Sin celebración

Durante las últimas cinco décadas, la celebración del Día de la Libertad de Expresión fue un acto para agradecer al presidente de la República en turno, su disposición para que los periodistas pudieran ejercer con libertad su trabajo y mantener éste como fuente de subsistencia.
De hecho, ése fue el motivo por el que se instituyó en 1952; en una franca alianza entre el gobierno y editores de los principales diarios de la Ciudad de México, como una manera de no publicar información que dañara a los funcionarios, a cambio de dádivas y prerrogativas disfrazadas de publicidad para los periodistas.
A la par de esta celebración ostentosa en la que se entregaban por parte de los dueños de periódicos y otros medios de comunicación placas de reconocimiento al presidente, en reciprocidad los periodistas recibían costosos regalos, viajes, ingreso a la nómina federal y como colofón el Premio Nacional de Periodismo.
Afortunadamente eso se acabó y al inicio de la administración foxista, la Secretaría de Gobernación canceló la celebración del 7 de junio, para dar paso a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituida por la UNESCO en 1993 y celebrada en más de 178 países del orbe cada 3 de mayo.
También instruyó para que el Premio Nacional de Periodismo fuera ciudadanizado, por lo que desde entonces y cada año, un grupo de reconocidos periodistas y comunicadores se erige como jurado calificador y selecciona a quienes merecidamente se hagan acreedores.
Lo que no se ha acabado en México son la agresiones a periodistas.
Precisamente durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, 15 periodistas murieron como consecuencia de su labor en los medios de comunicación. Uno de esos casos fue el del editor de ZETA, Francisco J. Ortiz Franco.
Lo grave de esto es que los crímenes han quedado impunes, y no hay señales que orienten lo contrario.
En los escasos cuatro meses que lleva el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el crimen organizado ha cobrado ya dos víctimas entre el gremio periodístico; uno en Acapulco, Guerrero y el segundo recientemente en Agua Prieta, Sonora.
Jesús Blancornelas (Q. E. P. D.), director fundador de ZETA, pugnó durante los últimos años, para que los delitos contra los periodistas se elevaran del orden común al federal, como una garantía para que las agresiones fueran verdaderamente castigadas.
Fue entonces cuando en 2005 y por acuerdo del entonces procurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca, se crearon fiscalías federales en algunos estados, para investigar aquellas agresiones a periodistas en función de su trabajo.
Baja California fue una de esas entidades federativas y se nombró a un fiscal especial para atender a los periodistas, pero hasta la fecha no hay información sobre el trabajo realizado. Ni siquiera se sabe si el Ministerio Público sigue en funciones, pues hasta hubo cambio de delegado desde agosto del año pasado.
Ojalá durante este sexenio cesen las agresiones a periodistas, y que se haga justicia a los familiares de los periodistas caídos. El gobierno federal tiene la palabra.