Judicialización

La judicialización de este proceso electoral parece ser el camino que llevará el Consejo Estatal Electoral (CEE), pues desde su composición como tal, la lucha por el poder político ha divido a este cuerpo colegiado que es el responsable de llevar a buen fin las elecciones estatales.
Como se da a conocer en esta misma edición, el CEE se ha visto empañado por sus cada vez más evidentes confrontaciones de pensamiento.
Lo más álgido del conflicto interno se dio recientemente cuando Tonatiuh Guillén se presentó en sesión ordinaria del consejo, llevando con él una suspensión provisional del Juzgado Décimo Segundo de Distrito para continuar en su cargo de Consejero Ciudadano. Sin embargo sus compañeros que apoyan la candidatura del priísta Jorge Hank, no lo permitieron.
Previamente y a petición de otros miembros del CCE, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del Poder Judicial de Baja California, había revocado a Guillén en el cargo de consejero, bajo el argumento de haber aceptado la presidencia de El Colegio de la Frontera Norte luego del nombramiento de consejero recibido por el Congreso Local, situación que calificaron como legalmente incompatible.
Pero el funcionario recurrió a la justicia federal y obtuvo la suspensión provisional en tanto no exista un fallo definitivo. Tonatiuh fue ignorado y lo dejaron sentado en plena sesión, situación calificada por el interesado como un grave desacato.
Otra de las discusiones fue el otorgamiento de la constancia de candidatura del dueño del hipódromo porque no cumple con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución local, conocida popularmente como Ley Antichapulin.
Con una votación de 5 a favor y 2 en contra; el alcalde de Tijuana con licencia es ya candidato a la gubernatura de Baja California, así como los otros cuatro contendientes que se registraron y el resto de los aspirantes a otros cargos de elección.
Ahora vendrá la impugnación por parte del representante del Partido Acción Nacional (PAN), en una lucha donde se recurrirá nuevamente a un tribunal, específicamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La judicialización del proceso electoral bajacaliforniano, seguirá siendo un tema por los próximos meses, ya que las resoluciones tomadas en el seno del CEE así lo hacen suponer.
Sin embargo lo que menos quieren los ciudadanos es que la elección se vaya a ver empañada con este tipo de decisiones que a nadie le conviene, y que en nada le abona a la credibilidad que se tiene por las instituciones electorales.
El CEE está obligado como árbitro de esta contienda, a privilegiar el diálogo con las diversas fuerzas políticas para evitar roces y acusaciones que sólo provocan el desencanto de los electores.
También los bajacalifornianos se merecen una campaña de altura de parte de los candidatos, una contienda en la que se privilegie el respeto entre los partidos y sus representantes, una campaña en la que la agresión verbal entre unos y otros sea cosa del pasado, y que existan verdaderas propuestas para quienes van a votar.
Que el resultado de la elección se defina en las urnas y no en los tribunales.