Estafa millonaria a trabajadores del IMSS
Haciendo uso de su liderazgo y poderío al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social (SNTSS), el ex Secretario de la sección regional, Mario Lomelí Agruél, timó a más de 300 trabajadores y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El fraude millonario fue cometido en la década de los noventa, específicamente en septiembre de 1993, cuando Lomelí Agruél formó la asociación civil denominada Rancho Jacarandas Club, en la que fungió como director general, representante legal y administrador único; según especifica en su Acta Constitutiva, tenía el objetivo social de realizar y construir desarrollos turísticos y recreativos para uso exclusivo de sus asociados.
En aquel entonces y acompañado por Jesús Arturo Vindiola León, María del Carmen Andrade Parra y Abad Ledesma Rivera, quienes se desempeñaron con los cargos de secretario, tesorero y consejero de vigilancia, respectivamente, Lomelí Agruél se dio a la tarea de vender terrenos ubicados en la costa del Mar de Cortés, en la sección turística del puerto de San Felipe.
Rancho Jacarandas Club prometía ser un complejo turístico innovador, con instalaciones de primer nivel, y dentro de sus fines buscaba apoyar a los trabajadores del IMSS, especialmente a los afiliados al Sindicato.
El Doctor Rafael Michel Esparza recuerda cómo en 1994 se enteró de la venta de los predios, mediante folletos publicitarios que fueron colocados en los corchos informativos del Sindicato al que pertenece.
“Nosotros conocíamos a Mario Lomelí porque fue nuestro secretario general, nos habló de un proyecto, nos convenció y confiamos en él. Creímos que era algo serio y formal, desgraciadamente no fue así”, comentó.
Según el testimonio de los estafados, a través de sus representantes legales, los abogados Sergio Bravo Gibert, Carlos Luís Arista Quintero, Hipólito Pérez Jiménez y Fernando Cortés Rivera, Rancho Jacarandas Club fue una asociación legal y físicamente establecida con sucursales en Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Felipe.
Una vez que los interesados concretaban la compra de uno de los predios de 204 metros cuadrados y cuyo valor oscilaba entre 7 mil 750 y 11 mil 160 nuevos pesos, se establecían planes de pagos quincenales o mensuales, además de una anualidad de mil nuevos pesos por concepto de mantenimiento.
Los compradores efectuaban sus pagos en las instalaciones de las oficinas, y a cambio recibían facturas membretadas y con número de folio, bajo los lineamientos establecidos en un contrato privado de compraventa signado por Lomelí Agruél.
En el último boletín informativo que los compradores recibieron, la junta directiva de Rancho Jacarandas Club les informaba que no cobraría la cuota de mantenimiento que cubriría el año 2005. Sorpresivamente, en diciembre de 2004, la asociación civil desapareció.
La investigación realizada por la barra de abogados encabezada por Bravo Gibert, demuestra que el terreno de 300 hectáreas ubicadas en los terrenos número 32 y 33 de la manzana 000 de la sección turística en la delegación municipal San Felipe, era parte de una fracción de mil hectáreas pertenecientes al Gobierno del Estado.
En 1979, las mil hectáreas fueron vendidas a Rafael Lomelí Agruél, hermano de Mario Lomelí, quien falleció intestado en 1991. Dos años después, las propiedades y bienes de Rafael Lomelí fueron denunciadas por sus familiares, y finalmente, en 1995, el predio que fue ofertado como Rancho Jacarandas Club, pasó a ser propiedad de Mario Lomelí Agruél y Elvia Eréndira Lomelí Jiménez.
Es decir, Lomelí Agruél inicio la comercialización de un bien que aún no era de su propiedad, y lo hizo mediante una persona moral que formuló y, posteriormente, se encargó de anular.
Recientemente, la propiedad fue subdividida y revendida por sus co-propietarios. Una fracción de 150 hectáreas fue adquirida por Rancho Épocas de Oro, S.A. de C.V., otra colindante con la carretera federal. La compraron los particulares Guillermo Eastman Menke y Magali Herrera Olaiz, y a partir de 2004 los mismos terrenos han sido ofertados a estadounidenses en la ciudad de San Diego, California.
Por tal motivo fueron impuestas dos denuncias ante las autoridades competentes. Por la vía civil fue demandado el incumplimiento de los contratos en contra de Rancho Jacarandas Club, A.C., Rancho Épocas de Oro S.A. de C.V., Elvia Eréndira Lomelí Jiménez y Mario Lomelí Agruél, este último también denunciado penalmente en la ciudad de Mexicali por el delito de fraude.
Además de médicos, enfermeras, personal administrativo y pensionados del IMSS en el estado y parte de Sonora, la estafa encabezada por Lomelí Agruél alcanzó a personas externas a la institución médica; sin embargo, es notable que la gran mayoría de los afectados se encuentran en la nómina del Seguro Social, debido a la trayectoria que lo llevó a ocupar la titularidad del Sindicato en 1984.
El actual Secretario de la Sección VII del SNTSS, Iván Cota Cota, reconoció que Lomelí Agruél y dos de los integrantes de la asociación civil demandada ocuparon puestos de relevancia en la agrupación sindical. No obstante, dejó en claro que el Sindicato nunca avaló o intervino en la venta de los predios.
ZETA intentó localizar a Lomelí Agruél a través del abogado Osvaldo Jiménez Topete, quien anteriormente laboró para el denunciado. El litigante mencionó que desconoce el paradero de dicho sujeto y desde el inicio del proceso legal en su contra, éste se volvió “ilocalizable”.
Mientras tanto, las más de 300 familias que fueron estafadas por el ex líder sindical exigen a las autoridades el esclarecimiento del caso, ante todo, la devolución de sus terrenos, al declarar que no renunciarán a un patrimonio que les pertenece. Tania Navarro Camacho
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