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Bajo investigación
La Procuraduría General de la República investiga, ya, el video en el que un ex ministerial lo acusa de ser mafioso y proteger a los cárteles de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán”.
Investigaciones ZETA
Desde el martes 8 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la solicitud por parte de la procuraduría estatal, para iniciar las indagatorias respecto al contenido del video en el que acusan al procurador Antonio Martínez Luna de amafiarse con el Cártel de Sinaloa.
Parco y cauteloso en sus declaraciones, el delegado de PGR en Baja California, Alfredo Becerril Almazán, recibió a ZETA luego que este semanario hizo las gestiones directamente ante las oficinas centrales de la dependencia en la Ciudad de México.
Aquí la entrevista textual:
–¿Tienen ya la solicitud por parte de la procuraduría del Estado para investigar este asunto?
“Lo que le podemos comentar es que hay una averiguación iniciada en lo que la Suprocuraduría de Delincuencia Organizada (Siedo) se haga cargo de esta investigación. Se ha recepcionado el video que ha circulado en los diversos medios y es materia de investigación”.
–¿Lo va a investigar la Siedo?
“Es correcto”.
–¿Hay un grupo en Baja California de la Siedo o va a ser centralizado en la Ciudad de México?
“La investigación la va a desarrollar la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada que se encuentra en la Ciudad de México”
–Insisto: ¿hay algún grupo aquí en Baja California investigando exclusivamente este asunto?
“Le vuelvo a insistir, en el tema de las investigaciones no hay ninguna información que se pueda revelar por el sigilo que ello implica. Cuando se tenga algún resultado seguramente la autoridad hará lo conducente y dará la información”.
--¿Pero ustedes no tienen la información de si se va investigar por parte de un grupo aquí en Baja California?
“Lo importante es de resaltar que la investigación será conducida por el área especializada de la Procuraduría General de la República. La forma en la que se ejecute depende de la política y de la instrucción que se reciba de las áreas centrales. No es algo que uno pueda definir en el ámbito del despliegue regional de la delegaciones”.
–¿Hay algún grupo de la Siedo trabajando en Baja California en otros temas?
“No tengo la información ni podría tampoco revelárselo”.
–¿Pero usted no sabe si trabaja algún grupo de la PGR?
“Nosotros no podríamos revelar ese tipo de información. Lo que es claro y seguro en ese sentido es que hay la instrucción de que se realicen las investigaciones conducentes. Esto lo maneja directamente el área especializada, así es como se vendrá manejando y seguramente cuando se tenga algún resultado será el área central la que rinda el informe correspondiente”.
–¿Está colaborando la delegación de la PGR en alguna investigación que no tenga que ver con el video?
“Nosotros mantenemos una coordinación estrecha con las áreas centrales. Las diligencias que en lo específico se requieran o se soliciten en cualquier investigación trabajamos de manera coordinada cuando así lo requiere. En algunos casos el área especializada trabaja también de manera directa”.
–A usted como delegado o representante en Baja California de la PGR, ¿la Siedo le ha solicitado alguna información sobre el video?
“Le vuelvo a insistir, el protocolo de las investigaciones implica que se recepcione la información que se vaya generando y de acuerdo a las líneas de investigación que se vayan estableciendo. No es prudente verter opiniones respecto de los resultados de las investigaciones hasta en tanto éstas no se concluyan.
“Lo que sí podemos dar la certeza que es un asunto que estará siendo investigando y que en la medida que se tenga la información se irá definiendo en su momento el resultado de la misma”.
–¿Me podría entonces decir cuándo fue recepcionada la solicitud por parte de la procuraduría del Estado a la Siedo para investigar este asunto?
“Nosotros tenemos el inicio de una indagatoria con fecha 8 de mayo”.
–Gracias.
Martínez Luna no debe estar como juez y parte de una investigación.
“Procurador debe renunciar”
Ex Magistrado dice que Elorduy debe valorar la salida de su colaborador y que la ola de violencia podría incrementarse. Arnoldo Castilla fue crudo: “Nadie quiere admitirlo, es triste decirlo, pero hasta este momento hemos perdido la guerra contra el narcotráfico, es una guerra perdida...”
Investigaciones ZETA
Por salud y si realmente quiere que se lleven las cosas como deben ser, sin ser juez y parte, el Procurador Antonio Martínez Luna tendría que separarse del cargo. Así lo dijo el abogado Miguel Ángel García Leyva quien encabeza la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad.
Además sostuvo que el Gobernador Elorduy tiene que tomar medidas drásticas –tras la aparición del video– porque de otra forma se convierte en parte protectora de estas acusaciones.
En efecto, esta es una de las reacciones que diferentes sectores de la sociedad bajacaliforniana han expresado, luego que ZETA diera a conocer en su última edición un video donde un ex ministerial acusa, antes de ser asesinado, a Antonio Martínez Luna, de proteger al cártel de los narcotraficantes Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada.
Arnoldo Castilla, ex Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, especialista en el área penal, académico, considera que en función de la investigación que se debe de realizar –por otra esfera, la federal– desde el punto de vista formal no se tiene que dar la salida del Procurador Martínez Luna, pero desde el punto de vista político, el Gobernador debe analizar esta salida, valorarla.
Pero además Castilla advierte que tras estas ejecuciones y señalamientos, podría incrementarse la violencia:
“Ojalá y no suceda, pero se puede generar una cadena de homicidios, venganzas, ejecuciones para esconder secretos, para amordazar cuestiones delicadas”. Mas aun, el especialista en su análisis no es nada optimista:
“Nadie quiere admitirlo, es triste decirlo, pero hasta este momento hemos perdido la guerra contra el narcotráfico, es una guerra perdida...”
Gran violencia
Arnoldo Castilla tiene una amplia trayectoria en el área del Derecho, sobre todo penal. Actualmente está por concluir su tesis de Doctorado en la Universidad de Castilla la Mancha, en España, con el tema Seguridad Nacional y Seguridad Pública en México.
El especialista opinó sobre la videograbación publicada en el número anterior del semanario ZETA.
“Visto desde el punto de vista jurídico, hay una denuncia de la comisión de posibles hechos delictivos y la autoridad está obligada a investigar. A mí me parece que es acertado lo que dijo el Procurador, en cuanto a someterse a una investigación que a mi entender debe ser muy transparente, muy clara para dar certeza a la sociedad y a los mismos interesados; si son imputados falsamente, si son calumniados, les conviene que esto se aclare.
“Visto desde el punto de vista del contexto social de lo que está sucediendo nos lleva a entender la gran violencia que representa el fortalecimiento de las bandas del crimen organizado que están actuando, desafiando a la autoridad y que le están pidiendo que no intervenga en sus conflictos internos.
“Esto implica señalamientos muy graves, pero además implica pedirle a la autoridad que no intervenga en sus enfrentamientos, lo que es muy delicado”.
Castilla consideró que todo esto se debe al hecho de que se ha tratado el fenómeno del crimen organizado y en particular al narcotráfico como un problema policiaco, lo cual ha constituido un fracaso.
Además aseguró que ha sido un gran fracaso el involucrar al Ejército en este combate, porque aparte de violar el artículo 129 de la Constitución, el ejército ha sido manchado en su imagen.
“Era una institución que se había mantenido al margen de los daños que esto ocasiona y que era el último retén, el último dique ante la inseguridad”.
Además, expuso, el Ejército no está preparado para la persecución de delitos, para la investigación de delitos. El Ejército está preparado para eliminar enemigos, no para tratar ciudadanos, no para consensar
“La realidad es que han fracasado los sistemas de inteligencia”, asegura Castilla.
“El narcotráfico se ha convertido además de un importante sostén económico, un importante pilar de la economía nacional, aparte de eso ha sido un mediatizador en la crisis social.
“La droga ha servido para mantener ciertas inquietudes sociales que no afloren, el muchacho adicto deja de aspirar a trabajos, deja de luchar desde el punto de vista social, deja de ser un promotor de cambio social”.
El también académico en la Facultad de Derecho consideró que todo esto refleja una crisis del llamado neoliberalismo.
Pero además dijo que este es un problema multifacético, antropológico, sociológico, al que sólo se le trata de dar una respuesta de corte policiaca.
“Querer resolver con armas, con más rifles, con más pistolas, cuando el problema del narcotráfico en algunos poblados resuelve el problema del hambre”.
Castilla dice que en los programas exitosos en al área de seguridad pública son precisamente donde se involucra en la participación a la sociedad.
“Son programas donde participa la sociedad pero empieza por hacer una crítica, un diagnóstico brutal de la realidad, después se elabora un pronóstico, luego las estrategias, luego los medios de evaluación”, dice el académico-especialista, y sintetizó:
“Nadie quiere admitirlo, es triste decirlo, pero hasta este momento hemos perdido la guerra contra el narcotráfico, es una guerra perdida.
Crisis de credibilidad
Según Arnoldo Castilla, al analizar el contexto del video difundido por ZETA y de lo que éste vino a despertar, resalta la crisis de credibilidad del sistema de justicia mexicano.
“Ya muchas gentes, sin que se haya hecho la investigación afirman que el video, todo es cierto”.
Pero añadió un elemento: el proceso político electoral que se va a vivir en Baja California.
“Los enfrentamientos políticos van a estar a la orden del día y da la impresión que los grupos van a demostrar su capacidad de ventilar secretos, o de cuestiones ocultas del rival”.
Además, advirtió, toda esta espiral de violencia en la entidad, a la que se adereza los señalamientos a través del video, –ojalá y no suceda, recalca– puede generar una cadena de homicidios, venganzas, ejecuciones para esconder secretos, para amordazar cuestiones delicadas
“Esto puede desencadenar un boom de represalias, un boom de muertes”.
–¿A quién le toca la investigación?
“No sería sano que lo hiciera la misma Procuraduría. Toca al único órgano, la Procuradurías General de la República. Aquí asume un papel muy importante la PGR y debe ser una investigación sumamente transparente, para que la sociedad de Baja California quede plenamente convencida”.
–¿Qué tan sano resulta que el Procurador se mantenga en el cargo mientras sucede toda esta investigación?
“Desde el punto de vista de investigación, tomando en cuenta que la va a realizar otra autoridad, desde el punto de vista formal, no hay oposición.
“Aquí lo que tiene que analizar el Gobernador del Estado, es desde el punto de vista político. Incluso para el mismo procurador, una reflexión que tienen que hacer ellos dado el contexto político que se vive, la proximidad de un proceso electoral, ellos tienen que valorar esa situación”.
A manera de conclusión, Castilla mencionó:
“Creo que de esto debemos de buscar cuestiones positivas. Este reportaje que publica ZETA abre las puertas a la discusión de cuestiones muy importantes en materia de seguridad y que no puede pasar desapercibida para poscandidatos, comunicadores, universidades.
“Lo triste de esto es que no ha habido operación política de parte del Gobernador del Estado para acercar a todos los grupos. Se marcó la diferencia de los que coinciden con su ideología y los que no coinciden y no hubo el acercamiento. Creo que es urgente que todos participen en esta amplia discusión”.
No es la primera vez
“Es un hecho bastante grave, el hecho de que estén exhibiendo al Procurador de Justicia con estos acontecimientos que se han venido generalizando, de ajusticiamientos, ejecuciones, habla de por sí hasta donde se ha llegado”, opinó el abogado Miguel Ángel García Leyva, quien encabeza la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad.
“Hay que recodar que dentro del mismo mensaje habla el ex comandante que asesinan, José Ramón Velásquez Molina, de que si el gobierno no hace las cosas bien, no las está haciendo como debe de ser, pues prácticamente va a seguir la guerra.
“Dice que ahora ‘se respetará el gobierno cuando haga su jale como va’ y eso viene a exhibir el grado de corrupción, los altos niveles de corrupción que prácticamente han venido todo estos tipos de hechos en BC.”
–Ustedes han señalado en la mayoría de los caso que han documentado el involucramiento de policías.
“La Asociación Esperanza, desde que hemos estado trabajando en Baja California, la denuncia permanente que se hace de violencia, los altos índices, tienen lógicamente que ver, va interrelacionado con la acción directa de las propias autoridades, de las corporaciónes policiacas que han sido infiltradas y penetradas por la delincuencia organizada, a un grado de que incluso –todos lo saben– el crimen organizad no es nada comparado con el crimen institucional, con la delincuencia institucionalizada. Y aquí en este video queda demostrado plenamente.
“Aunque fue hecho de forma violenta, las declaraciones, los datos que da esta persona que fue ajusticiada son muy precisos, bastante precisos y con lujo de detalles y viene a ilustrar hasta donde la guerra entra la delincuencia organizada, esta guerra de alta intensidad que en BC se vive desde hace años. El fomento a la impunidad ha partido de que la propia autoridad está involucrada en esta violencia generalizada”.
–Las investigaciones le tocarían a la PGR. ¿Qué tan necesario sería para esto que el Procurador Martínez Luna se separara de su cargo?
“Definitivamente sí, porque son acusaciones muy serias y es que no es la primera vez que el ojo del huracán envuelve al Procurador, ya hay antecedentes de nexos con el crimen organizado.
“Incluso hubo una desaparición de las que documentamos nosotros donde hay señalamientos directos contra el Procurador, donde esta persona que fue subdirector de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado… hay información que manejaron de que había una investigación que estaba llevando esta persona en contra del Procurador ahí en el Congreso de Baja California.
“El hecho de que sea algo que se está repitiendo, una, dos, tres veces tiene mucho que ver hasta donde pueden darse estos nexos de que hoy se está acusando al Procurador. Considero que sí, por salud y si realmente él quiere que se lleven las cosas y no ser juez y parte; sí, tiene que separarse del cargo y el Gobernador del Estado tiene que tomar una medida drástica sobre esto porque si no se viene a convertir en parte protectora de estas acusaciones”, concluyó.
Ahora por “YouTube”
Otra amenaza al Procurador
Una directa amenaza de muerte al Procurador Antonio Martínez Luna fue lanzada a través del portal de videos “YouTube” desde el martes 8 de mayo. Fría. Cruda. Tan certera como el silencio de las autoridades ante el video del ex ministerial asesinado. El vídeo-clip fue subido al portal la mañana del martes 8 y la noche del miércoles llevaba más de mil 500 visitas.
La afrenta a Martínez Luna, con música de fondo aparentemente del grupo Explosión Norteña, al ritmo de corrido, inicia con la imagen del Procurador Antonio Martínez Luna. Una fotografía tomada de algún periódico. El canto del grupo no podría ser más temerario: “Pura gente del Tigrillo/ decididas a matar/ andamos haciendo limpia/ pero no son pa’ curar”. Mientras sigue la música, la fotografía de Martínez Luna se difumina y dan paso a una de los hermanos Arellano Félix. Ramón, muerto en febrero de 2002, y Benjamín, detenido en marzo de ese año. Otra vez la letra de la canción: “Ahí va la moneda al aire/ pa’ ver quién, quién la quiere cachar/ el señor nos dio las llaves, no las podemos perder/ porque ya no hay cerrajeros que esas llaves pueda hacer/ andamos al 100 por ciento, siempre fuera de la Ley”. Después otro mensaje de muerte. Y las firmas de la amenaza: Lugartenientes y sicarios identificados como parte de la estructura de los Arellano Félix.
Autoridades no responden
Ciudadanos piden investigar
“Exigimos una investigación a fondo con resultados por parte de la PGR, puesto que este tipo de acontecimientos afectan más la imagen del Estado, impactando de forma negativa al sector comercio y turismo de la región”,
César Cázares Díaz de León, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana.
“Yo siempre he combatido la corrupción y únicamente puedo decirle que lo que está escrito en ese semanario yo espero que sea de utilidad para que las autoridades tomen cartas en el asunto, si llegan a las investigaciones correspondientes se aclare. Porque solamente con una denuncia formal, decisiva podemos seguir adelante”.
General Sergio Aponte Polito, II Región Militar
“Los hechos revelados este viernes por el Semanario ZETA, en el que presuntamente se involucra al procurador estatal y funcionarios policiales y de la PGJE con el crimen organizado, deben ser revisados cuidadosamente e investigados minuciosamente por las instancias correspondientes, antes de emitir valoraciones in-sustentables o juicios aventurados”.
Comunicado del Consejo Coordinador Empresarial Baja California
“Este gobier
no estatal se ha visto empañado en su actuación por hechos y actos de corrupción como los que hace unos días se anunciaron, en los que se acusa de manera directa al Procurador Antonio Martínez Luna de pertenecer a una célula del narcotráfico y dar protección a narcotraficantes”.
Diputado René Mendívil Acosta
“Como el mismo ZETA lo menciona, en el video se nota que el hombre se ve forzado a leer, entonces yo prefiero esperar a que se resuelva esto. Se tiene que investigar, son situaciones graves las que se señalan; la delincuencia organizada está tratando de desestabilizar a las autoridades”.
Alfonso Juan Álvarez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Podría tratarse de agentes ministeriales o de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) las personas que hicieron el video en el que se revela la participación de Antonio Martínez Luna en nexos con cárteles de la droga y además se me involucra. No me siento quemado ni chamuscado; no tengo algún tipo de relación con capos como los Arellano Félix o el Mayo Zambada, porque nadie mejor que ellos lo saben muy bien”.
Humberto Valdez, Penalista, mencionado en el video.
“Por las implicaciones que el video tiene y la suerte que el ex ministerial corrió después de emitir dichas declaraciones ante la cámara, la PGR tendrá que atraer el caso para la investigación. Un video de esta naturaleza no debería haberse mediatizado pues entorpece el trabajo de investigación de las autoridades y se presta a interpretaciones y juicios erróneos”.
Luis Javier Algorri Franco, Secretario de Seguridad Pública Municipal.
“La posible vinculación de las autoridades estatales con el crimen organizado es la causa de que los homicidios perpetrados en contra de policías municipales no se resuelvan. Es un señalamiento muy delicado pero que le compete investigar a la autoridad federal y entregar resultados a la ciudadanía”.
Víctor Manuel Zatarain Cedano, Director de la Policía Municipal.
“Es importante que las autoridades federales esclarezcan la autenticidad del video que se difundió la semana anterior en el semanario ZETA. El consejo no está para andar con niveles de desconfianza con quien encabeza la institución. Ratificamos esta confianza pero también pedimos a las autoridades federales que se investigue porque no puede haber la más mínima duda sobre quien encabeza la procuraduría”.
Alberto Capella Ibarra, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Empleados de la Procuraduría identifican a un grupo de agentes como “La Chiquimaña”
Más denuncias
Antonio Martínez Luna sostiene que por teléfono, avisó a las autoridades federales del video y se dice tranquilo. A la par, personal de la propia institución de justicia hace más señalamientos contra él y un grupo de agentes ministeriales que son mencionados en el video donde aparece José Ramón Velásquez Molina.
Investigaciones ZETA
Vía Internet, la mañana del 9 de mayo llegó a ZETA una carta anónima dirigida al Licenciado Antonio Martínez Luna. Antes de mediodía un hombre se comunicó al Semanario para confirmar que se trataba de un grupo de empleados de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California que están indignados por las declaraciones del Procurador en torno al video en el que lo acusan de mafioso.
Pidieron anonimato bajo el argumento de que “hay asesinos dentro de la corporación y temen por sus familias”.
El o los redactores, fueron claros al manifestar que no pueden imputarle a Martínez Luna el haber recibido dinero por medio de Humberto Valdez porque no lo vieron, sin embargo lo conminan a que no niegue la estrecha relación que tiene con el abogado y con narcoministeriales a quienes definen como “La Chiquimaña”.
Mencionan situaciones específicas y abundan en las denuncias hechas en el video grabado a José Ramón Velásquez Molina. A continuación se transcriben algunas de las acusaciones específicas:
1.- “Usted (el Procurador) fue el que autorizó directamente el reingreso del ‘Bambam’, de ‘Meny Molina’ y de Roa de Lara. Bien sabía que con ellos trabajaba Ramón Velásquez Molina, puesto que era integrante del grupo que usted formó”.
2.- “Para nadie de la corporación con una antigüedad regular, es secreto que estos sujetos y otros agentes como Hernando Villegas ‘El Nando’, Oswaldo Breceda ‘El Sexo’ y ex agentes trabajaron en su tiempo para los narcotraficantes ‘El Mayel’ y ‘El Gilillo’, quienes se independizaron a la gente de los Arellano y posteriormente se unieron a la gente del ‘Mayo’ Zambada y ‘El Chapo’ Guzmán”.
3.- “¿Es casualidad que los conformó en un solo grupo a sus órdenes directas? ¿En verdad piensa que no se puede comprobar la participación del jefe de Grupo de Homicidios en Mexicali, el agente Montelongo en el disimulo y desviación de las investigaciones de los asesinatos, a cambio de jugosas cantidades de dinero por parte de los sicarios?”.
4.- “¿En verdad cree poder disfrazar su contubernio con el Lic. Valdez? Aquí en Tijuana y principalmente en la sub procuraduría sabemos que se dice su asesor personal y no es un secreto que todos tenemos que respetarlo jerárquicamente”.
5.- “Para nadie y menos para usted es secreto que el ex agente ministerial Diego, que fue levantado y aún no se sabe de su paradero, se hizo rico en el negocio de cristal y robo de droga, ya que en sus mejores tiempos se encontraba comisionado al Grupo de Aprehensiones y pagaba sus ausencias dándole fuertes cantidades de dólares al entonces jefe de grupo de apellido Zamora, alias el ‘Burro’, que a su vez le hacía llegar una parte al extinto comandante Alfredo Moreno Olvera”.
6.- “Así mismo nadie más que usted, que es la persona que se supone debe saber qué pasa al interior de la corporación policíaca, tiene conocimiento que los elementos Valente Tizoc, Alvarado Chong, el agente Morales ‘La Brincolina’, Ricardo Muñoz ‘El Choche’, ‘El Chispita’, el agente Negrete, el agente Lomelí, el agente Aldaz, entre ellos el ex agente Urias, el cual renunció después de haber recibido amenazas posteriores al intento de secuestro del que fue objeto su padre, quien es propietario de una casa de cambio y varios más, mejor conocidos dentro de la corporación como el grupo de la ‘Chiquimaña’.
7.- “Incluso los administrativos de la comandancia en Mexicali, están enterados del último trabajito que realizó la ‘Chiquimaña’, en compañía del jefe de grupo de la agencia mixta, Jaime Arroyo, consistente en decomisar cocaína a un ex agente de la corporación, al cual extorsionaron con más de cien mil dólares a efecto de no turnarlo supuestamente al Ministerio Público federal y por ser esposo de una secretaria de la misma procuraduría estatal. De este acto, le hicieron partícipe al comandante Macario Nakay y le dieron una parte del dinero, sólo que se quedaron con los kilos de cocaína decomisados, los que posteriormente fueron regresados por consejo del comandante, al haber sido pagada la extorsión”.
Los denunciantes, empleados de la Procuraduría, piden se reconozca la existencia y las acciones de la “Chiquimaña”. Aseguran que él autorizó su conformación, y para completarlo señalan que Martínez Luna aprobó el reingreso de agentes que habían sido despedidos por actos delictivos.
Además, le advierten que esa relación sí es comprobable, lo mismo que la no correspondencia entre el sueldo y la situación económica de los ministeriales denunciados. Le reclaman muertes de los policías honrados: “Agentes asesinados por intereses mezquinos y económicos de su parte”.
Los asesinos
Si bien la investigación oficial sobre el video grabado a José Ramón Velásquez Molina está en manos de las autoridades federales, policías locales están buscando información en cuanto a los asesinos y productores del video.
Las hipótesis que algunos miembros de corporaciones estatales y municipales han obtenido producto de su investigación, son variadas:
* Sicarios de la célula más violenta del CAF que operan en la Zona Oriente de Tijuana, en coordinación con ministeriales
La intención fue atacar a agentes dobles que colaboran con SIEDO.
Con la llegada de las fuerzas federales el 3 de enero, el Procurador se vio obligado a cooperar, cuando los equipos de inteligencias le requirieron información y sus agentes investigadores relacionados con casos que terminaron ligados al tema de tráfico de droga fueron llamados a declarar. Se trató de aquellos ministeriales que Martínez Luna ha mencionado que trabajan en la calle. Agentes que tienen relaciones con “soplones” y acceso a información “privilegiada”. Supuestamente los que menciona Velásquez en el video.
Pero estos hombres sólo proporcionarían datos que afectaban a células específicas del Cártel de los Arellano Félix.
* Gente de fuera
Policías consultados por ZETA manifestaron que por más que preguntaron, “aquí nadie quiere levantar la mano, ni buenos, ni malos”. Ni los narco policías de los comandos negros, ni los sicarios de los dos cárteles. Nadie en Baja California acepta haber ejecutado el “levantón” y posterior asesinato de el ex policía judicial José Ramón Velásquez Molina.
Menos admiten haber grabado el video. Hablan de un extraño hermetismo hasta en la calle. Al interior de la corporación policíaca investigada, incluso, han hecho correr la versión extraoficial de que el pequeño comando que “levantó” a Velásquez Molina no era de Tijuana, ni de Mexicali, sino de Sinaloa, aquellos que trabajan por encargo y se retiran.
* Ministeriales resentidos serían los matones
Desde las cúpulas policíacas, no desechan la posibilidad de que los responsables del “levantón” hayan sido agentes no favorecidos, bloqueados o impedidos para realizar actividades delictivas independientes a la estructura cercana al Procurador Martínez Luna.
Llama la atención el hecho de que los criminales conocieran nombres, direcciones y números de teléfono, porque existe la versión no confirmada que además de llamar al C4 para avisar que habían dejado un cadáver frente a la casa de la novia del Procurador, el mismo Martínez Luna recibió un telefonema avisándole del “recado” que le habían mandado.
* Policías de Tijuana, los ejecutores
Los matones pudieron ser sicarios coludidos con policías municipales. El comando negro que empezó a operar con el ex Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ernesto Santillana. A este grupo lo ligan extraoficialmente con el Cártel de “El Chapo” y la muerte de varios policías relacionados con el Cartel de los Arellano Félix.
16 agentes
Evidentemente torturado, José Ramón Velásquez Molina señaló ante una cámara a 16 agentes ministeriales de estar coludidos con “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, bajo el mando del Licenciado Humberto “El Pato” Valdez, en representación de su amigo el Procurador del Estado, Antonio Martínez Luna.
Una vez consultada la Nómina de la Procuraduría General de la República, se corroboró que los ministeriales mencionados existen y estaban en la corporación, por lo menos hasta el mes de marzo, que fue la última actualización de esa ventana en la página de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California.
Salvo Macario Nakay, el resto está enlistado como agente de la Policía Ministerial, aunque los que tienen sueldos arriba de los 15 mil hasta los 31 mil pesos, son jefes de grupo o tienen cargos especiales.
1.- Arroyo Flores Jaime, quien cobra 21 mil 900 pesos.
2.- Alvarado Chong Sergio, sueldo mensual de 13 mil 200 pesos.
3.- Breceda Yáñez Osvaldo, salario de 17 mil pesos por mes.
4.- Guzmán Montelongo Martí, gana 26 mil 300 pesos.
5.- Muñoz González Ricardo Humberto, 12 mil pesos.
6.- Nakay Jiménez Macario, comandante de zona, 34 mil 300 pesos.
7.- Núñez Soto Valente Tizoc, 13 mil 200 pesos mensuales.
8.- Ruiz Chaparro Alejandro, tiene un sueldo de 18 mil pesos mensuales.
9.- Roa de Lara Adolfo, sueldo mensual de 11 mil pesos.
10.-Villegas Delgado Hernando, 17 mil pesos mensuales.
11.-Ruiz Vargas Antonio, sueldo mensual de 14 mil pesos.
12.- Sañudo Wilhelmy Daniel Armando, 18 mil 800 pesos por mes.
En la nómina hay dos de apellido Olivas y sus sueldos son de 8 mil y 14 mil pesos, además de tres agentes ministeriales de apellido Morales que cobran un promedio de 14 mil pesos al mes. El mismo sueldo tienen dos Plascencia y dos agentes de nombre Domingo, quienes cobran 11 y 17 mil pesos, respectivamente.
Referente al Licenciado Humberto Valdez, abogados consultados reiteraron que es amigo personal del Procurador y sí cuenta con la cooperación de ministeriales, mas desconocen cuáles son las labores en que le ayudan.
En cuanto a la operación en Baja California, de diez pistoleros de “El Chapo” a cargo de el sicario “El Negro” o “El Bravo”, mencionada por el ex agente asesinado, a principios de 2006 altos mandos policíacos informaron a ZETA que las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Municipal de Tijuana, habían videograbado su traslado de Tijuana a Mexicali.
Esclarecimiento pleno
El principal implicado, Antonio Martínez Luna, lo pidió, o por le menos así lo aseguró a los representantes de los medios de comunicación: es necesario que la PGR haga una investigación en torno al video.
“La PGR a través de la SIEDO debe investigar, no porque yo no tenga tranquilidad absoluta de mi trabajo, pero es importante hacia afuera una entidad ajena a lo que nosotros estamos haciendo, para que haya mayor claridad y transparencia. Eso es necesario”.
Aseguró: “Hay un compromiso del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, de agotar, investigar hasta la última, investigar todo y a todos los que se mencionan y que tengan que ver (con el video)”.
Agregó que por el prestigio de la institución, esto debe suceder lo más rápido posible.
ZETA entrevistó a Martínez Luna al respecto:
– ¿Cuándo recibió el video y de qué manera?
“¿Cuándo qué?”.
– Recibió el video y de qué manera…
“Nosotros lo vimos en ahhh… Primero lo leímos, primero lo leímos, aun cuando había ahí información de que andaba rondando, ¿no?, pero específicamente, ya hasta después de que salió”.
– ¿Usted tuvo el video de manera material?
“No”.
– ¿Cuándo lo envió Usted a la Procuraduría?
“De hecho desde que supimos que andaba información de ese tipo, antes de que saliera, este… notificamos a la PGR antes de que saliera”.
– ¿Cuándo?
“Ahhh no recuerdo, pero fue llamada telefónica”.
Abogados consultados por ZETA, comentaron que un asunto de este tipo no es de llamada telefónica. Existe un protocolo de colaboración que se debe respetar. Un formato para que la PGR ejerza la atracción del caso, o que la Procuraduría del Estado se declare incompetente.
En este caso, Martínez Luna debía remitir la averiguación previa abierta desde el 28 de abril por el asesinato de Ramón Velásquez, así como el video, las averiguaciones previas de los otros tres crímenes mencionados y todos los documentos contenidos en el expediente.
Hasta el momento, ni el Procurador ni los ministeriales acusados han solicitado licencia a su cargo mientras se realiza la investigación; asunto importante, dado que desde el interior de la corporación, tienen la posibilidad de manipular la información que entregaron o que eventualmente, entregarán a la PGR.
La madre de uno de los agentes desaparecidos:
“Lo único que quiero es que me entreguen el cuerpo de mi hijo”
Mucho frío en Mexicali la noche del jueves 11 de enero de este 2007. La fecha no se olvida para los familiares del ex Agente Ministerial Diego Hernández Leyva. Fue la última vez que supieron de él, que platicaron, que lo vieron. Su madre, Irma Leyva, reconstruye la historia: “Fue un día 11 de enero, entre siete y ocho estuvo conmigo aquí en mi casa. Él vivía en una casa cercana. Luego los vecinos me dijeron que afuera lo estaba esperando una muchacha. Hasta donde yo sabía, habían ido hasta Villas del Rey a entregar a esta muchachita”. De acuerdo al testimonio, Diego Hernández Leyva manejaba una camioneta Nissan Murano 2006 desde un mes atrás. La versión es que era prestada. “Ya no volví a saber nada de él, hasta otro día en la tarde que vino una persona a preguntar por él, diciéndome que había estado queriéndose comunicar y que no había podido; yo lo único que le dije, ‘si no sabes tú, menos yo, convive más con ustedes que conmigo’.
“Me preocupé, fui a su casa, chequé, ahí estaban todas sus cosas como las había dejado, el calentón prendido, todas las luces prendidas. Era un hecho que Diego salió para regresar a su casa y no regresó”.
La madre del ex agente prosigue su relato: “Empecé con amistades a buscarlo, donde me decían que podría estar, en varios lugares de las colonias de Mexicali, esperando ver la camioneta para pensar que a lo mejor estaba con alguna mujer… Me pasé como dos días buscando, aquí y más allá, porque aparte que era fin de semana, no había ninguna dependencia abierta. Fue que pasaron no sé si dos, tres días. Consideré que no lo podía encontrar y me dirigí a la Procuraduría del Estado a poner la denuncia por la desaparición”. La madre de Diego muestra la copia del “Volante de Atención” con el número de expediente 322/07/111/AC, con fecha de inicio 16 de enero de 2007. Explica que después de interponer la denuncia, le asignaron un agente, de apellido Bramasco, quien la entrevistó, le hizo preguntas, le pidieron datos, números telefónicos.
“Yo le di la información que estuvo en mi mano. No fue una ni dos veces. Tristemente, jamás me dieron una pista o algo que pudieran haberme dicho que había pasado con mi hijo. Lo más pesado para mí fue la última vez que me entrevisté con Bramasco en su oficina, le dije de algo que acababa de enterarme: Que dos agentes que están activos, en el antro La Cantina, comentaron a una tercera persona que Diego estaba muerto y enterrado. Bramasco me contestó, ‘yo ya no tengo el caso, señora’. De la Procuraduría nunca hubo ninguna información”.
La mujer insistió. Supo que el automóvil fue encontrado en la colonia Carvajal, lo llevaron al depósito de vehículos y lo habían encontrado casi de inmediato. Explica que le filtraron la información sobre la localización del mismo. Le dijeron que lo habían trasladado hasta el depósito numero cinco, a donde llevan los autos robados decomisados por la Ministerial. “Llegué al depósito buscando la camioneta, entré y les dije que ahí estaba una camioneta Murano, nadie me quería dar información, me metieron a un cubículo se me acercaron los agentes y me enseñan un celular con la foto para preguntarme si era la camioneta, y efectivamente, sí era”.
Por más que insistió, no le dejaron ver la camioneta. Agentes ministeriales le explicaron que estaba reportada como robada. La madre sólo concluye: “Robada o no robada, yo quisiera saber dónde está esa camioneta”.
Más adelante le llegó otra información: Dónde está enterrado el cuerpo de Diego. Ahora, tras la aparición del video donde mencionan a su hijo, la señora Leyva sólo dijo: “Yo como madre, no me interesa lo político, ni los cárteles, no sé nada, lo único que le pido a la Procuraduría del Estado que de veras haga una investigación y me entregue el cuerpo de mi hijo”. Y finalizó: “Si algo me pasa a mí o a mi familia, señalo que probablemente sea el Procurador, porque con todo lo que está sucediendo, el único perjudicado en que se siga hablando de este asunto es él…”.
Lo que dijo el ex judicial José Ramón Velásquez sobre el caso de Diego Hernández Leyva en la videograbación.
“El primero fue el del agente Diego Leyva, que se le ‘levantó’ saliendo de su casa, cuando fue a dejar a una mujer a la colonia Hidalgo”.
– ¿Cuándo y quién lo levantó?
La fecha no la recuerdo, fueron los agentes de Tijuana y junto con los de aquí (Mexicali). En este caso intervino Alejandro…”.
– ¿Quién lo puso?
“El ‘Nando’ Villegas, él hizo la llamada para que saliera de la oficina y él salió. Se le ‘levantó’ pero con códigos, sirena; se le ‘levantó’, se le interrogó, quería a fuerzas ‘El Pato’ Valdez que él dijera que él había…”.
– ¿Quiénes lo levantaron?
Alejandro Ruiz Chaparro, Roa Lara y Rivas, y el agente ‘Mingo’ (inaudible). ‘El Pato’ Valdez quería a fuerza que esta persona dijera que había intervenido”.
– ¿Participaron gente que no eran efectivos, que no andaban de efectivos?
“No, puro agente efectivo. Después ellos los entregaron a la gente de ‘El Chapo’, pero en la acción…El trabajo de Diego lo sondearon, no pudieron sacarle nada y ese tipo dejó de existir porque la orden de ‘El Pato’ fue que lo desaparecieran, porque ésa era la orden que estaba dando ‘El Blindado’”.
– ¿Dónde lo tiraron?
“Fue para el área del depósito número cinco, el área de la colonia Ahumadita, lugar exacto no puedo decirlo porque yo no participé en ese evento, pero por allá fueron y lo dejaron”.
– ¿Quién sabe dónde lo tiraron?
“Los que deben saber exactamente dónde lo tiraron, fueron quienes lo fueron a dejar”.
– ¡Nombres!
“Alejandro Ruiz Chaparro, que fueron los que estaban cubriendo el área; Roa Lara, los elementos que intervinieron ahí, el otro, ‘Mingo’. De los que saben exactamente son la gente de ‘El Negro’, los que lo depositaron”.
– Qué hicieron con el cuerpo, lo quemaron o qué hicieron…
“Lo enterraron”.
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