Primero la exigen; ahora reniegan de construcción

Durante años demandaron su edificación, y ahora que Gobierno del Estado está por culminar la obra, residentes del fraccionamiento Playas de Tijuana se niegan rotundamente a la fase final del segundo acceso a la demarcación, pues aseguran que en vez de beneficiarlos, el proyecto creará graves conflictos viales y disminuirá su nivel de vida.

Por décadas, los residentes de esa delegación solicitaron la cimentación de una ruta alterna para llegar a la zona poniente de la ciudad. Las razones fueron en aumento con el reciente crecimiento urbano de la zona y el actual retén militar ubicado a la entrada de la delegación.

Según el plan oficial, iniciado en mayo de 2006 por la Secretaría de Infraestructura Urbana Estatal (SIDUE), el segundo acceso consiste en una vialidad de casi tres kilómetros de longitud, desde el Parque Industrial La Joya hasta la sección Costa Azul del fraccionamiento, atravesando mediante un puente la carretera escénica y uniendo el Bulevar Flores Magón con el Paseo Ensenada.

El objetivo de esta obra, que requirió de un presupuesto de 100 millones de pesos, era beneficiar a más de 270 mil habitantes de las delegaciones Playas de Tijuana y San Antonio de los Buenos.

A pesar de ello, es precisamente dicha población la que se siente afectada, pues aseguran que nunca fueron tomados en cuenta para la planeación del proyecto por el que ahora se pronuncian en contra.

Gabriela Guinea Johnston, presidenta de la organización Vecinos de Playas de Tijuana y Olga Leticia Martínez Tirado, titular de la asociación Colonos y Propietarios del Fraccionamiento Playas de Tijuana, coinciden en que el segundo acceso que contempla la conexión directa del tráfico al Paseo Ensenada ocasionará un enorme aumento en el tránsito en una de las principales vías de la delegación.

“Mi pregunta es ¿por qué insisten en quitarnos la categoría de zona residencial en Playas? No estamos en contra de una segunda salida, ni del crecimiento de la población, pero no por eso no vamos a reaccionar ante la incapacidad de planeación urbana de nuestro Gobierno”, indicó Guinea Johnston a ZETA.

Según estudios realizados por las asociaciones civiles, el segundo acceso ocasionará una afluencia vehicular adicional de más de 30 mil automóviles diarios en el interior de Playas de Tijuana, lo que conllevará a una mayor concentración de smog en la zona, basura, delincuencia, accidentes viales y congestionamiento de tránsito.

Como parte de su desacuerdo con el Gobierno del Estado, éstos y otros grupos vecinales acordaron el diseño de un segundo proyecto que,  a su parecer, es más viable y conveniente para toda la población.

La propuesta que sugieren y apoyan los residentes de Playas de Tijuana es evitar la construcción del puente, desviar el segundo acceso al interior de la carretera escénica y hacer uso de la gaza conocida como “La Joya”, para a partir de ahí, construir al menos tres salidas alternas en distintos puntos clave del fraccionamiento.

Para su realización, este plan requiere del reacomodo de la caseta de cobro de la carretera de cuota Tijuana-Rosarito, cuestión que deberá ser gestionada ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), dependencia que ya tiene conocimiento del caso y actualmente estudia la factibilidad del contraproyecto de los residentes de la zona.

En reunión con autoridades locales y estatales, Vecinos de Playas de Tijuana presentaron su contraproyecto y solicitaron el paro total en la construcción.

Alfredo Torres Zazueta, delegado de la SIDUE en Tijuana, intentó minimizar los efectos que el segundo acceso traerá a la demarcación, no obstante la férrea actitud de los vecinos de impedir la construcción del puente lo obligó a comprometerse a evaluar la factibilidad de su propuesta. “Entendemos que no es una oposición en sí a la obra, sino a la manera en que está proyectada”, mencionó.

El titular de la Secretaría, Arturo Espinoza Jaramillo, había declarado a ZETA que aunque la dependencia a su cargo estaba de acuerdo con el proyecto de los Vecinos, el plan del Gobierno del Estado se verá consumado antes de que finalice esta administración; será responsabilidad del siguiente mandato estatal gestionar la realización del contraproyecto de los colonos de Playas de Tijuana.

“El plan que ya está se va a llevar a cabo, y en una segunda instancia se realizaría el de los residentes, o al menos se promovería para que también se haga, probablemente con unos ajustes”.

Agregó que aún quedan algunos desarrollos residenciales por edificarse, mismos que posteriormente demandarán más vialidades “Ahí entraría esa propuesta, mientras tanto lo que ya nos urge, es que ese segundo acceso ya funcione”.

Una vez que esto suceda, no será tanto el tráfico que utilice la nueva vialidad, pues según sus cálculos, será menor a seis mil vehículos, aun cuando se prevé que ya urbanizadas las zonas de “El Monumento” y “La Isla”, éstas alberguen más de 300 mil residentes.

Por su parte, el delegado municipal de Playas de Tijuana, Gabriel Díaz Flores, lamentó que la consulta con la ciudadanía por parte del Gobierno del Estado se haya realizado una vez que la obra lleva el 80 por ciento de avance en su construcción.

El funcionario reconoció que el Gobierno Federal difícilmente desincorporará una sección de la carretera escénica, a pesar de que es sumamente necesaria para el bien de la población, pero aseguró que como representante de los residentes negociará que así suceda, ya que además, como residente de la zona, simpatiza con el proyecto alterno.

ZETA consultó en las oficinas centrales de la SCT las posibilidades de la remoción o reubicación de la caseta de cobro. En respuesta a esto, las autoridades federales comentaron que básicamente se trata de una cuestión monetaria, es decir, de encontrar quien o quienes se hagan responsables del gasto que tal obra representa. 

Ante este escenario, se puede confirmar que se avecina un problema más para la ciudadanía tijuanense. Tania Navarro Camacho