Adela Navarro Bello

Política e imagen

Cuando se habla de imágenes de política, ya no se hace referencia, exclusivamente, a la forma que un candidato adoptará en su apariencia, trato, vestimenta y discurso para lograr captar la atención primero y el voto después, por parte del electorado.
Tampoco es referencia explícita de los mensajes, los colores o las fotografías que aparecerán en la parafernalia propagandística.
En estos tiempos de crimen organizado en México, las prácticas gangsteriles han sido adoptadas dentro de los partidos, las consultorías privadas, los asesores y los estrategas de campañas.
Con esta conducta, muy alejada de la civilidad política pero muy cercana a las tácticas defensivas de los criminales, la clase política se regodea de exhibir a sus contrincantes en imágenes, posiciones y discursos que los minimicen ante el electorado y los desprestigien ante la sociedad.
Política e imagen también se refiere, sobre todo a partir de la última elección presidencial y su clima previo, a los videoescándalos. La imagen política que a través de ciertas imágenes, generalmente grabadas en la clandestinidad, se quiere exhibir del contrincante, cualquiera que éste sea.
Cuando el Presidente Vicente Fox y otros personajes de la política nacional, emprendieron una campaña de desprestigio, en términos jurídicos y populares, contra Andrés Manuel López Obrador, aparecieron los videoescándalos.
La exhibición de imágenes donde aparecían personajes ligados al perredismo de López Obrador, como René Bejarano, enmaletinando billetes y guardando hasta las ligas de las pacas, fue una situación certera. El contexto político ubicó a tal imagen como un acto de corrupción en el partido del sol azteca y por ende en quien se perfilaba desde entonces para ser el candidato a la Presidencia de la República.
Luego vino otro video. Éste presentaba al Secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez, en algún casino de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, haciendo apuestas en una mesa de juego de cartas al azar.
El efecto político de la imagen fue el mismo: Corrupción de gobiernos perredistas.
Andrés Manuel López Obrador tuvo, sin embargo, la habilidad para salir avante de los señalamientos de sus ex colaboradores, y la justicia, hace unos días le dio la razón, cuando salió libre el último de los implicados: El dueño del dinero que se llevó Bejarano ante las cámaras de su propia oficina, Carlos Ahumada.
Pero la mala imagen que estos dos hombres, y otros que también fueron captados por las cámaras haciendo cosas que no se veían bien, fue muy utilizada en los meses posteriores a los hechos. Sobre todo, para el desprestigio.
Las campañas políticas hoy día, no son de la mejor propuesta o la más eficiente labor, sino de ver quién sale menos golpeado del proselitismo. Cuál es el menos sucio, el menos corrupto, o de plano, el menos peor.
A raíz de la publicación, en ZETA, de un video donde un ex agente señala al procurador Antonio Martínez Luna de amafiarse con dos prófugos de la justicia acusados de narcotráfico, el hecho ha tomado caminos varios. Unos lo han visto como la confirmación de una sospecha, otros no lo quieren ver y los más lo comentan en corto pero no de manera pública.
Incluso hay quienes anteponen la política a la acción de hacerlo público. Esgrimen que se trata de un hecho para afectar a un partido. A un candidato o a un gobierno. No hay pensamiento más triste.
La seguridad de los bajacalifornianos es un asunto que va más allá de los actuales actores políticos. Hacer público lo que es conocimiento de las esferas del crimen y la procuraduría, no es atentar contra una elección. Es develar lo que, evidentemente, ocurre a espaldas de la ciudadanía.
Los actuales candidatos y aquellos en vías de serlo, no representan, en ninguno de los casos, la continuidad de lo que actualmente sucede con el crimen organizado, ni sus lazos con entidades públicas. Los candidatos tienen la oportunidad, de ganar la elección, de iniciar un gobierno nuevo. En limpio. De depurar las corporaciones policíacas y de cerrar los conductos de acceso al narcotráfico.
El video en el             que acusan al Procurador bajacaliforniano afecta, no a los candidatos, sino a los ciudadanos en general. Politizarlo sería más denigrante de lo que ya es.