Facturas apócrifas revelan desaseo administrativo en el órgano ciudadano
Las irregularidades en el IEE
Aunque Miguel Torres Ponce, el Director del Instituto Estatal Electoral, intenta defenderse de la auditoría y la investigación por las facturas falsas detectadas en el organismo a empresas de comunicación, las fechas y las formas no concuerdan. Diputados investigarán las presuntas anomalías mientras los Consejeros insisten en parecer las víctimas de una investigación y una auditoría. Acusan al PAN de revelar las anormalidades.
Luis Arellano Sarmiento
El intrincado caso de las facturas apócrifas en el Instituto Estatal Electoral, sacó a relucir muchas irregularidades:
1.- Las fechas de detección de facturas apócrifas con el pretendido pago de las mismas por los servicios supuestamente prestados, no concuerdan.
2.- El Director del IEE, Miguel Torres Ponce, no ha dicho de quién recibió y por qué las facturas falsas.
3.- Algunas de ellas estaban facturadas a pesos menos del límite de gastos para concursar el mejor servicio, evidentemente para saltarse esa parte del reglamento.
4.- A raíz de la “denuncia” del IEE sobre las facturas apócrifas, diputados develaron el desaseo que hay en el instituto ciudadano.
Ante estos elementos, los señalamientos al Instituto Estatal Electoral cobran cada vez mayor relevancia, mientras los Consejeros se dicen hostigados por el Partido Acción Nacional.
Si el Consejero Ciudadano José Luna Velásquez no hubiera intervenido en detener el pago de unos cheques ya autorizados por el director del Instituto Estatal Electoral (IEE), se hubieran pagado cerca de medio millón de pesos a empresas fantasmas y por servicios no realizados.
Por lo menos cinco facturas apócrifas destinadas a publicidad institucional fueron descubiertas justo cuando Miguel Ángel Torres Ponce había firmado para que se realizara el pago, así lo dijo el diputado panista y presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en el Congreso del Estado, Raúl López Moreno.
Nunca se habían encontrado facturas falsas, dijo Luna Velásquez, quien hasta el 17 de abril fue Presidente de la Comisión de Fiscalización, Presupuesto y Administración del Consejo Estatal Electoral (CEE).
El director del IEE, Torres Ponce, negó responsabilidad alguna y dijo que en su momento detectaron las facturas falsas y en reunión privada notificó a los Consejeros Ciudadanos excepto Tonatiuh Guillén López, que en ese momento no estuvo presente.
Debido a que no se concretó el daño patrimonial porque fue descubierto a tiempo el fraude, la mayoría de los consejeros decidieron no poner denuncia penal pero sí notificar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de las irregularidades, argumentó Torres Ponce.
También dijo que fueron las instancias internas del IEE quienes detectaron las facturas y por eso se procedió a la notificación, sin embargo Luna Velásquez indicó que fue él quien detectó las facturas y se le hace extraño que algunas sumas sean de casi 125 mil pesos, porque si esa cantidad es rebasada en la adquisición de algunos bienes o servicios hubiera sido necesario la aprobación de la Comisión de Fiscalización, Presupuesto y Administración.
Así lo señala el artículo 50 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, también estipula los supuestos en que deben hacerse 2, 3 ó 5 cotizaciones antes de aprobar contratar un servicio o comprar un bien.
Por lo pronto, en la auditoría elaborada por el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California al IEE por el periodo de 1 de enero al 31 de marzo de 2007, se encontraron 24 irregularidades, muchas de éstas porque no hay orden de compra o no mostraron las cotizaciones de licitación.
Las fechas son determinantes en el caso de las facturas falsas.
El 7 de mayo de 2007 se realizaron las solicitudes de cheque para el pago de las facturas falsas; en las cuatro está la firma del Director General del Instituto.
En la primera se pagaría a José Luis Aranda Luna o Visión Digital 82 mil 500 pesos bajo el concepto “Renta de pantalla electrónica en Calzada Cetys y Gómez Morín del 15 de abril al 14 de mayo de 2007”. La orden de pago se emitió una semana antes de concluir el supuesto periodo de contrato.
Otro cheque estaría destinado a Raúl Alberto Agúndez Esquer o Publicidad Alternativa BC, también por publicidad en una pantalla electrónica con un monto de 88 mil pesos; a Arturo Cortés Quijada o Publicidad Dinámica de Tijuana le pagarían 124 mil 500 pesos y otra de 124, 520 pesos con Anuncios Digitales del Noroeste.
Todas con proyecciones de publicidad de 15 de abril al 15 de mayo.
A los denunciantes se les hace raro cómo el Director General firmó los pagos por un servicio que debiera llevar 3 semanas en operación y nunca se realizó.
Esas empresas no existen y se destinó un pago que fue descubierto a tiempo. Por lo menos se tipificó el delito de falsificación de documentos.
Torres Ponce, director del IEE dio su versión de los hechos.
Primero dijo que fueron ellos quienes remitieron el asunto irregular al Órgano Superior de Fiscalización y al SAT.
Sin precisar fechas comentó que “el asunto internamente lo hicimos del conocimiento en una reunión privada a los Consejeros, únicamente falto Tonatiuh (Guillén), que no estaba aquí, pero todos los demás Consejeros conocieron del asunto y se determinó que no tenían ninguna repercusión, porque no había habido ni siquiera el intento de contratar el servicio mucho menos de pagarlo, por eso te digo que no es así, o sea, nosotros al detectarlas por los mecanismos de control interno, lo que hicimos fue avisar al Consejo en pleno pero en reunión privada, ahí se determinó que no hubo más que un intento de daño patrimonial en un momento dado, verdad”.
Mostró un oficio del Instituto Estatal Electoral de Baja California, dirigido al SAT, donde señala la existencia de los contribuyentes falsos. Está sellado por el mismo Instituto el 15 de mayo de 2007.
Ese mismo día por la mañana, el diputado Carlos Astorga Othón, denunció que creían probable daño patrimonial; no dio más detalles pero informó que el caso sería investigado por el máximo órgano fiscalizador.
El 16 de mayo, por Internet, la Dirección General del IEE envió al SAT lo que tituló “Denuncia de Facturas Apócrifas”; un día después por la misma vía obtuvieron respuesta confirmando lo que la instancia fiscalizadora llamó “Queja” y asignó el número de consulta 336505.
Para el consejero Jaime Vargas Flores fue el IEE quien denunció el hecho ante el SAT “hace seis semanas”. Pero las fechas no concuerdan y por lo menos el descubrimiento de la irregularidad debió ser posterior al 7 de mayo, fecha en que se firmó la orden de pago, documentos en los que se basó el Consejero Luna Velásquez para percibir el probable pago ilegal.
Torres Ponce ve el asunto desde otro punto: “El problema que tuvimos, fue que alguien filtró esas facturas a la fracción panista en el Congreso…se incurrió en un delito porque están sustrayendo documentos oficiales ilícitamente del Instituto hacia el congreso”.
Amenazó:
“Estoy por consultar a nuestro asesor jurídico, el abogado Ángel García, para ver qué procede tanto en este caso de la filtración ilícita de documentos oficiales, como del manejo de documentos oficiales en un medio de comunicación, como es La Crónica.
“Porque aunque le hayan llegado las copias de esos elementos oficiales al diputado López (Moreno) y al diputado Astorga (Othón) no sé quién se los entregó a La Crónica. Y si ellos fueron los que los entregaron a La Crónica pues vamos a ver qué procede con todo y el fuero, ¿verdad?, por lo menos que haya un antecedente ahí, haber qué procede”.
Cuestionado sobre quienes son esas personas que se acercaron a entregar factura falsas con la intención de defraudar, el director del IEE respondió.
“Bueno eso se lo dejamos al SAT, nosotros ya cumplimos con lo que nos correspondía a nosotros, nosotros ya no podemos hacer más, yo inclusive consulté al abogado sobre si poníamos una denuncia penal, pero nos asesoramos y nos indicaron que a través del SAT ellos le van a dar seguimiento y van a tomar las medidas que consideren conveniente con esas empresas.”
-- ¿El Instituto estaría en la disposición de decir o señalar a las personas que vinieron y entregaron esas facturas?
“Si el SAT nos lo solicita totalmente. Estamos en comunicación con el SAT, nos mandó pedir una información y seguramente hoy se la estamos enviando o si no mañana, pero con la Secretaría de Hacienda tenemos una comunicación en este sentido”.
La falsificación de documentos es un delito penal que será llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró el diputado López Moreno. El caso será votado en el Pleno del Congreso para que los diputados turnen el caso, tal como señala la Ley, dijo el panista.
Si los diputados no aceptan por asuntos políticos, cualquier persona puede denunciar el hecho, sostuvo.
Un hecho real es que el expediente de auditoria comprende los primeros 3 meses del año, fue entregado el 8 de junio al IEE por conducto del Órgano de Fiscalización Superior y todavía se está en tiempo legal para responder a las 24 observaciones encontradas.
El asunto de las facturas no comprende el periodo de los tres meses pero fue incluido en el reporte.
Torres Ponce dijo en su defensa: “El propio Órgano nos informó, desgraciadamente no podemos decir quién, que a petición y a presión mejor dicho del diputado Raúl López, se incluyó en está revisión las famosas facturas, esas que no correspondían porque nosotros únicamente declaramos el primer trimestre y sobre lo declarado es lo que se permite o lo que indica la ley.”
El jueves 7 de mayo, cuando un sector de la Prensa festeja el día de la libertad de expresión, el diputado Astorga Othón denunció en Sesión Ordinaria de la XVIII Legislatura, una amenaza del Director del IEE contra el Periodista corresponsal de La Jornada, Antonio Heras. El diputado no abundó en detalles.
Un día después, el viernes 8 de junio apareció una nota en La Jornada titulada “Investigan Presuntos Fraudes en Institutos Electoral de Baja California”, firmada por el corresponsal.
Ese día por la tarde respondió el Director general del IEE con un boletín, señalando que la auditoría del Órgano Fiscalizador había concluido el 25 de mayo y que no se recibió ninguna notificación de irregularidades. El boletín oficial hizo referencia a la nota de La Jornada.
También como argumento de defensa, Torres Ponce señaló que el informe recibido luego de la auditoría, en su parte final señala que “no se encontraron las solicitudes de servicio que debieron elaborase y autorizarse de las cuatro solicitudes de cheques antes mencionadas, asimismo no se proporcionó evidencia que indique la recepción de los servicios mencionados en las mismas, además cabe aclarar que se efectuó revisión minuciosa de las solicitudes de cheques en el Instituto, no encontrándose registrados contablemente los cheques, así como tampoco su respectivo pago.”
Y estas afirmaciones finales las conocían los diputados Astorga y López, dijo el Director del Instituto.
De otra factura también falsa, número 92, de Naydia Marcela Monzón Martínez, fechada el 12 de marzo de 2007, por concepto de “volantes tres tintas impresión en papel bond” y por 24 mil 805 pesos, dijo que tampoco fue pagada.
La mayoría de las observaciones señala la ausencia del orden de servicio y la falta de cotizaciones.
Un ejemplo fue la falta de facturas de la empresa Sociedad de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que por el concepto de mantenimiento de edificio y locales, que primero se le habría pagado 123 mil 995 pesos y en otro servicio similar 124 mil 850.
Otra vez cuidando no rebasar el tope de 125 mil pesos que exigiera el escrutinio de los consejeros de la Comisión de Fiscalización y no solamente la decisión de compra de los administrativos. También se debieran presentar 3 cotizaciones.
“De los puntos anteriores se desconoce la razón por la cual se cotizaron los trabajo por separado ya que aparentemente corresponden a la misma obra y por lo tanto se debió cotizar a 5 proveedores y obtener la autorización de la comisión”, dice un párrafo del análisis.
Otro de las 24 observaciones, señala la falta de orden del servicio y las cotizaciones para las adecuaciones de los locales donde están los Distritos IV por la cantidad de 51 mil 422 pesos; para el distrito III por 70 mil 249 pesos Y en el VI con 3 mil 432. Las tres obras pagadas a Sistemas Aplicados Cova con un total de 125 mil 104 pesos.
Los locales son rentados y esas sumas parecieran exageradas o una mala inversión tomando en cuenta el tiempo que serán utilizados por el Instituto.
Y así, hay más ejemplos.
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