En la iniciativa de EU a votarse en junio también un sistema para verificar a inmigrantes

Reducen trabajadores temporales

Entran los precandidatos a la Presidencia de los Estados Unidos al debate de la reforma migratoria. Por lo pronto, la iniciativa original fue modificada, se redujo de 400 mil a 200 mil las visas para trabajadores inmigrantes, y consideran castigar con cárcel a quienes reincidan en entrar al país sin documentos apropiados

Gabriela Olivares Torres

A mediados de semana las restricciones aprobadas por el Senado a la Reforma Migratoria propuesta por un grupo bipartidista de legisladores norteamericanos días atrás dejaron ver la enorme preocupación que la sociedad norteamericana tiene para darle orden al desorden que en el vecino país representan los presuntos 12 millones de indocumentados.
La postura nuevamente acentúa una verdad que desde el sur de la frontera no se asimila: Estados Unidos jamás hará lo que a México le convenga. Que quede claro.
Tan es así que una de las primeras modificaciones acordadas con 74 votos a favor y 24 en contra fue la enmienda del senador demócrata de Nuevo Mexico, Jeff Bingaman, que reduce del número de visas que serían otorgadas dentro de un llamado Programa de Trabajadores Temporales, de 400 mil a 200 mil al año. Esto, a pesar de la apasionada defensa de parte del Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, quien a nombre de la Administración Bush pugnó inútilmente por sostener este capítulo medular de la legislación. 
Otro de los cambios aprobados fue el propuesto por Judd Gregg de New Hampshire, de poner en marcha un sistema de verificación en los lugares de trabajo para impedir la contratación de indocumentados y profundizar la discusión sobre cómo concederle, o negarle, el estatus legal a los inmigrantes sin papeles. A la par, siguiendo la pauta impuesta por la senadora de Carolina del Sur Lindsey Graham, habría que castigar con prisión a los indocumentados que vuelvan a cruzar a los Estados Unidos en condiciones de ilegalidad.
Entre los argumentos planteados tanto por demócratas como por republicanos en el transcurso de la semana resaltó el considerar innecesario el trabajo de los denominados “ilegales”, pues se dijo que era un mito que ellos realizan los quehaceres que los norteamericanos se niegan a desempeñar.
El problema, según concluyeron, es la avaricia de las empresas que reducen su inversión al pagar sueldos por debajo del mínimo, a gente que no puede defenderse legalmente dado a su estatus migratorio. Por lo tanto, la solución es obligar a las compañías a fijar y respetar salarios dignos para que los estadounidenses asuman los puestos que los indocumentados actualmente ocupan. De acuerdo con la oficina de presupuestos del Congreso, el costo de dicho sistema sería de 40 billones de dólares en diez años.
Las acciones de manera clara son un reflejo de la fuerte oposición que la Reforma Migratoria pronto despertó en la Unión Americana en donde la mera noción de amnistía produce un rechazo tajante de la prensa y, por consecuencia, de parte de la opinión pública.
Una prueba fehaciente es el término que el líder de los Republicanos en la Cámara Baja, John Boehner, utilizó para calificar la propuesta migratoria. Según el National Journal, el martes, en una reunión a puerta cerrada, el Representante de Ohio dijo que la iniciativa era “shit”. Su equipo de trabajo sólo comentó que el servidor público bromeaba.
Del otro lado del cuadrilátero, Barack Obama, de Illinois, rostro conocido rumbo a la candidatura a la Presidencia por la Partido Demócrata, defendió la migración por parentesco y anunció que combatirá la visa por puntos o méritos que impulsaría la llegada de personas educadas y con destrezas especiales por encima de las esposas, hijos y padres de los residentes legales, inclinación por la que, asimismo, se perfilará Hillary Rodham Clinton, quien apoyará la eliminación de restricciones para familiares inmediatos.
Un contendiente más a la elección del 2008 por la facción demócrata, el senador Christopher Dodd, de Connecticut, planteó la idea de incrementar de 40 mil a 90 mil visas anuales para los padres de ciudadanos de Estados Unidos.
Rayos de luz dentro de un túnel que se oscurece y se prolonga para los indocumentados que pronto manifestaron su desacuerdo con la iniciativa encabezada por Edward Kennedy dado a que prevalece la desconfianza en torno a la Visa Z, para la cual aplicarían a cambio de un permiso provisional de trabajo y residencia como primer paso en un proceso de 8 a 13 años en el que la residencia podría ser otorgada.
Se olvida que si el sistema de monitoreo e identificación de extranjeros en Estados Unidos se sostiene como prioritario, la inscripción en el programa de la Visa Z no será opcional. En otras palabras, será imposible ocultarse dado a la sofisticación del registro.
Tendencia que, una vez más, pertenece a la lógica de frenar la migración de golpe y controlar a los indocumentados ya existentes, al igual expuesta en las sugerencias del senador Charles Grassley, Republicano de Iowa, de revocar visas sin una revisión de la corte, y de John Cornyn, Republicano de Texas, de negar el estatus legal a aquellos individuos que en el pasado hayan sido deportados.
Posiciones emergentes que evidencian la urgencia de una Reforma que corre el peligro de desbaratarse por segunda vez rumbo a la Cámara de Representantes, si los polos se separan, alejándose aún más del de por sí estrecho borrador de leyes migratorias que un grupo de felices republicanos y demócratas pusieron en la mesa del Senado hace apenas una semana.