Decisión

La renuncia, licencia o separación temporal del cargo mientras se investiga el contenido del video dado a conocer por ZETA es lo que debe hacer el procurador Antonio Martínez Luna de inmediato.
No se puede ser juez y parte ante los señalamientos que hace un ex policía estatal antes de ser ejecutado, en los que veladamente vincula al funcionario con:

1. Un cártel de las drogas.
2. La sospecha sobre sus ligas en homicidios en contra de agentes y ex agentes ministeriales.
3. Actos de corrupción como recibir dinero ilícito.
4. Conformar un grupo especial de agentes cuyas acciones están fuera de la ley.
5. Presionar a otros agentes a cambio de dinero, y
6. Tener a un “asesor” para trabajos al margen de la ley.
   

Históricamente cuando un funcionario de cualquier nivel jerárquico ha sido involucrado o señalado por actos de corrupción, la separación de sus funciones viene por añadidura; ya sea por voluntad propia o por órdenes directas de sus superiores.
Pero en esta ocasión la revelación de una vídeo-grabación en la que se hacen serios señalamientos hacia el procurador Martínez Luna, parece ser algo que al propio funcionario ni le va, ni le viene, puesto que sigue cobrando como tal y ha dado muestras públicas de que las acusaciones no le importan.
A este desdén hay que sumar el respaldo que le dio el gobernador Eugenio Elorduy Walther, al propio funcionario para que siga despachando en su oficina de Mexicali, convertida desde hace mucho tiempo en una especie de búnker, cual escondrijo militar.
Por la mente del gobernador debió pasar las consecuencias políticas que le acarrearía una decisión en torno a la posibilidad de pedirle al procurador separarse del cargo.
Seguramente valoró con sus más cercanos colaboradores las implicaciones de una acción de este tipo al calor del proceso electoral que se avecina, puesto que al relevar a Martínez Luna, sería prácticamente confirmar lo expuesto en la vídeo-grabación. Además sólo quedan unos cuantos meses para que termine su sexenio.
Sin embargo la decisión mala o buena sobre la permanencia del procurador, ha sido criticada por varios sectores de la comunidad bajacaliforniana, y ha retumbado ya en la capital del país, concretamente en el Senado de la República, aunque con tintes meramente electoreros.
Por salud pública, la Procuraduría General de la República está obligada a rendir en el corto plazo, pormenores de las indagatorias que se vayan haciendo, aún cuando la ley señale el sigilo que se debe seguir en toda investigación.
Esto generará la confianza de la ciudadanía que poco a poco se ha ido perdiendo frente a las instituciones de procuración y administración, y se podrá contribuir a que el proceso electoral con miras a la renovación del poder ejecutivo y legislativo no se contamine.
También las decisiones que se toman en la oficina del gobernador, no deben estar sujetas a los riesgos o beneficios que le abonen al partido político que lo llevó al poder, sino que por obligación con sus gobernados, tienen que estar delineadas en base a las necesidades y requerimientos de los bajacalifornianos.
Al tiempo.