Adela Navarro Bello

Sortilegioz

TEPJF

La determinación del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, para revocar la candidatura a Jorge Hank, no fue una decisión personal. Tampoco un capricho, mucho menos la presión de un partido o un sector de la sociedad. Fue la respuesta a un conflicto que desde 2004, el Alcalde de Tijuana traía entre manos.

Todavía no tomaba posesión de la Presidencia Municipal cuando ya se hacía, Jorge Hank, en la boleta para elegir Gobernador del Estado. Una y muchas veces se le explicó: La reforma a la Constitución local le impedía ser candidato cuando ostentara otro cargo de elección popular.

Pero sus oídos fueron sordos o el canto de las sirenas lo cegó. Se fue con la finta. Le creyó a sus abogados y a los facinerosos que lo rodean de tiempo completo. Uno de ellos, hoy Senador de la República, Fernando Castro Trenti, fue de hecho el promotor de la reforma que hoy día impide a su jefe inmediato ser el candidato que quiere.

Exactamente el 11 de julio de 2002, Castro Trenti presentó el dictamen 91 ante la Cámara local de Diputados para su análisis y votación. Fue aprobado en lo general con 21 votos a favor. 0 abstenciones, 0 votos en contra. Expuso en el documento el entonces diputado priísta:

“La iniciativa tiene como objetivo establecer una limitante a efecto de que mientras un servidor público ejerza un cargo de elección popular, no deba contender para ocupar otro cargo de la misma naturaleza”.

El principio de entonces era obligar a los funcionarios a cumplir con el mandato para el cual fueron electos. No fue, evidentemente, una argucia con nombre y apellido para lograr lo que hoy reclaman: Impedir que alguien sea candidato.

En aquel entonces ni Jorge Hank pensaba en ser Gobernador, ni Castro Trenti en llegar a su coordinador de campaña. La reforma a la constitución local se hizo por una necesidad ante el brincadero de funcionarios de un cargo a otro en busca del mayor nivel por encima de la eficiencia en la administración pública.
Presidentes Municipales, Diputados, Regidores, no terminaban sus periodos para buscar la posición inmediata superior, lo cual se traducía en una pérdida de recursos, esfuerzo, aprendizaje y concentración en beneficio de los ciudadanos.

Consultado en aquella fecha, cuando también votó por la reforma por ser Regidor de Tijuana, Carlos Barboza habría coincidido con su desde entonces padrino político, Castro Trenti. Acaso se dolió que escupiera para arriba, dado que aspiraba a no completar la regiduría para buscar una diputación local. Pero votó como el PRI le ordenó: A favor de la reforma.

Bajo ese orden, Jorge Hank no puede quejarse, cinco años después, que con el artículo 42 de la Constitución Local lo quieren perjudicar a él o que tienen miedo de enfrentarlo en una elección.

La Ley en Baja California, como en el resto de las entidades y la República Mexicana, está para cumplirse. Aun cuando el PRI ha buscado interpretaciones y le ha dado vueltas a la constitución local para echar abajo los argumentos que presentó, promovió y votó a favor en 2002.

Hoy la decisión sobre el no respeto a la Ley con la candidatura de Jorge Hank, ya salió de Baja California. Aquí imperó la Constitución y los Magistrados, dos por lo menos, actuaron conforme a derecho y no a otros intereses o partidos. Serán siete magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quienes decidirán si los bajacalifornianos tuvieron la razón o no. Si al votar por la validez del artículo 42 actuaron por un estado de derecho o no.

La decisión es únicamente de este cuerpo colegiado, aun cuando Fernando Castro Trenti le diga, a quien lo quiera escuchar, que sus relaciones con el Poder Judicial Federal los encamina a un triunfo innegable.

Más allá de la decisión del Tribunal Federal, se ha exhibido la capacidad priísta para corromper la Ley. Para votar un día por lo que consideran afectará a otros, y dar marcha atrás cuando son los no beneficiados. Han dado muestra de hacer del trabajo legislativo una empresa personal.

El freno que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California ha puesto a las intenciones del PRI de actuar al margen o por encima de Ley, no fue pues, una decisión personal. Se confirmó el estado de derecho por encima de una persona.

Ahora falta esperar al TEPJF.