Se erradicaron 11 zonas de siembra con nueve toneladas de marihuana.

Plantíos eran de “El Chapo”

En el valle de Ensenada, en San Quintín y Ojos Negros se encontraron las cosechas; en una de ellas se dio el enfrentamiento que concluyó con la captura de narcotraficantes, un muerto y un policía herido. La zona, ahora rastreada por el Ejército, es utilizada por el cártel de Sinaloa para producir su ilegal producto

Investigaciones ZETA

Fuentes confidenciales revelaron que los 11 sembradíos de marihuana destruidos el fin de semana por el Ejército Mexicano y las policías Federal y Estatal, presuntamente son propiedad de grupos de narcotraficantes que trabajan en Baja California para el Cártel de Sinaloa, el cual encabezan Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Agregaron que la presencia de estos sindicatos criminales en la zona se remonta a la década de los 80, cuando el narcotráfico consolidó su posición en el estado llegando incluso a trabajar en las inmediaciones del Parque Nacional de San Pedro Mártir y en comunidades indígenas kiliwa y pai-pai asentadas en las sierras de Juárez, San Pedro Mártir, los valles de Ojos Negros y de la Trinidad, en donde compiten fuertemente con los grupos afines al Cártel de los hermanos Arellano Félix.
Tal como sucede en operativos similares contra el crimen organizado en la zona rural, la destrucción de 11 sembradíos de marihuana en dos acciones por separado ejecutadas por fuerzas policiales y militares conjuntas contra la delincuencia, realizados el pasado fin de semana en el municipio de Ensenada, se quedará en la detención de “cuidadores” de los campos clandestinos, la destrucción de la droga, el decomiso de algunas armas de fuego y la imposibilidad de saber quiénes son los dueños de los plantíos.
Ello se desprende luego que ZETA investigara que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó al Juzgado XI de Distrito con sede en la ciudad de Ensenada, a dos presuntos delincuentes dedicados a “proteger” seis campos cultivados con marihuana, sin profundizar en la identificación de los propietarios de los labrantíos.
De hecho los dos consignados por la PGR, Sergio Agustín Ontiveros Mena, de 27 años, y Felipe Ernesto Silva Morones, de 44, se negaron a decir a la fiscalía federal quién o quiénes son los dueños del predio en donde agentes preventivos federales, estatales y miembros del Ejército Mexicano, localizaron y destruyeron, el domingo 27 de mayo, dos mil 500 plantas de marihuana.
Y si bien la PGR identificó las coordenadas del sitio en donde fue ubicado el predio, no se precisa si éstas corresponden al rancho El Toro, localizado en el valle de Ojos Negros al pie de la Sierra de Juárez, lugar al que la fuerza conjunta de seguridad llegó luego de que personas anónimas reportaron al Centro de Comando, Comunicación, Control y Cómputo (C-4), la tarde del sábado 26 de mayo, que “en las inmediaciones” de El Toro había gente armada protegiendo sembradíos de mariguana.
Esa fue precisamente la ubicación que proporcionó la PGR al juez de Distrito que da seguimiento jurídico al asunto: “en las inmediaciones” de ese rancho, más aparte las coordenadas del sitio obtenidas con un geo-posesionador satelital (Gps) y no disponibles para la prensa en virtud de que “forman parte de la investigación” que se abrió del caso.
Otra dependencia que intervino en el tema, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también se dio por bien servida con la versión de que el campo de mariguana se localizó “en las inmediaciones” del Rancho El Toro.
Alegando que esa investigación no le corresponde hacerla, la Procuraduría estatal de Justicia no profundizó en la información más importante del operativo: dar con los propietarios del predio para detenerlos.
Los presuntos custodios de la marihuana, empleados dedicados a la siembra, riego y cuidado de las plantas, así como a defender con armas de alto calibre los sembradíos, fueron detenidos “en las inmediaciones” de ese rancho, según declaró Ernesto Talamantes López, agente del Ministerio Público del Fuero Común contra Homicidios de la PGJE.
El mismo funcionario aclaró que la Pgje únicamente interviene en la investigación para esclarecer el asesinato de Armando Baldovinos Aguilera, alias “El Siete”, de 47 años.
Esta persona supuestamente era uno de los vigilantes de los cinco plantíos de marihuana destruidos en Ojos Negros.
Fue abatido a tiros por los policías preventivos y militares cuando éstos supuestamente repelieron los disparos que Baldovinos les hizo desde el exterior de una casa de madera edificada en el sembradío, el domingo 27 de mayo por la madrugada.
La dependencia estatal también trabaja en el esclarecimiento del origen de las lesiones que recibió durante el operativo el sargento de la Policía Federal Preventiva (PFP) Marco Antonio Pérez Arenas, de 29 años.
Pruebas periciales realizadas por personal de criminalística de la PGJE en el cuerpo del occiso, determinaron que Baldovinos disparó un arma –presuntamente una Subametralladora Uzi calibre nueve milímetros– e hirió en la clavícula, cuello y esófago al sargento Pérez Arenas, que al jueves 31 de mayo seguía con reporte médico “delicado, pero estable”.
Los dos detenidos indicaron que Baldovinos comenzó a disparar cuando se percató que los policías y militares se acercaban al lugar, la madrugada del domingo 27 de mayo, y que ellos aprovecharon la confusión para huir del lugar, aunque después fueron localizados y detenidos por los agentes preventivos.
El destino que tendrán ambas averiguaciones previas es el archivo para consulta por “no delito” de la PGJE, ya que el presunto actor en ambos casos está muerto y no se le pueden fincar responsabilidades.
El gobierno del estado asimismo participó enviando al operativo a una docena de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que junto con la Preventiva Federal, fueron las dos instituciones que recibieron el reporte anónimo hecho llegar primero al centro C-4 de Ensenada.
El jueves 31 de mayo al mediodía, ZETA quiso profundizar en la comandancia de la PEP en Ensenada la información del operativo en Ojos Negros, pero su titular no estaba disponible y el personal de la delegación no quiso proporcionar los números del teléfono de la oficina del titular, ni su celular, alegando que “es información confidencial”.
Sí, en cambio, solicitaron los datos del reportero, que se los proporcionó sin mayor problema esperando que el comandante de la corporación se comunicara para establecer una cita, cosa que no sucedió hasta las 15.00 horas del pasado jueves en que se cerró la edición del semanario.
Los dos detenidos con relación directa a los hechos del domingo 27 de mayo seguían presos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada hasta el jueves 31 de mayo en espera de que el juez federal determine su situación legal, que se espera condenatoria en cuanto a delitos en contra de la salud, pero sin un grado de gravedad que les impida obtener su libertad bajo fianza.
Además, la PGJE ya determinó que con base a los resultados de la prueba de rodizonato de sodio que se les practicó a los dos presuntos delincuentes, se comprobó que ninguno de ellos disparó un arma de fuego el día de los acontecimientos, y por ello no se les involucró en la averiguación que por Lesiones Calificadas en contra del agente Pérez realiza la representación social estatal.

También en San Quintín

Un anónimo también alertó al Ejército Mexicano de la existencia de cinco plantíos clandestinos en la cañada conocida como “Agua de Monte”, al pie de la Sierra de San Pedro Mártir.
Ello ocurrió el viernes 25 de mayo cuando elementos del 67 Batallón de Infantería destacado en San Quintín realizaron un recorrido por la zona donde se denunció el sembradío, el cual fue inmediatamente destruido por los soldados que no encontraron a nadie resguardándolo.
Igualmente no se precisó en las fuerzas armadas de quién es propiedad el terreno en donde se localizó el enervante, ya que esa averiguación –se comentó a ZETA en fuentes militares confidenciales–, le corresponde hacerla a la Procuraduría General de la República, quien fue inmediatamente notificada del hallazgo y la destrucción de miles de plantas de marihuana.
En las oficinas de la PGR en Ensenada no se dio información al respecto en virtud de que los cuatro agentes del Ministerio Público Federal asignados al municipio, tienen órdenes precisas de no proporcionar información a los medios de comunicación si antes no lo autoriza la oficina del Subdelegado en la zona, ausente de sus oficinas el jueves 31 de mayo al mediodía en que ZETA todavía acudió en busca de información.

Decomisan hachís de Durango

El Ejército Mexicano decomisó este fin de mes diversas drogas que tenían por destino llegar a la ciudad de Tijuana.
Entre éstas, destaca el aseguramiento de la droga conocida como hachís; dos muestras que contenían 62 gramos al interior de una maleta proveniente del municipio de Durango, Durango, en un camión de pasajeros.
Además, aseguró otros 260 gramos de heroína de la que se pueden obtener diversas dosis para la venta y consumo y 1.9 kilos de marihuana.
Los decomisos, por parte de elementos de la Segunda Región Militar se lograron en el punto de inspección conocido como Cucapah, en San Luis Río Colorado, Sonora, el pasado 30 de mayo mientras inspeccionaban las maletas de la señora Nereyda Arellano Sánchez de 46 años de edad.
En otros hechos, ese mismo día, los efectivos castrenses localizaron mil 14 kilogramos de mariHuana oculta al interior de cajas de plátanos que eran transportados en un camión de carga procedente de Jalisco y con destino a Tijuana.
En ese aseguramiento, se detuvo al conductor Gustavo Ramírez Duarte, de 54 años de edad, y a Juan Ramírez Robles, de 64.
Los detenidos, la droga y dinero en efectivo, fueron puestos a disposición del agente del ministerio público de la federación, quien resolverá la situación legal.