Investigadores encontraron una línea hacia el lugarteniente del narcotráfico.

“El Teo” en balacera y ejecuciones

Coincidieron autoridades policíacas que la balacera previa a la toma del Hospital General el miércoles 18 de abril, fue ejecutada por sicarios a cargo de Teodoro García Simental, alias “El Teo”. También confirmaron el hallazgo, en la escena del crimen en la canalización, de la pistola de cargo que en vida llevó Héctor Gaxiola Gámez, Jefe Policíaco asesinado en 2006.

Investigaciones ZETA

Las ejecuciones que se han descubierto en los últimos días, y la balacera que terminó en la toma del Hospital General de Tijuana a manos del crimen organizado, tienen un común denominador:
Han sido ordenadas por Teodoro García Simental  “El Teo” y ejecutadas por los sicarios que trabajan para él.
Aún cuando las autoridades militares y federales, consideran que García Simental huyó de Baja California a la llegada del Operativo Tijuana, los hechos recientes podrían suponer su regreso y su actuar en territorio local.
Dos corporaciones policíacas en el estado coincidieron en señalar a “El Teo” como el responsable de los últimos hechos delictivos del crimen organizado.
García Simental es uno de los lugartenientes del cártel de los Arellano Félix, que se disputan la permanencia del narcotráfico en Tijuana, apoyados en otras actividades delictivas como el asesinato y el secuestro.
Fue señalado a finales de 2006, por ser el jefe directo de quienes pretendieron acabar con la vida del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Díaz Lerma, en abril de 2006.
Explicaron los policías, que los recientes asesinados son producto de un conflicto por deudas del narco. Ninguno de los ejecutados tenía un perfil llamativo en la corporación delictiva, pero en su calidad de cobradores y vendedores de menor escala, pretendieron no pagar. Eso les costó la vida.
Coincidieron los informantes de ZETA, que los hechos son parte de un mensaje del lugarteniente de los Arellano, para dejar claro que quien no pague, pierde la vida. Además, que las bajas serán suplidas con personas nuevas en la organización delictiva.
El mensaje más grave es el de la impunidad de la que goza esta célula del cártel. Aún con la presencia militar, con la policía federal, la estatal preventiva y en oficinas de gobierno, tienen la infraestructura y las garantías para actuar conforme a sus intereses,
Uno de los consultados por ZETA, consideró que este tipo de cadenas de homicidios de delincuentes menores, es una de las formas más comunes con las que los aprendices de sicario, demuestran que están listos para ocupar los puestos de “cobradores de piso”. Una reestructuración de la organización.
En este caso, los espacios desocupados en la célula criminal de “El Teo” fueron los de Enrique González Cerón, muerto en el canal del río Tijuana en las inmediaciones de la Central Camionera. Lo ultimó a largo alcance un policía cuando trataba de alejarse corriendo, no se ha dicho si el francotirador fue estatal o federal. Y Javier Estrada Domínguez, a quien habían herido en el encontronazo de la segunda etapa del río, y quien a su vez es autor del intento de rescate o ejecución, la balacera y la toma del Hospital General.

Hipótesis de los crímenes

Información de una corporación policíaca, indicó que existe otra hipótesis:
Los encargados de las recientes ejecuciones en las delegaciones Centenarios y Mesa de Otay, son parte del grupo que acompañó a Ernesto Sánchez Vega “El Neto” en la incursión al Hospital General. Los mismos que las policías dejaron ir en medio de la confusión.
Sobre los ejecutados, explicaron que eran clientes y deudores de los empleados de García Simental, cuando fueron requeridos para cubrir los importes que debían a Enrique González Cerón y Javier Estrada Domínguez.
Suponen los investigadores extraoficiales, que los nuevos cobradores recibieron respuestas negativas o excusas sobre el pago. Sin más negociación, los mataron. Antes los habrían torturado.
Una segunda versión señala que en el reacomodo de las células del cártel de los Arellano Félix, han aparecido delincuentes de menor calibre pero que en la incertidumbre se quieren erigir como lugartenientes en las delegaciones La Presa y Sánchez Tabeada; que llegaron a tomar el mando en la delegación Centenario y vino el conflicto ante una inestabilidad de la organización criminal.
La hipótesis que rechazan las corporaciones policíacas es aquella que indica que los muertos localizados entre el 18 y 27 de enero son los mismos hombres que entraron y salieron impunemente del hospital, quienes fueron asesinados por no haber asesinado a Estrada Domínguez

La pistola de Gaxiola

Policías consultados por ZETA coincidieron en que los hechos están relacionados. La balacera en el Hospital General con las ejecuciones de fin e inicio de semana.
Agentes aseguraron que las delegaciones donde están ocurriendo los crímenes son parte del territorio criminal de Teodoro García, donde, suponen, no ocurren hechos sin su consentimiento.
Incluso los encargados de investigar la balacera del Hospital General, cuentan con pruebas periciales para seguir la línea de investigación hacia García Semental. La relación de hechos incluiría la participación de agentes municipales y estatales.
El miércoles 18 de abril, en la primera balacera en la zona del canal, antes de ser herido, Javier Estrada Domínguez bajó y dejó abandonada una maleta negra que contenía armas de alto poder y una pistola de las que usan los policías municipales.
El revólver resultó estar inscrito ante el ejército como parte del inventario de la policía municipal de Tijuana.
Cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó datos a la Secretaría de Seguridad Municipal de Tijuana, respondieron que efectivamente, estaba registrada como arma de cargo del  ex jefe policíaco de la delegación Sánchez Taboada,  Héctor Gaxiola Gámez, y que en el reporte que presentaron en enero de 2007 cuando se hizo la revisión del armamento, habían notificado el arma como desparecida el 10 de noviembre de 2006, mismo día que el cuerpo de Gaxiola fue encontrado prácticamente deshecho a balazos.
La ejecución de este jefe policíaco fue una de las más aparatosas cometidas contra la policía municipal en 2006. Se concretó al día siguiente que el agente había sobrevivido a un atentado.
En su momento, las investigaciones concluyeron que los actos criminales contra Gaxiola se habían dado luego de conocerse que éste había sido llamado a declarar en relación al asesinato del Oficial Municipal Felipe Antonio Cavada Cueva, ocurrido el 3 de noviembre.
El operativo homicida para acribillar a Cavada fue calificado como “casero”. Los asesinos no utilizaron armas de alto poder ni vehículos ostentosos. La misma noche del crimen, se supo que García Simental y un grupo de agentes municipales dijeron conocer que los homicidas eran policías. Amenazaron con encontrarlos y matarlos.
Dentro de la investigación, la policía ministerial encontró un auto ligado a la ejecución de Cavada, que fue relacionado a Jorge Mario Vera Ayala, ahijado y escolta del ex alcalde de Tijuana, quien fue incluso señalado por dirigir un comando negro policíaco. Las últimas declaraciones hechas por Gaxiola a sus jefes, revelaron en aquel momento, que había sido llevado a la trampa mortal por otros agentes municipales. Los cuales pudieron participar en la ejecución lo mismo que policías ministeriales que filtraron la información. Algunos de éstos, se habrían quedado con su arma, luego de ejecutarlo.
De esta manera, la ubicación del arma de cargo de Gaxiola, llevó a la PGR a presumir la participación de policías en la balacera del Hospital General.

Investigar Policías

El organismo encargado de investigar lo que ocurrió en el Hospital General el miércoles 18 de abril, quiénes participaron y los agentes que dejaron ir a los delincuentes, es la SIEDO.
Una investigación que deberá concretarse de manera profesional, dado que los hechos pusieron en peligro la vida de muchos civiles. El Hospital contaba ese día y en ese horario con aproximadamente 500 ocupantes entre profesionales de la medicina, enfermos y familiares de éstos.
La investigación de la SIEDO deberá clarificar puntos como:
* La falta de técnica y pulcritud con que se manejó la escena del crimen en el canal donde quedó muerto Enrique González Cerón
* La sospechosa fuga de un grupo de delincuentes
* El desorganizado desalojo
* La asignación de una escolta de sólo dos hombres a la ambulancia que escoltaba al criminal
* Que se haya permitido la incursión equívoca de policías sin uniforme.
* El abuso de autoridad cometido contra los empleados del hospital a quienes saquearon sus gavetas personales cuando efectuaron la revisión
Las primeras indagaciones deberán ser a los agentes que se encontraban al mando. En el caso de la balacera cerca del canal, fue el sargento Germán Bedolla y en el Hospital General, por parte del estado, Roberto Bravo, y por la federal Jorge Martínez.
Se debe verificar también, por qué sólo enviaron una patrulla con dos agentes estatales escoltando a la ambulancia que llevaba al criminal herido al Hospital General, si en la balacera del canal se presentaron numerosas patrullas de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno.           
También revisar qué estaban haciendo estos dos guardias cuando ingresó al nosocomio el comando criminal. De acuerdo a testigos, los estatales habían entrado antes que los delincuentes.
Deberá aclararse la presencia en el hospital de un grupo de policías ministeriales que no fueron entrenados en tareas tácticas para atender fugas o casos de rehenes. Todavía más: Definir por qué las autoridades federales permitieron el ingreso de supuestos agentes sin uniforme ni gafete de identificación.
Además, encontrar a quienes no acordonaron el área adecuadamente y permitieron el ingreso de personas ajenas al operativo (hay imágenes de televisión que lo acreditan) cuando todavía se estaba desarrollando, al interior del hospital y en el patio de urgencias.
Las investigaciones sobre la balacera del Hospital General y la ejecución previa, correrán a cargo de la corporación Federal luego que la PGR atrajo el caso para su investigación. El Procurador de Baja California, Antonio Martínez Luna, justificó:
“Se trató de acciones dentro del Operativo Baja California que está dirigido por las fuerzas federales, todos acudimos y apoyamos, pero en esos casos le corresponde a la PGR recibir los expedientes. Nosotros practicamos las primeras diligencias en la muerte y la agresión porque la PGR no tiene en Baja California la tecnología pericial y el equipo necesario.
“Pero de por sí, cuando intervienen fuerzas federales la PGR se hace cargo, a eso habría que agregar que atentaron contra ellos, el uso de armas larga y automáticas y porque se advierte en un simple análisis que se trata de crimen organizado”.
Así, los pendientes de investigación se acumulan, mientras el crimen organizado goza de la impunidad para cometer ejecuciones y venganzas propias de su actividad delictiva.