Acción Nacional contra candidaturas de cuatro priístas y una petista.

IMPUGANRÁN CANDIDATOS

También el PAN ha salido perdiendo. El jueves, se le retiró el registro a su abanderado en el Distrito 16, Enrique Díaz Félix; en el PRI se cayó la candidatura de Eduardo Ledesma Romo, a diputado de lista. El inventario de candidatos en desgracia continuará, y la elección se encamina a definirse en tribunales. El PAN va por Hank, Eligio, Palafox y Maciel, por la “Ley Antichapulín”.

Rosario Mosso Castro
           
En los siguientes días, el Partido Acción Nacional procederá jurídicamente contra el Consejo Estatal Electoral y las candidaturas de cinco personas a quienes se les aceptó su registro como candidatos para las elecciones de agosto de 2007:

* Jorge Hank Rhon, aceptado por el Consejo Estatal Electoral como candidato a Gobernador por la Alianza priísta.
* Xicoténcatl Palafox Granados, registrado por la misma alianza a la Alcaldía de Ensenada.
* Eligio Valencia Roque, al igual que Palafox, actualmente es diputado local, pero fue aprobado su registro para ser candidato a primer regidor de Tijuana, por la alianza del PRI.
* Jorge Astiazarán Orcí, ex Secretario de Desarrollo, registrado como candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana, por la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional.
* Mercedes Maciel, Diputada federal y registrada como candidata de la alianza Partido del Trabajo-Convergencia.

Los cinco candidatos serán impugnados para dejar de serlo. Los motivos, aunque variados, tienen el mismo fundamento: Respetar la Constitución Política de Baja California que incluye requisitos, que a decir de los panistas, no han sido solventados por los representantes priístas y la petista.
Andrés de la Rosa, Secretario General Estatal del Partido Acción Nacional y coordinador del área jurídica en la campaña 2007, señaló que los expedientes serán presentados ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Baja California la semana entrante.
“En el caso del consejo no tenemos plazo establecido, pero además de la ruta jurídica que seguiremos sobre ellos, el contenido de las impugnaciones incluirá documentos en los que el tribunal estatal y en su caso el federal, podrá corroborar la violación sistemática de los principios de objetividad, imparcialidad, certeza y legalidad que han venido cometiendo los consejeros, lo cual, estamos seguros, contribuirá a nuestro proceso”.
Al cierre de esta edición, de las candidaturas que Acción Nacional tenía planeado impugnar, sólo había sido aprobada la del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank. “Pero por la forma en que se han conducido sabemos que les van a entregar la constancia también a Valencia, Palafox, y Astiazarán”
ZETA se comunicó al Consejo Estatal Electoral y de manera extraoficial fue informado que conforme a los análisis en comisión, con excepción de Felipe Ruanota, que intentó registrarse como aspirante ciudadano a la gubernatura, todas las demás candidaturas venían a favor.
 “Conforme al artículo 64 del reglamento interno del Consejo, la convocatoria a las sesiones debe llegarnos acompañada de los documentos que se van analizar, sin embargo, ni en la convocatoria del 22 para 23 de mayo para votar la constancia de candidatos a gobernadores, o en la convocatoria del 23, para la sesión del 24 de mayo dedicada a candidatos a alcaldes, no nos entregaron los expedientes ni los dictámenes.
“Es simple: Donde creen que va a ser tema de polémica simplemente prefieren violentar el reglamento”, dijo De la Rosa, quien cree que los consejeros electorales están aplicando tácticas para afectar y retrasar las anunciadas impugnaciones, aunque los representantes electorales ciudadanos, aseguran que sólo han aplicado la Ley.
Sin embargo estos recursos legales que pueden aplicar todos los partidos por derecho, no afectarán las campañas de los candidatos impugnados.
Víctor Alarcón Requejo, presidente del Consejo Estatal Electoral, explicó que los candidatos pueden iniciar el proselitismo en cuanto reciben la constancia: “Las impugnaciones son procedimientos de revisión que no los afectan hasta que sean resueltos, si la votación se da en contra de lo dispuesto por el consejo, entonces el tribunal debe instruirnos para que nosotros informemos al partido o alianza de la resolución, hasta entonces podrían ser afectados, positiva o negativamente.
“Nadie es culpable hasta que lo dicte un juez”, ejemplificó Alarcón.
Además el proceso de impugnación puede durar prácticamente toda la campaña. Pasar del Tribunal Estatal Electoral al Tribunal Federal Electoral, en el supuesto lógico que el partido afectado decida llevar el caso a la federación.

Impugnación a chapulines
La mayoría de las impugnaciones de Acción Nacional contra la “Alianza para que Vivas Mejor”, se fundamentará en la reforma al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Baja California que en el párrafo tres indica:
“Artículo 42.- No podrán ser electos gobernador del estado: El secretario general de gobierno, los magistrados y jueces del tribunal superior de justicia del estado, el procurador general de justicia, y los secretarios y directores del poder ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, 90 días antes de la elección.
“Los militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos, no podrán ser electos gobernador del estado, salvo que se separen de sus cargos en forma provisional, 90 días antes de la elección.
“Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos durante el período para el que fueron electos; aun cuando se separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo”

Las razones de los consejeros locales para pasar por alto el último párrafo del artículo 42 de la Constitución Política de Baja California, fueron:

* Mediante acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos mil seis el CEE ya había interpretado que el artículo 42 no establecía en forma expresa o tácita, ninguna prohibición o impedimento para ser electo Gobernador del Estado.
* Favorecer lo expresado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que señala que todo mexicano tiene derecho a votar y se votado.

Aún con estas acciones, en el dictamen, los Consejeros Electorales admiten que para opinar hicieron una “interpretación correlativa” a pesar de que ésa no es una de sus facultades.
En dado caso, que impere la Ley tal cual, se escribe en el artículo 42 y no como la interpretan los consejeros electorales, serían cuatro los candidatos aceptados que tendrían problemas:
La diputada federal Mercedes Maciel, los diputados locales Eligio Valencia, Xicoténcatl Palafox y el alcalde de Tijuana Jorge Hank, que no han cumplido con el período para el que fueron electos y quieren obtener otro puesto de elección popular.

PAN contra Consejo
Diputados y dirigentes panistas no comparten la postura de los Consejeros Estatales Electorales. Consideran que los registros no debieron aceptarse.
Concluyen los panistas que los consejeros no son “ni diputados para legislar ni magistrados para interpretar”, además fundamentaron de los candidatos priístas:
“Es muy claro que esas personas no pueden aspirar a otro puesto porque no han cumplido ni los compromisos ni con el tiempo del anterior al que fueron electos”.
En los casos de Palafox y Valencia el asunto es más complicado, porque la mayoría blanquiazul en el Congreso local no les aceptó la licencia que pidieron la primera semana de mayo para poder retirarse del cargo de legisladores e irse a la campaña.
Hicieron la petición pero no se las aceptaron, así que mientras la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a donde enviaron el tema, no emita un dictamen y éste sea votado en el pleno, ellos siguen siendo funcionarios públicos. Diputados, cargo para el que tanto Palafox como Valencia fueron votados en 2004.
A pesar del entorno que perciben representantes de Acción Nacional en un Consejo Estatal cargado hacia los intereses de otros partidos, confían que los Magistrados Electorales Estatales, y Federales, respeten la Constitución de Baja California y voten reconociendo que los cuatro actuales candidatos con cargos electos en 2004 están impedidos para ser candidatos:
“El día de ayer, en el Tribunal Electoral Federal, el TRIFE con una votación mayoritaria abrumadora, decidió que los requisitos de elegibilidad que establezca la Constitución de cualquier entidad son letra que debe respetarse, también establecieron en el razonamiento de cuatro magistrados del tribunal que el artículo 42 en Baja California es letra vigente y el que no cumpla los requisitos de elegibilidad, no podrá ser candidato”, dijo en conferencia Salvador Morales Riubí, presidente estatal del PAN en Baja California.
 “No obstante que esa sesión fue en la tarde, horas después, cinco consejeros de siete, a pesar de tener el conocimiento de esto que explico, aprobaron utilizando exclusivamente una capacidad de votación, que se cumplían los requisitos de elegibilidad del candidato del PRI. Eso me parece que es una prueba más que contundente para probar la práctica parcial de los consejeros”, reiteró Morales.
ZETA consultó el video de la sesión del Tribunal Federal Electoral y en varios expedientes abordaron el tema de los requisitos de elegibilidad planteados por las constituciones de los estados.
Al momento de exponer los motivos de su voto, tanto el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera, como los Magistrados Manuel González Oropeza, Pedro Esteban Penegas López y Carmen Alanís Figueroa, coincidieron en señalar que si los requisitos de elegibilidad estaban planteados en las constituciones de las entidades, se tenían que cumplir independiente de si ellos como magistrados los consideraban excesivos, mínimos o justos.
El argumento de los letrados del Poder Judicial de la Federación es claro: La Constitución Mexicana concede a cada entidad federativa la facultada de ejercer sus poderes y su soberanía.
Refirieron los artículos 40 y 41 que señalan que México es una República constituida por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, incluyendo la renovación de sus poderes.
El Magistrado Pedro Esteban Penegas López dijo que bajo estricto riesgo personal él sostenía que no hay derechos absolutos, todos son relativos y la Ley puede ser reglamentada. Mientras la Magistrado Carmen Alanís Figueroa, expuso que determinar los requisitos de elegibilidad en Baja California es decisión exclusiva del legislador de Baja California, y al reformar están en estricto uso de sus facultades, porque son ellos los responsables de decidir, tomando en cuenta las características particulares, la naturaleza, el perfil y la identidad de su entidad federativa.

Los candidatos californianos
Otro tema de impugnación:
Los nacidos en Estados Unidos, particularmente en el estado de California, por ser frontera con Baja California. Casos que son harto comunes. Como el candidato del PAN que fue retirado por su partido cuando no cumplió con el requisito de residencia por haber nacido en California, Genaro López.
En el mismo sentido, la alianza priísta inscribía, hasta el cierre de edición de ZETA el jueves por la tarde, a su candidato a la Alcaldía de Tijuana, el doctor Jorge Astiazarán Orcí, a quien panistas acusaron de tener su origen en territorio norteamericano.
Como preludio a la impugnación que emprenderán contra el representante del PRI, los funcionarios panistas sacrificaron a dos de sus abanderados:
El 16 de mayo el Consejo Estatal Electoral de Baja California rechazó los registros a diputados y regidor, respectivamente, por Acción Nacional de Pablo Genaro López y Bernabé Esquer Peraza, por no reunir el requisito de elegibilidad de ser ciudadanos mexicanos. Ambos nacieron en California, Estado Unidos.
Los candidatos afectados promovieron un  juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que concluyó la tarde de 23 de mayo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, respetando lo expresado en la Constitución de Baja California, no reunían los requisitos porque el certificado de nacionalidad mexicana a través del cual renunciaron a su ciudadanía estadounidense ante la Secretaría de Relaciones Exteriores fue tramitado en mayo de 2007.
Mientras la Ley de Baja California exigía a López que quería ser diputado, que debía tramitar el certificado cinco años antes de la elección, es decir, el 5 de agosto de 2002. Esquer, que intentaba ser edil en Tijuana, debió tramitarla 10 años antes.
Esta resolución tomada por mayoría en el Tribunal Federal sienta un precedente para las futuras impugnaciones. Incluso la magistrada Alanís se permitió mencionar que asuntos tan evidentes como éstos, debían haberse considerado desde que los partidos políticos eligieron a sus candidatos.
Con este antecedente, la tarde del jueves 24 de mayo, fue rechazada la candidatura a diputado por la “Alianza para que Vivas Mejor” del líder del Partido Verde Ecologista, Eduardo Ledesma Romo. Él tampoco tramitó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su renuncia a sus derechos como ciudadano americano en el 2002.
Los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad en México son claros. Para ser considerado mexicano por nacimiento, si alguien nace en el extranjero además de ser hijo de padres mexicanos, cuando cumpla la mayoría de edad, 18 años, debe tramitar un certificado de nacionalidad mexicana en Relaciones Exteriores.
Pero si además quiere ser funcionario por elección popular en Baja California, entonces debió tramitar su documentación oficial 16, 10 o cinco años antes que pretenda buscar una candidatura, dependiendo del puesto que desee ocupar.
Fundamentados en la documentación que entregó el día de su registro, los panistas dicen saber que Jorge Astiazarán nació en California y tramitó su nacionalidad mexicana en el año 2003, y que el requisito para ser electo alcalde es que este trámite se haya realizado diez años antes del día de la elección, es decir, en 1997.
Los abogados del blanquiazul se están preparando con un argumento adicional. “Cuando renuncias a la ciudadanía de Estados Unidos vas a jurar y a firmar papeles y el gobierno te castiga un año, hasta que pasa ese período te permite tramitar visas, y el doctor Astiazarán  no ha dejado de cruzar en ese tiempo, seña de que no ha tramitado nada del lado americano”, expuso un abogado.
Al final de la semana de inicio de campañas electorales, el panorama en Baja California ya se pronostica bélico. Es evidente que a las impugnaciones seguirán juicios en tribunales locales y federales.

Historia de una impugnación

22 de junio 2006: Jorge Hank, alcalde de Tijuana, se auto destapó como precandidato a la gubernatura. También inició la pugna diaria: Directivos, líderes y diputados panistas asegurando que ningún funcionario elegido popularmente en el 2004 podría ser candidato. Los priístas iniciaron su defensa mediática en la búsqueda de la reforma a la ley electoral.
26 de junio 2006: Luis Carlos Ugalde, Presidente del Instituto Federal Electoral, anunció que el ayuntamiento de Tijuana violó el acuerdo de neutralidad al apoyar a los candidatos priístas en la elección federal.
27 de junio 2006: Informan diputados panistas que previo a la elección 2007 no discutirán reformas a la “Ley Antichapulín”.
11 de julio 2006: Tonatiuh Guillén, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, actual consejero estatal electoral impugnado, aseguró que el alcalde de Tijuana con licencia sólo podrá contender si se reforma la “Ley Antichapulín”.
13 de julio 2006: René Mendívil, diputado local priísta, aseguró que la mencionada ley es inconstitucional.
27 julio 2006: Priístas proponen reforma a la Ley Electoral incluidos cambios constitucionales con la finalidad de poder meter en la discusión la “Ley Antichapulín”.
26 de julio 2006: Jorge Hank pidió opinión al Consejo Estatal Electoral (CCE) de Baja California para saber si de acuerdo a una interpretación del artículo 42 Constitucional, podría ser candidato a pesar de que en 2004 había sido electo alcalde de Tijuana hasta noviembre de 2007. PAN impugna ante el Tribunal Estatal Electoral.
10 agosto 2006: El CCE por mayoría en votación dividida opina que el ex alcalde de Tijuana no está impedido.
17 de agosto 2006: El priísta Eduardo Martínez Palomera, quien busca la candidatura del PRI a la gubernatura, denunció dedazo y divisionismo en su partido.
12 de octubre 2006: Por mayoría, los diputados del PAN reforman la Ley Electoral.
10 de noviembre 2006: Jorge Astiazarán aseguró que no busca candidatura.
11 de diciembre 2006: El Tribunal Estatal Electoral resuelve la impugnación que el PAN hizo en contra de Consejo Estatal Electoral diciendo que es correcta la apreciación de que el todavía alcalde de Tijuana podía ser candidato. Acción Nacional llevó la impugnación al Tribunal Federal de Justicia Electoral (TRIFE).
Enero 2007: Suprema Corte de la Nación, obliga al Congreso de Baja California a revertir la reforma hecha a la Ley Electoral, tres meses atrás con mayoría blanquiazul.
10 de enero de 2007: Rechazó el PRD y el PT aliarse con el PRI. 21 días después el diputado por el PRD, Xicoténcatl Palafox es nombrado candidato a alcalde de Ensenada por la “Alianza para que Vivas Mejor”, en el consejo del PRI.
31 de enero de 2007: Por vía del aplauso y presentando una lista con candidatos preseleccionados por Jorge Hank, Mario Madrigal y Fernando Castro, el consejo del partido designó a sus precandidatos únicos.
31 de enero 2007: El TRIFE desechó la impugnación del PAN relacionada con la opinión que el CEE dio a favor de la candidatura del alcalde de Tijuana. “Se propone desechar la demanda en tanto que la violación reclamada no resulta determinante para el desarrollo del proceso electoral o para su resultado final”.
31 de enero 2007: Líderes y directivos de Acción Nacional anunciaron que impugnarán candidatura de Jorge Hank cuando se registre.
3 de febrero 2007: Inician precampañas.
6 de febrero 2007: Obed Silva, representante de la “Alianza para que Vivas Mejor”, aseguró que el PAN violó la Ley al registrar dos precandidatos a la gubernatura.
19 de enero de 2007: Jorge Hank solicitó licencia temporal a la alcaldía de Tijuana.
22 de enero 2007: PAN elige a José Guadalupe Osuna como candidato a Gobernador.