TRES AÑOS

A tres años de la muerte de nuestro Editor Francisco J. Ortiz Franco, la justicia no ha llegado como otros tantos homicidios ocurridos en Baja California. Aquel compromiso del gobernador Eugenio Elorduy para que el delito no quedara impune se quedó en palabras.

También el presidente en funciones, Vicente Fox, se comprometió a esclarecer la agresión y castigar a los culpables. Concluyó su sexenio y con ello las investigaciones se fueron a engrosar los archivos de la procuraduría general de la República.

La llegada de su relevo Felipe Calderón abrió una nueva esperanza, aunque sus subordinados se niegan a informar sobre el estado que guardan las indagatorias realizadas hasta el momento, apelando al sigilo con que se deben llevar las pesquisas.

Esa negativa suena a que las investigaciones estén empantanadas. La última ocasión que se habló del caso fue cuando una juez del Distrito Sur de California con sede en San Diego, declaró sobre la presunta vinculación de miembros del cártel Arellano Félix con el asesinato del periodista tijuanense.

Pero las autoridades federales de nuestro país jamás hicieron comentario alguno, y poco a poco ha quedado en el olvido oficial. En los hechos, no hay ninguna persona detenida por el homicidio ocurrido el 22 de junio de 2004 y se desconoce si existen órdenes de aprehensión.

Durante el sexenio de Vicente Fox, quince periodistas murieron como consecuencia de su labor en los medios de comunicación y uno de esos casos fue el del editor de ZETA.

Todos los crímenes sin excepción alguna han quedado impunes, y no hay señales que orienten lo contrario. Esto es muy grave porque sin castigo hace más vulnerables a los periodistas y comunicadores de sufrir cualquier agresión. 

Previo al cambio de estafeta presidencial, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas (FEADP), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que en nueve meses de trabajo, 19 casos se habían concluido debidamente y se habían documentado 108 denuncias en el país.

La sorpresa es que un solo caso fue consignado ante un juez.
Pero sí presumieron que la FEADP, como institución especializada en atender asuntos derivados de agresiones cometidas contra periodistas, era una instancia única en su género a nivel internacional.

Recientemente el fiscal especial que encabezó la investigación del caso de Ortiz Franco, Martín Levario Reyes, fue nombrado delegado de la PGR en el estado de Guanajuato, entidad en donde el finado periodista nació.

En la presentación ante los periodistas de ese estado, el funcionario, ordenó entregar su currículo en el que se destacó las investigaciones que llevaron a la captura de varios miembros de los cárteles de Juárez y Sinaloa, pero curiosamente omitió en el documento su responsabilidad por esclarecer el homicidio.

Hoy 22 de junio, que se cumplen tres años del asesinato de Francisco J. Ortiz Franco, también se cumplen tres años de impunidad, olvido oficial y la misma exigencia porque se esclarezca y se castigue a los culpables.