Funcionarios deficientes se van a la campaña sin cumplir compromisos.

Pedirán investigar a Congreso

Señalados por manejos irregulares, acusados de acciones dudosas y con programas polémicos que benefician más a particulares que a la ciudadanía, funcionarios ineficientes del Ayuntamiento de Tijuana dejan la administración para hacer proselitismo, pero nadie los investiga. Ni siquiera hicieron auditoría para entregar las oficinas. Se fueron sin dar cuentas.

Rosario Mosso Castro

Sin cumplir los compromisos, completo, el gabinete de Jorge Hank abandonó el XVIII Ayuntamiento para irse a la campaña.
Evidentemente la prioridad del equipo que entró al servicio público no es la administración municipal, sino “fortalecer” la candidatura de quien siguen viendo como su jefe, por lo menos así lo dijo ante reporteros el ex Síndico José María Lozano Rodríguez el 22 de mayo cuando solicitó su licencia.
Con la salida del Secretario de Administración y Finanzas, Pedro de Verona Panamá Ferreira, el 24 de mayo, la administración del XVIII ayuntamiento de Tijuana se convirtió en un gabinete de bateadores emergentes, empleados que todavía piden instrucciones a sus ex jefes.
A pesar del Alcalde Suplente, en las oficinas del Gobierno Municipal, nada se mueve si no es consultado antes con los coordinadores de la campaña hankista.
Incluso, cuando le cuestionaron públicamente la salida de los funcionarios de primer nivel, para integrarse a su campaña, el candidato de la Alianza para que Vivas Mejor al Gobierno del Estado, declaró que esos asuntos los platicaba y los resolvía junto con Kurt Honold, su presidente municipal suplente.
De los funcionarios de primer nivel que entraron en diciembre de 2004 ya no queda uno, hasta regidores priístas han salido como Rafael García Vázquez. Y todavía faltan seis meses para que concluya el período de la administración.
Prácticamente todos están trabajando en la campaña electoral. La excepción aparente es el controvertido ex Secretario de Seguridad Pública, Ernesto Santillana Santillana, que regresó al Estado de México, donde también ha sido acusado de corrupción.
Incluso, Gustavo Camarena Salinas, ex Secretario de Economía que salió de la administración cuando no estuvo de acuerdo con funciones públicas que le quitaron y otras que le agregaron, ahora apoya la campaña de su hermano Javier Camarena, registrado como suplente del candidato a la alcaldía Jorge Astiazarán.  
Al justificar estas remisiones de personal del ayuntamiento a la campaña hankista, funcionarios y candidatos han dicho que se trata de un premio, una alta distinción. Justifican que se están llevando a sus “mejores” hombres para crear el proyecto de alto nivel, con los que el tricolor y compañía, administrarán el estado.
Lo paradójico es que todos quienes han dejado el Ayuntamiento para sumarse a la campaña, no cumplieron con su compromiso de servir a la ciudadanía. La mayoría pues, dejó trabajos pendientes y dudas en el desarrollo de su labor y el manejo de los recursos públicos.
Ninguno pues, está probado en la eficiencia. Cosa contraria, han sido acusados de deficientes.

Ineficiencias

La renuncia de Fernando Zamora Rubio, a quien se llevaron para “elaborar proyectos y planes de alto nivel en materia de desarrollo urbano para nuestro estado”, deja una estela de dudas en relación a su desempeño en el Ayuntamiento.
Este ex funcionario fue protagonista de un programa de bacheo que ha resultado fallido durante dos años a pesar de la inversión por más de 400 millones de pesos, ha privilegiado la cantidad sobre la calidad y ha otorgado contratos reiteradamente a constructores que entregaron a la ciudad trabajos deficientes.
Tiene cuentas pendientes, pero como si nada de esto ocurriese, fue retirado sin auditoría o investigación alguna.
Obviamente quienes lo llamaron tampoco consideraron que del programa de obra que presentó en 2005, siendo ya mediados de 2007, se ha cumplido menos del 50 por ciento, lo que significa que el arquitecto planea mucho, pero concreta poco.
Del plan original de obra, sin más explicaciones ignoraron la promesa del paso a desnivel del nodo Clouthier-Industrial, la liga de la avenida Internacional con la vía rápida Poniente, el paso a desnivel del nodo del crucero Central Camionera, la construcción del tramo Casa Blanca-Alamar, el acceso a la colonia Magisterial y mejoramiento vial en la Glorieta Soler.
Estas obras tendrían un costo programado de 200 millones de pesos, el 55 por ciento del presupuesto de obra de todo ese año, dinero que finalmente Zamora aseguró que se gastó en mantenimiento de vialidades. “Dinero que es difícil de rastrear y del que proporcionaron muy poca información”, dijo el regidor panista Óscar Zumaya.
Tampoco están considerando la construcción irregular de expendios de gasolina que se realizaron bajo su supervisión. O que sus planes y números, al final no tuvieron nada que ver con la realidad en el costo y construcción del Puente Santa Fe y el Crucero Alba Roja.
Menos parecen estar tomando en cuenta la poca claridad en su ejercicio, porque para eludir la responsabilidad de licitar los proyectos y revisarlo con los regidores, el arquitecto Zamora decidió despedazar la inversión de tal manera que el supuesto costo de la obra no implicara la obligación de concursarlo.
Lo que hizo fue entregar el tramo uno, dos y tres de determinada obra a un solo constructor, como son tres diferentes contratos, aunque sumados sean muchos millones puede adjudicarlos a quien le parezca, sin importar si existen mejores postores o profesionales.
Eso también le permitió darle “chamba” a un mayor número de constructores y tenerlos a todos contentos y dispuestos con el equipo hankista y obvio con su campaña electoral.
Dejando inconcluso la promesa de: “Desplegar un estricto control del ordenamiento urbano libre de actos de autoridad arbitrarios y corrupción. Tampoco resolvieron el embotellamiento de los cruceros, ni modernizaron y ampliaron la infraestructura de servicio de limpia”.
La responsabilidad, frente al problema de la instalación irregular de expendios de gasolina, Zamora la compartió con el Síndico con licencia, José María Lozano, quien como empresario del ramo tiene evidentes intereses en esos movimientos.
Incluso, violentando la ley que tenía obligación de hacer respetar, concursó con tres de las gasolineras de su familia los contratos del ayuntamiento que anualmente representan 70 millones de pesos en promedio.
Unos minutos antes de que le concedieran la licencia temporal, para separarse de su cargo de elección popular que terminaba hasta el 31 de noviembre de 2007, dijo que se iba satisfecho y aseguró sentir que había logrado que los recursos humanos y financieros del ayuntamiento de Tijuana fueran bien dirigidos.
No mencionó en ningún momento que bajo su vigilancia la administración municipal compró pick up patrulla estándar, sin concurso y sin tener dinero presupuestado para tal acción.
Que se pagaron cientos de millones de pesos en finiquitos sin que hubiera recurso presupuestado y sin que se informara de dónde salió, ni a qué rubro se lo quitaron. También permitió que se erogaran otros cientos de millones de pesos en sueldos de nuevos empleados en las 16 instancias de primer nivel y 18 de segundo nivel que se crearon en la administración, dinero que gastaron antes de que el cabildo aprobara las nuevas plazas, lo que hizo suponer a los regidores de oposición que sacaron el dinero del presupuesto que estaba destinado a obra pública.
No mencionó que junto con sus compañeros de gabinete se aumentó el sueldo hasta en un 70 por ciento sin informar a nadie. Aunque después se lo redujeron pero sólo el 30 por ciento.
El regidor Óscar Zumaya continuó con la lista de asuntos sin resolver que dejó Lozano Rodríguez:
“La denuncia por incumplimiento de funciones en contra del actual Secretario de Gobierno; otra por colocación de estacionamiento privado en vía pública; la que se inició por colocación de anuncios espectaculares en la ciudad; la investigación de los hechos en los que perdió la vida un cadete en las inmediaciones del Río Tijuana; las irregularidades en las concesiones entregadas a Global Corporation; y las irregularidades en la des-incorporación y venta de terrenos del ayuntamiento, por mencionar algunos”.
Sin embargo ninguno de estos hechos fue considerado por el cabildo de mayoría priísta para negarle la licencia, ni para sus correligionarios para llevarlo a la campaña. Por el contrario el regidor tricolor, Edgar Fernández Bustamante recordó que si la posibilidad estaba en la Ley, Lozano tenía el derecho de ejercerla, y acusó diciendo que los panistas critican en Tijuana licencias que tranquilamente otorgaron en el ayuntamiento de Rosarito.

Pedirán investigación a Congreso
El último en salir, el Secretario de Administración y Finanzas, Pedro de Verona Panamá, era el menos político de todos. Constantemente se rumoró que dejaría la administración porque no estaba de acuerdo con la falta de aseo en las finanzas provocada por los priístas, sin embargo se quedó hasta el final y respaldó con su firma cada uno de los movimientos, por tal razón, este jueves será denunciado ante el Congreso del Estado por la regidora de Tijuana, Rosalba López Regalado.
Con una denuncia formal de lo que ya habían hecho público a través de entrevistas en enero de 2006. La posibilidad de una doble contabilidad.
“Además de ser ineficiente o engañosos en la programación de presupuestos porque decenas de millones que se aprueban para obras en diciembre han terminado transfiriéndose a sueldos, hemos detectado que en documentos oficiales están haciendo malabares con los números, las cifras del presupuesto están alterados y eso nos llama la atención y nos alarma”.
“En Secretaría de Finanzas ya es una situación de preocupación. La denuncia permanente de que nos ocultan información durante toda administración, los reportes detallados del gasto trimestral en las diversas secretarías, ni los cierres”.
Al pedir la investigación de parte del Congreso local, la regidora presentará dos documentos oficiales que llegaron a su poder, donde se aprecia que en 2005 se “manejó doble contabilidad, se ocultó algo o se hicieron ajustes sin informar”.
En la cuenta pública 2005, dice que en sueldos se gastaron mil 58 millones de pesos pero en un comparativo entregado 11 meses después, dicen que en sueldos gastaron mil 81 millones, hay una diferencia de 23 millones.
Otro ejemplo es que en el documento de la cuenta pública 2005 dicen que gastaron 231 millones en maquinaria y equipo y 11 meses después dijeron que siempre no, que gastaron 185 millones. “Aquí hay algún tipo de responsabilidad y es obvio que no hay un manejo claro y transparente de las cuentas”, concluyó López.
Lo anterior fue apenas una muestra del incumplimiento de la promesa del gabinete de invertir los recursos públicos con eficiencia, pertinencia y transparencia. Y reducir el aparato burocrático.
En cuanto al coordinador de la campaña,  el ex secretario de Gobierno, Fernando Castro, que dejó su puesto para buscar la senaduría que alcanzó sin ganar la elección, también arrastra su lista de incumplimientos.
Estando bajo su jurisdicción no contribuyó al “desarrollo de un amplio, estratégico y moderno plan de vialidad y transporte que desahogue el tráfico”.
Tampoco, a través de buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, se mejoró el flujo de vehículos en la frontera, ni se atendió el problema de la insuficiencia del agua o el rezago en drenaje pluvial que prometieron. Ni cumplieron la promesa de que el cabildo sesionaría en las delegaciones o la de remodelar el centro de la ciudad.
De hecho en tiempos de Castro Trenti, bajo el argumento de ordenar el transporte público y los permisos de alcoholes, el número de permisionarios y concesionarios creció, sin embargo es tiempo que la autoridad municipal no acepta dar a conocer los nuevos padrones, porque dicen que el ordenamiento no está terminado.