Engañifa

Atrapado por las leyes electorales que rigen en el Estado, y en su desmedida ambición por detentar el poder, Jorge Hank Rhon se ha dedicado en los últimos días a engañar a los bajacalifornianos.

La improcedencia de su candidatura por parte de los tribunales electorales de la entidad, invocando la reforma del artículo 42 de la Constitución Política de Baja California, vigente desde julio de 2002 y votada a favor por unanimidad de los diputados locales, hizo rabiar al hasta hoy ex candidato, emprendiendo una desmedida campaña mediática para desacreditar a los juzgadores, pese a que se dice respetuoso de las leyes.

Esa estrategia ha sido acompañada de acciones alternas en las que figuran personajes del primer círculo cercano al priísta, encabezado por el senador Fernando Castro Trenti, su coordinador general de campaña y curiosamente uno de los más entusiastas impulsores de la también conocida Ley Antichapulín cuando fue diputado de la XVII Legislatura Local.

Esas reformas a las que Castro Trenti cuando diputado presentó un posicionamiento para adherirse con el resto de sus compañeros de la fracción del PRI, son normas jurídicas que establecen el impedimento para que los servidores públicos de elección popular durante el tiempo para el que fueron votados, aún cuando se solicite licencia o se separen del cargo definitivamente, puedan ser electos a otro cargo de elección popular.

Hoy quienes antes defendieron con fervor las reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California, rechazan la enmienda y se atreven a decir tramposamente y bajo engaño que el artículo 42 constitucional local, no está vigente, ya que no fue aprobado por los cabildos de los cinco municipios y que su declaratoria fue irregular.

Nada de eso.
El dictamen 91 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales presidida por el diputado Fernando Castro Trenti, con el contenido de la iniciativa de reforma, fue turnado a cada uno de los ayuntamientos para su análisis y estudio jurídico-constitucional, y en consecuencia la emisión del dictamen correspondiente.

Entre el 13 y 21 de agosto de 2002, sesionaron los ediles de los cinco municipios y cuatro ayuntamientos votaron a favor de la reforma. El ayuntamiento mexicalense fue el único que no aprobó el dictamen.

A sabiendas de que era inelegible de acuerdo con las leyes electorales, a Jorge Hank no le importó pasar por encima del ordenamiento constitucional y empujó para que su partido coaligado con otros, registrara su candidatura. Un engaño más de que es respetuoso de la ley.

Otra engañifa de los priístas para los bajacalifornianos, es que la múltiplemente citada reforma tenía dedicatoria para el dueño del Hipódromo de Tijuana. Nada más falso, pues en 2002 ni los tricolores tenían en mente a Hank Rhon como un posible candidato a un cargo de elección popular, ni él aspiraba a serlo como lo ha quedado registrado en varias entrevistas.

El partido se fijó en este personaje dos años después por su dinero, y no por su discutida trayectoria dentro de las filas del tricolor. 

Tampoco está en riesgo la elección, como lo ha declarado el círculo cercano al empresario de las apuestas, ante la revocación de la candidatura por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.

La resolución es muy clara; tienen hasta el 5 de julio para sustituir al candidato y registrar ante el Consejo Estatal Electoral al relevo. Esa misma regla aplica para el caso del resto de candidaturas anuladas aún cuando la decisión sea impugnada ante los tribunales federales que tendrán la última palabra.

No es una elección de Estado tampoco, como dijo un reconocido jurista, es una elección de leyes.