son dos estaciones que vende el empresario Dimas Campos, una por 1 millón 600 mil dólares en la Vía Rápida y otra por 2 millones 600 mil dólares en el Bulevar Insurgentes.
Tardan de 18 meses a dos años en construirlas para empezar a recuperar la inversión, así que buscan puntos ya probados. El problema en Tijuana es que la zona urbana ya está saturada, los espacios disponibles están en la periferia, pero los empresarios no lo ven como inversiones redituables a corto plazo.
Las ganancias son otro punto. De acuerdo a los empresarios foráneos, una estación con buenas ventas que permite continuar el crecimiento construyendo más estaciones, es aquella que vende un promedio de 600 mil litros mensuales, aunque en Sonora hay algunas que crecen con ventas hasta de 300 mil litros mensuales. Son consideradas buenas.
Para los gasolineros locales, el problema y molestia con la competencia es que antes de la llegada de los corporativos externos, sus ventas superaban los mil litros mensuales y no se administraron ni ahorraron. Por eso cuando PEMEX los obligó a la modernización, muchos de ellos se vieron en la necesidad de rentarle a empresarios de otros estados, principalmente a Gasmart.
Los conflictos se han reavivado ahora, porque en los próximos tres años, esos contratos están por vencerse y los renteros ya avisaron a Gasmart que no renovarán el contrato, porque el negocio se recuperó en esas estaciones y consideran que esa empresa realiza prácticas deshonestas; de hecho siendo presidente de APEGT, José María Lozano expulsó a estos empresarios de la asociación. 
El problema para Gasmart fue que los empresarios locales no se habían preparado para la competencia. Independientemente del oportunismo que se podría acusar en los empresarios, son los órganos gubernamentales los responsables de evitar y controlar que los deseos de crecimiento empresarial no afecten a la comunidad, y no lo están haciendo.
En las mismas condiciones les dan permiso a unos y a otros se los niegan, y como profesionales saben que este tipo de prácticas van a terminar en gasolineras operando por encima de los reglamentos locales.
Además, Navarro informó que en dos años, el XVIII Ayuntamiento ha entregado diez permisos a estaciones que sí cumplen con el Reglamento “…y por vacunarme voy y le digo al Secretario (Fernando Zamora), me pregunta si dan el kilómetro, le digo que sí y me dice ‘dalo’”.
Las que tienen problemas en la Vía Rápida Tercera Etapa del Río, Playas, Soler, Santa Fe y la Villa, entre otras, “… son usos de suelo que heredamos, algunas cumplen con la distancia en relación a los centros urbanos, pero igual, están llevando procesos con jueces federales. Cuando esto pasa al ámbito de lo jurídico y los amparan, me ordenan suspender acciones, no puedo hacer nada.
“Me llevan a un ámbito jurídico y ahí nos peleamos, esos se tarda cuatro a seis meses y la ganan”.
Pero ellos siguen construyendo, teóricamente, violando el reglamento.
– ¿Tienen facultades para detenerlos? preguntó ZETA.
“Se han dado casos como los de Santa Fe y la Vía Rápida, o la (colonia) Jardín, en la Villa; regresamos a notificarlos después del amparo, pasamos la información a Sindicatura, pero hasta ahí puedo llegar como área técnica. No se puede hacer nada porque el asunto está en los juzgados” respondió Navarro.
Además existen dos problemas adicionales:
Uno, que los empresarios, a sabiendas que se harían cambios al reglamento, solicitaron permisos de uso de suelo antes, y estos derechos no fenecen. Los pelean aunque sepan que después de diez o cinco años las condiciones del terreno en cuestión hayan cambiado y ahora tengan zonas fraccionadas alrededor; de hecho eso es lo que les conviene comercialmente.  
Dos, que las franquicias tampoco expiran. Si no se construye, sólo se tiene que estar pagando anualmente para recuperar ese derecho. Porque por lo menos en papel, mientras los municipios y estados no digan otra cosa, siguen reuniendo los requisitos.
Respecto a las deficiencias jurídicas del Ayuntamiento que han permitido el funcionamiento de estaciones que no cumplen con el reglamento, el Consejero Jurídico explicó que la mayoría de los asuntos aún están en proceso, pero el problema han sido las deficiencias en el proceso de notificación de la DAU con las gasolineras irregulares.
De igual forma, notificó que en cierta parte de los procesos han alegado falta de equidad. Un recurso muy utilizado por empresarios y contribuyentes que, de probarse, a la larga da amplias posibilidades de ganar y pasar por encima de las regulaciones y legislaciones locales.
En esta marejada de intereses, los gasolineros terminan, con procedimiento judicial o sin él, construyendo más estaciones. A la fecha, el Ayuntamiento de Tijuana ha servido de comparsa, mientras los afectados manifiestan que las arcas del partido se llenan con generosas contribuciones.
Los más afectados: Los tijuanenses.